Urge una reforma del Concurso General de Traslados

admin — Tue, 03 Oct 23 07:51:21 CEST

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La dejación de funciones de las administraciones con respecto a la Función Pública Docente está deteriorando por la vía de los hechos la situación profesional del profesorado. CSIF sigue exigiendo un Estatuto Docente que regule toda la vida profesional, que consolide todos sus derechos y mejore sus condiciones laborales.

Por todo ello, CSIF recuerda sus recientes reivindicaciones en este sentido:

Nota informativa tras la Mesa Sectorial con el MEFP el 22 de septiembre de 2022
Escrito dirigido a la Ministra de Educación y Formación Profesional registrado el 28 de julio de 2023
Escritos dirigido a las Consejerías de Educación de todas las CC.AA.

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La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 43.700 docentes y una interinidad del 22,47 por ciento

admin — Thu, 07 Sep 23 09:59:31 CEST

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Madrid, 7 de septiembre de 2023. La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.

Déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado,clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores son algunos de los inconvenientes de este nuevo curso.

Y es que, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por su parte, la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. En este sentido, CSIF exige la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados de las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento).

Todos estos datos perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado. De hecho, en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5.

Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este Pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos. Y a partir de ahí, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales.
En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010.