LA JUSTICIA CALIFICA DE “AUTORITARIO Y ARBITRARIO” EL NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO DE UN INSTITUTO SEVILLANO.
08 de Abril de 2013

Los hechos se remontan a 2007, cuando como consecuencia de la dimisión del director del IES “Vicente Aleixandre” de Sevilla, el Consejo Escolar del centro propuso a la Delegación Provincial una candidatura para sustituir al equipo directivo dimisionario, contando con el respaldo unánime del claustro de profesores y de la asociación de padres de alumnos. Un trámite habitual cuando se produce esta circunstancia en un centro educativo.

Sin embargo, de forma poco habitual, la Delegación Provincial de Sevilla, entonces dirigida por Jaime Mougán, rechazó la propuesta realizada por la comunidad educativa del instituto e impuso un equipo directivo ajeno al centro e “importado” desde un instituto de Huelva, sin explicar ni debatir la decisión con los profesores y padres del centro.

La decisión adoptada por el delegado de Educación de Sevilla, Mougán, fue interpretada por los profesores del centro como un acto de “persecución política” por la forma autónoma, crítica y poco receptiva a los planes educativos y programas que imponía la Administración Educativa. Por ello, interpusieron una demanda contra la resolución de Jaime Mougán ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de la capital hispalense, que ahora ha dictado sentencia anulando el nombramiento del citado equipo directivo y asegurando que “no se comprende tal decisión sino desde la perspectiva de un autoritarismo mal entendido, que no casa bien con los principios rectores y la normativa legal de acceso a los cargos de dirección de los centros educativos”.

Además, durante el conflicto abierto por la Delegación de Educación contra el citado instituto, se llegó a expedientar a tres profesores del mismo, que posteriormente fueron archivados, y que llegaron a poner en serio peligro el normal funcionamiento del centro educativo.

Por eso, y aunque la Consejería ha decidió recurrir la sentencia, de nuevo nos encontramos ante un caso de prepotencia y autoritarismo injustificado y trasnochado, que lejos de contribuir al buen funcionamiento de los centros educativos lo entorpece y menoscaba, algo impresentable para quien debe garantizar lo contrario.