Región de Murcia - Educación

Fecha límite (14 de junio) para la realización en el año 2026 de la prueba de acceso a la universidad. BOE 26/01/2026.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 26 Jan 26 07:55:00 CET

📢 PAU 2026: Publicadas las fechas límite para la realización de las pruebas de acceso

🗓️ BOE 24 de enero de 2026 · 🏫 Enseñanzas Universitarias

📍 Convocatoria ORDINARIA - Fechas Límite:
• 📅 Fin de las pruebas: Deberán finalizar antes del día 14 de junio de 2026.
• 📋 Publicación de resultados: Los resultados provisionales se publicarán antes del 27 de junio de 2026.

La Subsecretaría de la Presidencia ha publicado la resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la de Universidades que regula el calendario para el presente año. Según establece la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (en su redacción dada por la LOMLOE), la prueba valorará con carácter objetivo la madurez académica y los conocimientos adquiridos en Bachillerato.

⚠️ Convocatoria EXTRAORDINARIA:
Las administraciones educativas podrán optar por dos periodos alternativos:

• 🏖️ Opción Julio: Finalización antes del 11 de julio (Resultados antes del 18 de julio).
• 🍂 Opción Septiembre: Finalización antes del 12 de septiembre (Resultados antes del 19 de septiembre).

Es importante destacar que, en virtud del Real Decreto 534/2024, anualmente se celebrarán estas dos convocatorias. Además, aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación podrán volver a presentarse íntegramente a la prueba, tanto en la extraordinaria del mismo curso como en sucesivas, tomándose siempre en consideración la calificación de acceso más alta.

📂 Acceso al Documento Oficial:
Consulta todos los detalles técnicos y el anexo completo en el siguiente enlace:
📄 BOE-A-2026-1857 - Resolución de 20 de enero de 2026

✨ Información Adicional: Los plazos fijados para la convocatoria ordinaria tienen en cuenta las exigencias curriculares del segundo curso de Bachillerato y los procedimientos de admisión universitarios.

💻 WEB CSIF CASTILLA Y LEÓN

BOE 15/3/2024: Becas de carácter general para el curso académico 2024-2025 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 15 Mar 24 07:20:00 CET

ConvocatoriasNormativaOtra normativaRegión de Murcia - Educación Image

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2024-2025 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
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TEXTO

BDNS(Identif.):749075

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/749075)

Primero. Convocatoria

Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 2024-2025 cursen enseñanzas postobligatorias con validez en todo el territorio nacional.

Segundo. Beneficiarios

Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas:

1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional:

a) Primer y segundo cursos de bachillerato.

b) Ciclos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los estudios de formación profesional realizados en los centros docentes militares.

c) Enseñanzas artísticas profesionales.

d) Enseñanzas deportivas.

e) Enseñanzas artísticas superiores.

f) Estudios religiosos superiores.

g) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.

h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de formación profesional.

i) Ciclos Formativos de Grado Básico.

2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo el territorio nacional:

a) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster, incluidos los estudios de grado y máster cursados en los centros universitarios de la defensa y de la guardia civil, así como los cursados en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A.

b) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

c) Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos complementarios para la obtención del título de grado. No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

Tercero. Solicitudes

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado o su representante legal en el caso de ser menor de 18 años con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede electrónica y enviada por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos.

El plazo para presentar la solicitud de beca tanto para estudios universitarios como no universitarios se extenderá desde el día 19 de marzo de 2024, a las 09:00, hora peninsular; hasta el 10 de mayo de 2024, a las 15:00, hora peninsular, ambos inclusive.

Cuarto. Componentes de las becas y cuantías:

1. Cuantías fijas. Serán las siguientes:

a) Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2024-2025.

b) Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.700,00 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

c) Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 2.500,00 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios

d) Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

e) Beca básica para estudiantes no universitarios: 300,00 euros. En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 350 euros.

f) Cuantías adicionales para becarios con domicilio familiar en la España insular, Ceuta y Melilla y para los estudiantes universitarios con discapacidad.

2. Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60,00 euros.

Quinto. Información sobre la tramitación de la beca

El interesado podrá consultar el estado de tramitación de su solicitud en la dirección electrónica https://sede.educacion.gob.es, en el apartado "Mis expedientes". Asimismo, los interesados podrán dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad correspondiente identificándose como interesados en el expediente con su NIF/NIE.

Además, en la página web de este Ministerio www.educaciónyfp.gob.es podrá consultarse la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.

Madrid, 13 de marzo de 2024.- El Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón.

Nuevos criterios de acreditación para TU y CU: de la evaluación retroactiva a los mínimos inaceptables por bloque o las estancias contrarias a la LOSU

admin — Mon, 19 Feb 24 10:42:00 CET

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El pasado 8 de febrero ANECA publicó el borrador de los nuevos criterios de evaluación y requisitos mínimos de referencia de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, TU y CU (os informamos oportunamente el mismo día 8). En dicho correo, adelantábamos que, tras un primer análisis, se observaba que la filosofía de los nuevos criterios cambiaba radicalmente, por lo que, una vez más, ANECA y el Ministerio van a añadir un carácter claramente retroactivo a la evaluación del profesorado universitario. No se puede consentir que cada vez que se produce un cambio de criterios en el ámbito universitario, gran parte del trabajo de los últimos años llevado a cabo por el profesorado se vea gravemente afectado.

ANECA indica que los nuevos criterios están basados en la adaptación exigida por la nueva LOSU. Efectivamente, la LOSU marca los aspectos que se deben considerar en la evaluación de las acreditaciones, pero lo que no indica es que se deban cubrir unos mínimos en cada uno de los subapartados de los distintos bloques de evaluación. El profesorado ha estado en los últimos años centrado en conseguir una serie de méritos que se exigían en el actual sistema de acreditación. Es inconcebible que para alcanzar una futura acreditación a TU o a CU se exijan unos méritos que hasta ahora no se exigían y que otros que sí se exigían queden en el olvido y no sean evaluados de ninguna forma según el borrador presentado. ¡Basta ya de evaluaciones retroactivas!

Independientemente de que se adecúe el borrador de criterios presentado a una situación más real, el cambio de criterios en la evaluación de acreditaciones debe realizarse de forma progresiva: durante un periodo de unos años, deberían convivir tanto el sistema actual de evaluación como el futuro que se empiece a aplicar a partir del próximo 1 de abril. Cualquier otra situación produciría un claro perjuicio para el profesorado que lleva varios años obteniendo méritos en base a los actuales criterios y que para verificar alguno de los nuevos criterios planteados necesitará varios años.

ANECA ha abierto un “trámite de participación no vinculante” en el que se someten los criterios de evaluación de méritos y competencias y los requisitos mínimos de referencia para una resolución positiva. Dicho trámite ya está habilitado y estará disponible hasta el 29 de febrero a través del siguiente enlace:

https://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias

Os animamos a que participéis en este trámite, bien directamente y/o haciéndonos llegar vuestras sugerencias para así integrarlas a las que nosotros vamos a realizar desde CSIF a nivel nacional.

Como un primer avance de las sugerencias que desde CSIF llevaremos a cabo, os enumeramos algunas que consideramos fundamentales:

Insistimos en la necesidad de solucionar el claro problema de retroactividad.

Tanto para la acreditación a TU como a CU, en los distintos bloques se indican unas puntuaciones mínimas que hay que obtener y, si en alguno de los bloques no se obtienen, el resultado de la acreditación será negativa, aunque se superen las puntuaciones ampliamente en el resto de los bloques. Aunque este hecho debe ser revisado y así lo solicitaremos, ya que no viene contemplado en la LOSU, lo que es inconcebible que las puntuaciones mínimas sean también exigidas en la inmensa mayoría de los subapartados. Esto obliga a cumplir unos mínimos (muchas veces muy difíciles de obtener o incluso inalcanzables en algunas áreas de conocimiento) que, en ocasiones, exigirían tener una puntuación mínima mayor que la puntuación mínima requerida para el bloque al que pertenece.
Por ejemplo: para CU, en el bloque 2.1 Experiencia docente se exige un mínimo de 25 puntos. Sin embargo, en los subapartados 2.1.1 y 2.1.2 se exigen respectivamente un mínimo de 25 y 2,5 puntos por lo que, si se tienen que conseguir esos mínimos, se obtendrá un mínimo de 27,5 puntos, que es superior al mínimo exigido en todo el bloque 2.1.
CSIF solicitará que se eliminen todos los mínimos de cada bloque, principalmente los de los subapartados.

En el apartado 1.3 Estancias en universidades y centros de investigación, tanto para la acreditación a TU como a CU, se exigen un mínimo de 10 puntos en “Estancias” mientras que la LOSU en la transitoria 5, punto 3 dice: "Quienes a la entrada en vigor de esta ley orgánica dispongan de una acreditación para Profesor/a Titular de Universidad o hubieran iniciado el trámite para su obtención o estén contratados como Profesor/a Ayudante Doctor/a, Profesores/as Colaboradores/as con carácter indefinido o Profesor/a Contratado/a Doctor/a, no tendrán que acreditar el requisito de estancias de movilidad en universidades y/o centros de investigación al que se refieren los artículos 69 y 85. Esta misma disposición será de aplicación a los Profesores/as Contratados/as Doctores/as interinos/as, así como a otros contratados temporales con acreditación para estas figuras”.

CSIF solicitará que se elimine el requisito de un mínimo de 6 meses y 12 meses respectivamente para las acreditaciones a TU y a CU de realización de estancias y los puntos asignados a este subapartado se distribuyan entre el resto de subapartados.

Especialmente exigentes, y por tanto inaceptables, son los requisitos para el apartado de Liderazgo para la acreditación a CU: no se pueden exigir unos mínimos en apartados como el 3.1 Dirección de equipos de investigación o 3.3 Liderazgo en el ámbito de la dirección y gestión universitaria ya que, por un lado la inmensa mayoría del profesorado no pueden acceder a ellos, y por otro son muy pocos los puestos de dirección de equipos de investigación o cargos unipersonales disponibles en una universidad en comparación con el personal que tiene intenciones de obtener la acreditación, por lo que la posibilidad de acreditación a CU estaría restringida a unas pocas personas que hayan podido obtener este tipo de méritos.

Existen requerimientos con un mínimo de puntos asignados (por tanto, obligatorios) que no tienen sentido. A modo de claro ejemplo de esto, para la acreditación a CU, el subapartado 2.4.2 Tutorización voluntaria (excluido el encargo docente) tiene asignado un mínimo obligatorio de 5 puntos por lo que la “tutorización voluntaria” ya deja de ser voluntaria convirtiéndose en obligatoria.

En otros aspectos la propuesta de la ANECA es demasiado rígida, penaliza la conciliación y olvida la discapacidad.

Quedamos a la espera de vuestras sugerencias/comentarios.

Tres noticias de interés tras la reunión en el Ministerio de Universidades

Destacamos tres noticias -reiteradas demandas de CSIF-, tras la reunión que mantuvimos el pasado viernes, 16 de febrero, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:

1º) Volvemos a empezar a negociar el Estatuto del PDI.

2º) El Ministerio sacará una nota sobre el tema de la compatibilidad de los Profesores Sustitutos.

3º) Si hubiera nuevas convocatorias “Margarita Salas”, “María Zambrano” o similares, dejarán claro que no puede haber descuentos de cuota patronal para los profesores/investigadores.

BOE 1/2/2024: Distribución territorial y criterios de reparto de los créditos gestionados por las CCAA para Redimensionamiento de la oferta de FP

admin — Thu, 01 Feb 24 07:18:20 CET

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ayudas

Resolución de 23 de enero de 2024, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 13 de diciembre de 2023, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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TEXTO ORIGINAL

La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 13 de diciembre de 2023, ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por importe de 143.398.125,00 euros.

Para general conocimiento, esta Secretaría General de Formación Profesional dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.

Madrid, 23 de enero de 2024.–La Secretaria General de Formación Profesional, Clara Sanz López.

ANEXO

Acuerdo de 13 de diciembre de 2023 de la conferencia sectorial de Educación, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023 y en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por importe de 143.398.125,00 euros

El Plan de Modernización de la Formación Profesional, derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de jóvenes y trabajadores futuros y actuales, a nivel individual y colectivo de cada empresa, en estos momentos de reconstrucción y creación de un nuevo modelo de crecimiento económico.

Asimismo, el plan incorpora planteamientos de las comunicaciones de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, tales como una nueva Agenda de Capacidades para Europa: Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad; y de las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en materia de Formación Profesional y de competencias clave para el aprendizaje permanente.

La misión del plan es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta la población activa. La propuesta es convertir la Formación Profesional en una palanca para la reconstrucción mediante tres pasos:

1. Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.

2. Mejora de la accesibilidad a la Formación Profesional y a los servicios de orientación profesional.

3. Incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de Formación Profesional.

Las actuaciones de este Plan para la Formación Profesional se han incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española («España Puede»), instrumento clave de la UE para salir más fuerte y más resistente de la crisis actual.

En concreto y con la finalidad de cumplir con el objetivo del Plan de Modernización para la Formación Profesional, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha definido, entre otras, la siguiente actuación de carácter estratégico recogida en el componente 20:

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional.

Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

Inversión: I03 Innovación e internacionalización de la Formación Profesional.

Hito: El objetivo final era la creación de 135.000 plazas en el Q4 del 2024 que, tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fecha 2 de octubre de 2023, se han ampliado a la creación de 247.452 plazas en el Q4 del 2025. En el presente ejercicio económico se crearán 76.479 plazas.

En el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la aplicación presupuestaria 18.50.32TC.45550, se destina la cantidad de 143.398.125,00 euros para la ejecución en 2023 de la actuación de este programa de cooperación territorial, recogida en el MRR.

Primero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP) y en los términos establecidos en los siguientes apartados, se autoriza la propuesta de la distribución, según criterios objetivos, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2023, por un importe ciento cuarenta y tres millones, trescientos noventa y ocho mil, ciento veinticinco euros (143.398.125,00 euros), destinados a financiar el Redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se relacionan a continuación en el anexo I adjunto.

Segundo.

La gestión de estos créditos por las comunidades autónomas se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 86 de la LGP.

Además, a la ejecución de los créditos consignados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» les será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tercero.

De acuerdo con lo previsto en el apartado a) de la regla segunda del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.

Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.

Cuarto.

La comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que incorpora la información relativa a la actuación a realizar, tal y como recoge el apartado quinto de la disposición adicional primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se realizó el 26 de junio de 2023.

Quinto.

Con posterioridad a la autorización y según lo previsto en el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación se aprobarán los criterios de reparto y la distribución resultante entre las comunidades autónomas.

Sexto.

Con posterioridad al Acuerdo de distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano competente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobará los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptimo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.

Las comunidades autónomas perceptoras de los fondos, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo; en particular, la Comunicación de la Comisión Guía Técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) con su documento anexo, garantizarán que todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente acuerdo respeten el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Todo ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la componente 20 y en las medidas en las que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH como al etiquetado climático y digital.

La medida financiada con los créditos distribuidos en el presente Acuerdo de Conferencia Sectorial, tienen un peso asignado del 0 % de coeficiente de clima y de 0 % de coeficiente digital, de conformidad con la tabla de seguimiento para la acción por el clima y el etiquetado digital recogida en el anexo 6 del documento de trabajo de los servicios de la comisión: Análisis del Plan de Recuperación y Resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

La distribución de fondos propuesta en el marco del PRTR para la actuación Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional tiene asociado el objetivo OA 302.1 definido como la creación de 66.0000 nuevas plazas de FP en el Q4 del 2023 y, finalmente, el objetivo CID 302, cuyo cumplimiento estaba previsto en el Q4 del 2024 con la creación de 135.000 nuevas plazas de FP y que, tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fecha 2 de octubre de 2023, se han ampliado a la creación de 247.452 plazas en el Q4 del 2025. El respectivo instrumento de formalización de los compromisos financieros especificará el calendario concreto de cumplimiento para las comunidades autónomas perceptoras de fondos.

Octavo.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, quedan aprobados, en los términos que figuran en el anexo, la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto a las comunidades autónomas:

Redimensionamiento de la oferta de FP	Importe – Euros	Aplicación presupuestaria
Componente 20-Inversión 03-Proyecto 02 Redimensionamiento de la oferta de FP: Ampliación 200.000 plazas FP.	143.398.125,00	18.50.32TC.45550
Total.	143.398.125,00

Redimensionamiento de la oferta de FP

Importe

–

Euros

Aplicación presupuestaria

Componente 20-Inversión 03-Proyecto 02 Redimensionamiento de la oferta de FP: Ampliación 200.000 plazas FP.

143.398.125,00

18.50.32TC.45550

Total.

143.398.125,00

De acuerdo con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en las comunidades autónomas y sus entidades dependientes, los ingresos por transferencias recibidas de la Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el grado de detalle especificado en el mismo.

En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A los fondos transferidos les será de aplicación las disposiciones nacionales y comunitarias, en particular, lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistémico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contenido de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta, especialmente en lo que respecta al sistema de gestión y al respeto de los principios horizontales que inspiran el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Esta formalización queda sometida a disponibilidades presupuestarias.

ANEXO I

Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación del Redimensionamiento de la oferta de FP

Para dar cumplimiento y continuidad al Plan de Modernización de la Formación Profesional, para responder a la situación planteada por las necesidades de digitalización de las estructuras productivas y del capital humano, consecuencia de la pandemia COVID-19 y a la consolidación del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha destinado un crédito de 143.398.125,00 euros a transferencias a las comunidades autónomas para ayudas al Redimensionamiento de la oferta de FP.

Este crédito debe permitir la continuidad, hasta el 31 de diciembre de 2024, Redimensionamiento de la oferta de FP del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Para este Programa de Cooperación Territorial, los créditos financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se distribuyen con cargo al Servicio 50.

Los criterios de distribución utilizados en la actuación han sido:

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional:

– Coeficiente por número de alumnado matriculado en todos los niveles de FP.

– Coeficiente por número de alumnado matriculado en CFGB y CFGM en centros sostenidos con fondos públicos.

– Coeficiente por número de alumnado que finalizan la escolaridad obligatoria.

– Coeficiente por número de centros que imparten CFGB y CFGM.

– Coeficiente por brecha de género. Alumnado matriculado en FP.

– Coeficiente por tasa de abandono educativo temprano.

– Coeficiente por tasa de riesgo de pobreza.

– Coeficiente por dispersión demográfica (tasa habitante por km²).

– Coeficiente por dispersión geográfica de las Administraciones Públicas.

La cuantía asignada a cada comunidad autónoma fue distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución. El cálculo se hizo teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP a partir de los datos de alumnado matriculado en FP. Instituto Nacional de Estadística. Población por comunidades y ciudades autónomas. Padrón municipal. Datos superficie en km² de cada CC. AA. y provincias por zonas altimétricas. Elaboración propia MEFP, a partir del número de provincias de cada CC. AA., considerando Baleares y Canarias, como número de islas.

Todas las alusiones al alumnado se entenderán como alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos.

Todas las alusiones a centros se entenderán como centros sostenidos con fondos públicos.

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional Presupuesto 2023	Redimensionamiento oferta FP – Euros	Total MEFP – Euros
ANDALUCÍA.	28.053.750,00	28.053.750,00
ARAGÓN.	2.812.500,00	2.812.500,00
ASTURIAS (Principado de).	375.000,00	375.000,00
BALEARS (Illes).	4.687.500,00	4.687.500,00
CANARIAS.	9.562.500,00	9.562.500,00
CANTABRIA.	1.125.000,00	1.125.000,00
CASTILLA Y LEÓN.	10.818.750,00	10.818.750,00
CASTILLA-LA MANCHA.	5.317.500,00	5.317.500,00
CATALUÑA.	17.287.500,00	17.287.500,00
COMUNITAT VALENCIANA.	17.536.875,00	17.536.875,00
EXTREMADURA.	4.125.000,00	4.125.000,00
GALICIA.	10.524.375,00	10.524.375,00
MADRID (Comunidad de).	8.463.750,00	8.463.750,00
MURCIA (Región de).	8.274.375,00	8.274.375,00
NAVARRA (Comunidad Foral de).	4.106.250,00	4.106.250,00
PAÍS VASCO.	6.952.500,00	6.952.500,00
RIOJA (La).	3.375.000,00	3.375.000,00
	143.398.125,00	143.398.125,00

«Las comunidades autónomas garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como a lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

Para ello, las comunidades autónomas preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación.

Asimismo, las comunidades autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio de DNSH y el etiquetado climático».

Compromisos de colaboración

Las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar las siguientes acciones, desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024:

– Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional: Toda nueva plaza creada en el curso académico 2023-2024, de 1.º o 2.º curso, no incluida los repartos de crédito de los ACM 2020, 2021 y 2022. Toda nueva plaza creada en el primer cuatrimestre del curso académico 2024-2025 de 1.º o 2.º curso (antes del 31 de diciembre de 2024).

Los centros en los que se crearán las nuevas plazas son centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional.

Los compromisos de cumplimiento de los objetivos CID, asociados la actuación financiada, asumidos por cada comunidad autónoma, son:

Redimensionamiento de la Formación Profesional 2023 Presupuesto	Redimensionamiento oferta FP Compromiso adquirido CC. AA.
ANDALUCÍA.	14.962
ARAGÓN.	1.500
ASTURIAS (Principado de).	200
BALEARS (Illes).	2.500
CANARIAS.	5.100
CANTABRIA.	600
CASTILLA Y LEÓN.	5.770
CASTILLA-LA MANCHA.	2.836
CATALUÑA.	9.220
COMUNITAT VALENCIANA.	9.353
EXTREMADURA.	2.200
GALICIA.	5.613
MADRID (Comunidad de).	4.514
MURCIA (Región de).	4.413
NAVARRA (Comunidad Foral de).	2.190
PAÍS VASCO.	3.708
RIOJA (La).	1.800
	76.479

Las comunidades autónomas garantizarán que las subvenciones otorgadas contribuyen a la creación de empleo. A estos efectos, los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente en los términos que se determinarán en la correspondiente resolución por la que se formalice la transferencia de fondos.

Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2025, las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito.

Las comunidades autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales.

Las CC. AA. quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en particular, en lo relativo a:

– Obligación de seguimiento por parte de la CA del cumplimiento de los hitos y objetivos mediante el adecuado seguimiento de los indicadores y obligación de reportar la correspondiente información.

– Obligación de mantener una adecuada pista de auditoría, incluida la correspondiente documentación, sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos.

– Obligación de seguimiento contable de los gastos y de reporte de la correspondiente información.

– Obligación de obtención y reporte de datos sobre cada uno de los perceptores finales de los fondos.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a:

– Mantener la coordinación y el apoyo técnico necesarios para la implementación y el desarrollo de las actuaciones, programas y proyectos en Formación Profesional en las comunidades autónomas.

– Poner a disposición de las comunidades autónomas el portal TodoFP como medio de difusión de las convocatorias y actuaciones que se realicen.

Las normas de justificación de los créditos recibidos por las comunidades autónomas vendrán recogidas y especificadas en los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones en los que se haya plasmado la distribución acordada por el Consejo de Ministros, tal como establece la regla cuarta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. Dichos instrumentos incluirán las particularidades inherentes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tales como: la financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el sometimiento a las disposiciones comunitarias y nacionales que resulten de aplicación, los hitos y objetivos comprometidos en la Decisión de Implementación del Consejo (CID, por sus siglas en inglés), el cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado, al respeto del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés), el reintegro de fondos en caso de incumplimiento (y la reasignación de los mismos), el impacto sobre la creación y mantenimiento del empleo, así como sobre la participación y arrastre de las PYMEs.

Las comunidades autónomas receptoras de fondos deberán justificar su ejecución de acuerdo a lo previsto en los correspondientes instrumentos de formalización y normativa aplicable, entre ellos los previstos en el mecanismo de verificación establecido en el anexo I de las disposiciones operativas (operational arrangements, OA), consistentes en:

C20.I03.P02 Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional:

Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente la meta (incluidos los elementos relevantes de la meta, que se enumeran en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).

Este documento incluirá como anexo la siguiente prueba documental: a) un extracto de las estadísticas de educación de la educación no universitaria (EDUCAbase) referidas en la línea de base indicando el número de plazas de FP en cada comunidad autónoma; b) certificado de la autoridad competente de las nuevas plazas creadas y comparación con la línea de base; y c) una copia de la evaluación de necesidades y copia de las actas de la donde se acordó la distribución territorial de las plazas de FP.

Los instrumentos de formalización de la transferencia de los fondos, determinarán los mecanismos de seguimiento intermedio sobre los avances realizados, el estado de ejecución, cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, sin perjuicio de los informes de seguimiento recogidos en el artículo 3 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A estos efectos, los instrumentos de formalización incluirán las pertinentes referencias a los principios de gestión específicos del PRTR (artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) que no se citan ya expresamente en el presente acuerdo, como son la prevención, la detección y la corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la identificación del perceptor final de los fondos y el respeto a las reglas de comunicación previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En todo caso, y de conformidad con el componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y posteriormente aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España de 13 de julio de 2021, se establece que, en el cálculo de los hitos y objetivos propuestos en este componente, no se computarán las inversiones realizadas con otros fondos de la UE.

En relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses se atendrá el presente acuerdo al artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Cabe indicar que, de acuerdo con lo previsto en las ya citadas Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, las comunidades autónomas adquirirán la condición de entidades ejecutoras al recibir los fondos y la responsabilidad en el cumplimiento del objetivo CID, con las obligaciones que ello supone de acuerdo con las normas citadas.

Conforme al artículo 22.2.e) del Reglamento 2021/241, las comunidades autónomas permitirán que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.

Las comunidades autónomas, en tanto que entidades ejecutoras, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aceptan la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (modelo anexo IV.B), y asimismo, incluirán en sus propios instrumentos de ejecución la citada obligación de la cesión de datos, respecto de sus beneficiarios, contratistas y subcontratistas.

Las directrices de comunicación, para las actuaciones previstas en este acuerdo, se atendrán a lo dispuesto en el artículo 9 de la referida Orden HFP/1030/201, de 29 de septiembre, así como a las contenidas en el artículo 34 del Reglamento (UE)2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Con carácter previo a la elevación al Consejo de Ministros del presente acuerdo, se hizo la comunicación preceptiva previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 26 de junio de 2023.

Medidas de información, comunicación y visibilidad

Las actuaciones recogidas en este acuerdo, que se desarrollen en todas las comunidades autónomas, serán financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Generation EU.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se establece que serán subvencionables, a partir del 1 de febrero de 2020, las medidas de los planes de recuperación y resiliencia, que deben ser compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo.

Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación derivadas de la aportación del Estado a este programa cumplirán los requisitos de publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

El artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece las medidas de información, comunicación y publicidad, en particular, indica que los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de la financiación y velarán por darle visibilidad, incluyendo el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, se deberá reconocer el apoyo del fondo en la operación mostrando el emblema de la Unión Europea.

En consecuencia, en la actuación, «Plan de Modernización de la Formación Profesional (MRR)» financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con cargo a los PGE 2022, se incluirá el logo de la Unión Europea y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y se establecerá un mecanismo de identificación de las facturas o documentos originales del gasto (mediante sello, troquel u otro medio similar) de forma que figure su condición de «gasto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Generation EU».

En particular, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que indica lo siguiente:

1. Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del plan incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos que se comuniquen por la autoridad responsable.

En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta el marco en relación con la publicación de información, visibilidad de la financiación de la Unión y derecho de uso, en los términos que se recogen en los siguientes apartados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento del Mecanismo, la información, la comunicación y la publicidad de los Estados miembros en relación con la financiación en aplicación del mismo serán, como mínimo, del mismo nivel que el exigido por las normas del Estado miembro para la financiación pública sin contribuciones del presupuesto de la Unión.

3. Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del artículo 34, apartado 2, del Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de información específica coherente, eficaz y proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el público, el Estado miembro deberá:

a) Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y garantizar el reconocimiento de la contribución del MRR a la recuperación de Europa y, en particular, a la doble transición ecológica y digital.

b) Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», junto al logo del PRTR, disponible en el link https:// planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU».

c) Establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la comisión.

d) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación de la Unión.

4. Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.

5. Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá utilizar información fidedigna.

6. Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».

7. El Estado miembro concede a la comisión el derecho a utilizar gratuitamente los materiales de comunicación relativos al MRR.

8. Así mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicación y transparencia, las Entidades ejecutoras deberán proporcionar información, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier convocatoria de ayuda o procedimiento de licitación para su inclusión en la página web gestionada por la autoridad responsable.

Las entidades responsables y gestoras designarán un responsable de comunicación a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente artículo, sobre la base de las directrices de la autoridad responsable.

Este Acuerdo de Consejo de Ministros tiene por objeto, exclusivamente, la distribución entre las comunidades autónomas de las habilitaciones de gasto en qué consisten los créditos presupuestarios, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que implica la ejecución de los citados créditos presupuestarios, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

24 de Enero - Día Internacional de la Educación de la UNESCO

admin — Wed, 24 Jan 24 12:45:55 CET

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Un año más se conmemora el Día Internacional de la Educación proclamado por la asamblea general de la ONU y anunciado por la UNESCO. El tema de esta edición es "Combatir los discursos de odio a través de la educación”.

Este año se quiere hacer hincapié en el papel crucial que desempeñan la educación y los docentes en la lucha contra el discurso del odio, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años con el uso de las redes sociales, dañando el tejido de nuestras sociedades.

CSIF, como miembro de la Internacional de la Educación y de la Confederación de Sindicatos Independientes de Europa, apoya estas iniciativas internaciones y recuerda la necesidad de que todos los países actúen en consecuencia en la defensa de todos los derechos humanos y por supuesto, la educación.

Lamentamos la oleada de conflictos violentos que acontecen en la actualidad y que promueven la discriminación, racismo, xenofobia y odio, determinados por cuestiones geopolíticas que afectan a la sociedad en su conjunto. Para CSIF es esencial promover actuaciones encaminadas hacia la paz y la no violencia, utilizando la educación como un medio y un fin en sí mismo, como herramienta vehicular para lograr una sociedad alejada de conflictos, igualitaria y justa. El conocimiento en sí mismo promueve la paz, ya que la cultura permite reducir extremismos injustificados. Hay que fortalecer la especialidad docente y dignificar su labor docente.

CSIF defiende el acceso a una enseñanza de calidad, con igualdad de oportunidades, que permita que toda la población pueda acceder al mayor éxito educativo posible y se asegure una trayectoria profesional y laboral acorde a la sociedad actual, garantizando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.

Los datos de abandono escolar, tasa de repetición, paro juvenil, informes PISA y desigualdades entre Comunidades Autónomas nos indican que, si bien todo el mundo puede acceder a la educación, esta no tiene la calidad necesaria debido a la mala gestión de nuestras administraciones, la falta de inversión educativa, la utilización partidista de la educación y la falta de reconocimiento de la labor docente.

La Constitución consagra el derecho a la educación y por tanto este derecho debe ser defendido por todos los partidos políticos y administraciones. Es necesario estabilizar el sistema educativo con un Pacto de Estado que impida el continuo cambio legislativo en cada cambio de gobierno. Cambios además que no mejoran los datos e índices de nuestra educación, que nos mantienen en los últimos lugares de la OCDE y Unión Europea desde hace más de 30 años.

CSIF cree en un sistema educativo público, estable, igualitario, inclusivo, flexible, innovador y tolerante. La educación es una responsabilidad colectiva que debe enfocarse hacia la búsqueda del bien común. Debe ser una cuestión de Estado, que asegure la igualdad de oportunidades y sirva como elemento compensador de desigualdades. Y en esta convicción luchamos día a día para que la educación pública adquiera la importancia que debe tener, para que sea la base de un país democrático. Porque la educación de hoy es la sociedad de mañana. Por ello, rechazamos cualquier intromisión mediática o política, que desvirtúe el fin mismo de la educación: formar a una ciudadanía responsable y crítica.

Consideramos que esta convicción solo se puede conseguir a partir de un profesorado reconocido y prestigiado. En un sistema educativo que se plantee a partir de las opiniones profesionales, que no vean mermadas sus condiciones laborales por criterios meramente económicos, que se dude de su necesario liderazgo pedagógico para hacer mejorar la educación de los que formarán el futuro de nuestra sociedad o que se coarte su libertad de cátedra en pos de unas metodologías que dudan de la especialización docente o de la reducción de contenidos.

Los problemas de la educación son profundos y estructurales y no se solucionan escondiendo la realidad tras falsas estadísticas. Esto nos llevará a dos vías educativas en la que la educación pública quedaría como subsidiaria de instituciones privadas (la anglosajonización del sistema educativo) impidiendo la verdadera igualdad de oportunidades, que es poder optar a una educación de calidad.

Hoy y siempre, CSIF Por la dignificación de la labor docente.

ANECA publica los baremos específicos para los distintos Campos de los Sexenios 2023

admin — Mon, 15 Jan 24 17:43:06 CET

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaConvocatoriasEmpleoOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadLaboralRegión de Murcia - Educación Image

Entre el final de la semana pasada y el principio de la actual, ANECA viene publicando los baremos específicos que cada Comisión va a aplicar en la evaluación de los sexenios en esta convocatoria de 2023 (enlace).

De igual forma que comentamos cuando se publicó el baremo general, desde CSIF denunciamos, como habitualmente ocurre con ANECA, la aplicación retroactiva de requisitos para la evaluación de su actividad profesional que va a sufrir, de nuevo, el PDI de las Universidades Españolas.

La nueva propuesta de criterios (mixto entre cualitativos y cuantitativos) hace que se pierda la objetividad que tenían los anteriores, exige un enorme trabajo adicional por parte de los solicitantes e introduce un ámbito de indefinición en cuanto al proceso de baremación, abocando al PDI solicitante a una situación de clara indefensión ante evaluaciones negativas.

Dado que el profesorado que solicite un sexenio en esta convocatoria de 2023 empezó a “preparar” su solicitud, como mínimo, en el año 2018 (con los criterios que regían en ese año), cualquier cambio que se quiera introducir en esos criterios debe ser claramente en el sentido de “además de” y no de “en vez de”. De esta forma no se penalizaría a los PDI que han desarrollado correctamente su actividad en el modo en que la Administración se lo había solicitado.

Hemos constatado, además, el endurecimiento que se ha producido en los criterios de evaluación. A modo de ejemplo de todo lo expuesto, consideremos una solicitud con 5 artículos publicados en revistas situadas en el primer tercil en el campo MATHEMATICS del JCR. Con los criterios específicos de la convocatoria de 2022, publicados por el Comité 1: Matemáticas y Física (disponibles en el siguiente enlace) se obtendría una valoración mínima de 8 puntos por cada artículo (por estar en el primer tercil) haciendo un total de al menos 40 puntos, por lo que se obtendría el sexenio sobradamente (al superar los 30 puntos requeridos).

Con los nuevos criterios específicos de la convocatoria de 2023, publicados en el Comité 1: Matemáticas y Física (disponibles en el siguiente enlace) se podría dar el caso de obtener una valoración de 5,91 puntos por cada artículo, con un total de 29,55 puntos que, al estar por debajo de 30 puntos, producirían una evaluación negativa del sexenio de investigación. Esta puntuación podría ser incluso menor al poder aplicarle penalizaciones por publicar en la misma revista o incluso en la misma editorial.

Convocatoria de cursos tutorizados del INTEF

admin — Sat, 30 Dec 23 17:05:52 CET

ConvocatoriasEmpleoOtros EmpleoNormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioRegión de Murcia - Educación Image

Convocatoria de plazas para la realización de cursos tutorizados en línea para la formación permanente del profesorado sobre el nuevo currículo derivado de la Ley Órganica 3/2020

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del 10 de enero de 2024.

La duración, fecha de inicio y finalización y ejercicio de la partida presupuestaria de cada uno de los cursos ofertados queda recogida en la tabla que se incluye a continuación:

Primera edición

N.º	Curso	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha finalización	Ejercicio
1	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Infantil	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
2	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Primaria	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
3	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Secundaria	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
4	Funciones y atribuciones de la inspección de educación en el marco de la LOMLOE	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024

Segunda edición

N.º	Curso	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha finalización	Ejercicio
1	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Infantil	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
2	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Primaria	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
3	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Secundaria	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
4	Funciones y atribuciones de la inspección de educación en el marco de la LOMLOE	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código Ético. BOE 29/12/2023.

admin — Fri, 29 Dec 23 08:05:18 CET

NormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de UniversidadRegión de Murcia - Educación Image

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código ético

Resolución de 23 de noviembre de 2023, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el Código Ético.
- PDF (BOE-A-2023-26713 - 13 págs. - 265 KB)
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TEXTO ORIGINAL

El Consejo Rector de ANECA, en su reunión de 22 de noviembre de 2023, aprobó el Código Ético del Organismo Autónomo ANECA, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, así como en el artículo 12.1.d) del Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, aprobado por el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre.

Este Código Ético deberá ser observado en el desempeño de sus funciones por todas las personas evaluadoras y expertas que colaboran con ANECA, así como por el personal del organismo.

Para general conocimiento, y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, dispongo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente resolución y en la página web del organismo.

Madrid, 23 de noviembre de 2023.–La Directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque Salgado.

ANEXO

Código Ético del Organismo Autónomo ANECA

Aprobado por el Consejo Rector con fecha de 22 de noviembre de 2023

PREÁMBULO

La disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, dictado en desarrollo de la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que «El Consejo Rector de ANECA, en un plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, revisará el Código Ético actualmente en aplicación para actualizarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. Una vez aprobado el Código Ético por el Consejo Rector, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del organismo». El citado Real Decreto entró en vigor el 7 de septiembre de 2023.

El Código Ético que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) debe revisar es el aprobado por el Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 27 de mayo de 2021, que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 11 de junio de 2021. Este refundía en un solo texto el Código Ético de las evaluadoras y los evaluadores de ANECA, aprobado el 24 de febrero de 2017 (publicado en el BOE el 13 de septiembre de 2017), y el Código Ético de su personal, aprobado el mismo día.

Son básicamente cuatro las disposiciones vigentes que establecen principios que, de un modo u otro, ANECA, sus directivos, su personal y las personas que participan en las tareas de evaluación y acreditación, deben aceptar y respetar en su respectiva actividad.

En primer lugar, el actual Estatuto de ANECA, aprobado por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, que en sus artículos 1.4, 2 y 7 establece un extenso conjunto de principios inspiradores y reguladores de la actividad de la Agencia.

En segundo lugar, el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, que establece claramente en su artículo 10, al que se remite de forma explícita la citada disposición adicional octava del mismo, los contenidos mínimos que el Código Ético debe incorporar.

En tercer lugar, el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que establece, en sus artículos 52, 53 y 54, los deberes, principios éticos y principios de conducta de los empleados públicos.

En cuarto lugar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que contiene en su artículo 26 los principios de buen gobierno que deben observar los altos cargos y asimilados.

El Código Ético de cualquier institución pública o privada puede considerarse el instrumento para expresar los valores, principios y reglas básicas de conducta que inspiran su función y su estructura. Por definición, parece vincularse más a los fundamentos morales de la organización y de la deseable conducta de sus miembros que a las normas jurídicas que le sean de aplicación. Cabe decir que su objetivo principal es el de motivar la adhesión de sus miembros para que internalicen y sigan por propia convicción ciertas reglas de conducta en la actividad que realizan en tal institución. En consecuencia, el Código Ético está dirigido principalmente a quienes desempeñan cualquier función en la propia institución y que, por su carácter ético, debe ser conocido, aceptado y cumplido por convicción. Se deriva de ello que un Código Ético debiera ser tan específico, breve y claro como sea posible, evitando en sus enunciados toda generalidad, es decir, toda reiteración de principios morales abstractos de normal conocimiento para sus miembros, toda elucubración teórica sobre sus fundamentos y toda formulación indeterminada u oscura.

El nuevo Código Ético de ANECA se ha redactado con la intención de satisfacer estos criterios y, por tanto, de recoger solo los principios y las reglas de conducta que son específicos para los diferentes operadores de las funciones que ANECA ha de desempeñar según su Estatuto (su personal directivo, su personal funcionario y laboral, y las evaluadoras y los evaluadores que forman parte de sus comisiones y comités). Ello no evita que, en algunos casos, se reproduzcan o reiteren principios o reglas de conducta ya enunciados en los textos citados, aunque desde ANECA se ha procurado que solo ocurra cuando resultan específicamente aplicables a las funciones que estos operadores han de realizar. Y aunque el lenguaje sobre «derechos y deberes» resulta ambiguo al ser aplicable tanto con un sentido moral como, lo que es más frecuente, con un sentido jurídico, no se ha podido evitar en este Código, al venir requerido de forma explícita por el artículo 10 del citado Real Decreto 678/2023, de 18 de julio.

Este Código Ético se compone de un capítulo I dedicado a disposiciones generales, un capítulo II que recoge los distintos principios de conducta, un capítulo III relativo a la aplicación y control de cumplimiento, una disposición final sobre su entrada en vigor y dos anexos.

El anterior Código Ético, aprobado en 2021, refundió el Código Ético de las evaluadoras y los evaluadores y el Código Ético del personal del organismo. Y aunque aquella separación resultaba bastante adecuada, precisamente por la especificidad, brevedad y claridad de ambos textos, se ha mantenido ahora esa refundición ya que el citado artículo 10 del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, requiere incluir los derechos de las personas solicitantes y el cumplimiento de la ley de transparencia, cuyo principal destinatario es el personal directivo.

En cuanto al control de cumplimiento, los Códigos Éticos aprobados en 2017 y 2021 preveían que el incumplimiento por parte de una evaluadora o un evaluador daría lugar a la instrucción de un expediente de separación de la Comisión o Comité correspondiente que «no tendrá, en ningún caso, naturaleza disciplinaria», pudiendo llegar a «implicar la exclusión como persona experta o evaluadora de cualquier programa de ANECA y de futuras propuestas de nombramiento». El artículo 9.4 del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, ha establecido, por el contrario, que el expediente de separación de los miembros de comisiones en el caso de incumplimiento del Código Ético tendrá naturaleza disciplinaria, y que su tramitación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Debido a que la tipificación de infracciones y sanciones administrativas está sometida a reserva legal, y que no se encuentra precepto con rango de ley que, con carácter general, tipifique como falta administrativa muy grave, grave o leve el incumplimiento de los principios o reglas de conducta establecidos en un Código Ético, la única solución posible consiste en homologar las posibles infracciones del Código Ético con las faltas muy graves tipificadas por el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con las faltas graves y leves tipificadas por los artículos 7 y 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, y, en su caso, por las normas laborales aplicables.

De acuerdo con este criterio, se ha redactado la regulación del control de cumplimiento del Código Ético distinguiendo la mera llamada de atención o recomendación, ante un incumplimiento sin relieve disciplinario, del procedimiento a seguir cuando el incumplimiento del Código Ético sea subsumible en un tipo de infracción muy grave o grave previsto por las normas disciplinarias, administrativas o laborales, que resulten aplicables. Se pretende, de esta forma, evitar que un defecto de tipificación dé como resultado un fracaso de la decisión sancionadora. Parece, por otra parte, que no resulta difícil subsumir la mayor parte de los incumplimientos del Código Ético en tipos de infracción muy grave o grave.

De toda la normativa que pudiera ser de aplicación, y para mantener la mínima extensión posible del Código, se recogen exclusivamente en el anexo I los artículos 52, 53 y 54 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Se incluye como anexo II el modelo de declaración de adhesión al Código Ético de ANECA.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Principios básicos de ANECA.

1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un organismo autónomo cuyo objeto, en atención a las necesidades de la sociedad, es la promoción y el aseguramiento de la calidad del sistema universitario en España mediante procesos de orientación, información, evaluación, certificación y acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y cualquier otra que le sea de aplicación, así como contribuir, de acuerdo con dicha ley, a garantizar niveles de buen gobierno y calidad contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos.

2. Los principios básicos que rigen su actividad son los siguientes:

a) Servicio a los intereses generales, eficacia y servicio a la ciudadanía.

b) Legalidad y seguridad jurídica.

c) Principio de competencia técnica y científica, que garantiza que el personal, grupos o entidades que desarrollan materialmente las actividades de orientación, evaluación, acreditación y certificación, posean las capacidades técnicas, científicas y materiales necesarias para la consecución de los fines de la Agencia.

d) Principio de independencia de actuación, criterio, dictamen y juicio en la realización de todas sus actividades, garantizando así que lleva a cabo sus funciones de acuerdo con criterios técnico-científicos y de gestión, preestablecidos y públicos, con absoluta imparcialidad.

e) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como el compromiso de consulta y participación de las personas interesadas en el desarrollo de sus trabajos, informando de los principios, procedimientos y criterios de evaluación vigentes en cada momento.

f) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso del personal de ANECA y las evaluadoras y los evaluadores que colaboren con ella, de observar en su actuación los valores contenidos en este Código Ético, así como en las normas de conducta aplicables a los empleados públicos de la Administración General del Estado.

g) Principios de autonomía y responsabilidad, entendidos respectivamente como la capacidad de la ANECA de gestionar con autonomía los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos comprometidos, y como su disposición a asumir las consecuencias de los resultados alcanzados.

h) Principios de cooperación interadministrativa y participación institucional, entendidos respectivamente como la disposición activa a colaborar con otras administraciones e instituciones.

i) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora, asegurando la utilización de criterios y procesos de garantía de calidad interna.

j) Principios, disposiciones y buenas prácticas establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior para la orientación, evaluación, acreditación y certificación de las actividades del servicio público de Educación Superior, así como los principios generales, directrices y criterios internacionalmente admitidos, dirigidos todos ellos a mejorar los procesos de garantía externa de calidad, para lo que se integrará en las redes internacionales existentes y establecerá los oportunos mecanismos de cooperación.

k) Principios de igualdad de género y no discriminación.

3. ANECA cumple también los siguientes estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG 2015):

a) Lleva a cabo actividades externas para asegurar la calidad.

b) Está legalmente establecida y tiene reconocimiento oficial.

c) Es independiente y tiene autonomía funcional.

d) Publica regularmente los resultados de su actividad.

e) Dispone de los recursos apropiados para desempeñar sus funciones.

f) Garantiza la calidad interna y la integridad de su actividad.

g) Somete a un control externo, al menos cada cinco años, su cumplimiento de los estándares y pautas del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2. Objetivos del Código Ético.

El Código Ético de ANECA tiene tres objetivos principales:

1. Concretar las obligaciones éticas de las personas que prestan sus servicios en la Agencia y, particularmente, las de quienes prestan su colaboración como evaluadoras o evaluadores.

2. Clarificar las responsabilidades éticas que asumen y servir de guía en la solución de conflictos de carácter moral en su actividad.

3. Reforzar la imagen de la Agencia ante la sociedad y particularmente ante todos los operadores en el sistema de la enseñanza superior.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Ámbito de aplicación objetivo: El Código Ético es de aplicación en todas las actividades de la Agencia, en cualquiera de sus procedimientos y en cualquiera de sus fases de realización.

2. Ámbito de aplicación subjetivo: El Código Ético obliga a todas las personas que participan en las actividades de la Agencia, ya sea como parte del equipo directivo, personal técnico, administrativo o de servicios y sea cual sea su relación funcionarial o laboral; obliga asimismo a todas las personas que participan como evaluadoras o evaluadores en los diferentes comisiones y comités, y a cualquier otra que colabore como experta o experto en sus actividades.

CAPÍTULO II

Principios de conducta

Artículo 4. Principios éticos generales.

Todas las personas incluidas en su ámbito subjetivo están obligadas a cumplir los principios éticos establecidos en el capítulo VI del título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (anexo I).

Artículo 5. Deberes de los miembros de las comisiones y comités evaluadores.

Son deberes específicos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores los siguientes:

1. Derivados de los principios de competencia técnica y científica, objetividad, independencia y rigor profesional.

a) Actuar con la dedicación y diligencia necesarias para el desempeño correcto de las tareas encomendadas.

b) Ajustar su actuación a la normativa vigente, tanto en la propia Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y diferentes reales decretos reguladores de los procedimientos de evaluación, como a los compromisos adquiridos por ANECA en el marco europeo e internacional.

c) Ajustarse a los procedimientos establecidos en la valoración de los expedientes de que entienda, participar en la toma de decisiones y acuerdos colegiados y motivar debidamente las decisiones adoptadas.

d) Aplicar los criterios de evaluación establecidos por las normas vigentes y las instrucciones y orientaciones que la Dirección de ANECA realice en el marco de sus competencias, con exclusivo sometimiento a su leal saber y entender al margen de quien sea la persona o la institución afectada y de cualquier compromiso con las instituciones académicas o las asociaciones o entidades profesionales a las que pertenezca.

e) Abstenerse de participar en la reconsideración o reevaluación de solicitudes de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios en cuya primera evaluación haya participado, así como abstenerse de participar en la reconsideración o reevaluación de cualquier otra solicitud de evaluación en la que previamente haya participado, salvo expresa petición de la persona responsable de la División correspondiente o, en el caso de comités o comisiones no dependientes de División alguna, de la Dirección de la Agencia.

f) Abstenerse de intervenir en la valoración y resolución de expedientes cuyas personas solicitantes se hallen vinculadas funcionarial o contractualmente con la misma institución en la que desarrolle su actividad principal, y en las de aquellas personas con las que mantenga una relación personal, de cooperación académica o profesional, estable y duradera, sin perjuicio de observar los motivos de abstención establecidos con carácter general en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

g) Abstenerse de participar en la evaluación si no se dispone de los conocimientos adecuados o se carece de la cualificación y capacidades apropiadas.

h) Consultar a ANECA sobre la compatibilidad de la pertenencia simultánea a sus comisiones o comités y a las de otras agencias y organismos de acreditación y evaluación, nacionales e internacionales, cuya finalidad coincida total o parcialmente con las de ANECA, sea dicha pertenencia permanente o eventual.

2. Derivados de los principios de ética profesional y responsabilidad pública.

a) Respetar la confidencialidad de los datos personales de las personas solicitantes de los que se pudiera tener conocimiento con ocasión de los procesos de evaluación, ateniéndose a la normativa vigente en materia de protección de datos.

b) Guardar secreto sobre las deliberaciones de las comisiones y comités y sobre los criterios o posiciones de sus miembros, con carácter general y especialmente con las personas solicitantes, así como sobre el sentido de resoluciones que no hayan sido aún notificadas formalmente.

c) Abstenerse de facilitar a terceros el acceso a las aplicaciones informáticas y bases de datos a disposición de quienes conforman las comisiones y comités y del personal de la Agencia para el desempeño de sus funciones.

d) En los casos concretos en que así pueda venir exigido por las condiciones del programa por requerirse la colaboración ocasional de otras personas profesionales en tareas de apoyo y asesoramiento, obtener de éstas un compromiso escrito de respeto a la confidencialidad y demás obligaciones contempladas en este Código Ético.

e) Comunicar a la persona responsable de la División correspondiente y en su defecto a la Dirección de la Agencia, cualquier situación que pudiera entrañar, directa o indirectamente, conflicto de interés, por amistad o enemistad, afinidad, competencia, emulación o cualquier otra de similar índole sobrevenida. Se considerará conflicto de interés cualquier situación en que la evaluadora o el evaluador, o cualquier miembro de las comisiones de ANECA, pudiera tener interés personal o profesional en un expediente o asunto a tratar, por cuanto afecte a familiares, personas con quien tenga amistad íntima o enemistad manifiesta, personas con las que tenga una cuestión litigiosa pendiente, personas con las que haya colaborado en su actividad académica o profesional, o a instituciones en las que desarrolla o ha desarrollado su actividad, o personas que prestan sus servicios en aquellas, según si se trata de evaluaciones de personas físicas o de instituciones. La persona responsable de la División o, en su caso, la persona titular de la Dirección de ANECA decidirá si la persona afectada debe o no debe abstenerse teniendo en cuenta no solo el riesgo de su pérdida de objetividad sino también la imagen externa de la Agencia.

f) Destruir, al finalizar su mandato, cuanta documentación obre en su poder relativa a las actividades desarrolladas.

g) Los miembros de las comisiones, dado el carácter confidencial de su función, no podrán aceptar, recibir o solicitar ningún regalo, entendiendo como tal los obsequios, favores o donaciones. Se tendrá en cuenta que esta prohibición es extensiva a las personas vinculadas a él, personal o profesionalmente. En caso de recibirlo procederá de forma inmediata a su devolución a la persona, sociedad, entidad u organismo del que lo haya recibido. De no ser posible su devolución inmediata, informará por escrito a la persona responsable de la División o, en su defecto, a la Dirección de la Agencia, depositando en ella el obsequio recibido. La Dirección de la Agencia registrará la notificación y procederá a la devolución a su origen del obsequio recibido. En el caso que la devolución sea imposible donará el bien a instituciones de carácter social o acordará la destrucción del bien, quedando constancia escrita y gráfica de ello. Tampoco podrán aceptar atenciones protocolarias o de cortesía tales como comidas, alojamientos y otros gastos que por razón de su función en la Agencia se reciban en el ámbito de actos públicos, visitas técnicas, congresos, seminarios, o similares. Cuando la asistencia se requiera como presencia institucional en representación de la Agencia deberán obtener previamente la autorización de la persona responsable de la División o, en su defecto, de la Dirección de la Agencia.

h) Comunicar a la persona responsable de la División correspondiente o, en su defecto, a la Dirección de la Agencia, cualquier irregularidad documental grave que se detecte en los expedientes de las personas solicitantes en cualquiera de los procedimientos de evaluación, a fin de que se inicien las actuaciones pertinentes.

i) Velar por la integridad y el prestigio de la institución y no realizar presentaciones públicas en nombre de ANECA ni aceptar invitaciones de asistencia a cualquier tipo de acto para hablar del programa de evaluación correspondiente o de su participación en el mismo, sin la autorización previa de la persona de Dirección responsable de la comisión, comité o actividad en el que haya participado.

Artículo 6. Derechos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores.

Son derechos específicos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores los siguientes:

a) Al más estricto respeto a su independencia de juicio en las decisiones que hayan de adoptar en el ejercicio de sus competencias o tareas encomendadas, y a salvaguardarla frente a posibles injerencias.

b) A la asistencia y apoyo técnico de la Agencia para el desempeño de sus funciones, así como a recibir la formación adecuada para ello.

c) A tener información anticipada de los expedientes en los que hayan de intervenir en las sesiones colegiadas.

d) A hacer constar sus discrepancias con las decisiones colegiadas emitiendo un voto particular, que podrá ponerse en conocimiento del responsable de la División correspondiente o, en su defecto, de la Dirección de la Agencia, para que pueda efectuar, en su caso, las actuaciones que considere oportunas.

e) Al reconocimiento y certificación de su actividad de colaboración con ANECA.

f) A la protección de sus datos personales y de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por ANECA.

Artículo 7. Derechos de las personas solicitantes en su relación con ANECA.

Las personas solicitantes de todos los programas de evaluación y acreditación de ANECA tienen derecho:

a) A ser evaluadas con objetividad, imparcialidad y rigor técnico, de acuerdo con los mismos criterios y condiciones observados con las demás solicitantes del mismo tipo de evaluación o acreditación, en su misma situación, de la misma área de conocimiento o especialización científica y evaluadas por la misma comisión o comité, asegurando la igualdad de oportunidades.

b) A ser informadas del estado de tramitación de su solicitud.

c) A recibir información y motivación suficiente de las razones que hayan podido determinar propuestas negativas.

d) En caso de propuestas negativas, a recibir orientaciones suficientemente motivadas sobre las carencias encontradas en el currículum o en la documentación presentada, para que puedan ser mejoradas en posteriores solicitudes.

e) A que los datos que proporcionen y la información que les concierna se traten con discreción, sin que de ellos puedan tener conocimiento personas ajenas a la comisión o comité competente o al personal de ANECA que haya de tramitarlos, protegiéndose sus datos de acuerdo con la legalidad vigente en la materia.

f) A conocer la composición de la comisión o comité que haya de evaluar sus solicitudes.

g) A la recusación de personas integrantes de las comisiones o comités de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

h) A hacer llegar sus reclamaciones sobre aquellas actuaciones o prácticas que puedan contradecir las leyes aplicables y/o los deberes recogidos en este Código Ético y presentar las alegaciones oportunas en el caso de que sean informadas de la existencia de irregularidades.

Artículo 8. Deberes del personal funcionario y laboral de ANECA.

Son deberes específicos del personal funcionario y laboral de ANECA los siguientes:

a) Ajustar su actuación a las normas que regulen los procedimientos de los diferentes programas de ANECA en los que participe.

b) Mantener absoluta reserva sobre los datos y circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y considerar confidencial la información de terceros a la que tenga acceso, cumpliendo en todo caso con las disposiciones establecidas por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

c) No facilitar a terceros ajenos a las actividades de evaluación que desarrolla ANECA, acceso a las aplicaciones informáticas y bases de datos de las que haga uso por el desempeño de sus funciones en ANECA.

d) No realizar colaboraciones de carácter permanente u ocasional en órganos o entidades con funciones análogas a las de ANECA, salvo autorización expresa de la Dirección.

e) No realizar presentaciones en nombre de ANECA ni aceptar invitaciones de asistencia a cualquier tipo de acto para hablar de ANECA o en calidad del personal de la Agencia, sin la autorización previa del titular de la División correspondiente o de la persona titular de la Dirección de ANECA.

f) Realizar su trabajo con la máxima imparcialidad, evitando la concurrencia de conflicto de interés en el desempeño de sus funciones, entendiéndose que existe tal conflicto cuando se interviene en las decisiones relacionadas con implicaciones directas o indirectas respecto a su puesto e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.

g) Hacer uso de los recursos puestos a disposición por el organismo para el desempeño de sus funciones, cumpliendo con la normativa interna aprobada por ANECA al respecto, así como seguir su formación para su adecuada utilización si fuera necesario.

Artículo 9. Deberes específicos de las personas que ocupan puestos en los órganos de gobierno y dirección de ANECA.

Son deberes específicos de quienes desempeñen puestos directivos en ANECA los siguientes:

1. Derivados de los principios de competencia técnica y científica, calidad y mejora.

a) Ejercer el papel de representación institucional de manera que redunde en el prestigio y la mejora de la reputación de ANECA, velando por la buena imagen y percepción de la Agencia tanto a nivel nacional como internacional.

b) Asegurar que los programas, las actividades, el personal y las personas colaboradoras de ANECA cumplen los principios, valores y compromisos delimitados en este Código Ético, adoptando, en caso contrario, las recomendaciones o medidas correctoras que sean procedentes.

c) Velar por el cumplimiento, tanto por ANECA como por su personal y resto de personas colaboradoras, de la normativa aplicable a los diferentes procedimientos de evaluación y de los compromisos adquiridos por ANECA en el marco internacional.

d) Proteger a quien de buena fe informe de incumplimientos de lo establecido en el Código Ético y definir procedimientos que permitan la evitación, identificación, tratamiento y gestión de los mismos.

e) Iniciar las acciones administrativas o penales que sean procedentes en el caso de irregularidades graves de las personas solicitantes en los procesos de evaluación de profesorado de acuerdo con lo establecido en el protocolo correspondiente aprobado por ANECA.

f) Elaborar los planes anuales y plurianuales de actuación, así como la memoria anual de actividades y cuantos documentos extraordinarios considere necesarios.

g) Diseñar y aprobar los programas de evaluación, oídos los órganos de asesoramiento correspondientes, de acuerdo con el plan estratégico, los planes de actuación, el Código Ético y la legislación vigente.

h) Evaluar los indicadores del cumplimiento de los objetivos relacionados con los principios y valores recogidos en el Código Ético y del grado de eficiencia en su gestión.

i) Promover condiciones de trabajo basadas en el buen trato y respeto, y asegurando la implementación de instrumentos para la detección y solución de desviaciones al respecto.

j) Promover medidas encaminadas a la concienciación, sensibilización y formación de todo su personal en materia de conflictos de intereses.

k) Promover la formación entre el personal de ANECA en las competencias necesarias para la adecuada prestación de su actividad profesional.

2. Derivados de los principios de autonomía y responsabilidad.

a) Dirigir eficazmente las tareas que corresponden a la Agencia, manteniendo una conducta respetuosa hacia su personal, las personas colaboradoras en los trabajos de asesoramiento y evaluación y las destinatarias de su actividad, evitando cualquier tipo de discriminación.

b) Procurar un uso eficiente y responsable de los recursos materiales, limitando en la mayor medida posible el impacto negativo de las actividades de la Agencia sobre el medio ambiente, reduciendo el uso de papel mediante la digitalización, así como haciendo uso razonable y moderado de las conexiones a Internet y la telefonía fija o móvil.

c) Abstenerse de utilizar en beneficio propio o de personas terceras próximas la información adquirida en el ejercicio de su cargo.

d) Abstenerse de aceptar regalos y donaciones de particulares y de entidades públicas o privadas, a excepción hecha de las muestras no venales de cortesía y objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios que le puedan ser entregados en razón de su cargo.

3. Derivados de los principios de cooperación interadministrativa y participación institucional.

a) Fomentar la cooperación con las instituciones de evaluación de carácter autonómico e internacional, así como la integración de la Agencia en redes y alianzas nacionales e internacionales de instituciones con las que coincida total o parcialmente en sus fines.

b) Participar activamente en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como otros espacios de ámbito internacional de interés para la actividad de ANECA.

4. Derivados de los principios de igualdad de género y no discriminación.

a) Cumplir las disposiciones o protocolos vigentes en relación con las situaciones de discriminación en el entorno laboral y, en especial, los referidos a las situaciones de acoso sexual y/o psicológico, y garantizar un trato de equidad que no implique ningún tipo de discriminación.

b) Mantener un firme compromiso con la promoción de la diversidad y el apoyo a la inclusión.

Artículo 10. Cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, ANECA adopta las siguientes medidas:

a) Publicará en su página web, de manera clara, estructurada y comprensible, toda la información relativa a su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional, los planes anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución y las evaluaciones de los resultados obtenidos.

b) Publicará en su página web las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

c) Publicará en su página web los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, así como las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

d) Responderá con diligencia a las demandas de información de acuerdo con los procedimientos existentes, todo ello sin comprometer de ningún modo la integridad de aquella información que pudiera ser considerada sensible por razones de interés público.

CAPÍTULO III

Aplicación y control del cumplimiento

Artículo 11. Adhesión.

Se facilitará un ejemplar de este código a todo el personal de la Agencia, así como a las evaluadoras y los evaluadores y a cualquier otra persona que colabore con la Agencia, que deberán firmar un documento declarando su conocimiento del código y prometiendo su cumplimiento (anexo II).

Artículo 12. Sesiones no presenciales.

Los compromisos de este código han de respetarse tanto si las funciones encomendadas se desarrollan presencialmente o a distancia a través de cualquier medio telemático establecido a tal efecto por ANECA. Para preservar la confidencialidad de las sesiones de evaluación de las comisiones y comités, no podrán ser grabadas salvo que se haga por parte de ANECA para eventos de divulgación, garantizándose en todo caso el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Artículo 13. Control.

1. ANECA constituirá un Comité de Ética para resolver y posteriormente publicar cualquier duda o sugerencia relativa a la interpretación o aplicación de este Código Ético, así como para supervisar su correcta aplicación. Este Comité de Ética estará formado por personal del organismo; en concreto, por la persona titular de la Dirección, la persona titular de la Gerencia, una de las personas titulares de sus Divisiones, así como una persona de servicio jurídico de la Agencia.

2. Cuando se trate la denuncia de un incumplimiento, realizada de buena fe y con el único interés de colaborar en su correcta aplicación, se considerará información confidencial, garantizándose la ausencia de represalias frente a la persona denunciante, aunque se verificara finalmente la ausencia de la infracción o el incumplimiento denunciado. En el caso en que la denuncia se realice sobre un miembro del Comité de Ética, dicha persona se abstendrá durante el proceso de resolución.

3. Cuando se tenga conocimiento por la Dirección de ANECA de un incumplimiento del Código Ético sin trascendencia disciplinaria se comunicará, en primer lugar, a la persona afectada, dándole un plazo para que pueda formular observaciones, transcurrido el cual se adoptará, oído el Comité de Ética, una recomendación de mejora ética o de gestión, con la finalidad de que se adopten las medidas correctoras que garanticen la no reiteración de tales conductas.

4. Si el incumplimiento observado constituyese una falta disciplinaria tipificada como falta muy grave por el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, o como falta grave por el artículo 7 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se tramitará el correspondiente expediente disciplinario. Cuando este incumplimiento haya sido cometido por un evaluador o una evaluadora, la Dirección de ANECA, tras la instrucción del expediente disciplinario, elevará al Consejo de Universidades una propuesta motivada y no vinculante de resolución, en la que podrá proponer la separación de la persona inculpada de la comisión o comité al que pertenezca. Será de aplicación lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final. Entrada en vigor.

Este Código Ético entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Principios éticos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

ANEXO II

Declaración de adhesión al Código Ético de ANECA

Doña/Don .................................................................................. (nombre y apellidos).

En su calidad de ....................................................... (puesto que ocupa en ANECA).

DECLARO que he leído el Código Ético de ANECA, que comparto y acepto los valores, principios, deberes y derechos que en él se formulan y que, en consecuencia,

PROMETO dar cumplimiento puntualmente, en el desempeño de las funciones que en ANECA tengo encomendadas, a todos esos valores y principios, así como a los deberes que de ellos se derivan.

Fecha y firma.

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Finalidad: Gestión del personal de ANECA.

Legitimación: Ejecución de un contrato y cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Registro de Actividades de Tratamiento de ANECA.

BOE 22/12/23: Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora

admin — Fri, 22 Dec 23 07:23:32 CET

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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora.
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TEXTO ORIGINAL

El artículo 2.4 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y el artículo 6.1 del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica, establecen que los funcionarios de carrera de cuerpos docentes universitarios y el personal investigador funcionario de carrera, respectivamente, tendrán derecho a percibir un complemento de productividad por la actividad investigadora realizada sometida a evaluación cada seis años.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 del Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, aprobado por el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, le corresponde a ANECA, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), realizar la evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos de Investigación y al objeto de que les sea reconocido un complemento de productividad (sexenio de investigación).

Con el objeto de garantizar el citado proceso de evaluación de la actividad investigadora a efectos del reconocimiento de ese complemento de productividad y de conformidad con la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario y con la Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases comunes para la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, resulta necesario aprobar con carácter anual una convocatoria que establezca la evaluación de tramos de actividad investigadora y el plazo durante el cual se podrán presentar solicitudes ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En su virtud, de conformidad con el artículo 2, apartado 5.6, del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, y con el artículo 6.1 del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la disposición final primera de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, y de acuerdo con el artículo 18.1 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Esta Secretaría General de Universidades ha resuelto:

Primero.

Aprobar la convocatoria anual de evaluación de la actividad investigadora del año 2023 a que se refiere el artículo 2, apartado 5.6 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario y el artículo 6.1 del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica.

Las bases específicas de esta convocatoria se incluyen en el anexo de esta resolución.

Segundo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.

La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de diciembre de 2023.–El Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón.

ANEXO

Bases específicas

1. Objeto de la convocatoria

El propósito de esta convocatoria es reconocer los méritos en la actividad investigadora desarrollada por el profesorado universitario y por el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado que cumpla con los requisitos indicados en los apartados 3 y 4 del presente anexo, e incentivar su ejercicio, su calidad y su relevancia e impacto.

2. Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá por las bases específicas contenidas en el anexo y por lo dispuesto en:

a) La disposición final vigésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

d) El Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica.

e) La Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

f) La Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que por la que se establecen las bases comunes para la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado.

3. Requisitos para el profesorado universitario

3.1 Tendrán derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de funcionario/a de carrera o interino/a perteneciente a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios:

– Catedráticos/as de Universidad.

– Profesores/as Titulares de Universidad.

– Catedráticos/as de Escuela Universitaria.

– Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria.

a) El personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios que se hallen en situación de comisión de servicios o servicios especiales podrán someter a evaluación su actividad investigadora, aunque los derechos económicos no se devengarán hasta el momento de su reingreso a la Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.

b) El personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios que permanezcan en situación de supernumerario o se encuentren en situación de excedencia voluntaria, prestando servicios en una Universidad legalmente reconocida, podrán someter a evaluación su actividad investigadora, aunque los correspondientes efectos económicos no se iniciarán hasta el momento de su reingreso a una Universidad pública en régimen de dedicación a tiempo completo.

c) El personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios que presten servicios en la Universidad en régimen de dedicación a tiempo parcial podrán someter a evaluación su actividad investigadora, aunque los correspondientes efectos económicos se generarán solamente a partir del momento en que pasen a prestar servicios en la Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.

d) En todo caso, las personas solicitantes deberán tener la condición de funcionario de carrera o interino a fecha 31 de diciembre de 2023.

3.2 El profesorado antes mencionado que solicite un tramo de investigación deberá encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Quienes su último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2017 o hubiera terminado en años anteriores.

b) Quienes nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2023.

c) Aquellas personas a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal y este hubiera terminado el 31 de diciembre de 2020 o en años anteriores. Las personas solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir un nuevo periodo, de seis años, con alguno de los años ya evaluados negativamente en el último tramo de investigación presentado y, al menos, tres años posteriores al mismo. En caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación.

3.3 El personal funcionario de cuerpos docentes universitarios que se encuentre disfrutando de permisos de maternidad o paternidad, en situación de excedencia para atender el cuidado de hijas, hijos, o de otros familiares en primer grado a su cargo, o en excedencia por razón de violencia de género prevista en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, podrán incluir en su solicitud de evaluación de sexenios los años –y las aportaciones publicadas en dichos años– durante los que haya disfrutado del permiso o permanecido en dicha situación de excedencia.

3.4 Como parte de una estrategia integral para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la equidad e igualdad de oportunidades, a efectos del cómputo de los tramos de investigación para la evaluación de la actividad científica e investigadora, aquellas personas que así lo deseen y se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el apartado anterior podrán prorrogar el último sexenio vivo un año por cada permiso o excedencia que hayan tenido. Estos permisos o situaciones administrativas de excedencia deberán haber tenido lugar en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2023. La prórroga del sexenio será de aplicación al último sexenio vivo.

3.5 El personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios podrá solicitar a ANECA la convalidación de las evaluaciones positivas de aquellos tramos de actividad investigadora que les hubieran sido reconocidos antes de haber accedido a la función pública, cuando dicho reconocimiento se hubiera producido siguiendo un procedimiento de evaluación en el que haya intervenido la propia CNEAI, conforme a las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, y disposiciones de desarrollo. Los formularios para solicitar la convalidación están disponibles a través del siguiente enlace: https://aneca.sede.gob.es/

El plazo de presentación de estas solicitudes de convalidación será el mismo que el de la convocatoria general y tendrá efectos económicos desde que la persona solicitante haya adquirido la condición de funcionaria.

3.6 Los efectos económicos derivados de esta evaluación se iniciarán el 1 de enero de 2024 con excepción de los derivados de las solicitudes de convalidación según lo establecido en el apartado anterior.

4. Requisitos para el personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado

4.1 Tendrá derecho a solicitar esta evaluación el personal investigador funcionario de carrera de las siguientes escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado:

– Profesoras/es de investigación.

– Investigadoras/es científicas/os.

– Científicas/os titulares.

4.2 Las personas solicitantes deberán tener la condición de funcionario/a de carrera en alguna de las escalas indicadas en al apartado anterior en el momento de presentar la solicitud, y estar en situación de servicio activo o equivalente, conforme lo dispuesto en el artículo 7.1 y 2 del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril.

Se considerará equivalente a la situación de servicio activo, a los efectos de solicitar las evaluaciones, el periodo de tiempo en el que el personal investigador funcionario haya estado en las situaciones de:

a) Servicios especiales.

b) Excedencia en las modalidades por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista previstas en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Excedencia temporal para incorporarse a otros agentes de investigación a que se refiere el artículo 17.3 y 4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

4.3 El personal investigador antes mencionado que solicite un tramo de investigación deberá encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Quienes no hayan solicitado anteriormente esta evaluación y cumplan un mínimo de seis años evaluables a fecha de 31 de diciembre de 2023 podrán solicitar la evaluación por la actividad realizada hasta esa fecha.

b) Aquellas personas cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2017 o hubiera terminado en años anteriores.

c) Aquellas personas a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal solicitado y éste hubiera terminado el 31 de diciembre de 2020 o en años anteriores. Las personas solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir un nuevo periodo, de seis años, con alguno de los años ya evaluados negativamente en el último tramo de investigación presentado y, al menos, tres años posteriores al mismo. En caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación.

4.4 El personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación que se encuentre en situación de excedencia por cuidado de hijas, hijos o de otros familiares en primer grado a su cargo, podrá incluir en su solicitud de evaluación los años en que haya permanecido en dicha situación administrativa y someter a evaluación las aportaciones publicadas en dichos años.

4.5 Los efectos económicos derivados de esta evaluación se iniciarán el 1 de enero de 2024.

5. Presentación de solicitudes

5.1 El personal funcionario de carrera e interino de los cuerpos docentes universitarios y el personal funcionario de carrera de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado podrán presentar su solicitud de evaluación de la actividad investigadora desde el 22 de enero de 2024 al 12 de febrero de 2024.

Las aportaciones que acompañen a su solicitud deben haber sido publicadas en los años sometidos a evaluación.

5.2 Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona interesada deberá presentar su solicitud exclusivamente a través de registro telemático, para lo que podrá identificarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 9 de la misma ley.

Los formularios y anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática a través de la sede electrónica de ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

A través de esta se podrá acceder a la resolución de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) que especifica los criterios de evaluación generales y específicos para cada campo. Igualmente se podrán obtener duplicados o justificantes de los escritos presentados por registro electrónico y se podrá realizar el seguimiento de la tramitación de solicitudes.

5.3 Las solicitudes deberán incluir la siguiente documentación, que estará disponible en la aplicación de la sede electrónica de ANECA:

a) Impreso de solicitud generado y firmado por el/la solicitante.

b) Currículo que se genera al cumplimentar la solicitud con hasta un máximo de cinco aportaciones que la persona interesada seleccione para someter a evaluación.

Se entenderá por «aportación» cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios de evaluación a que se remite el apartado 7 de la presente convocatoria.

Cada aportación deberá incluir:

– Los datos que sean necesarios para su identificación.

– Un identificador persistente (DOI, Handle, ARK, SWHID, o, en general, una URI/URL única permanente).

– Solo en el caso de publicaciones que no se encuentren en acceso abierto, el archivo en PDF de dichas aportaciones, de forma que se facilite el trabajo de evaluación de los comités asesores.

– Solo en casos imprescindibles, el archivo en PDF justificativo de la aportación de acuerdo con lo indicado en la Resolución de 5 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios para la evaluación de la actividad investigadora (contrato de compraventa o de licencia en el caso de las patentes, evidencias que permitan identificar el objeto de evaluación en el caso de las aportaciones artísticas o creativas, etc.).

Cada aportación irá acompañada de un «breve resumen», con el máximo que establece la aplicación telemática, que contenga los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Se podrán sustituir los resúmenes individualizados por uno solo que se refiera a todas ellas.

Asimismo, la persona solicitante deberá acompañar los «indicios de relevancia e impacto» de la investigación, que podrán consistir en:

1. Contribución de la aportación al progreso del conocimiento (originalidad, innovación, prioridad temática, aportación al debate científico, aportación metodológica, entre otros).

2. Impacto científico de la aportación (uso y lectura, referencias realizadas por otros/as autores/as, calidad, internacionalización e impacto del medio de difusión, entre otros).

3. Impacto social de la aportación (uso y lectura en plataformas no académicas, menciones no académicas o sociales, interacciones en medios o plataformas sociales, aportación a políticas públicas, entre otros).

4. Contribución de la aportación a la ciencia abierta (grado de apertura, cumplimiento de principios FAIR en conjuntos de datos, contribución a software libre, diversidad de repositorios utilizados para el depósito, entre otros).

En el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada solicitante podrá incorporar la referida investigación en su currículum, haciendo mención expresa en los correspondientes resúmenes del alcance de su contribución personal al trabajo colectivo.

Cada solicitante podrá incluir hasta dos aportaciones sustitutorias debidamente referenciadas e identificadas como tales, que puedan reemplazar a otras tantas de las presentadas en primer término y que en el proceso de evaluación se puedan considerar de calidad insuficiente para alcanzar la puntuación mínima requerida.

c) Curriculum vitae (se recomienda el modelo de la FECYT), que incluya exclusivamente las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los años sometidos a evaluación. Según lo dispuesto en la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, este CV debe contener:

1. Historial científico completo.

2. Participación en proyectos de investigación financiados durante los años correspondientes al período del sexenio y, al menos, tres anteriores.

3. Publicaciones, al menos, durante el período correspondiente al sexenio solicitado.

4. Estancias en centros extranjeros.

5. Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados, durante el período correspondiente al sexenio solicitado.

d) Hoja de servicios original actualizada que incluya el período cuya evaluación se solicita, en la que conste el régimen de dedicación de la persona solicitante durante dicho período. La hoja de servicios deberá ser de fecha posterior al día de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de servicios», deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becaria o becario o documentos fehacientes similares, y que incluyan el periodo de tiempo y el régimen de dedicación. Deberá en todo caso tratarse de un centro docente superior o cuya actividad primordial y regular sea la investigación.

5.4 ANECA podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento administrativo los documentos originales a partir de los cuales se generaron los archivos electrónicos incorporados a la solicitud, con el fin de contrastar su validez y concordancia. ANECA se reserva el derecho de actuar legalmente contra quienes modificaran o alteraran aquellos documentos originales para generar los archivos electrónicos incluidos en la solicitud.

5.5 Las consultas relacionadas con esta convocatoria y con la aplicación informática de la misma, lo harán a través de «ANECA Responde», accesible desde la página web a través de este enlace: https://ayuda.aneca.es

6. Instrucción del procedimiento de evaluación

6.1 Corresponde a ANECA, a través de la CNEAI, instruir el procedimiento de evaluación de la actividad investigadora.

6.2 Para la evaluación de las solicitudes la CNEAI recabará el asesoramiento de la comunidad científica, a través de Comités asesores y personas especialistas, por campos científicos, cuya relación será publicada.

6.3 En el proceso se tendrán en cuenta exclusivamente la información y los documentos presentados con la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6.4 Los Comités asesores y, en su caso, las personas especialistas consultadas deberán formular un juicio técnico sobre las aportaciones evaluadas a la persona solicitante.

6.5 En el caso de que el correspondiente Comité asesor o las personas especialistas nombradas por la directora de ANECA lo consideren oportuno, podrán requerir de la persona solicitante, por medio de la Directora de la división de Evaluación del Profesorado de ANECA, la remisión de una copia de alguna o de todas las aportaciones relacionadas en su curriculum vitae.

6.6 El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a diez, siendo preciso un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de seis años.

7. Criterios de evaluación

En la evaluación se observarán los criterios generales establecidos en el artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 y en el apartado tercero de la Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre. Dichos criterios generales se complementan con los criterios de evaluación generales y específicos aprobados para cada uno de los campos por resolución de la CNEAI de 5 de diciembre de 2023.

8. Resolución

8.1 El pleno de la CNEAI establecerá la evaluación individual definitiva a la vista de las calificaciones emitidas por los Comités asesores y personas expertas, asegurando, en todo caso, la aplicación de los criterios a los que se refiere el apartado 7 de esta convocatoria.

8.2 Para la motivación de la resolución que dicte el pleno de la CNEAI bastará con la inclusión de los informes emitidos por los Comités asesores y las personas especialistas, si estos hubiesen sido asumidos por la CNEAI. En caso contrario, deberán incorporarse a la resolución de la CNEAI los motivos para apartarse de los referidos informes, así como la fundamentación, avalada o no por otros informes dictados por especialistas.

8.3 El plazo de resolución será de seis meses desde la apertura de la convocatoria (22 de enero). El transcurso del plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final vigésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.

8.4 La CNEAI, al término del proceso de evaluación, procederá a notificar a cada solicitante el resultado de la evaluación obtenida mediante notificación electrónica conforme establece el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, utilizando los servicios disponibles en la sede electrónica de ANECA, y en caso de resolución favorable, lo comunicará a las universidades u organismos públicos de investigación que correspondan a efectos del reconocimiento del correspondiente complemento de productividad. LA CNEAI podrá asimismo comunicar los resultados favorables del personal funcionario a otras agencias de calidad autonómicas a efectos de reconocimiento de la evaluación realizada por la CNEAI en las convocatorias de evaluación de la actividad investigadora que les correspondan de su ámbito de competencias.

9. Recursos

Contra la resolución del pleno de la CNEAI, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Directora de ANECA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Estatuto de ANECA, aprobado por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre.