La presión de CSIF-A logra que la Junta anuncie la retirada del amianto de 220 centros educativos andaluces
06 de Julio de 2016

CSIF Andalucía, primera fuerza sindical del Sector Público andaluz y tercer sindicato de Andalucía en la empresa privada, celebra la medida anunciada ayer por la Junta de Andalucía de retirar el amianto de todos los centros educativos andaluces, gracias a la presión ejercida por la Central Sindical desde hace meses.

En este sentido, CSIF-A recuerda que ya el pasado mes de mayo reclamó por escrito a la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía la relación completa y exhaustiva de todos los centros afectados, así como la retirada de los materiales con amianto en cumplimiento de lo establecido en el RD 396/2006 y en la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto.

Así, el presidente del sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, exige ahora a la Consejería de Educación “máxima celeridad, escrupulosidad y cumplimiento de la legislación vigente sobre este asunto, dada la gran preocupación y alarma generada tanto entre los equipos docentes, cuyos centros cuentan con infraestructuras fabricadas con este material, como entre las propias asociaciones de padres y madres de alumnos con frecuentes denuncias en los medios de comunicación”.

Para Hidalgo, “esta buena noticia debería servir a la Consejería de Educación para reflexionar y establecer un plan más ambicioso que afectara a las infraestructuras educativas andaluzas, a la erradicación de centenares de aulas prefabricadas en toda la comunidad, que aunque no cuenten con amianto entre sus materiales, son igualmente precarias e inadecuadas para el desarrollo de unas educación con parámetros dignos de calidad”.

Por su parte, la secretaria de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF-A, Rosario Delgado, que también celebró la noticia “que tanto ha reclamado CSIF”, agregó que la medida debe servir para que se acometa “un verdadero análisis de la situación de todos los centros de trabajo de Andalucía, no sólo los educativos. Es una materia suficientemente grave para que la Administración y las empresas privadas acometan las modificaciones necesarias cuanto antes”.

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