Principado de Asturias

Día de la Salud Mental 2025: La extinción de incendios del verano, la dana, la situación de la sanidad, emergencias y la seguridad hacen mella

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Oct 25 12:50:00 CEST

Un reciente estudio de CSIF ponía de manifiesto que el 76 por ciento de las/os trabajadores de este ámbito (educación, sanidad, justicia, empresas públicas, entre otros) asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales y casi la mitad reconoce consumir casi a diario psicofármacos –ansiolíticos, antidepresivos, somníferos—para afrontar la sobrecarga o gestionar el estrés.

Los principales factores son la sobrecarga de trabajo, jornadas largas, falta de reconocimiento profesional, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, falta de desconexión digital, estrés emocional, violencia o riesgo, y falta de recursos humanos y materiales.

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Este año queremos llamar la atención sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras que han realizado labores en la extinción de incendios de este verano, en desastres como la dana, en la sanidad, las prisiones, o en los centros educativos.

Se trata de grandes profesionales, que siempre están dispuestos en las situaciones críticas que afectan a la sociedad española y que se sienten abandonados por el Gobierno y los responsables de las diferentes administraciones y entre otros aspectos, tienen el sueldo congelado desde principios de año y la negociación es mínima, tanto en Función Pública como en el resto de los ámbitos.

En relación a los bomberos y trabajadores de extinción, CSIF denunció este verano su precariedad laboral, los medios insuficientes y condiciones adversas. Asimismo, llamamos la atención sobre las largas jornadas (hasta 17 horas), riesgos para la salud física, deshidratación, condiciones emocionales y estrés psicológico.

CSIF ha recabado testimonios de trabajadores que han visto como todos estos factores han hecho mella sobre su salud mental por las situaciones tan duras, el agotamiento mental, la destrucción o la impotencia y frustración porque muchas veces no podían actuar por la gestión, problemas de coordinación o falta de medios.

También denunciaban sueldos bajos, condiciones contractuales precarias, vacantes sin cubrir, equipamientos deficientes, lo que suma carga extra, incertidumbre o desgaste.

LA DANA

La dana, del 29 de octubre de 2024, hizo que centenares de policías locales y bomberos de toda la Comunidad Valenciana, muchos afiliados a CSIF, trabajaran sin descanso durante más de 36 horas seguidas en rescates, cortes de vías, evacuaciones y auxilio a la población. En total, fueron más de 1.200 efectivos de emergencias entre cuerpos locales, autonómicos y estatales los que participaron en la catástrofe. Aquella noche, marcada por el caos y la falta de medios en algunos municipios, dejó una huella imborrable en quienes se jugaron la vida para proteger a los demás.

Un año después, las secuelas psicológicas siguen presentes. Tanto policías y bomberos han necesitado bajas médicas por ansiedad, insomnio, estrés postraumático o agotamiento. La alerta roja y las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre, despertó los recuerdos del 29 de octubre del 2024.

Por ello, CSIF Comunidad Valenciana exige la puesta en marcha urgente de un plan específico de apoyo psicológico y refuerzo de personal para que contemple atención inmediata tras las emergencias, descansos reales y dotación de medios adecuados. Nuestros compañeros fueron los primeros en salir a la calle; ahora es el momento de que las administraciones salgan en su apoyo y garanticen que su entrega no se convierta en un problema de salud mental.

PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESA PRIVADA

CSIF denuncia que la precariedad, la sobrecarga y las plantillas insuficientes están destruyendo la salud mental de las/os profesionales en España. La salud mental no es un lujo, es una condición vital y para el trabajo digno; y el sufrimiento emocional no debe ser moneda de cambio de la productividad en las empresas.

Desde nuestra organización percibimos una crisis sanitaria creciente (se han disparado las bajas laborales y las incapacidades temporales), con la sanidad pública colapsada, sin medios adecuados para atender la salud mental de las personas afectadas que acuden a los centros de salud.

Ante esta crisis, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas:

Aprobación de Real Decreto sobre los riesgos psicosociales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento.
Corresponsabilidad institucional entre empleo, sanidad y educación en el abordaje de la salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Creación de comisiones específicas de salud mental en el trabajo.
Transparencia de datos: exigimos que en los registros de suicidio nacionales se incluya la profesión del afectado o afectada, para visibilizar las causas laborales.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas, con la participación real de los delegados de prevención.
Aplicación de Protocolos específicos de vigilancia de la salud mental.
Protocolos eficaces de acoso y violencia.
Evaluaciones psicosociales con perspectiva de género.
Servicios de apoyo psicológico gratuitos, accesibles y confidenciales.
Formación obligatoria en gestión emocional, liderazgo saludable y prevención del acoso.
Protocolos de reincorporación progresiva tras bajas por salud mental.
Garantía de desconexión digital y derecho real al descanso.
Campañas de sensibilización que rompan el estigma y promuevan la cultura del cuidado.

Por eso, este 10 de octubre, CSIF recuerda que “la salud mental también se trabaja”, y que su defensa empieza en los centros de trabajo, con políticas preventivas, recursos reales y un cambio cultural profundo.

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

CSIF reclama más apoyo e inclusión social, educativa, sanitaria y laboral para los profesionales con Síndrome de Asperger

encarna.abascal.perez — Mon, 17 Feb 25 09:23:00 CET

IgualdadPrevención de Riesgos LaboralesResponsabilidad SocialPrincipado de Asturias Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el 18 de Febrero 2025, Día Internacional del Síndrome de Asperger, reclamando más apoyo e inclusión social, educativa, sanitaria y laboral para este colectivo.

El Síndrome de Asperger, conocido actualmente en el ámbito clínico como Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la ausencia de discapacidad intelectual y el desarrollo de habilidades verbales. Las personas con Asperger suelen presentar hipersensibilidad sensorial, problemas de coordinación y motricidad, así como dificultades para interpretar señales sociales y comunicativas, lo que las hace más propensas a ser engañadas o víctimas de acoso laboral.

Las personas con síndrome de Asperger tienen una serie de capacidades y talentos únicos, pero también pueden enfrentar desafíos relacionados con su forma de procesar la información y cómo interactúan con su entorno. La rigidez cognitiva y la fijación en intereses específicos son características que, lejos de ser limitantes, pueden ser ventajas cuando se canalizan adecuadamente en contextos laborales que valoren esas cualidades.

CSIF manifiesta que, con los apoyos adecuados, tanto en la educación como en el acceso al empleo, las personas con Asperger pueden lograr gran éxito en el ámbito profesional y alcanzar una vida independiente. Los apoyos psicosociales son esenciales, ya que pueden incluir desde terapias para trabajar habilidades sociales y emocionales, hasta la implementación de adaptaciones en el entorno laboral, como la flexibilización de tareas o una mayor claridad en las expectativas. Apoyos que hasta el momento son insuficientes.

A nivel educativo, es crucial que los niños y niñas con Asperger reciban apoyo desde la infancia, con planes de intervención temprana que permitan desarrollar sus habilidades sociales, comunicativas y de adaptación. Esto les proporcionará una base sólida para enfrentar los desafíos del empleo cuando lleguen a la vida adulta. Desde CSIF consideramos que se necesita más personal especialista de atención a la diversidad en los centros educativos. Los departamentos y equipos de orientación deben contar con todos los profesionales necesarios e incluir las nuevas figuras que se requieren para atender debidamente a este alumnado.

En el ámbito sanitario, insistimos en que hay que reforzar las plantillas de especialistas para favorecer el diagnóstico precoz, la investigación y las intervenciones adecuadas en cada caso ya que son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas con cualquiera de las condiciones de autismo, como es el Síndrome de Asperger. Actualmente, muchas personas adultas, así como menores no están diagnosticados, aunque lo tengan.

En el entorno laboral, CSIF considera que contar con una cultura inclusiva y entornos accesibles es clave. Las empresas y administraciones que ofrecen entornos flexibles, con adaptaciones como el trabajo a distancia, formación e información a la plantilla sobre cómo relacionarse y las principales dificultades de este colectivo, la implicación de los mandos intermedios y responsables para evitar discriminaciones y una adecuada incorporación inclusiva, pueden aprovechar al máximo las habilidades de una persona con Asperger, como la atención al detalle, la capacidad de concentración profunda o la innovación en áreas específicas.

Desde CSIF insistimos en la necesidad de visibilizar la discapacidad psicosocial y concretamente para este colectivo, tanto su reconocimiento como el aplicar medidas específicas para un buen desarrollo del trabajo.

La incorporación de las personas trabajadoras con Síndrome de Asperger o TEA nivel 1 al trabajo hace necesario abordar el enfoque de la adaptación del puesto de una forma específica, por ello, CSIF en colaboración con la Confederación Asperger España presenta una serie de medidas y ajustes razonables para favorecer la adaptación al entorno laboral y el respeto a estos profesionales en los comités de seguridad y salud y mesas técnicas.

CSIF exige refuerzo de plantillas en las Unidades de Salud Mental y en las empresas planes de prevención y bienestar laboral

encarna.abascal.perez — Mon, 13 Jan 25 09:01:00 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión este lunes 13 de enero, bajo el lema “Sin presión, no más depresión. Por un trabajo que cuide nuestra salud mental”. Continua con su campaña en defensa de la protección de la salud mental de los profesionales, denuncia la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental, como es la depresión, deficientes condiciones laborales y falta de medidas preventivas en las empresas así como la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes, que sufren más de dos millones de personas en España (con una tasa de prevalencia en nuestro país del 7,2% en mujeres, el doble que en varones) según datos del INE y más de 300 millones de personas en el mundo y que el 50% de las personas que la padecen no están diagnosticadas.

La depresión es la causante de 1 de cada 10 bajas laborales por incapacidad y se convierte en la segunda causa de pérdida de calidad de vida.

La atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) enfrenta desafíos significativos debido a la insuficiencia de profesionales especializados y de inversión. La inversión representa únicamente el 5% del gasto sanitario total, mientras que la media en países europeos es del 7,5%.

España cuenta con aproximadamente 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra que se sitúa por debajo frente a los 19 de la media europea. La situación es aún más preocupante en el caso de los psicólogos clínicos, cuya ratio es de solo 6 por cada 100.000 habitantes, un tercio de la media europea (Fuente de datos de Eurostat).

En cuanto a la distribución, la mayoría de los profesionales se concentran en unidades de atención especializada, lo que dificulta el acceso a estos servicios para gran parte de la población. En atención primaria, la presencia de especialistas en salud mental es limitada, hay solo 366 profesionales de psicología en este nivel de atención. Por ello, CSIF ha denunciado que muchas comunidades autónomas carecen de personal específico de salud mental en los centros de atención primaria, siendo la cobertura insuficiente a nivel nacional. Actualmente, solo algunas regiones como Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Canarias y Cataluña disponen de estos especialistas.

Desde CSIF instamos al Gobierno y a las CCAA a incrementar esta inversión para mejorar los recursos del SNS y reforzar la dotación de personal especializado para garantizar una atención a la salud mental adecuada y accesible.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas a factores personales, pero también al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país. Presupuesto que se podría reducir y así poder financiar de forma suficiente el aumento de dotación de profesionales que proporcionaran una mejor rehabilitación y atención integral de la salud mental.

Difícilmente, una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, CSIF advierte que la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias, y esto genera patologías como la depresión en los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico porque se sienten deprimidos, con frecuencia por convivir en un ambiente laboral tóxico. Por ello, ha ampliado su red de colaboradores con el acuerdo firmado con la Fundación ANAED (Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión) para ofrecer asistencia psicológica con precios especiales para nuestros afiliados.

Según una encuesta elaborada por CSIF sobre salud mental en 2024, casi el 46 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental, situación que disminuiría exponencialmente si los servicios de Atención Primaria tuviesen acceso a servicios de Salud Menta sin demoras, y se incorporara la Psicología Clínica a los equipos de atención Primaria.

Por ello, CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.

CSIF reivindica una reforma legal que garantice una verdadera protección de la salud de los trabajadores: cada día fallecen 2 personas y se registran 1.712 accidentes con baja

hector.asensio.gomez — Tue, 23 Apr 24 10:21:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha enviado una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con propuestas necesarias para reducir la siniestralidad laboral.

CSIF conmemora este 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) reclamando la necesidad urgente de intervenir y avanzar en prevención para cumplir con el principio y derecho fundamental de un entorno de trabajo seguro y saludable, como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Bajo el lema “AVANCEMOS EN PREVENCIÓN. Trabajando con responsabilidad, inversión y protección”, recordamos también en este día a las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo y a aquellas que sufren lesiones y enfermedades crónicas.

Es fundamental que todos los participantes en la gestión preventiva (Gobierno central y autonómicos; empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, servicios de prevención, personas trabajadoras y representantes sindicales) asuman su responsabilidad y actúen para reducir la siniestralidad laboral, enfermedades profesionales y patologías no traumáticas.

Con la inminente actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos elaborado una serie de propuestas cuya incorporación a la nueva normativa consideramos necesaria, entre las que destacan:

Potenciar la vigilancia de la salud individual y colectiva tanto física como mental.
Incorporación de profesionales de psicología y psiquiatría en los SPRL, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Ampliar la protección de la maternidad incluyendo durante los tratamientos de fertilidad.
Incluir la discapacidad psicosocial.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Nuevas medidas ante el cambio climático.
Medidas para mejorar la actuación de la Inspección de Trabajo.

En este sentido, CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la incorporación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), de tal manera que podamos estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas y continuar con nuestra defensa de los derechos de las/os trabajadores.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Desde CSIF denunciamos el elevado coste que supone la falta de prevención y la ausencia de una inversión necesaria. Las cifras de siniestralidad laboral muestran que en España se sigue sin hacer prevención, como demuestra el elevado daño que sigue sufriendo la salud de los trabajadores: 2 personas fallecen de media al día y se producen 1.712 accidentes laborales diarios. La no prevención sale cara.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) estima que por cada euro invertido en promoción de la salud se obtienen entre 2,5 y 4,8 euros de beneficio. En la misma línea, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) hace referencia a varios estudios que apuntan un coste orientativo de la siniestralidad laboral en torno al 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). De esta manera, según el PIB de 2023 en España –1,46 billones de euros--, los accidentes laborales supondrían un coste de 43,8 millones de euros en el pasado ejercicio.

Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 se registraron 624.911 accidentes laborales con baja (-1,1 por ciento) y 721 mortales (-12,7 por ciento), cifra que supone un leve descenso respecto al año anterior. Por otro lado, el pasado año se produjeron 29.405 enfermedades causadas por el trabajo, 25.625 expedientes de enfermedades profesionales y 3.780 expedientes de patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo, lo que representa un incremento del 14,4%.

CSIF exige reforzar los esfuerzos para combatir las enfermedades profesionales, mejorar la detección precoz, potenciar la vigilancia postocupacional en población trabajadora expuesta a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo y fomentar la investigación y estudios epidemiológicos. Asimismo, reclamos que se potencie la comunicación de sospecha de enfermedad profesional y que se refuerce la formación de facultativos de Atención Primaria en Medicina del Trabajo.

Salud Mental en el Trabajo

Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las intervenciones preventivas son insuficientes y es urgente la intervención psicosocial eficaz y la vigilancia de la salud mental de los profesionales.

En 2023 se han reconocido 127 enfermedades causadas por el trabajo por desórdenes mentales y 17 como enfermedad o defecto agravado por el trabajo. Respecto a los accidentes laborales con baja, 2.058 han sido por “daños psicológicos o choques traumáticos”. Cifras que no reflejan el daño real ya que difícilmente se reconoce el daño psicológico.

Adaptación al Cambio climático

Por lo que respecta al cambio climático, este provoca graves repercusiones en la seguridad y salud en el trabajo a través del aumento de las temperaturas, la exposición a la radiación ultravioleta, el contacto con patógenos, la contaminación del aire y el clima extremo. Las condiciones climáticas severas pueden aumentar el riesgo de ahogamiento, quemaduras, congelación y para los trabajadores de emergencia de primera línea, los riesgos de gases tóxicos, explosiones, calor extremo y lucha contra incendios.

Por ello, CSIF exige actuar con anticipación y aplicar protocolos de salud laboral para la adaptación al cambio climático y a las altas temperaturas ante los riesgos ya existentes y los nuevos, como son los trastornos relacionados con el calor, las enfermedades transmitidas por vectores y agua, así como accidentes, alergias y cáncer.

AVANCEMOS EN PREVENCIÓN

Trabajando con responsabilidad, inversión y protección

Se reconoce el contagio de COVID19 como Accidente de Trabajo para sanitarios y sociosanitarios solo hasta el 21 de Julio 2020 ¿y después?

admin — Tue, 09 Jun 20 12:33:31 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRLPrincipado de Asturias Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado lamenta que el contagio por Covid19 se considere accidente de trabajo únicamente hasta el 21 de julio, un mes después de la finalización del estado de alarma.

Este matiz ha sido incorporado por el Ministerio de Sanidad, esta misma semana en la última actualización del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales. Para CSIF, deberían ampliarse los criterios y reconocer el accidente de trabajo a todos los efectos y de manera indefinida para todos los colectivos, también para otras profesiones que han estado en primera línea durante el confinamiento.

Por otra parte, CSIF continúa exigiendo que se debe considerar el contagio por COVID-19 no solo accidente laboral sino enfermedad profesional. A nuestro entender reúne los requisitos legales (artículo 157 LGSS el personal sanitario y socio-sanitario) porque ha sido contraída a consecuencia del trabajo prestado y por elementos o sustancias recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales, que precisamente es lo que ha sucedido en la pandemia.

Hay que recordar que las secuelas de una enfermedad profesional pueden valorarse más allá de la edad de jubilación, lo que no sucede en el resto de las contingencias.

Todas estas situaciones están generando discriminación entre personas trabajadoras que se han jugado la vida y falta de protección de la salud laboral, además de controversias y dificultades en la gestión de los partes de baja en Atención Primaria.

Desde CSIF llevamos exigiendo desde el minuto uno que se considere el contagio como enfermedad profesional para sanitarios y sociosanitarios, y para el resto de profesionales, como accidente de trabajo. Que acabe el confinamiento no quiere decir que acabe la pandemia y el riesgo de contagio, por lo que exigimos la cobertura como contingencia profesional de las personas trabajadoras que se contagien en la “Nueva Normalidad”.

El Gobierno excluye del decreto de accidente de trabajo por Covid a FF.CC. Seguridad, sector privado y a la inmensa mayoría de empleados públicos

admin — Wed, 27 May 20 10:54:18 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRL

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que reconoce como accidente de trabajo el contagio por Covid-19 al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

Esta medida ha sido reivindicada desde el principio de la pandemia por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. No obstante, lamentamos que el Gobierno limite esta medida solo al personal sanitario y sociosanitario, excluyendo al resto de empleados/as públicos y trabajadores/as al sector privado que también pueden padecer una enfermedad por contagio en su puesto de trabajo.

Nos referimos a personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Emergencias, Correos, cajeras de supermercado, personal de la alimentación, repartidores de comida y un largo etcétera de profesiones que desde el minuto 1 de la crisis han estado en primera línea.

Además, según el texto del Real Decreto-Ley, los efectos de la medida no se aplicarán para las personas contagiadas antes de la entrada en vigor de esta norma y tiene efectos de caducidad ya que solo se considerarán los contagios “hasta un mes posterior a la finalización del Estado de Alarma”. CSIF intentará modificar esta norma cuando se convalide en el Congreso de los Diputados.

CSIF fue el primer sindicato que el pasado 5 de marzo solicitó que el contagio por el Covid-19 debería ser considerara a todos los efectos accidente de trabajo, reiterándolo en varios escritos incluso remitidos al presidente del Gobierno el pasado 29 de abril.

Esta medida debe atender a una petición justa de CSIF reconociendo que las prestaciones a este colectivo, se considerarán derivas de accidente de trabajo y, en los casos de fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca en los cinco años siguientes al contagio.

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban como accidente de trabajo solo en los casos que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 de la LGSS. A partir de ahora, valdrá únicamente con que se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral y también a efectos de indemnizaciones por secuelas.

Este reconocimiento facilita la reclamación del recargo de prestaciones económicas, que CSIF ha puesto en marcha para sus afiliados, por incapacidad temporal derivadas del contagio, que se verán incrementadas entre un 30 y un 50% según la gravedad de la falta.

Publicada en el BOE la prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril

admin — Sat, 11 Apr 20 09:19:22 CEST

NormativaOtra normativaPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaPrincipado de Asturias Image

La prórroga se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Función Pública favorecerá el teletrabajo, se priorizará la atención al ciudadano vía telefónica y se garantizará la conciliación laboral, ante el coronavirus, como reclamó CSIF

admin — Tue, 10 Mar 20 17:53:15 CET

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, informó hoy a los sindicatos de las nuevas medidas que se adoptarán en la Administración para contener el avance del coronavirus. A través de una resolución que se aprobará esta misma tarde, se promoverá el uso del teletrabajo y la atención al ciudadano vía telefónica siempre que sea posible.

Esta reunión se produce después del informe trasladado al Gobierno por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el que reclamábamos medidas más restrictivas para contener la propagación del coronavirus en todos los ámbitos, dado que hasta el momento los protocolos no habían sido lo suficientemente eficaces. Estas medidas afectarán a la Administración General del Estado y esperamos que se extiendan pronto al resto de administraciones.

La ministra también nos ha informado de que las bajas derivadas por el coronavirus no afectarán a las nóminas de los empleados y empleadas públicas y que se facilitará la conciliación de aquellas personas que tengan mayores e hijos a su cargo. En este sentido, habrá flexibilidad laboral y se utilizará la figura del ‘deber inexcusable’ (contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público) para aquellas personas que se tengan que quedar en casa para atender a mayores o hijos. Asimismo se suspenden los cursos de formación presenciales.

Por otra parte, según se ha informado a CSIF en los comités de Seguridad y Salud en el trabajo, en algunos ámbitos como en la atención al público en la DGT, se establecerán medidas de separación física o mobiliario (1,5 . 2 metros).

CSIF valora estas medidas, si bien insistió en la necesidad de reforzar las plantillas en el ámbito sanitario, entre otros, con el fin de evitar que se colapse el sistema.