CSIF reclama el fin de las penalizaciones por Incapacidad Temporal
-Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que mantiene esta medida discriminatoria, eliminada a nivel nacional en marzo de 2018
-La Administración autonómica debe recuperar el Plan de Acción Social y negociar la carrera profesional para sus 70.000 trabajadores
10 de Septiembre de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ejecutivo regional el fin de los recortes salariales en la baja médica de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, siendo la única autonomía que mantiene esta medida discriminatoria.

La penalización económica por Incapacidad Temporal (IT) se implantó en 2012 por medio de la conocida ‘Ley Cospedal’ y concluía en el ámbito estatal en marzo de 2018 gracias al II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por CSIF con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en Castilla-La Mancha los trabajadores que dependen de la Administración regional sufren una pérdida en su nómina del 50% durante los tres primeros días de baja por contingencia común y del 25% entre el cuarto y vigésimo día de baja (el descuento salarial concluye a partir del vigésimo primer día).

Mantener este recorte, instaurado bajo el pretexto de reducir el absentismo, supone un desprecio hacia la profesionalidad del conjunto de los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Así, CSIF reclama no sólo su fin sino que el Gobierno regional derogue de una vez por todas la ‘Ley Cospedal’, que mantiene derechos sustraídos frente a otras comunidades que los han recuperado.

CSIF recuerda que las mejoras conseguidas, tales como la jornada laboral de 35 horas, el aumento de la tasa de reposición y el incremento retributivo superior al 8% hasta 2020, proceden del II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público, de marzo de 2018, en el que aparecía precisamente recogido el fin de las penalizaciones por incapacidad.

De esta forma, CSIF pide a la Junta de Comunidades un compromiso real con sus trabajadores de cara a la negociación del próximo Acuerdo de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha, donde también es prioritario recuperar el Plan de Acción Social e implantar la carrera profesional para los 70.000 trabajadores que dependen de la Administración.