La Administración Generaldel Estado deja bajo mínimos la estructura de prevención de riesgos laborales
14 de Abril de 2014

El Gobierno eliminará el 80 por ciento de los delegados de prevención

La actual estructura de representación de los empleados públicos en prevención de riesgos laborales en la Administración Generaldel Estado quedará bajo mínimos, como consecuencia de los nuevos criterios de representación sindical del Gobierno, que implica tanto la reducción de créditos horarios, como el número de delegados de prevención, en torno a un 80 por ciento.



El Gobierno prepara una modificación del Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales por el que se traslada a este ámbito los recortes en materia de representación sindical impulsados en 2012, en el contexto de las medidas de racionalización del gasto como consecuencia de la crisis.

CSI-F considera que esta modificación vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que, en la práctica, imposibilitará la correcta supervisión de los puestos de trabajo en ámbitos tan sensibles como la detección de situaciones de riesgo, acoso, seguridad en los accesos, situaciones de emergencia, adaptación de los centros a personas discapacitadas o las agresiones a empleados públicos, cada vez más presentes.

La Ley establece que las empresas deben contar, como mínimo, con 2 delegados de prevención a partir de 50 – 100 trabajadores. Sin embargo, estos criterios no se van a cumplir dado que la administración únicamente dispondrá de un solo un comité para los organismos de toda la provincia: Instituto Nacional de Estadística, Hacienda, Servicio Público de Empleo Estatal, Agencia Estatal de Meteorología, Fomento, Extranjería, Fogasa, Inspección de Trabajo, Tráfico, Seguridad Social y únicamente quedan fuera de este criterio algunos organismos como Prisiones, o las sedes de las Confederaciones Hidrográficas.

Estos criterios han sido trasladados a las organizaciones sindicales y se harán efectivos por la vía del decreto a lo largo de los próximos días. CSI-F pretende hacer recapacitar ‘in extremis’ a la Administración, por la gravedad que supone esta decisión que a corto-medio plazo, elevará los niveles de siniestralidad entre los empleados públicos y no dará respuesta a uno de los riesgos más graves en la prevención que actualmente existe en los denominados puntos calientes, las oficinas de atención al público, y es el de las agresiones físicas y verbales.

Si ya era una labor casi imposible llevar de una manera digna la actuación en prevención, pero que se ha conseguido mejorar, entre otros, por la constante y profesional labor de los Delegados/as de Prevención, ahora con menos recursos va a ser un objetivo inalcanzable. CSI-F no está dispuesto a firmar la sentencia de muerte de la Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado, por lo que reclamamos que recapacite y modifique estos criterios.

Tal y como establece la Ley, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y este derecho incluye la información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave y vigilancia de su estado de la salud. De llevarse a cabo esta reforma, todo esto quedará en el aire y supondrá de nuevo, un ataque a los empleados públicos, que quedarán desprotegidos.

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