Galicia - Administración de Justicia

Delegados y trabajadores de Justicia mantienen la presión sobre la Administración para exigir una implantación de los Tribunales de Instancia con medios suficientes

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 26 Jun 26 13:20:00 CEST

Santiago, 26 de junio de 2026.- Delegados sindicales y trabajadores de la Administración de Justicia de toda Galicia se concentraron este viernes ante la sede principal de la Dirección Xeral de Xustiza, en la EGAP, para exigir a la Xunta y al Ministerio una respuesta inmediata a los graves problemas que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia.

La movilización, convocada conjuntamente por CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, da continuidad a las acciones emprendidas por las organizaciones sindicales tras las asambleas celebradas en los distintos partidos judiciales gallegos, en las que el personal trasladó un diagnóstico prácticamente unánime sobre la situación que atraviesan los juzgados.

Bajo el lema "Galicia non dará un paso atrás. Eficiencia real con medios e persoal. Máis negociación e menos imposición", los participantes denunciaron que la reforma se está aplicando sin la planificación necesaria, sin incremento suficiente de plantillas y sin resolver las carencias organizativas y tecnológicas que ya están afectando al funcionamiento diario de los órganos judiciales.

Los sindicatos alertan de que la implantación de los Tribunales de Instancia está agravando problemas estructurales que ya existían en la Administración de Justicia gallega. Denuncian una insuficiente dotación de personal, una reorganización improvisada de las oficinas judiciales, importantes deficiencias en las aplicaciones informáticas, falta de formación adaptada al nuevo modelo y una creciente sobrecarga de trabajo que obliga a las plantillas a asumir jornadas extraordinarias que ni se retribuyen ni se compensan. Todo ello, advierten, repercute directamente en el servicio que recibe la ciudadanía.

Durante la concentración, las organizaciones sindicales reclamaron la apertura inmediata de una negociación para ampliar las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la creación de los puestos necesarios y el mantenimiento de refuerzos mientras no se cubran esas necesidades. Asimismo, exigieron la constitución de equipos estructurales que permitan una verdadera especialización, la adaptación efectiva de las herramientas informáticas, el cumplimiento de los compromisos sobre teletrabajo, la negociación de los cambios en los espacios físicos con garantías en materia de prevención de riesgos laborales y la adopción de medidas urgentes para frenar el deterioro de este servicio público.

Los representantes sindicales insisten en que no cuestionan el objetivo de modernizar la Administración de Justicia, sino la forma en la que se está desarrollando y advierten de que, si las administraciones continúan ignorando las demandas del personal, las movilizaciones continuarán en las próximas semanas hasta que se abra una negociación real y se adopten medidas efectivas para garantizar una Justicia eficiente, con medios suficientes y al servicio de la ciudadanía.

Los sindicatos de Justicia denuncian que la implantación de los Tribunales de Instancia está agravando los problemas estructurales de los juzgados gallegos

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 18 Jun 26 13:11:00 CEST

Santiago, 18 de junio de 2026.- Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia en Galicia —CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO— han comparecido hoy en rueda de prensa conjunta para denunciar la grave situación que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia en la comunidad autónoma. Las organizaciones sindicales aseguran que la puesta en marcha de este nuevo modelo organizativo está provocando un importante caos interno, una creciente sobrecarga de trabajo y un riesgo real de colapso en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Según explicaron los representantes sindicales, los problemas detectados no son puntuales ni aislados, sino estructurales y generalizados en buena parte de los partidos judiciales gallegos. Aunque reconocen que la reforma impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia persigue objetivos de modernización, denuncian que su aplicación en Galicia se está realizando de forma precipitada, sin la planificación necesaria y sin los recursos humanos y materiales imprescindibles para garantizar una transición ordenada.

Los sindicatos señalaron que la reorganización del personal se está llevando a cabo sin criterios claros y con una movilidad de trabajadores carente de planificación previa. A ello se suma, según indicaron, una falta de coordinación interna que está dificultando el funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Asimismo, denunciaron una insuficiente dotación de personal en áreas especialmente sensibles como civil, penal y ejecución. También alertaron de la demora en la cobertura de vacantes, las dificultades para realizar sustituciones y la eliminación de refuerzos que hasta ahora permitían atender adecuadamente la carga de trabajo existente.

Como consecuencia directa de esta situación, las organizaciones sindicales advierten de un progresivo deterioro del servicio público de Justicia. Entre los efectos más preocupantes destacan el incremento de los retrasos en la tramitación de procedimientos y ejecuciones, la acumulación de asuntos pendientes, el aumento de la presión sobre las plantillas y una pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía.

Durante la comparecencia, los sindicatos recordaron que la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia no es una decisión discrecional de la administración autonómica, sino una obligación derivada de la Ley Orgánica 1/2025 promovida por el ministro Félix Bolaños. En este sentido, explicaron que su crítica, por tanto, se dirige tanto a la reforma judicial en sí misma, como a la manera en que se está ejecutando en Galicia. En este sentido, reclamaron a la Dirección Xeral de Xustiza, en la parte que le toca, una actuación inmediata para corregir las deficiencias detectadas, reforzar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y garantizar una implantación planificada y consensuada del nuevo modelo organizativo.

Los sindicatos recordaron, además, que este diagnóstico es el resultado de una amplia labor de escucha realizada en las últimas semanas mediante asambleas celebradas en distintos partidos judiciales de Galicia. En todas ellas, los trabajadores y trabajadoras han trasladado un mensaje prácticamente unánime: la implantación de los Tribunales de Instancia se está llevando a cabo sin la planificación necesaria.

Las organizaciones sindicales anunciaron que continuarán trasladando esta problemática a las distintas administraciones competentes y no descartan nuevas acciones de denuncia y movilización si no se adoptan medidas urgentes que permitan evitar el deterioro del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia denuncian que la implantación de los Tribunales de Instancia aboca a los juzgados de Santiago al colapso

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 29 May 26 16:53:00 CEST

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2026.- Los sindicatos SPJ-USO, STAJ, CSIF, UGT y CCOO, que ostentan la mayoría sindical en la Administración de Justicia, denunciaron hoy la “nefasta gestión” de la Dirección Xeral de Xustiza, a la que responsabilizan de la situación “caótica” que atraviesan los juzgados de Santiago tras la implantación de los Tribunales de Instancia.

En una multitudinaria asamblea celebrada esta mañana, los representantes sindicales se reunieron a los trabajadores y trabajadoras del Tribunal de Instancia para analizar los graves problemas derivados de una implantación que califican de “precipitada e improvisada”. Esta reunión forma parte de la ronda de asambleas que las organizaciones sindicales están llevando a cabo en distintos partidos judiciales de toda Galicia para evaluar el impacto de la nueva organización judicial y recoger las demandas del personal.

Según trasladan las organizaciones sindicales y el propio personal, áreas como ejecución civil, social, señalamientos de juicios en penal o el servicio de notificaciones se encuentran “claramente infradotadas” y precisan de una ampliación inmediata de personal.

Además, denuncian que la distribución física de las dependencias resulta “caótica”, generando desconcierto tanto entre profesionales como entre la ciudadanía a la hora de localizar dónde se tramita cada procedimiento. A esta situación se suman, según indican, unos programas informáticos “obsoletos”, sin adaptación a las nuevas plazas ni a las actualizaciones legislativas necesarias para mecanizar los trámites procesales.

Los sindicatos critican también la eliminación “arbitraria” del teletrabajo y alertan de que todas estas decisiones están provocando una situación de colapso en el servicio público de Justicia que, pese al esfuerzo del personal, está derivando en una pérdida “inédita” de derechos laborales, con repartos arbitrarios de cargas de trabajo, excesos de jornada y limitaciones en la movilidad.

Asimismo, advierten de que la falta de medios y personal está ocasionando retrasos “inasumibles” en materias especialmente sensibles, como derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia, menoscabando el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva.

Las organizaciones sindicales convocantes exigen a la Dirección Xeral de Xustiza la apertura inmediata de un proceso de negociación para implementar medidas urgentes que permitan reconducir la situación. Entre sus demandas destacan la ampliación de las plantillas mediante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten la arbitrariedad en los repartos de carga laboral y la puesta en marcha de refuerzos inmediatos.

Los sindicatos advierten de que, si no son escuchadas sus reivindicaciones, iniciarán un proceso de movilizaciones para trasladar a la opinión pública “el grave problema creado por la Dirección Xeral de Xustiza”.

“Las organizaciones sindicales y el personal no estamos pidiendo subidas salariales; estamos exigiendo medidas de choque que garanticen la calidad de la Justicia como servicio público esencial”, concluyen.

A Coruña se suma a Santiago y Vigo en las movilizaciones contra el colapso en la Justicia tras la implantanción de la Ley de Eficiencia

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 30 Apr 26 13:17:00 CEST

A Coruña, 30 abril de 2026.- CSIF Xustiza ha participado hoy junto a los funcionarios de la Administración de Justicia de A Coruña en la concentración convocada para denunciar la situación de caos y colapso que atraviesa el servicio tras la implantación de la denominada Ley de Eficiencia Organizativa.

Los funcionarios de A Coruña se suman así a las movilizaciones ya desarrolladas en Santiago y Vigo, dando continuidad a una respuesta conjunta en toda Galicia frente a una reforma que, según denuncian, se está aplicando sin la planificación, los medios ni la coordinación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia.

Durante la concentración, el colectivo alertó de que la reforma, presentada como un proceso de modernización del sistema judicial, está derivando en una sobrecarga de trabajo insostenible, una evidente falta de personal y un deterioro progresivo del servicio público. La realidad en los juzgados gallegos, señalaron, dista de los objetivos anunciados y pone de manifiesto importantes carencias estructurales en su implantación.

Entre los principales problemas, CSIF destacó la falta de cobertura de plazas vacantes, lo que obliga al personal a asumir funciones adicionales de forma continuada; la movilidad funcional sin límites claros, que dificulta la especialización; y la ausencia de formación adecuada. A ello se suma la implantación incompleta de herramientas tecnológicas, que está generando disfunciones en el trabajo diario de las oficinas judiciales.

Asimismo, el sindicato aprovechó para reclamar la recuperación de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, considerada clave para reforzar la estructura judicial en la ciudad. CSIF recuerda que esta reivindicación cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Xunta, la alcaldesa de A Coruña y distintos grupos parlamentarios, y exige que el texto del Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales definitivo —previsto entre finales de mayo y junio— la incorpore de forma expresa.

Para la presidenta de CSIF Xustiza, Auri Fernández, la situación actual responde a una implantación precipitada de la norma por parte del Ministerio de Justicia, sin las condiciones necesarias para su correcta aplicación. “Si la comunidad autónoma no es capaz de gestionar esto, hay que decir las cosas como son: el principal responsable es el Ministerio de Justicia, porque diseñó esta ley de forma apresurada y nos colocó a todos en un escenario sin medios ni garantías”.

En este sentido, los representantes de los distintos sindicatos coincidieron en la necesidad de abrir un proceso real de negociación que permita corregir las disfunciones actuales e implementar medidas correctoras en materia de personal, organización del trabajo y conciliación, con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales adecuadas y un funcionamiento eficiente del servicio para el ciudadano.

CSIF denuncia el caos en la Justicia y respalda el manifiesto presentado por los funcionarios de los juzgados de Santiago

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 23 Apr 26 14:23:00 CEST

Santiago, 23 de abril de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha respaldado este jueves el manifiesto presentado esta mañana por el personal funcionario del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ante los juzgados de la ciudad, en el que se denuncian la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la ausencia de formación, la precariedad organizativa y el deterioro del servicio público de Justicia .

El documento alerta de una situación “insostenible” para la plantilla y advierte de que la falta de medios humanos, materiales y tecnológicos está repercutiendo de forma directa tanto en las condiciones laborales del personal como en la atención a la ciudadanía. Entre otras cuestiones, el manifiesto denuncia la sobrecarga por falta de personal, la arbitrariedad en la organización del trabajo, la carencia de formación específica, la obsolescencia tecnológica y la degradación del servicio público .

Tras la presentación del texto, el representante de CSIF Xustiza, Antonio Riveira, incidió en que el sindicato lleva meses denunciando esta situación. “Nosotros llevamos desde principios de año denunciando la situación caótica. Empezamos aquí, en Santiago, y la extendimos a toda Galicia”, señaló.

Riveira puso como ejemplo la situación vivida en el nuevo juzgado de violencia de Santiago, donde, según explicó, el personal comenzó a trabajar sin los medios mínimos necesarios. “Se creó un juzgado nuevo en Santiago al que le faltaban funcionarios, mesas, sillas y formación”, afirmó, subrayando que, cuatro meses después, los trabajadores siguen sin contar con preparación adecuada en violencia de género.

El responsable sindical denunció además una “sobrecarga brutal” y reclamó recuperar los refuerzos existentes a comienzos de diciembre, cuya retirada está incrementando la presión sobre las plantillas.

Fue especialmente contundente al señalar las responsabilidades políticas: “Si la comunidad autónoma no da gestionado esto, hay que decir las cosas como son: el culpable número uno es el Ministerio de Justicia, porque creó esta ley a cañón y nos metió a todos en la piscina a ver qué pasa”.

También criticó los retrasos tecnológicos: “Estamos hartos de que se tarde en implantar los programas. Si el sistema tiene fecha, tiene que estar funcionando ese día”. En la misma línea, denunció que el trabajo con herramientas como Minerva obliga a operar “subiendo y bajando de un sistema a otro como una escalera”, lo que considera inasumible.

Riveira reclamó finalmente el restablecimiento de refuerzos y la implantación inmediata del sistema Atenea, advirtiendo de que la reforma “ha empeorado la situación y ha generado más caos”.

CSIF exigió soluciones urgentes para reforzar plantillas, modernizar los sistemas y garantizar un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia.

Más del 90% del personal de justicia rechaza los Tribunales de Instancia en Galicia

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 15 Apr 26 13:52:00 CEST

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado al Ministerio de Justicia, en la reciente Comisión de Seguimiento de la NUMO celebrada a petición del sindicato, los resultados de una encuesta realizada entre el personal de justicia sobre la implantación de los Tribunales de Instancia. Los datos reflejan un rechazo mayoritario al nuevo modelo organizativo en toda Galicia y confirman las graves disfunciones que el sindicato viene denunciando desde su puesta en marcha.

Según los resultados de la encuesta, la valoración del nuevo sistema es claramente negativa. En A Coruña, el 95% de los encuestados considera que la implantación ha sido negativa o muy negativa, mientras que en Lugo esta cifra alcanza el 93% y en Ourense el 88%. En el caso de Pontevedra, las respuestas también evidencian un rechazo mayoritario y un profundo malestar entre el personal. Además, una amplia mayoría de los trabajadores considera que este modelo no contribuirá a mejorar el servicio público de justicia.

La encuesta confirma también importantes problemas de organización y funcionamiento en las oficinas judiciales. El 93% del personal en Lugo y el 83% en Ourense considera que la reforma no ha mejorado la eficiencia en la tramitación, mientras que en A Coruña se denuncia una distribución del trabajo totalmente descompensada. Más del 80% de los trabajadores afirma que los roles y responsabilidades no están definidos con claridad, lo que está generando incertidumbre y desorganización en el trabajo diario.

A estas dificultades se suman graves carencias en información y formación durante el proceso de implantación, así como problemas técnicos en las herramientas informáticas, ya que más del 70 por ciento del personal considera que el sistema Minerva no está adaptado al nuevo modelo organizativo.

Además, los resultados reflejan un importante impacto en el clima laboral y en la salud del personal. El proceso de cambio y la incertidumbre generada por los nuevos destinos ha provocado malestar psicosocial en una gran parte de la plantilla, lo que se traduce en entornos de trabajo tensionados y en un aumento de la preocupación entre los trabajadores.

Para CSIF, estos datos confirman que la implantación de los Tribunales de Instancia en Galicia se ha realizado de forma precipitada, sin la planificación necesaria y sin dotar a las oficinas de los medios humanos y materiales adecuados, “tal y como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones”.

Ante esta situación, CSIF ha reclamado en la Comisión de Seguimiento medidas urgentes para corregir las disfunciones detectadas, entre ellas el refuerzo de plantillas, una definición clara de funciones y responsabilidades, la mejora de la información y formación al personal y la adaptación de los sistemas informáticos al nuevo modelo organizativo.

El sindicato advierte de que, si no se adoptan soluciones de manera inmediata, la situación puede derivar en un empeoramiento del servicio público que se ofrece a los ciudadanos y en un mayor deterioro de las condiciones laborales del personal.

CSIF reclama la recuperación urgente de la plaza número 8 de Instrucción en A Coruña y Vigo en el Real Decreto de unidades judiciales

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 07 Apr 26 14:12:00 CEST

Santiago, 7 de abril de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia solicitando la inclusión y aprobación de todas las plazas previstas para Galicia en el proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026, que se encuentra en tramitación. Entre estas, destaca la recuperación de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña y de Vigo, consideradas estratégica para reforzar la Administración de Justicia en ambas ciudades.

CSIF recuerda que en distintas ocasiones ha solicitado apoyo formal al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así como a la alcaldesa de A Coruña, al alcalde de Vigo, a la Valedora do Pobo, a la Xunta de Galicia y a los grupos parlamentarios del PSOE y del BNG, recibiendo siempre respuesta favorable a la petición.

Según ha podido saber CSIF, se espera que el Real Decreto se apruebe entre finales de mayo y junio, una vez emitido el informe favorable del CGPJ, manteniéndose la dotación jurídica para A Coruña y Vigo en el borrador del decreto. Por ello, el sindicato solicita que se agilicen todas las gestiones necesarias para que la aprobación final del Real Decreto incluya la recuperación de la plaza número 8 y de todas las plazas propuestas para Galicia.

Aunque la creación de 19 plazas en la Comunidad supone un avance, CSIF advierte que sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de la Administración de Justicia en Galicia y reitera la necesidad de continuar reforzando la plantilla judicial.

*Foto: Cadena Ser

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF insta a la Dirección Xeral de Xustiza a adoptar medidas urgentes ante la grave descoordinación del Nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santiago

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 07 Jan 26 13:52:00 CET

Santiago, 7 de enero de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) ha denunciado ante la Dirección Xeral de Xustiza la grave situación de descoordinación, falta de medios materiales y carencias formativas detectadas en la puesta en funcionamiento de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago, una situación que está afectando al normal funcionamiento del servicio y a la adecuada atención y protección de las víctimas de violencia de género.

Según ha trasladado el sindicato en un escrito oficial, el personal funcionario destinado en esta Sección carece de recursos básicos imprescindibles para el desempeño de su labor diaria. Entre las principales deficiencias señaladas se encuentran la inexistencia de ordenadores activados para todo el personal, la falta de habilitación de acceso a Lexnet para varios funcionarios y funcionarias y la ausencia de acceso a la agenda de señalamientos, lo que impide realizar citaciones tanto en Santiago como en A Coruña en los juzgados de lo penal.

A estas carencias se suman importantes problemas organizativos, como la inexistencia de un teléfono específico para la Sección, la falta de mesas y espacios de trabajo adecuados y una preocupante descoordinación con los juzgados de los ayuntamientos de procedencia de personas detenidas, víctimas, testigos y demás operadores jurídicos. CSIF considera imprescindible abordar esta situación de manera urgente para garantizar la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

Formación Especializada

De forma paralela, CSIF ha solicitado a la Dirección Xeral, el nombramiento de un formador o formadora para este Juzgado, ante la falta de experiencia previa del personal funcionario recientemente destinado a ese organismo. Este tipo de juzgados presenta especiales singularidades organizativas, procesales y funcionales, así como protocolos específicos de actuación y atención a las víctimas, lo que hace imprescindible una formación inicial especializada.

Desde CSIF se advierte de que la combinación de falta de medios, desorganización y ausencia de formación específica supone un riesgo tanto para el personal como para la calidad del servicio público que se presta, especialmente en un ámbito tan sensible como la protección de las víctimas de violencia machista.

Por todo ello, CSIF insta a la Dirección Xeral de Xustiza a adoptar medidas inmediatas que permitan dotar al juzgado de los medios humanos y materiales necesarios, garantizar una coordinación efectiva y asegurar una formación adecuada del personal, con el objetivo último de mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.