Principado de Asturias - Educación

CSIF EXIGE FRENAR LA LEY DE SALUD ESCOLAR: SIN PERSONAL SANITARIO EN LOS COLEGIOS, PELIGRA LA SEGURIDAD DEL ALUMNADO

carlos.diaz.peral — Mon, 20 Oct 25 14:00:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios -CSIF-, organización mayoritaria en el sector público, hace un llamamiento urgente a toda la ciudadanía del Principado de Asturias, y muy especialmente al profesorado y a las familias, para que actúen frente a un anteproyecto de ley que compromete el modelo educativo y sanitario en nuestras escuelas.

El llamado Anteproyecto de Ley de Salud Escolar, que tramita el Gobierno autonómico, pretende implantar un sistema sin profesionales sanitarios estables en los centros educativos, delegando tareas clínicas en el personal docente, sin formación ni cobertura jurídica. Esto no solo desnaturaliza la función educativa, sino que coloca al sistema en un terreno inestable, sin garantías ni seguridad para el alumnado ni para los trabajadores.

El modelo del Principado propone:

Excluir a personal sanitario estructural en los centros.
Recargar al profesorado con funciones ajenas a su ámbito legal y pedagógico.
Reemplazar la atención profesional por comisiones y protocolos sin ejecución real.
Incrementar la burocracia y la inseguridad jurídica del sistema educativo.

Desde CSIF hemos activado una ofensiva institucional completa, solicitando informes a todos los colegios profesionales sanitarios —autonómicos y estatales— y convocando reuniones con todos los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.

Exigimos:

La paralización inmediata del anteproyecto.
Un modelo basado en la colaboración real entre educación y sanidad.
La inclusión de profesionales sanitarios en plantilla, con funciones claras y operativas.

Llamamiento a la ciudadanía asturiana

El debate sobre la salud escolar no puede resolverse entre despachos, sin escuchar a quienes sostienen cada día el sistema educativo. CSIF considera que este anteproyecto debe ser motivo de reflexión colectiva y de movilización institucional, porque afecta a un valor esencial: la seguridad y el bienestar de la infancia en el entorno escolar.

A las familias asturianas, les pedimos que exijan un modelo que garantice atención profesional, continua y responsable en los centros educativos. Sus hijos e hijas no deben quedar desatendidos por una ley mal diseñada.
Al profesorado, le recordamos que no está solo. Nadie puede asumir tareas sanitarias para las que no está formado, ni cargar con responsabilidades que exceden su marco legal y su vocación pedagógica.
Y al conjunto de la sociedad asturiana, le apelamos a no permanecer indiferente. Esta ley afecta a derechos fundamentales: el derecho a una educación segura, el derecho a una sanidad profesional, y el derecho a trabajar sin verse expuesto a responsabilidades que no corresponden.

Desde CSIF reiteramos nuestra postura: Un modelo impuesto que compromete a toda la comunidad educativa no sirve. Necesitamos docentes enseñando y sanitarios cuidando.

SALUD ESCOLAR SÍ, PERO NO ASÍ.

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admin — Thu, 11 Jan 24 11:48:00 CET

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La Crue avisa de que peligra la aplicación de la LOSU - ANECA crea 30 comisiones de acreditación

admin — Thu, 14 Dec 23 08:15:54 CET

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La Crue avisa de que peligra la aplicación de la LOSU si el Gobierno no inyecta 844 millones

Por un lado, en su informe recientemente presentado «Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario», concluye que la Administración central, impulsora y proponente de la LOSU, "debe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto público que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1% del PIB".

Por otro lado indica que 844 millones supondrían el coste de aplicar las disposiciones de la LOSU en materia de PDI:

Reducción ya en 2024 de la carga docente de Asociados, Ayudantes Doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 225 millones de euros.
En el horizonte de 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional de 424 millones euros.
Anualmente la reposición de efectivos por jubilación supondrá asumir sus costes de Seguridad Social por un importe adicional de 195 millones de euros.

Según la Crue:

Estos costes inducidos, deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado.
De no producirse esta financiación, la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas.

Os recordamos que desde CSIF hemos pedido a la nueva ministra responsable de universidades, Diana Morant, financiación para aplicar la LOSU y poner coto a la precariedad e inestabilidad de las plantillas universitarias. También que transfiera a las Comunidades Autónomas el coste de aplicación de la LOSU y asignaciones presupuestarias concretas para estabilización, promoción y renovación de las plantillas de PDI y PTGAS.

ANECA crea 30 comisiones de acreditación que valorarán los méritos en el procedimiento de acreditación para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios

Resolución de 14 de noviembre de 2023, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se crean las comisiones de acreditación que valoran los méritos y competencias en el procedimiento de acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Enlace en https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/22/pdfs/BOE-A-2023-23709.pdf

Se realiza la creación de treinta (30) comisiones de acreditación en sustitución de las veintiún (21) comisiones actualmente existentes.
Las nuevas comisiones de acreditación deberán estar constituidas con fecha 1 de enero de 2024.
Debido al establecimiento de una acreditación universal, y no por rama de conocimiento, no se estructuran las comisiones en cinco bloques, correspondientes a las cinco ramas de conocimiento hasta ahora existentes.
Se incluye en la propuesta una comisión de naturaleza interdisciplinar que favorece la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en los procesos de acreditación

El incremento del número de comisiones se justifica por el volumen de solicitudes pendientes de resolución, que actualmente alcanza la cifra de 4.780 solicitudes, así como en los tiempos de espera de los aspirantes para recibir una respuesta a sus peticiones. Es relevante señalar que las 21 comisiones del modelo a extinguir resolvieron en 2022 3.674 solicitudes, lo que indica claramente que el número actual es insuficiente para resolver sobre las solicitudes pendientes, lo cual genera un grave perjuicio a los solicitantes, que ven retrasadas sus opciones de acceso a los cuerpos docentes universitarios o su promoción.

Webinar on-line gratuita: "Gestión de clases y evaluación competencial adaptada a la LOMLOE"

admin — Wed, 29 Nov 23 05:13:00 CET

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La webinar se podrá seguir a través de youtube en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/wWZdXtpOxHg?si=Vx1UUoMoFFRHw1YC

Propuestas de CSIF al borrador de nuevos criterios del Sexenio de Investigación 2023

admin — Fri, 24 Nov 23 08:11:39 CET

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Propuestas y comentarios de CSIF presentados a la ANECA sobre los nuevos criterios de evaluación de los Sexenios de Investigación y los criterios del nuevo RD de acreditación

Visto que se acercan los plazos y las fechas de aprobación de los nuevos criterios de evaluación de la convocatoria 2023 de sexenios de investigación y de los criterios del nuevo Real Decreto de acreditación, desde CSIF insistimos en plantear a la ANECA una serie de asuntos que pueden generar incertidumbre y ser perniciosos y conflictivos para el personal docente e investigador evaluado.

Extracto de las propuestas y comentarios presentados por CSIF sobre los criterios del Sexenio de Investigación 2023 y los criterios del nuevo Real Decreto de acreditación:

1º) Nos produce inquietud un sistema que da mucho margen a la subjetividad y a la discrecionalidad valorativa. El uso de una narrativa como punto de partida para la valoración de las aportaciones parece lo adecuado, pero puede conllevar un abuso de la discrecionalidad valorativa, que podría ser empleada con fines espurios si no se emplean unas métricas claras e inequívocas de mínimos. Hay que tener en cuenta que los presidentes de los campos son designados y no elegidos. Un aumento de la discrecionalidad técnica en la valoración de las aportaciones (y posteriormente de los méritos para las acreditaciones) puede llevar a la comunidad universitaria a no tener posible defensa frente a un caso de abuso, pues ningún juez entrará a poner en duda un juicio técnico.

2º) Resulta muy perjudicial que la evaluación negativa bloquee los años y los méritos evaluados negativamente. Debería haber derecho de desistimiento y así reordenar los méritos con el fin de conseguir un mínimo o esperar un año más. Esto es especialmente sangrante en las primeras evaluaciones, en las que los candidatos someten más de un período. Cualquier error hace que pierdan toda posibilidad en lugar de conseguir, al menos, un mínimo.

3º) Determinado número de sexenios (3 para CU y 1 para TU) debería suponer tener la suficiencia en la Dimensión investigadora-Resultados de la actividad investigadora.

Sería justo y razonable que fuera suficiente tener 3 sexenios para la acreditación a CU y 1 sexenio para la acreditación a TU. Nos referimos, particularmente, a 3 sexenios para la acreditación a CU: teniendo en cuenta que es lo que la propia Ley exige para que un Catedrático pueda estar en las comisiones de acreditación ( art. 7.2 del RD 678/2023); o, en su caso, incluso para postularse como Rector – Disposición Transitoria Primera.3. LOSU- ). Tener 3 sexenios supondría tener 18 años de actividad investigadora con cierta calidad y prolongada en el tiempo. Otro tanto, por la misma razón, debería suceder para la acreditación a TU: en este caso teniendo reconocido 1 sexenio según se infiere del artículo 21.3 del RD 678/2023 que dice: “En el caso de la acreditación a Profesor o Profesora Titular de Universidad, los méritos y competencias requeridos para una evaluación positiva deberán adecuarse a la duración prevista para la etapa inicial de la carrera académica en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo”, es decir, los 6 años de Profesor Ayudante Doctor.

4º) Se sugiere la supresión del requisito de contratación superior a 8 meses para poder incluir las aportaciones científicas del año. Supone una penalización desmesurada a la carrera científica. No sólo retrasa la adquisición de sexenios sino que anula parte de la producción científica del candidato al perderse la posibilidad de incluirse en otro periodo computable. Constituye una discriminación de carácter desmesurado que no atiende a criterios de mérito científico sino a cuestiones meramente administrativas.

5º) Se solicita eliminación o modificación del apartado 9 del título “I. Criterios generales para todos los Campos” que indica que “9. Se establecerán criterios específicos para los casos de reiterada publicación de trabajos en las mismas revistas o editoriales, …”. Esta redacción afecta de forma retroactiva a los méritos investigadores generados por los/las solicitantes del sexenio, ya que se estaría limitando las contribuciones que puede incluir un/una solicitante al sexenio a un trabajo investigador ya realizado 6 años antes de la convocatoria. Tampoco es coherente limitar el número de artículos de una misma editorial, ya que gran parte del mercado editorial de revistas la ocupan unas pocas editoriales, además de que una editorial puede tener cientos de revistas y de diferente calidad.

En el archivo adjunto puedes ver las propuestas íntegras presentadas por CSIF a la ANECA con la argumentación justificativa correspondiente y realizadas siempre pensando en la objetividad, la transparencia y la racionalidad de la carrera académica del PDI funcionario y laboral.

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS: ¡YA LO DIJIMOS! NO HABER REFORMADO EL CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS REDUCE EL DERECHO A LA MOVILIDAD DEL PROFESORADO

admin — Wed, 22 Nov 23 10:18:23 CET

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CSIF asiste a la toma de posesión de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y reclama que el profesorado sea la prioridad

admin — Tue, 21 Nov 23 16:08:34 CET

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CSIF Educación ha dirigido un escrito a la ministra del ramo demandando negociación en cuestiones esenciales como la reducción de radios, incremento de plantillas, eliminación de la burocracia innecesaria y actuaciones de mejora de la convivencia en los centros docentes.

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CSIF traslada a la ministra de Educación nuestras exigencias para la legislatura en la que el profesorado debe ser la prioridad.

admin — Mon, 20 Nov 23 13:22:10 CET

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Un pacto de Estado, más financiación, reducción de ratios e incremento de plantilla

Hay que abordar con urgencia la eliminación de la burocracia innecesaria y reforzar la autoridad del profesor con el Estatuto del Docente y reducir la conflictividad en las aulas.

Madrid, 20 de noviembre de 2023.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, sus prioridades para esta legislatura, entre las que se incluyen un pacto de Estado que garantice la estabilidad al sistema educativo frente a futuros vaivenes políticos, más financiación, reducir el número de alumnos y alumnas por aula e incrementar las plantillas.

CSIF recuerda que estas reivindicaciones ya fueron trasladas en reiteradas ocasiones en la anterior legislatura e instamos que en esta nueva etapa se comience a negociar de manera preferente con el profesorado para solucionar los graves problemas de la educación española. No obstante, lamentamos que tenga que compaginar su cargo con el de portavoz del Gobierno y que le reste dedicación a su tarea como ministra, como ocurrió con otros antecesores en el cargo como Isabel Celaá o Íñigo Méndez de Vigo.

CSIF pide un incremento de la inversión en educación hasta el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea, transparencia en las cifras de inversión y un balance de la aplicación de los fondos de la UE. También esperamos que pongan en marcha las siguientes reivindicaciones que planteamos desde la pasada legislatura:

- Mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes.

- Refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios (la escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46 por ciento).

- Apuesta por una educación pública de calidad con un plan de inversión en los colegios públicos y reparto equitativo del alumnado con necesidades.

- Reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente.

- Eliminación de la burocracia innecesaria.

- Plan efectivo de convivencia en las aulas que permita afrontar nuevos problemas como las redes sociales, el repunte de la violencia de género o la influencia de la pornografía.

- Modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente.

- Reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español.

- Acceso a la universidad con prueba única.

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CSIF exige medidas reales para favorecer la Convivencia a partir de la Autoridad Docente

admin — Thu, 02 Nov 23 12:42:16 CET

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El acoso escolar o bullying es una lacra que padece casi el 20% de la población en edad escolar y que en una gran mayoría se sufre en silencio por miedo a las represalias o a la vergüenza que comporta admitir ser víctima de este tipo de maltrato. Además, el acoso en Internet también afecta al profesorado y al desarrollo de su labor.

El ciberbullying representa ya uno de cada cuatro casos de acoso escolar. Esta proporción aumenta con la edad, de forma que, a partir de los 13 años, el 36,5% de los casos de bullying (más de uno de cada tres) son por ciberacoso. Así lo constata el primer estudio que analiza el fenómeno del ciberbullying desde la perspectiva de los menores afectados, realizado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. Otra conclusión llamativa es que el 70% de las víctimas de ciberbullying son chicas. Según este informe, la edad de inicio del ciberacoso es de 13,6 años, una edad media superior a la del acoso escolar en general (11,6 años), probablemente relacionado con el momento de acceso de los más jóvenes a las tecnologías. La agresión más habitual suele ser el insulto (62,6%), aunque también hay amenazas en el 24,3% de casos y, en menor medida, difusión de fotos, vídeos e imágenes comprometidas (20,9%). El teléfono móvil es la herramienta más habitual para acosar telemáticamente y, dentro de este medio, el WhatsApp es la aplicación más utilizada (81% de los afectados). El acoso a través de redes sociales lo padece una tercera parte de la casuística, 36,2%. En cuanto a la frecuencia con la que se produce el ciberbullying, el hostigamiento es diario para un 71,8% de las víctimas, algo que puede explicarse en parte por el fácil acceso a las tecnologías y las posibilidades que proporcionan.

Mientras esto se produce, las administraciones se dedican a vender medidas efectistas que dan imagen de caminar hacia la solución de éste y otros problemas y lo único que hacen es aumentar la burocracia en los centros, agravando con ello los problemas. Nos referimos a medidas como la creación de la figura del coordinador de bienestar, que no ha recibido por parte de la Administración ningún apoyo, y dando una responsabilidad que no le pertenece, o el observatorio nacional sobre la convivencia, dedicado más a vender las medidas de las administraciones educativas que a tener los datos reales sobre los problemas de convivencia, no por ello es inocente haber reducido la representación del profesorado a su mínima expresión.

CSIF ya registró en agosto escritos al Ministerio de Educación y FP y a las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas donde pedía explicaciones sobre el uso de los fondos europeos en educación donde constatábamos que solo se solo se dedicaba un 0,4% del total al bienestar del alumnado, un 4,40% al alumnado vulnerable o un 2,93% a la educación inclusiva. Todo ello muestra la poca implicación de las administraciones educativas. A día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta.

El profesorado, sin embargo, exige medidas reales: reducción de ratios, más profesorado, reforzar su autoridad docente y apoyar su labor en los casos de acoso. No es de recibo que con todo lo sucedido en los últimos 30 años tengamos las mismas ratios que en 1990 y todo ello con una ley orgánica recién aprobada.

Los docentes desempeñan un papel esencial en la detección de casos de acoso escolar. Detectan situaciones de riesgos y posibles conflictos que se producen en el día a día, conocen a sus alumnos y alumnas, sus capacidades y limitaciones, su entorno familiar y social. Saben cómo afrontan tareas académicas en su grupo clase y cómo se relacionan. Pero para esto deben contar con los medios necesarios. Con las ratios elevadas que hay actualmente, con la sobrecarga de horario lectivo y el escaso apoyo y reconocimiento por parte de la administración es el profesorado el que hace frente a estas situaciones diarias de la mejor forma posible, sin formación específica en la mayoría de los casos

CSIF seguirá reivindicando estas medidas y mientras seguimos trabajando con Nuestro servicio CSIF Ayuda Profes que está especialmente preparado para ayudar a los profesionales de la enseñanza pública para que en su día a día puedan concienciar al alumnado de la necesidad de no permitir que se den situaciones de acoso en el entorno escolar, rechazando estas actitudes cuando se produzcan y apoyando a las víctimas para luchar entre todos contra el bullying.

Por la dignificación de la labor docente.

CSIF EDUCACIÓN

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Actualización de las retribuciones con la subida del 0,5% de octubre de 2023.

admin — Mon, 23 Oct 23 14:13:00 CEST

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ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES CON LA SUBIDA DEL 0,5 DE OCTUBRE DE 2023.

EL PROFESORADO SIGUE PERDIENDO PODER ADQUISITIVO. DATO CONTRA RELATO. TÚ ELIGES.

RETRIBUCIONES DOCENTES 2023

NOTA: Recuerde que tiene que tener habilitadas las ventanas emergentes para ver las retribuciones de cada CC.AA.

Urge una reforma del Concurso General de Traslados

admin — Tue, 03 Oct 23 07:51:21 CEST

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La dejación de funciones de las administraciones con respecto a la Función Pública Docente está deteriorando por la vía de los hechos la situación profesional del profesorado. CSIF sigue exigiendo un Estatuto Docente que regule toda la vida profesional, que consolide todos sus derechos y mejore sus condiciones laborales.

Por todo ello, CSIF recuerda sus recientes reivindicaciones en este sentido:

Nota informativa tras la Mesa Sectorial con el MEFP el 22 de septiembre de 2022
Escrito dirigido a la Ministra de Educación y Formación Profesional registrado el 28 de julio de 2023
Escritos dirigido a las Consejerías de Educación de todas las CC.AA.

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La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 43.700 docentes y una interinidad del 22,47 por ciento

admin — Thu, 07 Sep 23 09:59:31 CEST

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Madrid, 7 de septiembre de 2023. La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.

Déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado,clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores son algunos de los inconvenientes de este nuevo curso.

Y es que, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por su parte, la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. En este sentido, CSIF exige la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados de las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento).

Todos estos datos perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado. De hecho, en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5.

Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este Pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos. Y a partir de ahí, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales.
En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010.