CSIF alerta sobre el riesgo de pérdida de empleo en las Oficinas Liquidadoras de los Registros de la Propiedad de Andalucía

•    Denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
•    El sindicato rechaza la merma de servicios para la ciudadanía, fundamentalmente en las zonas rurales
•    Unos 300 empleados y empleadas trabajan en las 91 Oficinas Liquidadoras que existen en Andalucía y ya se han producido los primeros despidos

CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha lamentado las consecuencias del nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía. Dicho convenio pone en peligro el empleo en las Oficinas Liquidadoras de los citados Registros, así como la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas apartadas de las capitales de provincia y en zonas rurales.

En virtud del nuevo convenio que regula, a través de una encomienda de gestión, la colaboración entre la Agencia Tributaria Andaluza y los registradores de la Propiedad, se ha despojado a 67 de las 91 Oficinas Liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria. Las 24 Oficinas Liquidadoras restantes, aunque mantienen la competencia para la gestión tributaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no pueden gestionar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con lo que también quedan reducidas a “simples estafetas de presentación de documentos y asistencia”.

La responsable del Área de los Registros de la Propiedad de CSIF Andalucía, Almudena González de Sande, ha explicado que “bajo la excusa del impulso a la Administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las Oficinas Liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido y sus alrededor de 300 empleados en toda la comunidad autónoma, sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora”.

Para CSIF Andalucía, además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios Registros de la Propiedad a los que las Oficinas Liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un “menoscabo de la atención al contribuyente que, además, tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras”.

Capital humano capacitado

CSIF-A considera que estas oficinas cuentan con un capital humano que “ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”.

“Tememos que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia”, ha manifestado González de Sande, quien ha detallado que el sindicato tiene ya constancia de cinco despidos de empleados de algunas de estas oficinas.
 

Igualmente, CSIF ha alertado sobre que las 24 oficinas que se mantienen en un primer nivel de actividad, “soportarán una desorbitada carga de trabajo que, en muchos casos, triplicará o cuadruplicará la que venían gestionando”.  

Otra de las consecuencias de la decisión que deja a las Oficinas Liquidadoras sin contenido es la considerable merma en los ingresos que éstas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas. “El efecto será especialmente gravoso en aquellos Registros en los que el peso de la oficina liquidadora sea significativamente mayor al del propio registro, como consecuencia de la última demarcación aprobada por Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero”, según ha precisado la responsable del Área de los Registros de la Propiedad en CSIF-A.

Descenso en la recaudación

De hecho, las limitaciones impuestas en las gestiones que hasta ahora venían desarrollando las Oficinas Liquidadoras provocarán, incluso, un importante descenso en la recaudación, ya que sólo 24 oficinas controlarán el trabajo que hasta ahora hacían 91. Para CSIF Andalucía, “no es de recibo que se repita hasta la saciedad que las antiguas Oficinas Liquidadoras se mantienen para la asistencia, presentación y, en menor medida, control”, ya que “con la nueva regulación se da un paso gigantesco hacia su desaparición y se avanza en una dirección perversa, que es el vaciado de servicios de la Andalucía rural”, ha subrayado la responsable sindical.

“En suma, se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y lo que es peor: se ha sacrificado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Andalucía”, ha concluido González de Sande.