CSIF, JUPOL y JUCIL entregan al Defensor del Pueblo miles de quejas por recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios

admin — Tue, 05 Apr 22 08:32:07 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicaciones

Puedes ver la rueda de prensa completa pinchando en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4jQgT8wTUU8

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional y JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.

Estas quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Igualmente, tanto CSIF como JUPOL y JUCIL estudian acciones jurídicas ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.

Según los datos recabados, el 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.

En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Señalamos, por su especial relevancia, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad.

Pedimos a las mutualidades que asuman su responsabilidad

Ante esta situación, exigimos a las mutuas que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes. Asimismo, reclamamos que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 por ciento de los encuestados reclama esta posibilidad.

En definitiva, reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada.

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, queremos que se concreten los siguientes datos: el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento; y que concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones. Recordamos las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados.

Estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. Ya advertimos entonces que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas.

El TC tumba el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social, atendiendo a las quejas de CSIF

admin — Fri, 14 May 21 11:55:26 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesZamora Image

El Tribunal Constitucional ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de Clases Pasivas a la Seguridad Social. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se felicita de esta sentencia porque da la razón a los argumentos que desde el primer momento denunciamos.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa y el Partido Popular recurrió el decreto.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los argumentos de CSIF –sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado— ya que, como ha quedado recogido en la sentencia, el Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto, ya que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.