Córdoba - CSIF pide aplicar el rango de autoridad del profesorado
14 de Enero de 2014

ABC / CÓRDOBA

Día 14/01/2014

Considera que tendrá un efecto disuasorio en la lucha contra las agresiones a docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía ha exigido por escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía la aplicación de la condición de autoridad pública del profesorado que recoge la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa o «ley Wert».

Para el Sector de Enseñanza de CSIF, primera fuerza sindical de la Enseñanza Pública andaluza y cordobesa, ese reconocimiento a los miembros del equipo directivo y a los profesores mejorará la convivencia en los centros educativos y tendrá un efecto disuasorio en la lucha contra las agresiones a los docentes, ya que tendrán valor probatorio y disfrutarán de «presunción de veracidad».

«Con este artículo de la Lomce se da respuesta a una permanente reivindicación de CSIF sobre la mejorar de la convivencia en los centros educativos y va a tener un efecto disuasorio sobre aquellos potenciales agresores del profesorado», explicó ayer Elena García, presidenta del Sector de Enseñanza de CSIF Córdoba.

«Para el sindicato, es fundamental que se preserven tanto los derechos del profesorado a impartir docencia con todas las garantías, como el derecho a la educación de los alumnos. Derechos que se ven perturbados por las faltas a la convivencia —la que CSIF denomina violencia de baja intensidad— que se producen diariamente en las aulas de los centros educativos», manifestó García. Añadió que «esta nueva norma debe contribuir a un descenso sustancial de esas conductas negativas para la convivencia y para el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje».

En este sentido, la presidenta del Sector de Enseñanza de CSIF Córdoba señaló que «el artículo 124.3 de la Lomce es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, pero nos tememos que la Consejería de Educación no tenga ningún interés en su aplicación en Andalucía, y ello ateniéndonos a las declaraciones de los dirigentes educativos andaluces realizadas en los últimos años».

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