CSIF se ha dirigido al Ministerio y a la Gerencia de la MUGEJU exigiendo una solución inmediata. Os transcribimos el contenido del escrito:

La página de la MUGEJU, desde hace unos días, contiene un nota en la que se expone el protocolo para la realización y cobertura de test diagnósticos de SARS-CoV-2 en casos sospechosos en mutualistas adscritos a entidades médicas.

Igualmente, en dicho protocolo, se fija el deber de garantizar dichas entidades médicas la detección precoz del cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad. Es más, limita el tiempo para realizar el PCR a 24 horas para todo caso sospechoso de infección.

El protocolo para todos los mutualistas que requieran asistencia es ponerse en contacto con su Entidad para obtener, en su caso la prescripción de la prueba.

Este sindicato ha tenido conocimiento de que los Mutualistas y sobre todo beneficiarios, de sanidad concertada están teniendo serias dificultades para que les hagan las pruebas PCR de detección del virus. Sin ánimo de ser exhaustivos estos son los probelmas más graves que hemos detectado:

• primero hay que llamar a la compañía y luego la propia compañía te envía al servicio público de salud. En ocasiones, el servicio público de salud remite de nuevo a la compañía por lo que se entra en un bucle que dilata la realización de la prueba que sería lo fundamental.
• Se pierden pruebas o tardan en encontrarlas al no tener sanidad pública nuestro historial.
• El beneficiario desconoce a quien tiene que dirigirse en los diferentes casos (con síntomas, asintomático con contacto, confinado por contacto con positivo...)
• En lugar de usar la vía directa, y más lógica, que sería que se centralizase todo en el teléfono Covid de cada comunidad y luego se repercuta a la compañía, los afectados deben ir de un lado a otro, con autorizaciones de la compañía, que no sirven de nada al no poder hacer la prueba en los laboratorios habituales, y que tardan más de las 24 horas que establece el protocolo publicado por MUGEJU.
• Si no hay síntomas pero hay confinamiento no está claro lo que hay que hacer. Se desconoce en muchos casos quien tiene que dar la baja.

Desde el sindicato CSIF venimos reclamando un protocolo claro para los mutualistas pero, fundamentalmente, para los servicios de salud de las CCAA. Sabemos la situación crítica de los servicios de atención primaria y más ahora, con la campaña de la gripe por lo que en su día tambiém propusimos que los test de detección se pudieran derivar a estas entidades médicas para agilizar las pruebas y con la debida coordinación con los servicios que gestionan la pandemia a nivel autonómico y estatal.

No obstante, también es cierto que se trata de un asunto de salud pública y también es comprensible que se entienda que la gestión de este tipo de pruebas debe hacerse por los servicios públicos de salud.

Pues bien, o un modelo u otro, pero no la indefinición y la confusión actual.

Por todo lo anterior, CSIF reclama a la MUGEJU y al Ministerio de Justicia que tomen cartas en el asunto y solucionen de inmediato esta grave situación.

CSIF solicita que se dicte un protocolo claro tanto para los mutualistas como para los servicios públicos de salud y que se haga cuanto antes porque, según parece, estamos en la segunda ola de la pandemia con un incremento de casos sostenido.

De los tramites que se realicen solicitamos que se nos mantenga puntualmente informados"

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A iniciativa del PP, los grupos políticos del Senado han aprobado una moción sobre salud y seguridad en la Administración de Justicia ante la segunda ola de COVID que estamos viviendo. En ella se insta a las Administraciones competentes a garantizar medios de protección adecuados y suficientes a todo el personal de Justicia y se hace especial hincapié en la necesidad de que existan protocolos claros ante la aparición de casos de COVID y en los casos de contacto estrecho instando a que se hagan test de detección de forma rápida. Asimismo, en la moción se insta a que haya una mejor coordinación entre la Unidad de Prevención de Riesgos del Ministerio, las unidades de prevención de las CCAA y los Comités de Seguridad y Salud para conocer la incidencia real del virus en nuestra administración y garantizar entornos de trabajo seguros a todo el personal de Justicia.