País Vasco - Administración de Justicia

Cada día y medio fallece una persona en el trabajo por un problema cardiovascular, exceso de horarios, estrés y problemas de conciliación

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 26 Sep 25 10:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta sobre el preocupante impacto de las enfermedades cardiovasculares en el entorno laboral y exige al Gobierno y a las empresas la implementación de medidas urgentes para proteger la salud de las personas trabajadoras, especialmente en colectivos de mayor riesgo como bomberos, personal de sanidad, fuerzas de seguridad, trabajadores del transporte, construcción, atención al público y empleados públicos en entornos con alta carga de estrés.

Hasta julio de 2025 se registraron 545 accidentes laborales durante la jornada con 153 fallecimientos, lo que supone que cada día y medio falleció una persona en el lugar de trabajo por un problema cardiovascular, según datos recabados por CSIF con motivo de la celebración el próximo 29 de septiembre del Día Mundial del Corazón.

Las principales causas de muerte en el trabajo por este motivo son los infartos y derrames cerebrales. En 2024, se produjeron 983 accidentes laborales durante la jornada laboral debido a estas patologías, siendo 266 mortales, 21 más que el año anterior, lo que representa un aumento del 8,6 por ciento de los accidentes mortales, según datos avanzados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De hecho, el 41,17 por ciento de todas muertes por accidente de trabajo son ocasionadas por enfermedades de origen cardiovascular.

CSIF denuncia que estos datos son la punta del iceberg de un problema estructural ignorado durante años. Condiciones laborales que favorecen el estrés crónico, la falta de pausas, los turnos excesivos, la exposición a temperaturas extremas, la presión asistencial, esfuerzo físico intenso, climas laborales tóxicos y la escasez de personal son caldo de cultivo para cardiopatías laborales que no se visibilizan ni se declaran adecuadamente.

En España se calcula que cada año se producen 30.000 casos de parada cardiorrespiratoria y se estima que la posibilidad de sobrevivir sin secuelas cuando se produce de forma extrahospitalaria se sitúa entre el 5 y el 11 por ciento. En 2024, las enfermedades cardiovasculares fueron la segunda causa de muerte, representando el 26,6 por ciento del total de fallecimientos.

Este próximo 29 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Corazón, CSIF alza su voz para exigir entornos de trabajo cardio seguros y cardiosaludables, entre las reivindicaciones para reducir las cardiopatías destacan:

Incorporar el riesgo cardiovascular como parte esencial en la evaluación de riesgos laborales, teniendo en cuenta los factores psicosociales, físicos y organizativos que afectan al corazón.

Establecer medidas con perspectiva de género.

Revisar los ritmos y cargas de trabajo, especialmente en sectores críticos y garantizar plantillas suficientes que eviten la sobreexposición al estrés.

Ampliación de los reconocimientos médicos laborales periódicos, incluyendo pruebas específicas para valorar la salud cardiovascular y seguimiento preventivo de casos detectados.

Instalación obligatoria de desfibriladores (DEA) en centros de trabajo con alta afluencia, DEA portátiles en vehículos que sean centros de trabajo y personal formado en su uso.

Implantación de programas de salud cardiovascular, con campañas de concienciación, talleres de autocuidado, alimentación saludable y actividad física en el entorno laboral.

Protocolos de actuación rápida ante síntomas de infarto o ictus, y formación a la plantilla en primeros auxilios cardiovasculares.

Jornada laboral saludable: promover horarios que favorezcan la conciliación, el descanso y eviten la cronificación del estrés.
Supervisión y control de temperaturas en centros de trabajo cerrados y vehículos, especialmente en olas de calor, como medida clave para evitar accidentes por golpe de calor o descompensaciones cardíacas.

Además, CSIF está informando a los profesionales sobre la promoción de la salud cardiovascular y las señales de alerta de un infarto o ictus, porque cada latido cuenta. Cada vida perdida por un infarto evitable en el trabajo es una negligencia del sistema preventivo. Es hora de actuar.

CSIF advierte de la alerta creciente por el riesgo biológico de las garrapatas en el ámbito laboral: una amenaza silenciosa para trabajadores expuestos

encarna.abascal.perez — Mon, 30 Jun 25 13:09:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de la alerta creciente por el riesgo biológico de la exposición a garrapatas en el ámbito laboral y denuncia la falta de medidas preventivas para ciertos colectivos.

El avance del cambio climático, el incremento de temperaturas y aumento de vegetación por las lluvias de este año están favoreciendo la proliferación de garrapatas en amplias zonas de España. Esto supone una exposición a riesgo biológico cada vez más preocupante para los trabajadores en contacto con el medio natural o al aire libre, como pueden ser personal del ámbito forestal, rural, agricultores, agentes medioambientales, personal de obras, vigilancia, emergencias, veterinarios, técnicos de campo, entre otros, están expuestos a este vector que puede transmitir enfermedades graves. Por ello CSIF informa a los profesionales sobre cómo proceder y exige las medidas de protección necesarias para los colectivos más expuestos.

En los últimos años, debido al aumento de temperaturas y a la expansión del hábitat de estos vectores, se han detectado más de 1.000 casos clínicos asociados a enfermedades transmitidas por garrapatas en España, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Algunas de estas patologías, como la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa o el virus Crimea-Congo, pueden tener consecuencias graves para la salud. CSIF reclama mayor vigilancia y protocolos de prevención y actuación. Además, informa que deben ser reconocidas como enfermedad profesional si el contagio por la picadura es en el desarrollo de su actividad laboral.

CSIF denuncia que no se están aplicando adecuadamente planes de prevención y medidas ante la exposición a riesgo biológico por picadura de garrapatas, ni las medidas preventivas mínimas para estos profesionales, como son:

- Formación e información sobre este riesgo.

- Dotación de Equipos de Protección Individual (ropa adecuada, repelentes, etc.).

- Procedimientos de actuación ante picaduras y pinzas para su extracción.

- Revisión del cuerpo tras jornadas en campo.

- Vigilancia de la salud específica para colectivos expuestos.

La salud de los trabajadores no puede depender del azar. Las picaduras de garrapatas no son un asunto menor y deben tratarse como lo que son: un riesgo biológico reconocido que requiere intervención inmediata y eficaz. La prevención no puede esperar a que ocurran más casos graves. Con la salud de los trabajadores no se juega.

Un centenar de personas sufre baja laboral cada verano por las altas temperaturas: CSIF exige que se cumplan los protocolos de actuación ante el calor extremo en el trabajo

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 27 Jun 25 09:42:00 CEST

Un centenar de personas sufren baja por accidente laboral por calor e insolación cada verano, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En este sentido, exigimos que se implementen los protocolos de actuación ante temperaturas extremas en el trabajo y denunciamos la infradeclaración de accidentes laborales causados por temperaturas extremas.

En concreto, en los últimos cinco años se han producido 619 bajas laborales por el calor extremo, con un total de 9 víctimas mortales. A escasas semanas de que empiece oficialmente el período estival y sin ningún accidente hasta ahora por esta causa, los últimos registros de 2024 reflejan 111 accidentes de trabajo con baja por altas temperaturas, la mitad de los producidos en 2023. Este fue el tercer verano más cálido desde que hay registros, con 4 olas de calor y un total de 24 días en esa situación, así como 222 bajas por este motivo y 3 fallecidos. Por su parte, el verano de 2022 tiene el récord histórico como más caluroso, con 5 accidentes mortales y un total de 168 bajas por accidente en el trabajo.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige a administraciones y empresas que cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo frente a las altas temperaturas tanto en interiores como en exteriores. Destacamos la necesidad de cumplir con el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo para aquellos trabajos que se desarrollen al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados.

Los/las delegados de CSIF intensificarán la vigilancia en los centros de trabajo ante las reclamaciones de los trabajadores por la llegada del calor y la ausencia de medidas necesarias como cambios en la organización de actividades y horarios de jornada, ropa de trabajo estival o equipos de protección frente a la radiación solar (gafas de sol o cremas solares).

Además, CSIF impulsará una campaña informativa sobre el estrés térmico para explicar a los trabajadores sus derechos, señales de estrés térmico, medidas de protección y de actuación en caso de golpe de calor.

La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como calambres, agotamiento deshidratación, insolación, agravar enfermedades crónicas y golpe de calor (con problemas multiorgánicos que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en la marcha, convulsiones e incluso coma). El pasado año se vivieron varias olas de calor que provocaron más de 2.190 fallecimientos por exceso de temperatura.

CSIF insiste en la obligación de medición del gas radón en los centros de trabajo de localidades incluidas en la nueva Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

encarna.abascal.perez — Mon, 05 May 25 10:12:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPaís Vasco - Administración de Justicia Image

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la instrucción IS-47, el pasado 9 de abril, por la que se establece el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, y se establecen las directrices para las mediciones de este gas radiactivo natural en el interior de los centros de trabajo ubicados en ellos, obligando a su cálculo.

El radón es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del uranio, que se encuentra presente en la naturaleza. Y que, además, es un factor de riesgo a tener en cuenta ante la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Cuando el gas se encuentra al aire libre, no tiene ningún peligro, pero sí cuando se acumula en interiores, porque el radón se aloja en partículas en suspensión, que luego respiramos y quedan fijadas en pulmones, tráquea... pudiendo afectar a la salud de los trabajadores.

Desde el 20 de junio de 2024 las empresas e instituciones públicas (escuelas, instituciones penitenciarias, centros sanitarios, ayuntamientos, etc.) estaban ya obligadas a medir el nivel de radón en las localidades con altas concentraciones de radón, concretamente en los centros de trabajo situados en planta baja o rasante. Desde CSIF hemos exigido que se llevaran a cabo las actuaciones necesarias para proteger a los trabajadores expuestos en varias localidades afectadas, consiguiendo en varias de ellas que se realicen.

Se deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En España, la concentración de radón se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), y el valor límite recomendado por el CSN es de 300 Bq/m³ en interiores, aunque la OMS recomienda tomar medidas a partir de concentraciones superiores a 100 Bq/m³.
Entre las medidas para controlar los niveles de gas radón pueden incluir la mejora de la ventilación, el sellado de grietas y agujeros en las paredes y el suelo, la instalación de sistemas de extracción de aire y la construcción de barreras físicas para impedir la entrada de radón en las instalaciones.

Las empresas o propietarios de las instalaciones públicas que no cumplan con estas medidas pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios. Las penas previstas para estos delitos incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales.

La instrucción del CSN desarrolla técnicamente lo ya dispuesto en el Reglamento de protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RD 1029/2022). Requiere que los titulares de las actividades laborales que se desarrollen en lugares de trabajo situados en plantas bajas y plantas bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria midan la concentración de radón en aire en todas las zonas en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre.

En base a las mediciones realizadas por el CSN, existe un listado de municipios clasificados en zona I y zona II en función de la probabilidad significativa de que los edificios allí construidos "sin soluciones específicas de protección" presenten concentraciones de gas radón superiores al nivel de referencia.

La instrucción identifica la relación de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, a los efectos del artículo 79 del Reglamento de Protección de la Salud sobre los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSI), son los incluidos como «Zona II» en el Apéndice B de la Sección HS6 del Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 732/2019 del Código Técnico de la Edificación y desarrolla el reglamento. El listado enumera los municipios afectados en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ciudad Autónoma de Ceuta, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia, País Vasco y Asturias.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han formalizado un convenio de colaboración que establece mecanismos específicos para que la ITSS notifique al CSN sobre posibles situaciones de riesgo e incumplimientos de la normativa de protección radiológica relacionada con el gas radón.

Desde CSIF seguiremos exigiendo en los más de 1.600 municipios de España que tienen una radiación natural elevada (zona II, que figura en el mapa del CSN) que se lleven a cabo las mediciones frente a la exposición a radón y se garantice protección de los profesionales en los centros de trabajo afectados.

TODO X LA SALUD LABORAL

Ley 2/2025 en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

encarna.abascal.perez — Wed, 30 Apr 25 11:46:00 CEST

NormativaPrevención de Riesgos LaboralesPaís Vasco - Administración de Justicia Image

CSIF te informa sobre el resumen de las principales novedades respecto a la Incapacidad Permanente:

1. No se extingue automáticamente el contrato por incapacidad permanente

Antes, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez implicaba automáticamente la extinción del contrato. Ahora solo podrá extinguirse si se cumplen ciertas condiciones:

La persona trabajadora no desea continuar.
No es posible realizar ajustes razonables para mantener el empleo, y esos ajustes suponen una carga excesiva para la empresa.
No existe un puesto vacante y compatible con la nueva situación.
La persona trabajadora rechaza el cambio de puesto adecuado que se le ofrezca.

2. Periodo de suspensión del contrato

El artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores se modifica para establecer que, en caso de previsión de mejoría o mientras se valoran los ajustes o el cambio de puesto, se mantiene la suspensión del contrato hasta 2 años con reserva del puesto de trabajo.

3. Plazos

La persona trabajadora tiene 10 días naturales desde que se le comunica la incapacidad para manifestar su voluntad de continuar.
La empresa dispone de 3 meses para hacer los ajustes o formalizar la extinción, motivada y por escrito.

4. Criterios para considerar carga excesivo

Se evaluará en función del tamaño, recursos y volumen de negocio de la empresa. Para empresas de menos de 25 empleados, se considerará excesiva si el coste supera:

La indemnización prevista por despido improcedente.
O seis meses de salario.

5. Compatibilidad con la Seguridad Social

Se modifica también la Ley General de la Seguridad Social. En caso de mantenimiento del puesto adaptado o cambio a otro compatible, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá. El Gobierno deberá reformar la normativa sobre compatibilidad entre pensión y trabajo en un plazo de 6 meses.

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

CSIF exige reforzar la adaptación de puestos, distribución de tareas, formación y planes de inclusión en el trabajo

encarna.abascal.perez — Mon, 02 Dec 24 06:31:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, con el lema: “Inclusión Real: Igualdad de derechos y equilibrio en reparto de tareas”. También instamos a las Administraciones Públicas y al sector privado a que asuman su responsabilidad en la construcción de espacios laborales verdaderamente inclusivos.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador con discapacidad es aquel que, por sus características personales o su estado biológico conocido -incluido el que tenga reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial- sea más vulnerable a los riesgos derivados de su trabajo. Por ello, es necesaria una evaluación de riesgos laborales específica para garantizar la correcta la adaptación de su puesto de trabajo y un sistema de evaluación y gestión del desempeño para garantizar una adecuada organización.

En este sentido, CSIF recuerda que la diversidad es fuente de riqueza que fortalece nuestras organizaciones y nuestra sociedad, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una verdadera inclusión laboral que garantice no solo la incorporación, sino la plena integración y desarrollo profesional de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del trabajo.

Esta inclusión debe materializarse en acciones concretas y medidas efectivas que transformen nuestros espacios laborales en entornos verdaderamente inclusivos, donde cada persona pueda desarrollar su potencial en igualdad de condiciones.

Por desgracia, la realidad que nos encontramos en los centros de trabajo es la falta de criterios inclusivos en el diseño, adaptación de los puestos de trabajo, en la organización de las tareas y en las medidas de accesibilidad que, entre otras muchas consecuencias, provoca que la gestión de la diversidad sea con frecuencia muy deficiente. Estas deficiencias, además, generan nuevos riesgos y desequilibrio en el reparto de tareas en la plantilla.

Por ello, desde CSIF exigimos tanto a la Administración como al sector privado:

Adaptación de puestos
Refuerzo de personal y distribución equitativa de cargas
Formación en integración
Protocolos de apoyo y evaluación continua
Asistencia técnica y personal de apoyo
Planes de emergencia inclusivos

CSIF denuncia la elevada estigmatización de los trabajadores con enfermedades de salud mental, la escasa inversión en los servicios públicos de salud y exige más recursos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Oct 24 20:42:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.

CSIF propone medidas para reducir la estigmatización sobre salud mental en el ámbito laboral

encarna.abascal.perez — Mon, 07 Oct 24 12:20:00 CEST

Ficha Informativa para reducir la estigmatización en el ámbito laboral