País Vasco - Administración de Justicia

Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre, estabilización concurso, Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre; Nueva relación aprobados

anxo.freiria.tato — Thu, 26 Mar 26 14:01:00 CET

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NOTA INFORMATIVA ÁMBITO MINISTERIO DE JUSTICIA.

Nueva relación de aprobados del proceso selectivo de estabilización -GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA- estabilización- Orden JUS/1288/2022.

26_3_26_Nota informativa lista complementaria_MARZO_2026_GESTIÓN 1288

Recordatorio LAJ promoción interna: nombramiento funcionarios en prácticas

admin — Tue, 21 Mar 23 08:35:07 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA: ORDEN POR LA QUE SE NOMBRAN FUNCIONARIAS/OS EN PRÁCTICAS A LAS PERSONAS APROBADAS POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

Convocar a las personas aspirantes relacionadas en el punto anterior, el próximo día 21 de marzo , para iniciar el curso selectivo teórico-práctico a que se refieren el artículo 41 del Real Decreto 1608/2005 y la Base 9.3 de la Orden JUS/1523/2021, en la forma que determine el Centro de Estudios Jurídicos.

ORDEN POR LA QUE SE NOMBRAN FUNCIONARIAS/OS EN PRÁCTICAS A LAS PERSONAS APROBADAS POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA (pdf. 446.54 KB)

FILOMENA. El Ministerio dicta instrucciones especiales para los días 11 y 12 de enero

admin — Sun, 10 Jan 21 13:55:45 CET

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Tras la petición efectuada por CSIF, el Ministerio dicta instrucciones especiales para los días 11 y 12 de enero tras el paso de la borrasca "Filomena" por diversas localidades de su ámbito de competencia.

Desde CSIF, a los efectos de evaluar si es posible o no acudir al puesto de trabajo conforme al apartado 2 de la resolución, aconsejamos:

prestar atención:
- a la información sobre el estado de las vías de comunicación,
- a la situación del servicio de transporte público urbano e interurbano y,
en su caso, extremar la precaución en los desplazamientos de ida y de vuelta a la sede judicial.

Por otro lado, lamentamos que la negociación de las bases del teletrabajo en Justicia haya quedado suspendida "sine die" así como la puesta a disposición del personal funcionario de los medios para teletrabajar. Una vez más, se pone de manifiesto que las TIC son instrumentos muy válidos para garantizar la prestación del servicio público aun en estas condiciones extremas de nieve y frío como las actuales.

Accede en el adjunto al "Comunicado del Ministerio de Justicia"

Gestión Procesal Turno Libre. Publicada la relación definitiva de aspirantes que superan la fase de oposición.

admin — Mon, 28 Dec 20 12:16:26 CET

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Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre.

ENHORABUENA A LOS APROBADOS EN ESTA FASE DE OPOSICIÓN Y ESPEREMOS UNA RÁPIDA RESOLUCIÓN DE LA FASE DE CONCURSO.

MUGEJU. Criterios para la realización de pruebas PCR´s por las Entidades Médicas Concertadas.

admin — Wed, 07 Oct 20 08:39:46 CEST

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Son muchos los compañeros que, en los últimos días, se han puesto en contacto con nuestros Delegados para plantearnos dudas en relación con la realización de test diagnósticos PCR´s, especialmente en el ámbito de las Entidades Médicas Concertadas con la MUGEJU.

La MUGEJU, ha establecido un conjunto de criterios para la realización de cobertura de test diagnósticos, que lamentablemente y dado el nuevo avance de la enfermedad, cada vez es más necesario tener presente. Es por ello, por lo que, os resumimos a continuación los principales puntos a tener en cuenta.

¿Están obligadas las entidades médicas concertadas a realizarme una prueba PCR?. Las entidades médicas concertadas están obligadas a realizar una PCR u otra prueba molecular que se considere adecuada en las primeras 24 horas a todo caso sospechoso de infección.

¿Qué se entiende por caso sospechoso de COVID-19? Se consideran casos sospechosos de COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por COVID según criterio clínico, odinofagia (dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos); anosmia (pérdida total del olfato); ageusia (pérdida del sentido del gusto); dolores musculares; dolor torácico; diarreas o cefaleas.

¿Si he sido contacto estrecho de un caso confirmado por COVID-19, las Entidades Médicas concertadas deben realizarme una prueba PCR? No, en este caso, la vigilancia epidemiológica, aunque se sea mutualista, corresponde a las CC.AA. Son ellas las que deben realizar el estudio y seguimiento de los contactos estrechos según el procedimiento por ellas establecido, incluyendo la realización, en su caso de las pruebas PCR a cargo del servicio de salud correspondiente.

¿Qué ocurre si en el transcurso de la vigilancia por haber sido contacto estrecho con un caso confirmado, desarrollo síntomas compatibles con COVID-19? Si en el transcurso de la vigilancia realizada por las CC.AA. un mutualista desarrolla síntomas de COVID-19, el caso se transforma en un caso sospechoso, cuyo manejo corresponderá desde ese momento a la entidad médica concertada.

¿Existen otros casos en los que las Entidades Médicas deban cubrir el coste de pruebas PCR´s? Las pruebas PCR´s que se prescriban a los mutualistas o que sean solicitadas por los hospitales, previamente a una intervención o procedimientos médico-quirúrgicos, deben ser cubiertas por las Entidades Médicas o reintegrado su coste. En este caso, las pruebas, deben ser prescritas en volante de la Entidad Médica y por un médico de su catálogo de proveedores, y además ser autorizadas por la Entidad Médica.

¿Qué debo hacer si el Médico de la Entidad concertada me ha prescrito la prueba PCR, pero la Entidad Médica no la autoriza? En ese caso, puedes reclamar el coste en la Comisión Mixta Nacional, que es el órgano responsable de analizar todas las reclamaciones relacionadas con la cobertura o facturación de cargos por asistencias relativas al tratamiento o seguimiento del COVID-19. No es necesario en este caso, realizar la reclamación previa a la comisión mixta provincial.

SI TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA, ACUDE A TU DELEGADO CSIF MÁS CERCANO.

CSIF arranca el compromiso al Ministerio de reactivar la negociación en el mes de septiembre

admin — Fri, 31 Jul 20 07:34:39 CEST

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En la reunión informativa de ayer el Ministerio de Justicia ha presentado los proyectos que tiene en marcha para acometer reformas que agilicen la tramitación de los procedimientos judiciales. Junto con la convocatoria, el Ministerio trasladó seis documentos de trabajo que no son sino una presentación genérica de seis de esos proyectos:

Justicia 2030 ligada a la idea de una Justicia digital y sostenible y que contiene varios programas o proyectos aglutinados en tres objetivos: Derechos, libertades y responsabilidades, calidad del servicio público de Justicia y sostenibilidad y cohesión.

Proyecto de ley de reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible (que pretende hacer frente a las consecuencias del COVID 19 en el ámbito procesal)

Oficina del dato (cuyo objetivo es poner a disposición de las administraciones, de los profesionales, de los funcionarios de Justicia y, en general, de los usuarios, datos sobre la gestión y el funcionamiento de la Administración de Justicia).

Inmediación digital que pretende regular las videoconferencias para (vistas, atención al ciudadano, actuaciones internas o identificación y firma).

Cita previa y gestión de turnos como un nuevo canal de atención a los profesionales y a los ciudadanos conectado con la inmediación digital y con el teletrabajo.

Hacia un modelo de gobernanza en Justicia (continuación del modelo de relación que se ha mantenido a través de la Comisión de seguimiento de COVID 19 Ministerio, CCAA, CGPJ, FGE y CGAE)

CSIF valora positivamente la puesta en marcha de proyectos de reforma de la Justicia, pero ha dejado claro que la reforma de la Justicia:

debe contar con la participación real y efectiva de los funcionarios/as de Justicia que son quienes van tener que poner en marcha esas reformas con el esfuerzo que eso va a suponer. En este sentido, debe encontrarse un encaje adecuado para dar voz a los funcionarios en esa nueva gobernanza que se persigue y reflejarlo por escrito sin vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva.

debe preservar el carácter público de este servicio esencial al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Para CSIF, por ejemplo, la implementación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, deben ser abordados desde la defensa del Servicio Público y su mejora, y se debe poner en valor la capacidad y conocimiento de los Funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para garantizar el éxito de iniciativas de esa índole.

debe evaluar la situación actual de los Cuerpos de Justicia, que para CSIF deben seguir manteniendo su carácter nacional y la reserva de función. Asimismo, debe definir el tipo de funcionario que esa reforma precisa, e incorporar cambios en los perfiles profesionales, procesos selectivos, promoción interna etc… que deben ser objeto de negociación incrementado el valor de este personal en la prestación del servicio público.

debe partir de la evaluación de los sistemas organizativos vigentes, algunos de ellos como la NOJ aún no han completado su implantación y en la que faltan por desarrollar las unidades administrativas de apoyo a la oficina judicial. Es necesario revisar el modelo de NOJ e implantarlo definitivamente, antes de superponer otros sistemas como los Tribunales de Instancia.

debe aprovechar el potencial del capital humano de la Justicia en materias como la mediación, la redistribución y redefinición de funciones en la oficina judicial, la potenciación de la Justicia de proximidad sobre la base de los partidos judiciales y los Juzgados y Agrupaciones de Paz y el Registro civil gestionado por personal de Justicia entre otras cuestiones. Se trata de eliminar cuellos de botella en la tramitación de los procedimientos, dotar de funciones con valor añadido a todo el personal de Justicia y agilizar la tramitación de los procedimientos. Aprovechar y potenciar al personal de Justicia es también “Justicia sostenible”.

debe suponer una mejora notable en las condiciones laborales (carrera profesional, promoción interna, eliminación grupos de población, provisión de puestos de trabajo, guardias, permisos y conciliación, teletrabajo regulado e incentivado, formación, acción social etc...) y en el reconocimiento retributivo adecuado de todos los Cuerpos sin olvidar la discriminación salarial en el ámbito del Ministerio de Justicia. Algunas de estas cuestiones están recogidas en acuerdos firmados por CSIF en los últimos años y deben desarrollarse de forma inmediata. La pretendida eficiencia que se espera conseguir con las reformas, debe repercutir también en los principales artífices de su consecución, los Funcionarios de Justicia.

debe contar con el suficiente apoyo presupuestario puesto que la Justicia, además de reformas organizativas, necesita más medios personales y materiales y, por otro lado, la carencia de medios informáticos, la necesidad de implantar programas de formación de calidad entre otras cuestiones, van a exigir una inversión estable que, luego, se recuperará por la vía de un mejor servicio público, más eficaz y eficiente.

debe contar con el máximo consenso social, político y sindical puesto que su desarrollo va a superar el ámbito de una o varias legislaturas.

El Ministerio de Justicia ha mostrado interés en la potenciación de la Justicia de Paz transformada en Oficinas Municipales de Justicia con funciones de Registro civil, información general y mediación (un aspecto recogido en el Acuerdo de 2014 firmado por CSIF) así como con el mantenimiento de oficinas judiciales en todos los partidos judiciales. En este sentido CSIF ha exigido que cualquier actuación de esta índole no suponga el cierre de ninguna oficina judicial o Agrupación o Juzgado de Paz, y el mantenimiento del empleo. Sólo dotando de servicios públicos adecuados a la “España despoblada”, se podrá garantizar fijar población.

En cuanto a la regulación del teletrabajo, el Ministerio tal y como ha solicitado CSIF, abre la puerta a la negociación del mismo, aunque considera necesario posponer la negociación definitiva sobre sus condiciones en la Administración de justicia, a disponer del marco regulatorio básico que debe ser establecido por el Ministerio de Trabajo. CSIF ha trasladado al Ministerio la necesidad de regular el teletrabajo en Justicia y que dadas las peculiaridades de este servicio público se puede y se debe avanzar en la negociación sin esperar a lo que se decida por el Ministerio de Trabajo, para garantizar los derechos de los trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios en esa modalidad de forma precaria y para evitar conflictos y disfunciones, por falta de un marco regulatorio claro.

Lo que sí que es una realidad, es que el teletrabajo ha llegado a la Administración de Justicia para quedarse en el futuro. En este sentido, y tal y como había venido solicitando CSIF, el Ministerio ha anunciado que dotará partidas presupuestarias para la adquisición de portátiles que serían distribuidos entre los funcionarios de Justicia para que puedan teletrabajar sin utilizar sus equipos particulares.

Asimismo, el Ministerio ha aceptado la propuesta de CSIF remitida por escrito hace varias semanas de abrir una mesa de negociación y empezar a abordar tanto la Justicia 2030 como la Justicia 2020 y siguientes desde propuestas concretas.

El ministro de Seguridad Social debe trasladar un compromiso público con el régimen de clases pasivas, ante la alarma generada

admin — Tue, 05 May 20 12:38:44 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas exige al ministro de Seguridad Social un compromiso público sobre el futuro de las prestaciones y pensiones del régimen de clases pasivas.

La modificación legislativa introducida mediante Real Decreto-ley, aprovechando el estado de alarma, de la estructura orgánica del régimen del que depende las pensiones de un gran número de funcionarios ha generado alarma y desconfianza en el colectivo y CSIF ha exigido un compromiso al Ministro de Seguridad Social, en el que se garantice que el acceso a las pensiones y prestaciones del régimen de clases pasivas se mantendrán en los mismos términos que los actuales, ya que esta medida se ha realizado sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin debate parlamentario.

De hecho, CSIF como primer sindicato de los funcionarios de este país ha alzado la voz ante las dudas que genera entre los funcionarios esta medida y sobre la posible extinción del régimen de las clases pasivas o la modificación de las prestaciones como consecuencia de una integración en el régimen general de la Seguridad Social, máxime teniendo en cuenta que el actual Ministro de Seguridad Social en su anterior etapa como presidente de la AIReF, en un informe de enero de 2019, aconsejaba incrementar la edad de jubilación voluntaria y el número de años de cotización.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar esta modificación por el procedimiento de urgencia y sin negociación, solicitando su conversión en un Proyecto de Ley, con el fin de que se puedan exigir explicaciones al Gobierno mediante enmiendas que ofrezcan garantías o que pudieran eliminar esta modificación.

De no prosperar en vía parlamentaria la transformación en Proyecto de Ley, CSIF instará la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 sobre el trasvase de Clases Pasivas a Seguridad Social, por no reunir los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.

Protocolo para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento

admin — Sat, 28 Mar 20 11:02:39 CET

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Protocolo, para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas competentes en la materia, ha mantenido su segunda reunión para coordinar las medidas a adoptar en relación a los funcionarios que prestan servicio en la administración de Justicia durante la contención de la pandemia por COVID-19.

Entre las medidas adoptadas, este órgano ha acordado el protocolo para inscribir en el Registro Civil las defunciones y otorgar las licencias de enterramiento debido al incremento en la mortalidad generado por la epidemia.

Las administraciones e instituciones representadas en el encuentro virtual se han comprometido además a potenciar en los órganos judiciales de todo el territorio el uso de la videoconferencia siempre que los trámites concretos a realizar permitan recurrir a esta modalidad de comunicación. Además, han unificado los criterios para compartir entre todas ellas la información sobre la incidencia de la pandemia en el servicio público de la justicia en sus ámbitos de actuación y respectivos territorios.

Nota del Ministerio

Ver valoración de CSIF sobre el protocolo citado en este enlace

Sanidad delega en el Ministerio de Justicia la competencia de coordinación del personal de Justicia

admin — Fri, 20 Mar 20 12:38:45 CET

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La Orden SAN/261/2020, de 19 de marzo publicada esta mañana da competencias al Ministerio de Justicia para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con esta orden el Ministerio toma el control de la coordinación de todo el personal de Justicia de la Mesa de negociación del Ministerio (Letrados, Cuerpos Generales y Cuerpos especiales).

El Ministerio en la reunión celebrada hoy, 20 de marzo, por videoconferencia, informa a CSIF que esta medida tiene tres objetivos:

Incrementar la coordinación con las CCAA
Evitar las “disfunciones” que se han producido con algunas CCAA en los últimos días en relación con los mal llamados “servicios mínimos”
Tener una interlocución directa con la autoridad sanitaria que ahora no tenían.

En relación con las CCAA, la delegación de funciones incluye la posibilidad de dictar instrucciones generales dirigidas a todos los Cuerpos de Funcionarios de Justicia con independencia del lugar donde tengan su destino.

La orden crea una Comisión de coordinación de la situación de crisis en Justicia en la que, además del Ministerio, estarán las CCAA con competencias, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio dice que, aun cuando no está previsto en la orden, ofrece participar de forma indirecta a los sindicatos en esta Comisión a través del Secretario General. Para CSIF, o estamos o no estamos y si hay voluntad de que participemos, los sindicatos deberíamos estar en esa Comisión sin intermediarios.

El Ministerio mantiene los mal llamados “servicios mínimos” establecidos en la resolución del 14 de marzo…

…. aun cuando reconoce con datos que la actividad judicial se ha reducido drásticamente.

En la reunión celebrada por videoconferencia con las organizaciones sindicales el Ministerio ofrece cifras referidas a su ámbito como estas:

Reducción de un 82% en la actividad de Minerva
Reducción de un 70% en la presentación de escritos
Reducción de un 50% en la actividad de los Jugados de guardia (en este caso en toda España)
82 medidas cautelares cuando lo normal son unas 230.
En general la actividad judicial en España es de entre un 10% y un 15% que es lo que consideran que corresponde a la prestación de los servicios esenciales. Es decir, la actividad general se ha reducido entre un 90% y un 85%.

Para CSIF, con estas cifras resulta incomprensible que aún se sigan manteniendo la dotación de plantilla, un 10% sobre el total, establecida en la Resolución del 14 de marzo y que es la que varias CCAA han copiado.

CSIF ha vuelto a denunciar el exceso de dotación sobre lo fijado en las diferentes resoluciones en algunos destinos al aplicarse la literalidad de mínima de las dotaciones y también ha puesto de manifiesto que el sentido común y la capacidad de auto-organización están sobrepasando las imposiciones y medidas del CGPJ sin que se altere, en absoluto, la prestación del servicio.

CSIF sigue manteniendo que los servicios esenciales se pueden cubrir en régimen de disponibilidad y localización porque permite:

Reducir al máximo el personal expuesto cada día estableciendo una especie de servicio de guardias, reduciendo el riesgo de contagio de acuerdo con el objetivo del Real Decreto Ley expresado por el Presidente del Gobierno en repetidas ocasiones.
Maximizar los servicios de limpieza acotando las zonas de uso y tránsito, así como la seguridad del edificio y el personal de limpieza necesario. En los Juzgados de paz con el Ayuntamiento cerrado tienen que ir, además de un funcionario, el del Ayuntamiento para abrir y alguien para limpiar luego.
No incrementar la demanda de productos de higiene y demás materiales de prevención que como bien resalta el Ministerios es escaso y debe destinarse prioritariamente a proteger a quienes nos protegen en esta crisis.
Preservar al personal de Justicia para cuando realmente se necesite porque, al final, cuando esto suceda si no se toman medidas, casi todos estarán de baja por COVID-19.

En este sentido, CSIF ha exigido al Ministerio que se desmarque del Consejo en materia de fijación de la dotación de personal. Porque, tras el comunicado de ayer, la imagen que están dando es que es el Consejo quien “pincha y corta” en este asunto que, según el Ministerio, no es competencia del propio CGPJ.

CSIF exige que el Ministerio comparta el número de casos confirmados y sospechosos de coronavirus

Según el Ministerio hay 26 casos confirmados de coronavirus que afectan a personal de Justicia en su ámbito.

CSIF no va a entrar en una guerra de cifras que no resuelven nada, pero ha advertido al Ministerio que, dado que no se hace la prueba a todo el mundo, es presumible que el número de positivos sea mayor. Para CSIF es perentorio que se establezcan y difundan protocolos de actuación en caso de detección de positivo en el personal de un órgano, oficina, unidad, servicio o instituto de la Administración de Justicia. La sensación de abandono en estos casos crece entre el personal y eso nunca debería suceder.

Por eso para CSIF es necesario tener controlados a quienes presentan síntomas porque deben aislarse y se debe controlar con quien o quienes tuvieron contacto cuanto antes mejor. Asimismo, para CSIF que haya un alto número de positivos asintomáticos, y ante la falta de la práctica generalizada del test a todos los ciudadanos, aconsejan reducir la presencia de personal en las sedes de la Administración de Justicia.

Y en general, para CSIF es imprescindible suministrar, ya, los medios de protección suficientes y adecuados a todos los funcionarios/as que prestan los servicios esenciales (geles, guantes, jabón fundamentalmente) y la desinfección de todos los centros de trabajo. El Ministerio vuelve a decir que están en ello y que van a llegar, pero para CSIF no es suficiente

CSIF ya ha iniciado los trámites legales para pedir a la Justicia que tome medidas que impidan que se siga prestando servicios de forma presencial sin la protección adecuada.

En definitiva, estas medidas legales no pretenden impedir la prestación de los servicios esenciales como el Consejo decía ayer, sino precisamente lo contario, garantizar su prestación, eso sí, por personal sano y que se pueda dar respuesta adecuada si la circunstancias exigen una respuesta más intensa de la Justicia y, evitando la propagación del virus.

Para terminar CSIF ha solicitado que desde el Ministerio se den instrucciones claras sobre los colectivos exentos de los turnos de trabajo (mayores de 60 años es, especialmente, conflictivo), permisos de circulación etc… las gerencias y algunas Direcciones Generales interpretan lo que cada uno entiende creando discriminación en igualdad de casos.