CSIF lamenta la falta de voluntad política para derogar de la 'ley Cospedal'
-Continúa vigente un ordenamiento jurídico que bloquea derechos fundamentales a los empleados públicos de la región
-La Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sigue padeciendo la dureza de los recortes instaurados en 2012
16 de Octubre de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a exigir a la Administración regional la derogación de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, conocida como 'ley Cospedal', un ordenamiento que el pasado mes de febrero cumplió seis años y que sigue bloqueando derechos fundamentales a los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

La presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, subraya que “el conjunto de grupos políticos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha, que son los que deben actuar para derogar esta ley, han mirado hacia otro lado”.

A la 'ley Cospedal' se suma la ley 6/2012 de acompañamiento del Plan de Garantía, las cuales mantienen bloqueada la carrera profesional en el Sescam produciendo un un trato de desigualdad retributiva entre empleados que prestan los mismos servicio. Asimismo, continúa la pérdida salarial en las bajas laborales, en los módulos de exención de guardias a mayores de 55 años y en el complemento de atención continuada; no se sustituyen a los trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias desde el primer día, lo que provoca mermas importantes en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía; tampoco se sustituyen a los trabajadores en las licencias por asuntos propios, en las excedencias voluntarias ni a aquellos que se acogen a reducción de jornada.

A todo ello se suma que continúa vigente la jornada laboral de 37,5 horas formulada en esta legislación. A pesar del anuncio del Gobierno regional de regresar a partir de enero a la jornada de 35 horas y a acabar con las penalizaciones por incapacidad laboral (logros conseguidos a nivel nacional gracias a la firma del II Acuerdo con el Gobierno central en marzo de este año), la Junta de Comunidades debe “recuperar todos los derechos perdidos, ya que de otra forma estaremos lejos de contar con una sanidad pública de calidad”, subraya Rodríguez.

Así, la presidenta del Sector de Sanidad incide en que “Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en instaurar los recortes y será la última en eliminarlos si seguimos este camino”.