Galicia

El 62% de los docentes gallegos no se siente reconocido y un 40% ha sufrido agresiones en el aula

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 23 Mar 26 13:23:00 CET

Santiago / Madrid 23 de marzo de 2026.- El 61,9% de los docentes gallegos asegura no sentirse reconocido en su labor y el 40,7% afirma haber sufrido agresiones o situaciones vejatorias en el último curso, según los datos de la encuesta sobre condiciones del profesorado hecha pública hoy.

Aunque las cifras son preocupantes, se sitúan por debajo de la media nacional, donde el 72,2% del profesorado denuncia falta de reconocimiento y más de la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según expuso CSIF en una rueda de prensa.

La sobrecarga burocrática continúa siendo el principal problema tanto en Galicia como en el conjunto del Estado. En la comunidad gallega, el 97,5% del profesorado denuncia exceso de tareas administrativas, una cifra incluso algo superior a la media nacional (97,2%).

Protocolos insuficientes y falta de respaldo

Uno de los datos más contundentes en Galicia es el rechazo a los actuales protocolos de convivencia: el 96,6% de los docentes los considera inútiles o insuficientes. Esta percepción coincide con la crítica generalizada a nivel nacional, donde apenas un 2% de los encuestados considera adecuados estos mecanismos e insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Además, más de la mitad del profesorado gallego (54,2%) denuncia falta de apoyo por parte de la Administración, superando levemente la media nacional del 53,6%.

Malestar creciente por las condiciones laborales

El descontento del profesorado también se refleja en el ámbito económico: el 82,2% de los docentes gallegos considera que su salario no se corresponde con la responsabilidad de su trabajo. A nivel nacional, esta percepción es aún mayor, ya que nueve de cada diez docentes comparten esta opinión.

CSIF advierte de que esta situación está provocando una pérdida de atractivo de la profesión docente y un deterioro progresivo del sistema educativo.

Reivindicaciones urgentes

Desde el sindicato reclaman medidas inmediatas que pasan por:

reducción de ratios,
refuerzo de la autoridad del profesorado,
mejora del poder adquisitivo,
reducción de la burocracia,
y disminución del horario lectivo.

Llamamiento a las administraciones

CSIF insiste en que este escenario no puede normalizarse. El sindicato reclama situar al profesorado en el centro de las políticas educativas tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, advirtiendo de que el deterioro de sus condiciones laborales impacta directamente en la calidad de la educación.

Encuesta

La encuesta de CSIF presentada hoy forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’. Se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

CSIF denuncia un nuevo intento de agresión con arma blanca a un funcionario de la prisión de Monterroso

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 26 Mar 26 13:28:00 CET

Lugo, 23 de marzo de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un grave incidente ocurrido en la tarde del pasado sábado en el Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo), donde un interno intentó agredir con arma blanca a un funcionario tras provocar deliberadamente una intervención en el módulo.

Según explica el sindicato, el interno se autolesionó previamente con una cuchilla con la intención de generar una situación de emergencia que obligase a intervenir al funcionario. En ese momento, la situación derivó en una alteración del orden en el módulo, con la participación de varios internos, también de origen magrebí, que se sumaron al incidente y se amotinaron contra el trabajador, que horas antes había reprendido en el patio al agresor.

La rápida actuación del funcionario que se encontraba en el módulo, evitando el contacto directo y solicitando refuerzos de manera inmediata, permitió que varios trabajadores acudieran al lugar y lograran controlar la situación y reducir al interno, evitando así que la agresión se consumara. Como consecuencia de lo ocurrido, pese a que no hay que lamenter daños físicos, uno de los trabajadores que participó en la actuación ha causado baja.

CSIF advierte de que este episodio no es un hecho aislado. El sindicato asegura que ya ha trasladado en varias ocasiones a la Dirección del centro, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias su preocupación por el incremento de la tensión en el centro.

En este sentido, la organización sindical señala que en los últimos meses se está produciendo una mayor concentración de internos de origen magrebí trasladados desde otros centros penitenciarios del país. Según CSIF, se trata en muchos casos de internos sin arraigo familiar o territorial en Galicia y con trayectorias penitenciarias complejas, una circunstancia que dificulta su integración en el régimen del centro y complica la gestión ordinaria de los módulos.

El sindicato insiste en que el problema no está en el origen de los internos, sino en una política de traslados que está concentrando perfiles conflictivos en un centro clasificado como grupo C, diseñado para albergar población reclusa de menor conflictividad.

Masificación y plantillas escasas

CSIF también denuncia que esta situación se ve agravada por la sobrecarga estructural del centro, con un aumento de internos que no ha ido acompañado de un refuerzo de la plantilla, así como por la masificación de algunos módulos, lo que genera tensiones constantes en el día a día del establecimiento.

Además, el sindicato advierte de que las obras o reorganizaciones en otros centros penitenciarios —como ha ocurrido recientemente en diferentes prisiones del país— no pueden justificar el traslado continuo de internos que no se ajustan al perfil de Monterroso.

CSIF considera que, si no se adoptan medidas inmediatas, incidentes como el ocurrido este fin de semana podrían repetirse o incluso agravarse.

Por ello, la organización sindical exige a la Administración penitenciaria el cese de los traslados inadecuados de internos, la adecuación de la población reclusa a la clasificación del centro, el refuerzo inmediato de la plantilla y la realización de una evaluación real de los riesgos psicosociales que afrontan los trabajadores.

“La seguridad de los profesionales penitenciarios no puede seguir dependiendo de la improvisación ni del sacrificio personal de los trabajadores”, concluye el sindicato.

Foto: La Voz de Galicia

CSIF respalda las concentraciones de profesionales ante la modificación del decreto de urgencias extrahospitalarias

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 27 Mar 26 12:42:00 CET

CSIF Sanidade ha salido en apoyo de las concentraciones y reivindicaciones de los profesionales sanitarios que se concentraron esta mañana en las puertas del SERGAS en contra del nuevo plan de urgencias extrahospitalarias.

Las protestas coincidieron con el desarrollo de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que se debate la modificación del Decreto 172/1995, de 18 de mayo, que regula dicho plan.

En este contexto, la postura de CSIF es que no dará el visto bueno a la modificación del decreto si no existe previamente una negociación sobre las condiciones laborales de todos los profesionales afectados.

El sindicato insiste en que cualquier cambio normativo debe ir acompañado de condiciones laborales dignas para el conjunto del personal que presta servicio en las urgencias extrahospitalarias de Galicia.

CSIF denuncia graves incumplimientos preventivos en la Xunta de Galicia

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 27 Mar 26 13:05:00 CET

CSIF ha presentado ante el Comité Intercentros de Seguridad y Salud de la Xunta de Galicia un escrito en el que denuncia la persistencia de graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales que afectan a distintos colectivos y centros de trabajo.

Entre las cuestiones trasladadas figuran problemas en edificios administrativos de la Xunta de Galicia, con deficiencias en climatización, calefacción o ventilación, así como goteras, humedades, desprendimientos de falsos techos, fallos en instalaciones eléctricas y otras carencias de mantenimiento que afectan tanto al personal como a las personas usuarias que acuden a estos inmuebles.

CSIF también denuncia la falta de comunicación inmediata de accidentes laborales a los delegados de prevención, las dificultades para acceder a evaluaciones de riesgos, planes de acción e informes preventivos, así como la falta de entrega, desde el inicio de la contratación, de la evaluación de riesgos, la formación obligatoria y los equipos de protección necesarios.

A ello se suma la situación de los vehículos oficiales utilizados en distintas consellerías, con unidades antiguas, averías reiteradas y, en algunos casos, accidentes vinculados a fallos mecánicos. También preocupa que, en muchos supuestos, los vehículos asignados al personal de campo no sean adecuados para las funciones que deben desempeñar, incrementando así el riesgo de accidente laboral.

CSIF advierte además de la falta de equipos de trabajo y medios tecnológicos adecuados para muchos colectivos. No puede aceptarse que el personal de campo siga realizando inspecciones o actuaciones técnicas con documentación en papel o con medios superados cuando existen herramientas tecnológicas que permiten trabajar en mejores condiciones. Esta carencia no sólo afecta a las condiciones de trabajo, sino también a la calidad del servicio público prestado a la ciudadanía.

También existe una preocupación creciente en relación con el radón, ya que en muchos centros no se han realizado mediciones o, aún habiéndose hecho, no se han facilitado los resultados ni la información sobre las medidas correctoras adoptadas o previstas. CSIF exige que se realicen las mediciones pendientes y que se comuniquen a trabajadores y delegados de prevención los informes, resultados y actuaciones correctoras en todos los centros afectados.

Especial gravedad reviste el tratamiento de los riesgos psicosociales. La experiencia reciente ha demostrado que, tras la intervención de la Inspección de Trabajo, una evaluación psicosocial llegó a revelar niveles de riesgo muy elevados allí donde previamente se sostenía que no era necesario evaluar. Para CSIF, esto demuestra que no se puede jugar con la prevención ni utilizar criterios restrictivos para ignorar resultados preocupantes.

CSIF denuncia igualmente que la Xunta sigue permitiendo en algunos casos la incorporación de personal sin haber garantizado previamente la evaluación de riesgos, la formación obligatoria y los EPI necesarios. Un ejemplo reciente es el caso de Augas de Galicia, en el que fue necesaria la intervención de CSIF para que se facilitara esta documentación y dotación básica. Además, existen varias investigaciones abiertas por la Inspección de Trabajo, a raíz de denuncias de CSIF, por deficiencias preventivas en distintos colectivos.

Para CSIF, todas estas carencias evidencian, por un lado, que el Servicio de Prevención está infradimensionado y, por otro, que en determinados casos se vienen trasladando criterios técnicos incorrectos o insuficientes en materia preventiva.

Estas deficiencias no solo comprometen la seguridad y salud del personal, sino que también dañan la imagen de la Xunta de Galicia, al poner de manifiesto incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dentro de su propia organización.

CSIF seguirá exigiendo medidas concretas y respuestas efectivas para corregir estas carencias y garantizar de una vez una protección real de la seguridad y salud de todo el personal de la Xunta de Galicia.

Solicitud de adopcion de medidas y criterios preventivos

NOVAS SANIDADE ABRIL 2026

javier.rio.lopez — Tue, 31 Mar 26 13:28:00 CEST

CSIF reclama la recuperación urgente de la plaza número 8 de Instrucción en A Coruña y Vigo en el Real Decreto de unidades judiciales

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 07 Apr 26 14:12:00 CEST

Santiago, 7 de abril de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia solicitando la inclusión y aprobación de todas las plazas previstas para Galicia en el proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026, que se encuentra en tramitación. Entre estas, destaca la recuperación de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña y de Vigo, consideradas estratégica para reforzar la Administración de Justicia en ambas ciudades.

CSIF recuerda que en distintas ocasiones ha solicitado apoyo formal al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así como a la alcaldesa de A Coruña, al alcalde de Vigo, a la Valedora do Pobo, a la Xunta de Galicia y a los grupos parlamentarios del PSOE y del BNG, recibiendo siempre respuesta favorable a la petición.

Según ha podido saber CSIF, se espera que el Real Decreto se apruebe entre finales de mayo y junio, una vez emitido el informe favorable del CGPJ, manteniéndose la dotación jurídica para A Coruña y Vigo en el borrador del decreto. Por ello, el sindicato solicita que se agilicen todas las gestiones necesarias para que la aprobación final del Real Decreto incluya la recuperación de la plaza número 8 y de todas las plazas propuestas para Galicia.

Aunque la creación de 19 plazas en la Comunidad supone un avance, CSIF advierte que sigue siendo insuficiente frente a las necesidades reales de la Administración de Justicia en Galicia y reitera la necesidad de continuar reforzando la plantilla judicial.

*Foto: Cadena Ser

CSIF denuncia el envío de internos conflictivos a la prisión de Monterroso y advierte del riesgo para la seguridad

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 07 Apr 26 14:17:00 CEST

El delegado sindical de CSIF en el centro penitenciario de Centro Penitenciario de Monterroso, César Paz, ha advertido en una entrevista concedida a la Televisión de Galicia de la creciente preocupación entre los funcionarios por el traslado de internos con perfiles conflictivos a un centro que, por su tipología, no está preparado para albergarlos.

Según explicó, la prisión de Monterroso es un centro penitenciario de tipo C, destinado a internos de baja conflictividad y con una capacidad aproximada para 350 reclusos, cifra que ya se ha superado al alcanzar más de 400 internos en la actualidad.

Durante la entrevista, Paz señaló que el problema no se limita únicamente al incremento de población reclusa, sino sobre todo al perfil de parte de los internos trasladados al centro. En concreto, indicó que actualmente hay entre 50 y 60 internos considerados de especial observación, muchos de ellos con conductas agresivas, sanciones graves o propuestas de clasificación en primer grado procedentes de otros centros penitenciarios.

Internos con perfil de primer grado en un centro tipo C

El representante sindical explicó que el primer grado penitenciario se aplica a internos con peligrosidad extrema o inadaptación a los regímenes comunes, que deberían cumplir condena en régimen cerrado y en centros preparados para ese nivel de conflictividad.

Sin embargo, según denunció, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social está optando por mantener a estos internos en segundo grado y dispersarlos por distintos centros penitenciarios del país, en lugar de autorizar su clasificación en primer grado.

“Lo que se está haciendo es trasladar el problema de un centro a otro”, señaló Paz, quien advirtió de que esta práctica está teniendo consecuencias directas en Monterroso, un centro que no cuenta con los medios ni con el modelo de seguridad de las prisiones tipo A o B, diseñadas para internos de mayor peligrosidad.

Aumento de población reclusa y llegada constante de internos

En la entrevista también se puso de manifiesto que, en el último año, Monterroso ha sido proporcionalmente el centro penitenciario de España que más ha incrementado su población reclusa, con un aumento cercano al 51%.

Desde la sección sindical de CSIF se ha denunciado esta situación en varias ocasiones por escrito, sin que se hayan adoptado medidas para corregirla. Según Paz, el centro continúa recibiendo entre seis y ocho internos nuevos cada semana, lo que ha llevado a superar ampliamente la capacidad recomendada para este tipo de establecimiento.

El delegado sindical subrayó que el sindicato puede entender aumentos puntuales de población reclusa, teniendo en cuenta que en los últimos tres años la población penitenciaria en España ha crecido en torno a 3.000 internos, pero insistió en que el problema principal es el perfil de los reclusos trasladados a Monterroso.

Un intento reciente de agresión con arma blanca

CSIF alerta además de que esta situación ya ha generado episodios de riesgo dentro del centro. Según explicó Paz, hace aproximadamente dos semanas se produjo un intento de agresión con arma blanca contra un funcionario, un hecho que el sindicato ha denunciado reiteradamente.

Para el representante sindical, continuar enviando internos con perfiles incompatibles con un centro tipo C pone en riesgo la seguridad del personal penitenciario, del resto de internos y del propio funcionamiento del establecimiento.

Reivindicación histórica: agentes de la autoridad

Durante la entrevista, Paz también recordó una reivindicación histórica del colectivo: el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Mientras que en Cataluña —donde las competencias penitenciarias están transferidas— la administración autonómica ya ha aprobado esta condición para los trabajadores de prisiones, los funcionarios dependientes de la administración estatal siguen sin contar con ese reconocimiento.

Además, señaló que los trabajadores de las prisiones catalanas perciben entre 600 y 700 euros más al mes realizando la misma labor.

Petición a Instituciones Penitenciarias

Desde CSIF reiteran su petición a la Dirección General de Ejecución Penal para que deje de enviar a Monterroso internos con perfiles incompatibles con un centro tipo C y los destine a prisiones con mayores niveles de seguridad.

El sindicato advierte de que, de no corregirse esta política de clasificación y destinos, podrían producirse incidentes más graves dentro del centro penitenciario.

CSIF interpone un conflicto contra la Agencia Tributaria y prepara movilizaciones para la mejora de condiciones laborales coincidiendo con la campaña de Renta

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 08 Apr 26 09:14:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) porque mantiene bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como implantación de carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles como profesión de riesgo.

En este sentido, denunciamos que desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que CSIF interpone un conflicto e insta a la AEAT a que inicie negociaciones para desbloquear la situación. De manera paralela, el sindicato amenaza con realizar movilizaciones (concentraciones, manifestaciones y protestas en los centros de trabajo de la AEAT, la Dirección General, la Secretaría de Estado de Estado de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, Delegaciones de Gobierno o incluso el Congreso de los Diputados) coincidiendo con la campaña de la Renta.

CSIF no descarta realizar medidas más contundentes -como paros parciales o incluso jornadas de huelga- en función de cómo evolucione la negociación en la Mesa Negociadora del Conflicto, y la duración de todas estas movilizaciones será por tiempo indefinido hasta que se alcance un acuerdo sobre las reivindicaciones pendientes. CSIF intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos.

La Justicia avala a CSIF y condena a la Fundación Rof Codina por un nuevo caso de fraude de ley en la contratación de falsos becarios

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 04 Dec 25 10:01:00 CET

Lugo, 3 de diciembre de 2025.- El sindicato CSIF ha obtenido una sentencia favorable en un caso de fraude de falsos becarios, después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo confirmara que la Fundación Rof Codina utilizó una beca para encubrir una relación laboral. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora representada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la fundación a abonar 14.316,32 euros en diferencias salariales, además de aplicar un 10% de intereses moratorios, tras quedar acreditado que la afectada desempeñaba funciones propias de una veterinaria generalista con autonomía profesional.

El fallo responde a una reclamación por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese periodo, la trabajadora recibió 500 euros mensuales bajo la consideración de becaria, pese a desarrollar tareas propias de personal veterinario cualificado. El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. CSIF sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada. La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación. Según esos testimonios, los falsos becarios “expiden recetas y atienden pacientes sin presencia de tutor o responsable alguno”, desempeñando tareas equivalentes a las del personal contratado. Además, la definición incluida en el artículo 17 del convenio colectivo coincide con las funciones desarrolladas por la trabajadora.

Con la categoría profesional establecida, el juzgado procedió al cálculo de las diferencias salariales que dieron lugar a la condena económica, a las que se añade el interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF ha valorado esta resolución como una “victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario”. El sindicato destaca que esta sentencia se suma a otras actuaciones iniciadas para destapar la precariedad laboral en el sector sanitario y universitario.

La sentencia no es firme. La Fundación Rof Codina puede presentar recurso de suplicación ante el TSXG.

La justicia anula la supresión de la carrera profesional a dos bomberos forestales de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 02 Jul 25 12:46:00 CEST

Lugo, 2 de julio de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo ha emitido dos fallos sucesivos que reconocen íntegramente las demandas de dos bomberos forestales –uno jefe de brigada y otro bombero forestal de base– representados por los servicios jurídicos de CSIF Lugo. Las resoluciones anulan la supresión de los Grados I y II de carrera profesional y del complemento de desempeño acordada por la Consellería de Facenda e Administración da Xunta de Galicia, y obligan al Gobierno gallego a reactivar los pagos, devolver los atrasos (1.867,02 € y 2.319,68 €, respectivamente) e incluir los intereses legales.

El juzgado concluye que no existe base legal para suprimir los complementos retributivos por no haber superado un proceso de funcionarización. La Orden de 28 de marzo de 2019 reconoce expresamente el derecho del personal laboral fijo a acceder a la carrera profesional y al complemento de desempeño sin imponer esta condición. Vincular dichos derechos a un cambio en la naturaleza del vínculo laboral carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española y la cláusula 4ª del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que consideran que las condiciones de trabajo, como la carrera profesional, deben aplicarse de forma homogénea cuando las funciones desempeñadas son equivalentes.

El fallo destaca también que la propia Xunta ha mantenido estos complementos para otros trabajadores laborales no funcionarizados, lo que refuerza la existencia de un trato desigual e injustificado. Con base en esa doctrina, se revocan las decisiones administrativas de noviembre de 2022 y se reconocen los derechos adquiridos de los demandantes desde el 1 de enero de 2019.

Para CSIF, estas sentencias confirman el carácter unitario y homogéneo que debe regir la carrera profesional del personal fijo, ya sea funcionario o laboral y sientan un precedente de gran relevancia para decenas de profesionales afectados por la misma decisión en Galicia.

El sindicato celebra que la justicia haya corregido una decisión administrativa que generaba un trato desigual entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Los servicios jurídicos de CSIF continuarán trabajando para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos adquiridos del personal público.

CSIF logra sentencia favorable para un trabajador por modificación injustificada de sus condiciones de trabajo

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 15 May 25 14:17:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo ha estimado la demanda de un trabajador, representado por los Servicios Jurídicos de CSIF Lugo, declarando injustificada la modificación sustancial de sus condiciones laborales impuesta por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., responsable de prestar servicios de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo).

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador su turno rotatorio anterior y a abonarle una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales. El tribunal considera que INTEGRA vulneró lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, al no acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que motivaran el cambio, ni cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El trabajador, con contrato indefinido desde enero de 2023 y antigüedad reconocida desde 2013, desempeñaba funciones de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo). Hasta diciembre de 2024, su jornada se organizaba en turnos alternos de mañana y tarde (4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso). Sin embargo, en octubre de 2025 se le impuso un cambio a turno exclusivo de tarde, sin el preaviso legal ni justificación por escrito.

El fallo, contra el que no cabe recurso, refuerza la jurisprudencia previa en casos similares y supone un respaldo a la defensa de los derechos laborales ejercida por CSIF Lugo a todos los trabajadores, también del sector privado.

CSIF logra su segunda sentencia favorable contra la misma empresa de Chantada por impagos y falta de ocupación efectiva

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 24 Apr 25 12:42:00 CEST

Lugo, 24 de abril de 2025.- El Juzgado Social número 1 de Lugo ha dictado una nueva sentencia favorable a un trabajador representado por los servicios jurídicos de CSIF Lugo, declarando la extinción de la relación laboral debido a incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.

Se trata de la segunda victoria judicial de CSIF contra la misma empresa de Chantada por incurrir de nuevo en un delito de impagos salariales continuados y falta de ocupación efectiva de uno de sus trabajadores.

La sentencia, emitida el 9 de abril de 2025, reconoce la falta de ocupación efectiva y los continuados impagos salariales como causales suficientes para extinguir el contrato de trabajo según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En total, el empresario adeudaba al trabajador 6.152,36 euros en salarios correspondientes a diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025. Además, se constató que desde noviembre de 2024 el empleado carecía de ocupación efectiva, confirmado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En términos de indemnización, el tribunal ha fijado un monto de 5.423,37 euros, calculado conforme a los criterios del despido improcedente. Asimismo, la parte demandada fue condenada a abonar las costas procesales, incluyendo honorarios de la letrada de la parte actora, debido a su incomparecencia injustificada.

Esta resolución refuerza el compromiso de CSIF Lugo con la defensa de los derechos laborales y la protección de sus afiliados frente a incumplimientos empresariales. El sindicato celebra este avance hacia la justicia laboral y anima a los trabajadores afectados por situaciones similares a acudir a sus servicios jurídicos especializados.

Condenado un empresario de Lugo por impagos y retrasos salariales prolongados a un trabajador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 03 Mar 25 13:12:00 CET

Lugo, 3 de marzo de 2025.- El Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo ha dictado sentencia a favor de un trabajador afiliado a CSIF y reconoce su derecho a la extinción del contrato laboral con indemnización equivalente a un despido improcedente debido a impagos y retrasos reiterados por parte de la empresa en el abono del salario pactado y por no darle ocupación efectiva.

El fallo considera probado que la empresa incurrió en incumplimientos graves y continuados en el pago de los salarios del trabajador, quien se encontraba contratado desde febrero de 2023. La resolución judicial aplica el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la rescisión del contrato con derecho a indemnización en casos de impago o retrasos salariales prolongados. Además, la sentencia obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados.

Según la sentencia, la empresa adeudaba varios meses de salario y había realizado pagos irregulares sin especificar las mensualidades correspondientes. La demanda fue presentada tras la incomparecencia de la empresa en el acto de conciliación ante el SMAC, lo que reforzó la posición del trabajador en el litigio.

Desde la Central Sindical, que llevó el caso a través de los servicios jurídicos de CSIF valoran positivamente la resolución y consideran que es una demostración más de su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores, también del ámbito privado, donde la presencia de CSIF es cada vez mayor.

Correos condenada por discriminar por razón de sexo y de maternidad a una trabajadora

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 05 Dec 24 12:34:00 CET

Lugo, 4 de diciembre de 2024.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que reconocer el derecho al incremento salarial del 3,5 por ciento a una trabajadora pública a la que se le denegó durante su permiso tras haber sido madre, lo que constituye, según sentencia dictada por el Juzgado Nº1 de lo social de Lugo, un caso de “discriminación por razón de sexo y maternidad”.

La resolución, obtenida gracias a la labor de los servicios jurídicos de CSIF Lugo, establece que dicha trabajadora tiene derecho a un incremento en la base de cotización y en la prestación de maternidad percibida entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022, en función del aumento salarial retroactivo aprobado para todos los empleados públicos mediante el Real Decreto-Ley 18/2022.

La trabajadora, empleada en un puesto de atención al cliente en la oficina de Monterroso con jornada parcial, había disfrutado de su permiso de maternidad entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Durante este periodo, no se ajustó su base de cotización a dicho aumento. No obstante, la empresa sí actualizó su salario tras reincorporarse al trabajo.

El tribunal consideró en su fallo, que no es recurrible, que esta actuación vulneraba los principios de igualdad de trato y no discriminación recogidos en la Constitución Española, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y la Directiva Europea 92/85/CEE. Además, resalta que cualquier aumento salarial aprobado durante el periodo de descanso por maternidad debe reflejarse en la base reguladora de la prestación, garantizando una remuneración equivalente a la que habría recibido la trabajadora de no encontrarse en esta situación.

La sentencia condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a regularizar la base de cotización de la actora y abonar las cantidades correspondientes al incremento de la prestación de maternidad.

CSIF valora el sentido de esta sentencia porque reafirma la protección jurídica frente a la discriminación por razón de sexo, así como el compromiso de este sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras a disfrutar de condiciones laborales igualitarias durante su permiso de maternidad.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 Nov 24 13:00:00 CET

Lugo, 19 de noviembre de 2024.- Los servicios jurídicos de CSIF Lugo han conseguido la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la convocatoria de empleo público para el ejercicio 2024 del cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias por incumplir los acuerdos de promoción interna, al convocar 73 plazas mediante procedimiento de acceso por turno libre y 45 plazas por el procedimiento de promoción interna, cuando debían ofrecerse al menos 71 por este procedimiento.

CSIF ha reclamado de manera reiterada anta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIP) el cumplimiento de los acuerdos de promoción interna. Ante su inoperancia, los servicios jurídicos de CSIF Lugo presentaron una demanada ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo estima la medida cautelar solicitada por el funcionario del cuerpo de ayudantes de Insituciones Penitenciaria sque interpuso el recurso contra el REal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprobaron las plazas de nuevo ingreso y de promoción interna de este cuerpo.

En el recurso se alegó que la distribución de las plazas entre los diferentes turnos de acceso infringe el artículo 5 de la ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que dispone que el 60% de las vacantes que se convoquen se reservarán para su provisión en turno restringido a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que posean la correspondiente titulación, es decir, por promoción interna.

Se argumenta además, que si se ofertaban 118 plazas vacantes, según la citada ley, el 60% deberían corresponder al turno de promoción interna, es decir, al menos 71 y no 45 como se ofertaban en la convocatoria.

La Sala considera que en este caso concurren los presupuestos de apariencia de buen derecho y de preservación del interés legítimo del recurso y de los intereses en juego que fija la ley para la adopción de la medida cautelar.

Afirma que “el entendimiento directo del artículo 5 de la Ley 36/1977 no parece que pueda ser el que nos plantea la Administración del Estado pues, sin esfuerzo interpretativo alguno y a primera lectura, puede afirmarse que el precepto es suficientemente preciso. Lo que dice es que deben reservarse al turno de promoción interna el sesenta por ciento de las vacantes que se convoquen para el ingreso en los Cuerpos Especiales de Instituciones Penitenciarias, es decir, no de las que se convoquen por el turno libre”.

La Administración aún tiene la posibilidad de corregir de oficia la ratio elevando el número de plazas de la promoción interna a 110 plazas, cumpliendo así el Real Decreto. De no hacerlo los servicios jurídicos de CSIF irán hasta el final en su demanda y exigirán las responsabilidades debidas.

Noticia Europa Press: 'El TS suspende la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias por turno libre y promoción interna de 2024'.
Noticia Poderjudicial.es: 'El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias'.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.

CSIF celebra una sentencia que condena a Política Social a reconocer el derecho a cobrar la carrera profesional a una trabajadora laboral temporal del CAPM de Sarria

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 13 Sep 24 13:20:00 CEST

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Santiago de Compostela 14 de septiembre de 2023.- CSIF Galicia, a través de
los servicios jurídicos de CSIF Lugo, ha logrado el reconocimiento del acceso al
grado I y II de carrera profesional a una trabajadora del CAPM de Sarria, dependiente de la Consellería de Política Social, cuya relación con este organismo es de personal laboral, al ganar una sentencia emitida
por el Juzgado de lo Social nº4 de Lugo que falló a favor de la demandante y le
reconoció también una indemnización de 1.800 euros por vulneración de derechos
fundamentales.

El fallo judicial establece que la exclusión del personal temporal e indefinido no fijo
del sistema de carrera profesional de la Xunta de Galicia, implementado a través de
las órdenes de 2019, es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. La sentencia también se
apoya en normativa europea, como la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la
discriminación entre trabajadores temporales y fijos en cuanto a las condiciones
laborales, y señala que dicha exclusión carece de justificación objetiva.

La resolución judicial reconoce el derecho de la trabajadora, representada por CSIF,
a acceder al grado I de la carrera profesional con efectos retroactivos desde el 1 de
enero de 2019, y al grado II desde el 1 de enero de 2022. Asimismo, se condena a
la Xunta de Galicia al pago de las cantidades adeudadas por este concepto, que
ascienden a 4.246,46 euros, más los intereses legales correspondientes.

CSIF considera este fallo como un avance más en la defensa de los derechos de los
empleados públicos temporales;refuerza nuestra convicción de que no debe haber
diferencias injustificadas entre el personal fijo y temporal en la Administración.
Todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades de desarrollo
profesional.

Además de reconocer el derecho a la carrera profesional, el juzgado ha condenado
a la Xunta de Galicia al pago de una indemnización de 1.800 euros a la trabajadora por vulnerar su
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Esta indemnización resarce
el daño moral causado por la exclusión arbitraria del sistema de carrera profesional,
subrayando la importancia de tratar a todos los empleados con equidad.

El CSIF anima a todos los empleados públicos que se encuentren en situaciones
similares a reivindicar sus derechos y a denunciar cualquier trato discriminatorio. El
sindicato, comprometido con la igualdad en el empleo público, continuará llevando
a cabo acciones legales y sindicales para garantizar que los derechos de los
trabajadores temporales y no fijos sean respetados y defendidos en todo momento.