AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES PARA EL PROFESORADO ANDALUZ.
27 de Junio de 2016

Tras cumplirse casi un año, desde la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que introdujo en nuestro país la obligatoriedad de acreditar una certificación negativa de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores, “la Consejería de Educación de Andalucía, exige al conjunto del profesorado andaluz su presentación o autorización para la consulta en su nombre, en un plazo de diez días, de modo improvisado, sin la publicidad necesaria y en tiempos inadecuados”, asegura Francisco Hidalgo, presidente del Sector de Educación de CSI•F de Andalucía.

Si las cosas se pueden hacer mal, porque hacerlas bien, ironiza Hidalgo. El máximo responsable del sindicato mayoritario de la enseñanza pública de Andalucía, responde así al malestar que le han expresado directores de centros y docentes de toda Andalucía ante la necesidad de cumplimentar un trámite importante y necesario “de manera inopinada, dando escaso tiempo y mal planificado”.

En primer lugar, en los últimos días del curso, con la presión de evaluaciones y claustros en los centros, no es el momento adecuado para llevar a cabo un trámite tan importante, sobretodo, habiendo dejado pasar todo el curso para hacerlo, destaca Hidalgo. Tampoco es de recibo, que se establezca solo la vía telemática para su presentación, dada la amplia casuística que puede impedir al profesorado presentarlo en tiempo y forma, a su pesar. Ni parece lógico dar un exiguo plazo de diez días para ello, por no hablar de la coincidencia con la Colocación de Efectivos y con la celebración de las Oposiciones, con muchos profesores que componen los tribunales y las comisiones de selección y baremación fuera de sus centros y los propios interinos que se presentan a las pruebas.

Por todo ello, y reiterando el apoyo total del sector autonómico de Educación de CSI•F a esta medida preventiva para la protección a la infancia y a la adolescencia, emplaza a la Consejería de Educación a ampliar el plazo de presentación de dicha acreditación o autorización a que la propia Consejería pueda hacer la consulta en nombre de los docentes.

Además, ante los problemas surgidos y la imposibilidad de resolverlos en el plazo dado, CSI•F también reclama a la Consejería arbitrar más modos de presentación de la “declaración responsable sobre cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor”, no descartando la presentación del documento en la propias delegaciones territoriales, para tranquilidad de los docentes que tengan algún inconveniente o problema con la presentación telemática.

Sector de Educación de CSI•F