Castilla y León - Educación

CSIF exige una vivienda digna para el profesorado: enseñar no puede costar dinero

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 22 Sep 26 17:28:00 CEST

CSIF Educación

Vivienda digna para el profesorado

El acceso a una vivienda no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la docencia.

La crisis de la vivienda y la escalada desorbitada de precios están expulsando al profesorado de sus destinos. Desde CSIF Educación decimos basta: el acceso a un hogar no puede convertirse en un obstáculo insalvable para ejercer la docencia ni en una merma inasumible de nuestro poder adquisitivo.

Esta situación no solo perjudica las condiciones laborales del colectivo, sino que compromete la calidad y la continuidad del servicio educativo público.

Sin embargo, la actual Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda ignora por completo a los profesionales que sostienen los servicios públicos esenciales en los territorios tensionados o despoblados.

Por ello, hemos registrado formalmente una petición ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes exigiendo la reforma de esta norma legal para que el profesorado sea considerado colectivo prioritario, coordinando a su vez esta exigencia en todas las comunidades autónomas.

Iniciamos una campaña por soluciones reales

Exigimos a las Administraciones públicas medidas concretas e inmediatas.

🏠 Reforma legal y acceso preferente

Modificación del artículo 2 de la Ley 12/2023 para blindar el derecho a la vivienda del profesorado en zonas tensionadas y rurales, garantizando reservas y cupos específicos en los parques públicos.

💶 Alquiler y adquisición asequibles

Ayudas directas al alquiler y a las cuotas hipotecarias frente a la subida de tipos, junto a convenios de crédito preferente para la compra de vivienda habitual.

🏫 Apoyo a la escuela rural y difícil desempeño

Habilitación de viviendas de uso docente en municipios rurales para estabilizar plantillas y complementos retributivos que compensen la carestía de vida en destinos de difícil cobertura.

🚗 Movilidad justa

Actualización real, suficiente y urgente de las indemnizaciones por kilometraje, dietas e itinerancias, reforzando la protección en los desplazamientos.

Condiciones dignas para enseñar y vivir.

¡CSIF defiende tus derechos!

📥 DESCARGA EL CARTEL EN PDF PARA EL TABLÓN DE TU CENTRO

📄 Escritos presentados

Consulta los escritos registrados por CSIF ante el Ministerio de Educación, FP y Deportes y las distintas comunidades autónomas.

CCAA	ESCRITO PRESENTADO
NACIONAL	Presentado el 22 de septiembre de 2026, en el Ministerio de Educación, FP y Deportes
ANDALUCÍA	Presentado el
ARAGÓN	Presentado el
ASTURIAS	Presentado el
BALEARES	Presentado el
CANARIAS	Presentado el
CANTABRIA	Presentado el
CASTILLA-LA MANCHA	Presentado el
CASTILLA Y LEÓN	Presentado el 22 de septiembre de 2026 en la Consejería de Educación
CATALUÑA	Presentado el
COMUNIDAD DE MADRID	Presentado el
COMUNIDAD VALENCIANA	Presentado el
EXTREMADURA	Presentado el
GALICIA	Presentado el
NAVARRA	Presentado el 23 de septiembre de 2026 en la Consejería de Educación
LA RIOJA	Presentado el
REGIÓN DE MURCIA	Presentado el
CEUTA	Presentado el
MELILLA	Presentado el

CSIF Educación
Por unas condiciones dignas para enseñar y vivir.

Cursos a distancia de formación del profesorado (1ª fase). Curso 2026-2027.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 18 Sep 26 17:37:00 CEST

De acuerdo con la ORDEN EDU/1044/2016 de 12 de diciembre (BOCYL de 20 de diciembre) relativa al uso del correo "@educa.jcyl.es", las comunicaciones referidas a las actividades de formación del profesorado se dirigirán siempre a la cuenta de correo "@educa.jcyl.es" de los participantes.

Plazo de inscripción: del 18 de septiembre al 5 de octubre de 2026.

Inicio de los cursos: 15 de octubre de 2026.

Información de interés sobre la inscripción y admisión a los cursos online:

Para participar en la convocatoria de cursos online autonómicos se han de seleccionar 3 actividades ordenándolas por orden de preferencia.
El criterio de asignación de plazas se realizará atendiendo al orden de preferencia solicitado por el docente. Únicamente se asignará un curso de este primer turno por docente.
En el caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles, se realizará un sorteo entre el número de solicitantes. En ningún caso se superará el número de plazas asignadas a cada actividad.
Para los cursos ofertados desde el CRFPTIC tendrán preferencia aquellos docentes que no tengan las áreas y nivel ya acreditadas en el curso solicitado.
De acuerdo con la convocatorias de los cursos ofertados del 10 al 20 de septiembre de nivel completo: OFFICE 365 PARA NIVEL A2, WINDOWS PARA NIVEL B1, OFFICE 365 PARA NIVEL B2, aquellos docentes que hayan sido seleccionados no podrán participar en esta convocatoria de primer turno de cursos online.

Acceso a la aplicación de inscripción

CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (CSFP)

En la web del CSFP podrá consultar la información de los cursos convocados.

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS (30 horas - 300 plazas)
BUENOS TRATOS EN EL AULA: ABORDAJE DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS (30 horas - 300 plazas)
AUTISMO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA (30 horas - 300 plazas)
NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL (30 horas - 300 plazas)

CENTRO DE RECURSOS Y FORMACIÓN DEL PROFESADO EN TIC (CRFPTIC)

En la web del CRPFTIC podrá consultar la información de los cursos convocados.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (30 horas - 300 plazas)
PUBLICAMOS CON WORDPRESS (30 horas - 300 plazas)
ORGANIZACIÓN DE UN ESPACIO FLEXIBLE DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE EN TORNO A LAS TIC (30 horas - 300 plazas)
HERRAMIENTAS TIC FACILITADORAS PARA ALUMNADO ACNEE (30 horas - 300 plazas)
EDICIÓN DE AUDIO CON AUDACITY Y CREACIÓN DE PODCAST (30 horas - 300 plazas)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (INTRODUCIÓN A CREACION DE PROMPTS) (30 horas - 300 plazas)
INICIACIÓN ARDUINO (30 horas - 300 plazas)
PLATAFORMAS GAMIFICADAS: EVALUACIÓN (36 horas - 300 plazas)
INICIACIÓN A HTML/CSS /JAVA SCRIPT (36 horas - 300 plazas)
EL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN INFANTIL (36 horas - 300 plazas)
SOFTWARE PARA EL AULA DE MÚSICA (36 horas - 300 plazas)
APLICACIONES DE MATEMÁTICAS PARA SECUNDARIA (36 horas - 300 plazas)

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IDIOMAS (CFPI)

En la web del CFPI podrá consultar la información de los cursos convocados.

INGLÉS PRE-INTERMEDIO 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)
INGLÉS PRE-AVANZADO: TOP TOPICS. 2026-2027 (50 horas - 300 plazas)
INGLÉS INICIAL 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)
INGLÉS AVANZADO: THROUGH MOTIVATING CLASSROOM TOPICS 2026-2027 (50 horas - 300 plazas)
INGLÉS AVANZADO: THROUGH ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2026-2027 (50 horas - 300 plazas)
FRANCÉS INTERMEDIO 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)
ITALIANO INICIAL 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)
GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE IDIOMAS 2026-2027 (40 horas - 300 plazas)
ALEMÁN INICIAL 2026-2027 (40 horas - 300 plazas)
PORTUGUÉS INICIAL 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)
LENGUA Y CULTURA CHINA: CONTINUACIÓN 2026-2027 (40 horas - 300 plazas)
FRANCÉS INICIAL 2026-2027 (30 horas - 300 plazas)

CSIF inicia movilizaciones por el deterioro del sistema educativo, de la profesión docente y por la ausencia de reformas estructurales: exigimos un Pacto de Estado para reformular la educación

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 15 Sep 26 13:06:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas,se ha movilizado hoy frente del Ministerio de Educación, FP y Deportes para exigir el liderazgo del Gobierno en la mejora de la educación, acabar con las desigualdades entre comunidades autónomas y mejorar la profesión docente a través del Estatuto prometido en la ley Orgánica de Educación.

CSIF considera que los resultados obtenidos por España en el último informe PISA -los peores de toda su serie histórica, con caídas en Matemáticas y Ciencias con pérdida de dos cursos en Lectura- y nuestro propio diagnóstico refuerzan la necesidad de una reformulación urgente de nuestro sistema educativo mediante un Pacto de Estado por la Educación.

Dicho Pacto de Estado debe tener como principales ejes: estabilidad normativa, incremento de la inversión en educación hasta el 7 por ciento del PIB, eliminar diferencias en financiación entre CCAA, reducción de ratios y un Estatuto Docente para reforzar de las plantillas, bajar la interinidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

CSIF INFORMA: guía interactiva de permisos, licencias y excedencias docentes en CyL.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 18 Sep 26 12:00:00 CEST

Guía de permisos y excedencias

Haz clic en cada recuadro para consultar la información.

Permisos

💍

Matrimonio / Pareja de Hecho

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🤰

Dolencia / Riesgo Embarazo

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🏥

Exámenes Prenatales

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👶

Nacimiento

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🏠

Adopción / Acogida

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👨‍🍼

Paternidad / Progenitor

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🍼

Nacimiento Prematuro

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🤱

Lactancia

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🗓️

Permiso Parental

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🧒

Guarda Legal

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🤒

Enf. Grave Familiar (1ºG)

VER

💊

Enfermedad

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🎗️

Hijo Cáncer / Enf. Grave

VER

🏥

Accidente / Hospitalización

VER

🖤

Fallecimiento

VER

⚖️

Deber Inexcusable

VER

🚛

Traslado Domicilio

VER

📚

Licencia Estudios

VER

✍️

Exámenes Finales

VER

💜

Violencia de Género

VER

☕

Asuntos propios
(NO RETRIBUIDO)

VER

☕

Asuntos Particulares
(MOSCOSOS)

VER

🚑

Ayuda Humanitaria

VER

🌍

Programas ayuda / cooperación

VER

📢

Acción Sindical

VER

🗓️

Año Sabático

VER

Excedencias

🧸

Cuidado hijos < 3 años

VER

👵

Cuidado Familiar

VER

✈️

Interés Particular

VER

🤝

Agrupación Familiar

VER

💜

Violencia de Género

VER

Grados de parentesco

Referencia visual útil para identificar rápidamente el grado de parentesco en permisos, fallecimiento, hospitalización y supuestos de conciliación.

1er grado

👤 Titular / Cónyuge / Pareja de hecho

👨 Padre / Madre

🧒 Hijo / Hija

🤝 Suegro / Suegra

🏠 Yerno / Nuera

2º grado

👵 Abuelo / Abuela

👶 Nieto / Nieta

👫 Hermano / Hermana

🤝 Cuñado / Cuñada

3er grado

👴 Bisabuelo / Bisabuela

🍼 Bisnieto / Bisnieta

👋 Tío / Tía

🙋 Sobrino / Sobrina

Nota práctica CSIF

📌 Revisa siempre si la norma habla de 1er o 2º grado.

📌 En algunos permisos también cuenta la convivencia efectiva.

📌 Si hay duda interpretativa, prima la justificación documental.

📌 Se consideran "hábiles" los días de lunes a viernes que no son festivos oficiales.

Modelos de solicitud

Accesos directos a los modelos de solicitud y a la tramitación electrónica para permisos, licencias y gestiones relacionadas.

Funcionarios

📝 Dirigidos al director del centro ↗

🏛️ Dirigidos a la Dirección Provincial o Consejería ↗

💻 Acceso a Tramitacyl ↗

Personal laboral

📝 Dirigidos al director del centro ↗

🏛️ Dirigidos a la Dirección Provincial o Consejería ↗

💻 Acceso al Tramita CyL ↗

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Maestros interinos: curso 2026/2027. AISI semana del 21 al 25 de septiembre 2026. Adjudicaciones.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 23 Sep 26 11:12:00 CEST

Resolución de la adjudicación: AISI_Maestros_20260923__ResolucionAdjudicación (183.9 KB) (4 páginas)
Anexo I: AISI_Maestros_20260923_Anexo_I_Adjudicaciones (169.5 KB) (11 páginas)
Anexo II: AISI_Maestros_20260923_Anexo_II_Alfabetico (505.2 KB) (96 páginas)
Anexo III: AISI_Maestros_20260923_Anexo_III_Retiradas (137.4 KB) (3 páginas)

TOMA DE POSESIÓN (apartado Tercero)

El personal que haya obtenido destino enviar la documentación para efectuar la toma de posesión mañana jueves 24 de septiembre de septiembre de 2026, siguiendo las INSTRUCCIONES y aportando la documentación que al efecto señale la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN en la que haya obtenido la sustitución. Direcciones provinciales de educación - Portal de Educación.

Incorporación al centro: fecha de inicio indicada en la sustitución adjudicada.

A través de este Formulario Web puede cumplimentar los datos requeridos para formalizar la toma de posesión: puede acceder pinchando esta imagen:

Quienes no formalicen la citada toma de posesión dentro del plazo y condiciones establecidas, se considerará que renuncian al puesto adjudicado suponiendo la eliminación de todas las listas en las que se encuentren incluidos hasta la nueva elaboración de las mismas.

RENUNCIAS (apartado Cuarto)

Las renuncias deberán realizarse mediante el correspondiente formulario de solicitud de renuncia, debiendo presentarlo junto con la documentación oportuna mañana jueves 24 de septiembre de 2026, preferentemente en el registro de la Consejería de Educación o en las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las recibidas con posterioridad a ese plazo no se tendrán en consideración y tendrán el tratamiento de renuncias no justificadas.

Las renuncias alegadas por los aspirantes, tengan el carácter de justificadas o no, se extenderán a todas las listas de los diferentes cuerpos docentes en las que se encuentren incluidos.

A través de este Formulario Web puede cumplimentar los datos requeridos para renunciar al puesto adjudicado con o sin causa justificada. Puede acceder pinchando esta imagen:

Publicado el 22 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas

Listado de sustituciones ofertadas: AISI Maestros Sustituciones 20260922_0959 (180.3 KB) (16 páginas)
Plazo para realizar la petición informatizada de sustituciones: desde las 10:00 horas del 22 de septiembre de 2026 hasta las 10:00 horas del 23 de septiembre de 2026.

Manual AISI - Sustituciones: Manual_Instrucciones_AISIS_Semanales (976.4 KB) (11 páginas)

Acceso a la aplicación AISI - Sustituciones a través de identificación mediante sistema Cl@ve:

Plazo para descargar el PDF acreditativo con las peticiones efectuadas: desde la finalización del plazo de peticiones hasta el lunes 28 de septiembre.

MAESTROS AISIs SEMANALES

AISI semana del 14 al 18 de septiembre 2026

AISI semana del 7 al 11 de septiembre 2026.

CALENDARIO DE SUSTITUCIONES

Haz clic en la imagen para acceder a toda la infromación sobre interinidades:

Interinos. PES y otros cuerpos. Listas extraordinarias dinámicas. Curso 26 / 27. Convocatoria de nuevas especialidades.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 16 Sep 26 22:11:00 CEST

La Resolución de 16 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Profesionales de la Educación (237.4 KB) (15 páginas) convoca la elaboración de las listas extraordinarias dinámicas de personas aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad en centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso escolar 2026/2027.

Anexos que acompañan a la resolución:

Listado de especialidades: Anexo I (227 KB) (1 página)
Requisitos de titulación: Anexo II (348.7 KB) (5 páginas)
Requisitos de titulación (24 créditos): Anexo III (88.7 KB) (4 páginas)
Requisitos de acreditación: Anexo IV (111.1 KB) (4 páginas)
Conversión de calificaciones: Anexo V (207 KB) (2 páginas)
Participantes de las convocatorias de los cursos 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026: Anexo VI (412.3 KB) (77 páginas)

Especialidades convocadas (relacionadas en el anexo I):

Del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria:

Griego
Matemáticas
Física y química
Música
Tecnología
Asesoría y procesos de imagen personal

Del cuerpo de profesores de escuela oficial de idiomas:

Italiano

Del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional:

Peluquería

El Anexo VI corresponde a los integrantes de los listados elaborados durante los cursos 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026 que cumplen el requisito de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica del apartado tercero.1 i) de la resolución. Estos aspirantes formarán parte del listado resultante de la presente convocatoria sin que deban presentar nueva solicitud.

NUEVAS SOLICITUDES:

Quienes deseen formar parte de las listas extraordinarias dinámicas, deberán presentar la solicitud a través de la aplicación informática que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).

Cada persona aspirante deberá señalar en su solicitud el código del cuerpo y la especialidad solicitada. Si se desea la incorporación a varias listas de distintas especialidades, deberán formularse tantas solicitudes como cuerpos y especialidades se desee.

La solicitud de participación, dirigida a la Directora General de Profesionales de la Educación, se presentará de forma electrónica. Para ello, las personas aspirantes deberán disponer de DNI electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Si se presentara más de una solicitud de participación al procedimiento para el mismo cuerpo y especialidad, se considerará válida la presentada en último lugar, conforme a la fecha y hora que conste en el correspondiente sello de registro electrónico, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a las 8:00 horas del día 1 de octubre de 2026 y finalizará a las 14:00 horas del día 5 del mismo mes. Asimismo, mediante esta resolución se abren nuevos plazos de presentación de solicitudes todos los días 1 de los meses de noviembre de 2026 a mayo de 2027, finalizando el 5 del correspondiente mes.

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DEBERÁ:

INCORPORAR al repositorio de documentación acreditativa (REDOA) los documentos justificativos de los requisitos, para que pueda asociarlos en el formulario de solicitud.

Acceso a REDOA

ACCEDER al formulario de solicitud, en el que deberá asociar los documentos justificativos que previamente ha digitalizado en formato PDF y ha incorporado a REDOA, y que deberá registrarlo electrónicamente.

Acceso al formulario de solicitud

Puede acceder al formulario de solicitud mediante su cuenta @educa.jcyl.es (solo si ya dispone de ella, no se puede obtener dicha cuenta con motivo de este procedimiento) y mediante sistema cl@ve (pin 24 horas, pin permanente o certificado digital). La solicitud de participación se presentará obligatoriamente de forma electrónica. Para ello se debe disponer de DNI electrónico o de certificado electrónico reconocido por esta administración.

Documentos explicativos con información de interés:

El formulario de solicitud no funciona con el navegador Internet Explorer en ninguna de sus versiones: Compatibilidad con navegadores (4.6 KB) (1 página)
Dónde y cómo incorporar en REDOA los documentos previamente digitalizados: Tipos de documentos en REDOA (34.5 KB) (1 página)
Requisitos para el regsitro electrónico: http://www.ae.jcyl.es/reqae2/

DESISTIMIENTOS:

Quienes formen parte de las listas extraordinarias dinámicas, podrán desistir de su mantenimiento en las mismas en cualquier momento, presentando para ello el correspondiente desistimiento mediante la cumplimentación y registro del formulario genérico de la Dirección General de Profesionales de la Educación, subsanaciones y desistimiento que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).

Acceso al formulario de desistimiento

Ficha informativa sobre protección de datos: FICHA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS (137.9 KB) (1 página)

PES y O.C. interinos: curso 2026/2027. AISI semana del 21 al 25 de septiembre de 2026. Adjudicaciones.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 23 Sep 26 12:21:00 CEST

Publicado el 23 de septiembre de 2026 a las 11:45 horas

La Resolución de 23 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Profesionales de la Educación (185.5 KB) (4 páginas) adjudica las sustituciones de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño en el procedimiento de adjudicación informatizada de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2026/2027, convocado por la Resolución de 16 de junio de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos.

Anexos que acompañan a la resolución:

Adjudicación por especialidades: Anexo I (198.2 KB) (31 páginas)
Listado alfabético de adjudicaciones: Anexo II (482.7 KB) (91 páginas)
Listado de sustituciones retiradas: Anexo III (137.4 KB) (5 páginas)

TOMA DE POSESIÓN

El personal que haya obtenido destino deberá efectuar la toma de posesión cumplimentando el formulario y siguiendo las instrucciones y aportando la documentación que al efecto señale en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León la dirección provincial de educación en la que haya obtenido la sustitución.

A través de este formulario web puede cumplimentar los datos requeridos para formalizar la toma de posesión. Puede acceder pinchando esta imagen y acceder con Cl@ve Pin o cuenta educa.

Quienes no formalicen la citada toma de posesión dentro del plazo y con las condiciones establecidas se considerará que renuncian al puesto adjudicado suponiendo la eliminación de todas las listas en las que se encuentren incluidos hasta la nueva elaboración de estas.

RENUNCIA

Las renuncias deberán realizarse mediante el correspondiente formulario de solicitud de renuncia, debiendo presentarlo junto con la documentación oportuna preferentemente en el registro de la Consejería de Educación o en las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las renuncias alegadas por los aspirantes tengan el carácter de justificadas o no, se extenderán a todas las listas de los diferentes cuerpos docentes en las que se encuentren incluidos.

A través de este formulario web puede cumplimentar los datos requeridos para renunciar al puesto adjudicado con o sin causa justificada. Puede acceder pinchando esta imagen y acceder con Cl@ve Pin o cuenta educa.

Publicado el 22 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la resolución de 16 de junio de 2026 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación informatizada de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad en los centros públicos no universitarios y servicios de apoyo a los mismos dependientes de la Consejería de Educación, para el curso escolar 2026/2027, se hace publica la relación de sustituciones:

Listado de sustituciones ofertadas: Listado de sustituciones (242.9 KB) (50 páginas)
Plazo para realizar la petición informatizada de sustituciones: desde las 10:00 horas del 22 de septiembre de 2026 hasta las 10:00 horas del 23 de septiembre de 2026

Manual de AISI - Sustituciones: Manual de la aplicación de peticiones (976.4 KB) (11 páginas)

Acceso a la aplicación AISI - Sustituciones a través de identificación mediante sistema Cl@ve:

Plazo para descargar el PDF acreditativo con las peticiones efectuadas: desde la finalización del plazo de peticiones hasta el viernes 25 de septiembre.

PES Y O.C. AISIs SEMANALES

AISI semana del 14 al 18 de septiembre 2026

CALENDARIO DE SUSTITUCIONES

Haz clic en la imagen para acceder a toda la infromación sobre interinidades:

Registro de incidencias. Inicio de curso 2026-27. ¡Cuéntanos! Estamos para ayudarte.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 15 Sep 26 11:38:00 CEST

Desde CSIF Educación CyL queremos conocer de primera mano las incidencias con las que os estáis encontrando en los centros a principios de este curso 2026-27: problemas con los horarios, con las horas lectivas, falta de profesorado, elevadas ratios, exceso de papeleo...Por eso os pedimos que rellenéis este breve formulario. De esta manera, podremos ayudaros y contactar con vosotr@s cuando sea necesario.

Si es urgente, en este enlace os dejamos el directorio de CSIF con teléfonos y direcciones de las sedes y también los enlaces a nuesttas redes sociales, donde SIEMPRE contestamos lo más rapidamente posible.

El registro estará operativo hasta el 30 de septiembre de 2026.

https://www.csif.es/es/articulo/castillayleon/educacion/95969

¡Gracias a tod@s por confiar en CSIF!

Tratamiento de datos

De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento:
Responsable: CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF)
Fines del tratamiento: solo utilizaremos tus datos personales para ponernos en contacto contigo si así lo solicitas en el formulario con el fin de ayudarte a solucionar las incidencias planteadas.
Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición.
Más información del tratamiento en la Política de privacidad

BOE 17/9/2026: Temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 18 Sep 26 11:52:00 CEST

17 de septiembre de 2026

Informe elaborado a partir de la Orden EFD/968/2026, de 14 de septiembre, publicada en el BOE núm. 230, de 17 de septiembre de 2026.

Nuevo temario de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación

1. Qué publica la Orden EFD/968/2026

La Orden EFD/968/2026, de 14 de septiembre, aprueba el nuevo temario que ha de regir la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. La norma culmina el desarrollo reglamentario del Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, y sustituye el marco de temarios aprobado en 2009 y 2010.

Elemento	Contenido
Publicación	BOE núm. 230, de 17 de septiembre de 2026.
Objeto	Establecer el temario de la fase de oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
Estructura	Dos partes diferenciadas: A (común, transversal y general) y B (específica, aplicada y contextualizada).
Desarrollo territorial	Las Administraciones educativas pueden añadir hasta 15 temas a la parte B.
Derogaciones	Orden EDU/3429/2009 y Orden EDU/617/2010.
Entrada en vigor	A los veinte días de su publicación: 7 de octubre de 2026.

Un dato especialmente relevante para la preparación es que, tanto en la parte A como en la parte B, la legislación exigible será la vigente en la fecha de realización de la primera prueba del procedimiento selectivo.

Fuente: Orden EFD/968/2026, arts. 1 y 2; disposición derogatoria única y disposición final segunda; BOE de 17 de septiembre de 2026, pp. 123235-123238.

2. Cómo queda estructurada la fase de oposición

La Orden aprueba el temario y lo conecta con el modelo de oposición establecido por el Real Decreto 68/2026. La fase de oposición comprende tres pruebas y las partes A y B se corresponden con dos de ellas.

Prueba	Formato	Finalidad esencial
Parte A	Cuestionario escrito	Entre 20 y 30 preguntas de desarrollo breve. Comprobar el conocimiento global de la parte A y la capacidad para identificar, sintetizar y relacionar contenidos relevantes para la función inspectora.
Parte B	Exposición oral	Exposición oral de un tema referido a la parte B del temario, de carácter específico y territorial.
Prueba práctica	Supuesto/s práctico/s	Análisis por escrito de uno o varios supuestos sobre técnicas y competencias propias de la actuación inspectora; la prueba deberá leerse ante el tribunal.

Características de la prueba

• Parte A: exige dominio global del sistema educativo, capacidad de síntesis y relaciones entre áreas; no se concibe como una colección de temas independientes para desarrollar íntegramente.

• Parte B: mantiene una orientación específica, aplicada y contextualizada a la normativa, las enseñanzas, los centros, los servicios y la actuación inspectora de la Administración convocante.

• Prueba práctica: la prueba práctica consiste en la aplicación de técnicas y competencias profesionales de la inspección educativa.

Fuente: preámbulo de la Orden EFD/968/2026, p. 123235; art. 2; Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, citado por la propia orden.

3. Parte A: temario común, transversal y general

La parte A, recogida en el anexo I, se organiza en nueve áreas temáticas organizadas en epígrafes. Es común para todo el territorio y se orienta al conocimiento global del sistema educativo español no universitario y de los marcos jurídicos, pedagógicos, institucionales, europeos e internacionales que inciden en la educación y en la función inspectora.

Área	Contenido	Epígrafes
1	El sistema educativo español: fundamentos, normativa, organización y su dimensión internacional.	8
2	Currículo y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo español.	6
3	Equidad educativa en el sistema educativo español no universitario: inclusión, igualdad de oportunidades y escolarización.	5
4	Profesorado en el sistema educativo español no universitario.	4
5	Centros docentes en el sistema educativo español no universitario: autonomía, organización, participación y régimen jurídico.	11
6	Ordenación de las enseñanzas del sistema educativo español no universitario.	11
7	La inspección educativa en España.	9
8	Evaluación y mejora del sistema educativo español.	3
9	Marcos normativos transversales con incidencia en la función inspectora.	9
	TOTAL	66

La parte A incorpora, además de la normativa básica vigente, conceptos, enfoques, marcos de competencias, directrices, recomendaciones o acuerdos ampliamente consolidados cuando guarden relación directa con las competencias profesionales y conocimientos propios de la función inspectora.

Fuente: Orden EFD/968/2026, art. 2.2 y anexo I, pp. 123238-123241.

4. Parte B: temario específico y territorial

La parte B, recogida en el anexo II, contiene 25 temas. Su enfoque es específico, aplicado y contextualizado: se refiere a las enseñanzas, los centros, los procedimientos y la actuación inspectora en el ámbito territorial de la Administración educativa convocante.

Temas	Bloque de contenido
1-3	Marco autonómico, Administración educativa, participación social y derechos/deberes lingüísticos.
4-9	Orientación y tutoría; digitalización; protección de menores; convivencia y bienestar; escolarización; alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
10-14	Función pública y condiciones de trabajo; régimen disciplinario; formación del profesorado; dirección y gestión de centros; servicios complementarios y actividades.
15-21	Educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, Formación Profesional, educación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial.
22	Proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado y de la práctica docente y derecho a la evaluación objetiva.
23-25	Organización y carrera de la inspección; planificación de actuaciones; técnicas e instrumentos, visita, informes, actas y requerimientos.

Cada Administración educativa puede añadir hasta 15 temas más relacionados con la estructura y funcionamiento de los órganos de inspección y con su organización administrativa, incluidos procedimientos, centros, servicios, programas o actuaciones propias de su ámbito competencial. En consecuencia, a los 25 temas recogidos en el anexo II, cada Administración educativa podrá añadir hasta un máximo de 15 temas más.

También aquí la legislación exigible será la vigente en la fecha de realización de la primera prueba.

Fuente: Orden EFD/968/2026, art. 2.3 y 2.4; anexo II, pp. 123241-123242.

5. Ámbito de gestión del Ministerio: temas 26 a 32

Para los procesos selectivos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el anexo III añade siete temas a los 25 del anexo II. La parte B queda, por tanto, integrada por 32 temas.

Tema	Contenido
26	Características socioeducativas de Ceuta y Melilla; programas de cooperación; convenios; abandono y absentismo; actuación inspectora.
27	Estructura, organización y funcionamiento de centros públicos de educación infantil y primaria.
28	Estructura, organización y funcionamiento de centros públicos de educación secundaria y Formación Profesional.
29	Estructura, organización y funcionamiento de centros públicos de enseñanzas de régimen especial.
30	Gestión administrativa y económica de centros; protección de datos en la comunidad educativa; actuación inspectora.
31	Evaluaciones de diagnóstico; planes de mejora y medidas específicas de apoyo educativo; actuación inspectora.
32	Innovación y mejora educativa; actuación de la Inspección educativa.

Fuente: Orden EFD/968/2026, art. 2.5 y anexo III, p. 123243.

6. Anexo IV: orientaciones para la configuración del cuestionario de la parte A

El anexo IV es una de las piezas más relevantes de la Orden porque fija orientaciones comunes para configurar el cuestionario de la parte A.

Regla	Aspecto	Contenido esencial
1	Finalidad	Comprobar conocimiento global de la parte A y capacidad para identificar, sintetizar y relacionar contenidos relevantes para la función inspectora.
2	Unidad de referencia	Los epígrafes de las nueve áreas son los aspectos sobre los que se formularán las preguntas.
3	Cobertura	Debe haber preguntas de todas las áreas; se evitará concentrarlas en una sola o en pocas áreas.
4	Desarrollo breve	Respuesta sintética, concisa, precisa y estructurada, sin exigir el desarrollo completo de un tema.
5	Tipo de pregunta	Podrá ser directa, relacional o aplicada. Puede integrar contenidos de epígrafes de una misma área o de áreas diferentes. Los criterios de valoración deberán estar previamente determinados y publicados.
6	Duración	La duración de la prueba deberá guardar proporción con el número de preguntas y con el grado de desarrollo exigido.

Fuente: Orden EFD/968/2026, anexo IV, p. 123243.

7. Entrada en vigor, efectos prácticos y trazabilidad

Principales novedades

• La Orden fue publicada el 17 de septiembre de 2026 y entra en vigor veinte días después.

• Quedan derogadas la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, y la Orden EDU/617/2010, de 8 de marzo.

• La legislación exigible en las partes A y B será la vigente en la fecha de la primera prueba.

• La parte A se configura como común, transversal y general; la parte B como específica, aplicada y contextualizada.

• En el ámbito del Ministerio, la parte B queda fijada en 32 temas (25 comunes + 7 específicos).

• Las convocatorias podrán establecer previsiones sobre la distribución de preguntas de la parte A; los criterios de valoración deberán estar previamente determinados y publicados.

Índice de trazabilidad normativa

Materia	Referencia
Objeto y estructura general	Arts. 1 y 2
Parte A	Anexo I
Parte B	Anexo II
Temas adicionales del Ministerio	Anexo III
Orientaciones del cuestionario A	Anexo IV
Derogación del temario anterior	Disposición derogatoria única
Entrada en vigor	Disposición final segunda

Fuente principal: Orden EFD/968/2026, de 14 de septiembre, BOE núm. 230, de 17 de septiembre de 2026, referencia BOE-A-2026-19351.

En CSIF hemos trabajado intensamente en el proceso de elaboración de esta norma hasta su publicación y hemos conseguido que se incluyan mejoras importantes para el colectivo y para el sistema educativo.

Seguiremos luchando para conseguir más mejoras y exigir la actualización de los temarios de todos los cuerpos docentes

CSIF EDUCACIÓN

Inscripción para los Webinars de Programaciones Didácticas: Cuerpo de Maestros, Secundaria y FP

jose-luis.narbona.moreno — Wed, 16 Sep 26 05:31:00 CEST

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

MAESTROS - Miércoles 7 de Octubre de 2026 - De 17 a 18:30h

Inscripciones hasta el viernes 2 de octubre de 2026

SECUNDARIA - 8 de octubre de 2026 - De 17 a 18:30h

Inscripciones hasta el lunes 5 de octubre de 2026

FP - 14 de octubre de 2026 - De 17 a 18:30h

Inscripciones hasta el viernes 9 de octubre de 2026

Rellene todos los campos eligiendo el Webinar al que desea asistir para poder recibir el enlace de acceso al Webinar. Recuerde que este webinar es gratuito y exclusivo para afiliados/as de CSIF.

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El día anterior se enviará el enlace para el acceso al Webinar elegido.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento:
Responsable: CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF), en adelante CSIF.
Fines del tratamiento: registro en Webinar on-line formativo.
Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición.
Más información del tratamiento

Manifiesto de la concentración de hoy frente al Ministerio de Educación, FP y Deportes

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 15 Sep 26 15:37:00 CEST

Compañeras y compañeros, buenos días.

Estamos aquí, ante el Ministerio de Educación, porque el curso ha vuelto a empezar con los mismos problemas de siempre, y esta vez con una prueba en la mano que no admite discusión.

Hace apenas una semana se publicó el informe PISA 2025. Y España ha firmado los peores resultados de toda su historia: por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en lectura, en matemáticas y en ciencias. En lectura hemos caído al peor dato desde que existe el informe. Uno de cada tres alumnos de quince años no alcanza el nivel mínimo. Y en la cima, solo dos de cada cien llegan a la excelencia, frente a seis en los países de nuestro entorno.

Pero escuchen bien esto, porque es lo más importante: la causa no la ponemos nosotros. La escribe el propio informe. PISA dice que el 49% de nuestro alumnado estudia en centros donde falta profesorado, y que siete de cada diez lo hacen en centros a los que les falta personal de apoyo, más del doble que en la OCDE. Llevamos años denunciándolo, y ahora PISA le pone cifra. No es una opinión sindical: es un diagnóstico internacional.

Y hay un dato que resume la injusticia de nuestro sistema mejor que ningún otro: entre la comunidad que mejor puntúa y la que peor, hay casi cien puntos de diferencia en lectura. La propia OCDE calcula que veinte puntos son un curso escolar. Es decir: más de dos cursos de diferencia entre nacer en un sitio o en otro dentro del mismo país. Eso no es un sistema educativo: son diecisiete, y algunos abandonando a su suerte a toda una generación.

Nos dirán que la ratio ha mejorado, que casi hemos vuelto a los niveles de antes de los recortes. Es un espejismo, y lo sabemos con los números delante. La ratio no ha mejorado por inversión: ha mejorado porque hay 88.000 alumnos menos y porque se ha contratado a docentes con fondos europeos que caducan el 31 de agosto de 2027. Es una plantilla con fecha de caducidad. Cuando esos fondos se acaben, el problema volverá, más grande.

Mientras tanto, la interinidad supera el 30%, cuando España se comprometió con Europa a bajarla al 8%. Y el sistema se sostiene, un año más, a costa del bolsillo del profesorado: el gasto real por docente ha caído un 11% en la última década. Se pide más con menos, a menos manos y peor pagadas.

Y una última verdad, la que nadie puede rebatirle a este Ministerio. Los dos únicos territorios que gestiona directamente el Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, son precisamente los que peores indicadores presentan de toda España. Así que, antes de mirar hacia las comunidades, que el Ministerio empiece por cumplir allí donde manda solo.

Porque esa es nuestra posición, y que quede clara: cada uno responde de lo suyo. No venimos a hacer la guerra a un gobierno ni a favor de otro. CSIF exige al Ministerio lo que es del Ministerio, y a cada comunidad lo que es de cada comunidad. No tapamos a nadie. No exculpamos a nadie. Somos el sindicato profesional e independiente, y por eso somos los únicos que podemos pedir cuentas a todos a la vez.

Por eso, hoy, aquí, exigimos:

▸ Reforma del acceso docente y estabilidad para el sistema educativo.

▸ Reducción de ratios y de horario lectivo, sin más dilación.

▸ Un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente, para que un maestro no cobre distinto según dónde trabaje.

▸ Financiación por ley del 7% del PIB para la educación pública.

▸ Y, por encima de todo, un Estatuto Docente que llevan años debiéndonos, y un Pacto de Estado por la Educación que la ponga por fin a salvo de los vaivenes políticos.

La educación no es de un partido ni de un gobierno. Es de todos. Es una cuestión de Estado. Y una generación entera no puede esperar a 2028, ni a la siguiente ley, ni a las siguientes elecciones.

Ministerio: los datos son tuyos, la competencia es tuya, y la responsabilidad, también. Ministerio, cumple.

Muchas gracias. ¡Viva la educación pública!

CSIF exige un Pacto de Estado para reformular el sistema educativo: Estatuto Docente, más inversión eficaz, reducción de la temporalidad y eliminar diferencias entre CCAA

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 11 Sep 26 12:32:00 CEST

- Más alumnado con necesidades y el mismo personal de apoyo. PISA pone cifra a lo que CSIF lleva años denunciando: 7 de cada 10 alumnos estudian en centros con falta de personal de apoyo
• La ratio de alumnos por docente vuelve al nivel de 2009 quince años después por dos causas: la caída de alumnos (88.363 menos) y el aumento del profesorado interino (hasta el 31 de agosto de 2027) financiado con programas europeos
• El malestar docente en todas las comunidades autónomas es creciente. El próximo día 15 nos concentraremos frente al Ministerio de Educación para exigir reformas estructurales
• Los datos del último informe PISA dan la razón a CSIF: el panorama educativo es preocupante. Son necesarias medidas urgentes para mejorar la educación pública y aportar estabilidad al sistema educativo

La escuela pública ha reabierto sus aulas esta semana con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por una financiación educativa por debajo de la media europea, diferencias de rendimiento injustificables entre comunidades, plantillas inestables y centros sin recursos suficientes para atender el aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, el curso ha comenzado con la publicación del Informe PISA 2025 y en el que España ha obtenido los peores resultados de toda su serie histórica. El alumnado español obtiene 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias. El resultado de lectura es diez puntos peor que el anterior mínimo histórico, que databa de 2006. Uno de cada tres alumnos de 15 años no alcanza el nivel mínimo en lectura (32 por ciento) ni en matemáticas (33 por ciento).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha realizado su propio análisis de indicadores oficiales -el Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas- del sistema educativo español (*). En este sentido, consideramos que nuestro propio diagnóstico y los datos de PISA refuerzan la necesidad de una reformulación urgente de nuestro sistema educativo mediante un Pacto de Estado por la Educación. Pese a las diferencias autonómicas, los problemas de fondo son comunes y exigen liderazgo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En paralelo, el sindicato ha convocado una concentración en defensa de la educación pública y de condiciones dignas para el profesorado para el próximo martes 15 de septiembre, con una concentración ante el Ministerio de Educación en Madrid.

RETROCESO DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Los resultados de PISA confirman el diagnóstico de CSIF del pasado abril en su Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF. Con la exposición de todos los datos oficiales compilados en la misma publicación, el resultado es el deterioro de nuestro sistema educativo. Dicho informe fue trasladado a todos los grupos parlamentarios para seguir reivindicando una reforma estructural del sistema educativo a partir de un Pacto de Estado a partir de cuestiones profesionales.

La caída en PISA no es un accidente de un año porque en la última década España ha perdido 45 puntos en lectura, 29 en matemáticas y 16 en ciencias, y la propia OCDE calcula que veinte puntos equivalen aproximadamente a un curso escolar: en lectura se han perdido más de dos cursos en diez años. Desde 2015, el porcentaje de alumnado que no alcanza el nivel mínimo ha subido quince puntos en lectura y once en matemáticas. En el otro extremo, solo el 2 por ciento del alumnado español alcanza el nivel de excelencia en lectura, frente al 6 por ciento de la media de la OCDE.

Para CSIF, lo relevante de esta edición de PISA no es solo el resultado, sino que el informe identifica con nombre propio el problema que este sindicato viene denunciando desde hace años y ya advirtió en abril: el 49 por ciento del alumnado español estudia en centros donde la falta de profesorado dificulta la enseñanza, frente al 39 por ciento de la OCDE, y el 72 por ciento lo hace en centros con falta de personal de apoyo, frente al 39 por ciento de la media internacional. El índice de escasez de recursos que perciben los directores de los centros españoles es de 0,65, más del doble que el 0,30 de la OCDE.

CSIF propone los siguientes ejes de reformas estructurales para mejorar la educación pública y revertir los malos resultados obtenidos en el Informe PISA:

Sistema educativo: Estabilidad normativa; refuerzo de la orientación para reducir la repetición; educación pública como garantía de calidad en todo el territorio; reconocimiento legal de la autoridad docente; Pacto de Estado con vigencia de al menos dos legislaturas.
Modelo curricular: Homogeneización de las competencias básicas; refuerzo de la FP pública; itinerarios reversibles y pasarelas reales entre FP y universidad; prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado.
Recursos e inversión: Incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB; mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado; reducción real de ratios con plazas estructurales, apoyos y desdobles; separación clara entre gasto estructural y fondos europeos.
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente: Debe incluir fondos finalistas a las comunidades autónomas derivados de los Next Generation.
Estatuto Docente: Bajar la interinidad al 8 por ciento con oposiciones anuales suficientes; recuperar el poder adquisitivo y vincular las subidas al IPC real; carrera profesional remunerada con tramos objetivos; condiciones básicas comunes en todo el Estado; horario lectivo máximo por ley (23 horas en Primaria y 18 en Secundaria).

EL CURSO COMIENZA CON LOS MISMOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES (*)

Por otra parte, CSIF ha analizado diversos indicadores oficiales sobre el sistema educativo español a comienzo del curso escolar, como la situación de las plantillas, oposiciones, interinidad, gasto público, evolución del alumnado e incidencias en la reapertura de las aulas.

La interinidad sigue siendo un curso escolar más uno de los lastres de la educación pública, ya que se sitúa por encima del 30 por ciento; muy lejos del 8 por ciento que marca Bruselas. Para llegar a ese porcentaje se necesitan 146.219 plazas adicionales, aunque la cifra final asciende a 153.089 plazas si se tiene en cuenta el déficit estructural de plantilla (6.870 plazas).

En cuanto a los procesos selectivos, este verano se han celebrado los procesos de 16.406 de las 17.780 plazas convocadas, de las cuales han quedado desiertas 2.694 (16 por ciento), lo que demuestra la necesidad de reformar el acceso a la función pública docente.

La ratio de alumnos por docente en las enseñanzas de régimen general se sitúa en 14,01, prácticamente la misma que en el curso anterior a los recortes (2009-2010). No obstante, parte de esta mejora no responde a ninguna decisión de política educativa, sino por dos motivos: el primero es que hay 88.363 alumnos menos que hace dos cursos. Dicho de otra manera: La ratio mejora por demografía, no por inversión.

El segundo motivo se debe a un aumento real de plantilla, pero es un incremento temporal ligado a programas europeos. Todos los programas de cooperación territorial que financian profesorado de apoyo y refuerzo —PROA+, refuerzo de la competencia matemática y lectora, educación inclusiva y bienestar— tienen el mismo periodo de ejecución: del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027.

Además, el presupuesto de dichos programas permanece estancado: tres de ellos repiten en 2026 exactamente el mismo importe que en 2025 lo que supone un recorte real teniendo en cuenta la inflación acumulada. A ello se añade que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cierra en 2026 y que el Fondo Social Europeo Plus agota su periodo de programación en 2027.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Por otra parte, el gasto de personal por docente se ha reducido casi un 11 por ciento entre 2009 y 2023 teniendo en cuenta la inflación (6.698,09 euros menos por docente y año). La inversión por alumno ha aumentado tan solo un 0,3% en el mismo período. El sistema se sostiene, en buena medida, a costa de las retribuciones del profesorado.

Eso ocurre pese a los fondos europeos: solo en el último año, más de 505 millones destinados a Educación no se han notado de forma clara en los centros. CSIF exige a todas las administraciones explicación sobre su aplicación y su impacto real.

Desde 2009-2010 ha bajado de forma significativa el porcentaje de alumnado de enseñanzas superiores y FP en la red pública (del 76,8 por ciento al 65,43 por ciento). El crecimiento de la FP lo ha absorbido sobre todo la privada. España mantiene una tasa de abandono escolar casi cuatro puntos por encima de la media de la UE y un paro juvenil que en 2024 superaba en diez puntos la media europea, con empleo de peor calidad.

VER INFORME DEL ESTADO DE LA EDUCACIÓN

Interinos. Curso 2026 /2027. PES y O.C. Convocatorias extraordinarias. Cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas. Varias especialidades.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 14 Sep 26 15:41:00 CEST

CONVOCATORIA

La Resolución de 14 de septiembre de 2026, de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca (280.7 KB) (10 páginas) convoca la elaboración de lista extraordinaria de aspirantes, de ámbito autonómico, para ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en las especialidades de musicología, oboe, percusión, violonchelo y tecnología musical del cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas.

Plazo de presentación de solicitudes:

Del 15 al 21 de septiembre, ambos incluidos

Anexos que acompañan a la resolución:

Baremo: Anexo I (373.9 KB) (12 páginas)
Contenido de las pruebas prácticas: Anexo II (259.9 KB) (8 páginas)
Calendario de las pruebas prácticas: Anexo III (174.3 KB) (1 página)

Acceso al formulario de solicitud, disponible desde las 0:00:01 horas del martes 15 hasta las 23:59:59 horas del lunes 21 de septiembre:

La solicitud de participación irá dirigida al titular de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca y podrá presentarse, junto con la documentación indicada en el apartado cuarto, por alguno de los siguientes medios:

a) Preferiblemente de forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación que haya sido previamente reconocida por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

b) De manera presencial, en los registros de las direcciones provinciales de educación o en cualquiera de las demás dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si el aspirante presentara más de una solicitud de participación al procedimiento, se considerará válida la presentada en último lugar, conforme a la fecha y hora que conste en el correspondiente sello de registro electrónico, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Interinos. PES y otros cuerpos. Listas extraordinarias dinámicas. Solicitudes de septiembre. Listados de admitidos y excluidos.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 10 Sep 26 10:49:00 CEST

La Resolución de 10 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Profesionales de la Educación (356.1 KB) (4 páginas) da publicidad, a la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas en las listas extraordinarias dinámicas al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad en centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso escolar 2026/2027

Listados que acompañan a la resolución:

CSIF advierte: “La excelencia no puede convivir con la precariedad ni con la brecha salarial”.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 09 Sep 26 21:36:00 CEST

CSIF advierte: “La excelencia no puede convivir con la precariedad ni con la brecha salarial”

• Castilla y León se sitúa, en el informe PISA, por encima del promedio de España y de la OCDE en las tres competencias evaluadas (493 en ciencias, 466 en lectura y 472 en matemáticas), en un contexto nacional marcado por el retroceso general y una brecha de hasta 90 puntos entre territorios.

• El sindicato independiente recalca que el éxito es fruto exclusivo del compromiso del profesorado y avisa a la Junta de que no cabe la autocomplacencia ante el récord de 7.834 vacantes de interinidad y una persistente desventaja retributiva.

• CSIF reclama la equiparación salarial inmediata, recursos urgentes para la atención a la diversidad y las 1.000 cátedras, sumándose a la concentración del 15 de septiembre por el Estatuto Docente y un Pacto de Estado: “Los datos ya estaban. Faltaba escucharlos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y en la enseñanza, ha valorado los resultados del Informe PISA 2025 correspondientes a España y a las comunidades autónomas. El estudio sitúa a Castilla y León claramente por encima de la media española y también por encima del promedio de la OCDE en las tres materias analizadas: 493 puntos en ciencias (+16 frente a España y +11 frente a la OCDE), 466 en lectura (+15 y +5) y 472 en matemáticas (+15 y +9).

Para la organización sindical, estos resultados no admiten apropiaciones políticas: “El informe oficial advierte con claridad de que no se deben atribuir los resultados a una política aislada, y CSIF no lo va a hacer. La solidez de nuestro sistema descansa de manera directa sobre la vocación, la autoexigencia y el sobreesfuerzo diario del profesorado en las aulas”, remarca el sindicato.

CSIF subraya que este nivel de excelencia convive con una realidad laboral cada vez más precarizada. Castilla y León acaba de arrancar el curso 2026-2027 marcando el récord histórico de 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad, lo que supone un incremento del 92,8 % respecto a 2011. A ello se añade que casi cuatro de cada diez plazas (el 38 %, con 2.974 puestos) se han cubierto a jornada parcial, y que en las últimas oposiciones quedaron 110 plazas sin cubrir, alejando a la Comunidad del objetivo de reducir la temporalidad estructural al 8 %.

A juicio de CSIF, “la excelencia educativa no puede seguir conviviendo con una brecha salarial respecto a las comunidades que mejor retribuyen a sus docentes, ni sostenerse sobre el desgaste de unas plantillas sobrecargadas de burocracia y con centros desprovistos de recursos suficientes para atender la diversidad en las aulas”.

La fractura territorial exige soluciones de fondo

El informe PISA 2025 vuelve a constatar una profunda fractura territorial en España, con diferencias de hasta 90 puntos entre comunidades autónomas —lo que equivale a más de un nivel competencial completo y casi dos cursos de escolarización—. Ante este diagnóstico, CSIF defiende que un buen resultado autonómico no exime de afrontar reformas estructurales imprescindibles para blindar la escuela pública tanto en Castilla y León como en el conjunto del país.

Por todo ello, CSIF sitúa como prioridades inaplazables para este curso escolar:

Equiparación retributiva: Negociación inmediata para suprimir la brecha salarial autonómica y corregir la incompatibilidad de cobro entre carrera profesional y sexenios.
Refuerzo urgente de la atención a la diversidad: Dotación real de personal especialista y recursos de apoyo ante la creciente complejidad pedagógica.
Cátedras y promoción: Convocatoria inmediata de las 1.000 plazas de acceso a cátedras de la OEP de 2025 y fórmulas de desarrollo profesional homologables para el Cuerpo de Maestros.
Menos burocracia y más PAS: Incremento del personal de administración y servicios en los centros para liberar al profesorado de tareas de gestión ajenas a la labor docente.
Marco estatal común: Exigencia al Ministerio de un núcleo curricular común que garantice la equidad, evaluación externa homogénea, Estatuto Docente y un Pacto de Estado por la Educación.

El profesorado de Castilla y León participará en la concentración convocada por CSIF para el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación en Madrid.

VER INFORME ELABORADO POR CSIF

CSIF INFORMA: Cuadro de retribuciones docentes vigentes en CyL desde el 1 de enero de 2026.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 09 Sep 26 11:14:00 CEST

Retribuciones 2026 en Castilla y León

Datos calculados sobre las retribuciones 2025 (2023 + 2% de 2024 + 0,5% pendiente de 2024) más el Acuerdo de Mejoras Autonómico suscrito por CSIF el 22 de septiembre de 2025 más la subida salarial del Acuerdo Marco nacional (2,5% de 2025 + 1,5% de 2026 ).

💶 Acuerdo de Mejoras suscrito por CSIF
Incluye mejoras en los complementos de los equipos directivos de los CRAs, subida del cuarto y quinto sexenio y factor A de itinerancia.

ℹ️ CSIF INFORMA
Esta tabla recoge las retribuciones del profesorado en Castilla y León para 2026, con efectos económicos desde el 01/01/2026, así como los principales complementos específicos, sexenios, carrera profesional y pagas extraordinarias.

⚖️ Retribuciones básicas por cuerpo docente

CUERPO	SUELDO	TRIENIO	C. DESTINO	C. ESPECÍFICO	PASIVOS	MUFACE
Catedráticos	1.387,24	53,39	873,38	356,73	-118,04	-51,68
PES / Régimen Especial	1.387,24	53,39	729,14	294,20	-118,04	-51,68
PTFP / PESSFP / Maestros de Taller	1.199,52	43,54	729,14	294,20	-92,90	-40,68
Maestros	1.199,52	43,54	592,11	294,20	-92,90	-40,68

💼 Complementos autonómicos, sexenios y carrera profesional

COMP. ESPECÍFICO COMUNIDAD AUTÓNOMA
A1	424,79	(Inspectores: 234,63)
A2	423,45

CONSOLIDACIÓN FONDO DE MEJORA
A1	27,04
A2	25,27

SEXENIO	IMPORTE	ACUMULADO
1.º	70,22	70,22
2.º	88,56	158,78
3.º	124,87	283,65
4.º	251,87	535,52
5.º	144,80	680,32

CARRERA PROFESIONAL
Categoría	A1	A2
1	201,43	153,11
2	362,54	275,54
3	523,62	397,96

🧮 Pensión máxima orientativa (año 2026):
A1: 3.359,60 € x 14 pagas (47.034,40 €/año), se necesitan 33 años de servicio.
A2: 2.962,42 € x 14 pagas (41.473,89 €/año), se necesitan 35 años de servicio.

🏫 Complemento específico otros puestos

PUESTO	IMPORTE
Director C.F.I.E. Tipo III	684,06
Director C.F.I.E. Tipo II	589,17
Director C.F.I.E. Tipo I	560,58
Asesor Formación Permanente	83,08
Director EOEP	261,66
Director Atención Alumnado con Trastorno de Conducta	83,08
Profesor Orientador en EOEP	178,67
Asesor Técnico Docente tipo A	684,06
Asesor Técnico Docente tipo B	426,39
Coordinador Programa Pueblos Abandonados	402,18
Director Educación Ambiental	402,18
Jefe de Residencia	137,73
Maestros de CRA (no equipo directivo)	83,08
Equipos Directivos de CRA	81,05
Maestros 1.º ciclo de la ESO	138,58
Tutoría	20,00

Inspectores y jefaturas (importes adicionales):
Inspector: 391,75 € + 801,88 €
Coordinador: 391,75 € + 876,98 €
Jefe tipo A: 391,75 € + 1.168,58 €
Jefes tipos B y C: 391,75 € + 1.081,33 €

👩‍🏫 Complemento específico cargos unipersonales. Primaria, CRAs y Educación de Adultos

TIPO DE CENTRO	A (+53 unid.)	B (27 - 53 unid.)	C (18 - 26 unid.)	D (9 - 17 unid.)	E (6 - 8)	E (3 - 5)	F (1 - 2 unid.)
TIPO DE CENTRO	Director	650,85	589,17	426,39	315,28	192,31	83,08	–
Jefe de Estudios	226,49	212,83	205,99	151,37	–	–	–
Secretario	226,49	212,83	205,99	151,37	118,01	–	–

🏫 Complemento específico cargos unipersonales. Secundaria y Régimen Especial

TIPO DE CENTRO	A (+1800 alum.)	B (1001 - 1800)	C (601 - 1000)	D (< 600)	E (Secciones)
Director	794,15	684,06	619,25	560,58	–
Secretario	349,40	342,57	247,00	212,83	–
Jefe de Estudios	349,40	342,57	247,00	212,83
Jefe de Estudios Adjunto	166,03	166,03	166,03	166,03	166,03
Jefe de Departamento	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08
Jefe de Estudios CIDEAD	212,83	212,83	212,83	212,83	212,83

💶 Pagas extras, indemnizaciones y descuentos

🎁 Pagas extraordinarias
Catedráticos, PES y Régimen Especial:
• Sueldo: 856,05 €
• Trienio: 32,96 €
• Complementos completos excepto Fondo de Mejora (Punto 4.º Acuerdo 2000).

PESSFP, Maestros de Taller y Maestros:
• Sueldo: 874,83 €
• Trienio: 31,74 €
• Complementos completos excepto Fondo de Mejora (Punto 4.º Acuerdo 2000).

🚗 Indemnizaciones
• Por alojamiento: 65,97 €.
• Por manutención: 37,40 € (media: 18,70 €).
• Asistencia a tribunales: Presidente y Secretario: 45,89 €; Vocal: 42,83 €.

📉 Descuentos en el Régimen General de la Seguridad Social
Prácticas: 4,54 %
Interinos: 6,50 % (CC 4,7 %, desempleo 1,55 %, FP 0,1 %, MEI 0,15 %).

🟢 Retribuciones en Castilla y León

📌 Acceso directo a documentos y normativa sobre retribuciones. Incluye el acceso a la legislación ordenada cronológicamente (de más antiguo a más moderno).

🟣 Documentos (con enlace)

📄 Retribuciones en CyL 2025 📄 Retribuciones en CyL 2024 📄 Retribuciones en CyL 2023 📄 Retribuciones en CyL 2022

🟢 Acceso a la legislación (orden cronológico)

🏛️ BOCYL 30/10/2025 — Retribuciones docentes 2025 (Acuerdo CSIF 22/09/2025).
Abrir publicación
🇪🇸 BOE 03/12/2025 — Real Decreto-ley 14/2025 (medidas urgentes).
Abrir publicación
🇪🇸 BOE 04/12/2025 — Resolución de 3 de diciembre (acuerdo 2025–2026).
Abrir publicación
🏛️ BOCYL 19/12/2025 — Decreto-ley 3/2025 (incremento retributivo).
Abrir publicación
🏛️ BOCYL 24/12/2025 — Retribuciones Administración CyL 2025.
Abrir publicación
🏛️ BOCYL 05/01/2026 — Retribuciones Administración CyL 2026.
Abrir publicación

RETRIBUCIONES EN TODAS LAS CCAA

CSIF en Redes Sociales

Descubre todas nuestras novedades y recursos para el ámbito docente

Comienza el curso escolar 2026-2027 con conflictividad laboral en toda España y el sistema educativo al límite.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 08 Sep 26 13:14:00 CEST

- CSIF arranca las movilizaciones en defensa de la Educación el próximo 15 de septiembre con una concentración frente al Ministerio
- El comienzo del curso escolar coincide con la presentación del informe PISA: España sigue empeorando sus resultados, con caídas en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia la mala situación en la que comienza esta semana el curso escolar 2026-2027, en un contexto caracterizado por la alta conflictividad laboral, la precariedad del profesorado, compromisos incumplidos (como la bajada de ratios), falta de financiación y escasez de medios para atender a los alumnos con necesidades especiales.

Como respuesta a esta situación, CSIF ha convocado un calendario de movilizaciones en toda España -sin descartar la convocatoria de huelga- en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado. La primera movilización será el próximo 15 de septiembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

CSIF lamenta que el curso escolar comience sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones. Los grandes compromisos (como el Estatuto Docente, la equiparación retributiva o una reducción efectiva de ratios y horarios) siguen bloqueados o aplazados. En este sentido, lamentamos que la ley de reducción de ratios y horarios -la única norma que ha salido adelante- no empiece a aplicarse hasta el curso 2027-2028 (un año después de lo acordado con los sindicatos), y que su despliegue completo se prolongará por fases hasta el curso 2031-2032.

La situación es especialmente complicada en Ceuta (donde hoy también se reanudan las clases), cuyas aulas ya cuentan con ratios elevadas y con necesidades importantes. CSIF reclama que la protección del alumnado sea la prioridad para garantizar una vuelta segura a las aulas, por lo que exige que los centros estén adecuadamente preparados, con personal suficiente y que los docentes cuenten con especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado.

Informe PISA: España sigue a la cola

El comienzo del curso escolar ha coincido además con la publicación del Informe PISA correspondiente al año 2025, que una vez más ha vuelto a situar a España en los últimos puestos de habilidades educativas en ámbitos como Ciencia, Matemáticas o Comprensión Lectora. El informe -elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)- sitúa a los alumnos españoles de 15 y 16 años en un nivel muy bajo y con enormes diferencias entre los territorios con casi dos cursos académicos de diferencia.

CSIF considera que los datos del Informe PISA le dan la razón sobre la necesidad de realizar una serie de reformas urgentes de nuestro sistema educativo que culmine con un gran pacto de Estado por la Educación. En este sentido, planteamos cuatro ejes con medidas para blindar la educación pública: al menos 7.000 euros anuales por estudiante, homogeneización de contenidos en toda España, reducir la temporalidad docente al 8 por ciento, Estatuto Docente y eliminar la brecha territorial.

En las próximas semanas iniciaremos una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF Educación CyL organiza sesiones informativas para Funcionarios en Prácticas de PES y O.C. en las diferentes provincias.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 07 Sep 26 11:39:00 CEST

Estimad@ compañer@:

Desde el Sector de Educación de CSIF Castilla y León queremos darte la enhorabuena por el éxito que has conseguido al aprobar las oposiciones de PES y O.C. 2025..
Seguro que ya te has incorporado a tu centro con destino provisional. Para muchos de vosotros, que ya habéis trabajado como interinos, será una etapa más en vuestra labor profesional, para otros será el comienzo...
Queremos informarte que CSIF es el primer sindicato docente en Castilla y León y que, además, está presente en todas las mesas de negociación a nivel estatal, regional y provincial. Por ello hemos estado y estaremos en todas las negociaciones de todos los asuntos que atañen a tu vida profesional.
Para facilitar tu incorporación al centro y la realización de la fase de prácticas hemos programado unas sesiones o charlas informativas, que esperamos te sean de utilidad, en las que trataremos de aclarar todas tus dudas.

Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición en todo lo que necesitéis:

	PES Y O.C.
	Lunes, 21 de septiembre a las 17:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse por correo o teléfono: ense05@csif.es 920 35 21 90 C/ Alfonso de Montalvo 9, bajo 05001 Ávila
	Miércoles, 23 de septiembre a las 17:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse por correo electrónico: ense09@csif.es C/ San Pablo 12 C, 6ª planta. 09002 Burgos
	Miércoles, 16 de septiembre a las 17:30 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del siguiente teléfono por WhatsApp: Teléfono: 638541519 C/ Isaac Peral 11 24402 Ponferrada (León) Se entregará material normativo y didáctico, además de un manual con la infromación más importante para tu vida profesional.
	Jueves, 17 de septiembre a las 17:30 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Y ONLINE Apuntarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/wTwyhPZ758YdF9AP8 La Rúa 30, Bajo 24003 León
	Martes, 15 de septiembre a las 17:30 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/j4d5W2wnh9 Plaza Juan XXII, 6, Bajo. 34005 Palencia
	Jueves, 17 de septiembre a las 17:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/sAdcAVALL7LhGksH6 Aula de CSIF en la C/ Joaquín Costa Nº11. Salamanca
	Lunes, 21 de septiembre a las 17:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse por correo o teléfono: ense40@csif.es 636 57 37 71 C/ Ezequiel González 24, 4º F 40002 Segovia
	Miércoles, 16 de septiembre a las 16:30 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del siguiente teléfono por WhatsApp: 669870905 Edificio de cultura Calle Campo 5, frente a telépizza
	Jueves, 17 de septiembre a las 18:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ggGyZScktXNW93Gk9 C/ Luna nº 3, bajo. Valladolid
	Miércoles, 16 de septiembre a las 17:00 h. PRIORIDAD AFILIADOS PRESENCIAL Apuntarse a través del enlace: https://forms.gle/HEhvb9hNykGbD1k48 Avenida de Portugal nº12 49016 Zamora Teléfono: 980 09 01 04

CSIF INFORMA. Calendario de Moscosos 2026-27. ¿Tengo derecho a pedir moscosos? ¿Para qué fechas puedo solicitarlos? ¿Con qué antelación? ...

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 03 Sep 26 09:32:00 CEST

CSIF INFORMA MOSCOSOS

ACCESO A LA ORDEN EN EL BOCyL

ACCESO A LA INSTRUCCIÓN QUE LO REGULA

FUNCIONARIOS

MODELO DE SOLICITUD (DP)

MODELO DE SOLICITUD (DIRECTOR)

PERSONAL LABORAL

MODELO DE SOLICITUD (DP)

MODELO DE SOLICITUD (DIRECTOR)

CSIF INFORMA. Horarios, elección de grupos y horas complementarias. Maestros y Secundaria y OC. Curso 2026-27.

admin — Wed, 02 Sep 26 09:50:00 CEST

HORARIO MAESTROS

HORARIO SECUNDARIA Y OC

Indicaciones para la elección de grupos. Pincha en la imagen.

CSIF alerta del récord de 7.834 vacantes docentes de interinidad para el curso 2026-27.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 31 Aug 26 20:48:00 CEST

Inicio del curso 2026-2027

CSIF alerta del récord de 7.834 vacantes docentes de interinidad en Castilla y León

• El sindicato independiente pide que el curso 2026-2027 sirva para avanzar en la equiparación salarial, atención a la diversidad, reducción de burocracia, personal de administración y servicios, permisos y licencias y promoción profesional.

• CSIF reclama la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso a cátedras de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025; y advierte de que el actual sistema de oposiciones no responde a las necesidades educativas. De las 1.006 plazas convocadas en 2026, 110 habrían quedado sin cubrir.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios y Empleados Públicos (CSIF) alerta de que Castilla y León comienza el curso 2026-2027 con 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad, la cifra más elevada de toda la serie histórica analizada por el sindicato desde el curso 2011-2012. Son 275 vacantes más que el pasado curso y 3.770 más que en 2011-2012, lo que supone un incremento del 92,8 %. De las plazas adjudicadas, 4.860 son a jornada completa y 2.974 a jornada parcial, prácticamente cuatro de cada diez, el 38 % del total. El número de vacantes parciales se ha duplicado desde 2011-2012.

Por cuerpos, se han adjudicado 2.267 vacantes de Maestros, 526 más que el curso anterior, y 5.567 de Secundaria y otros cuerpos, 251 menos. Burgos, con 1.335 vacantes; León, con 1.313; y Valladolid, con 1.210, registran las mayores cifras absolutas y concentran casi la mitad de las adjudicaciones de la Comunidad. Ávila tiene 745 vacantes, Palencia 467, Salamanca 780. Segovia 744, Soria 620 y Zamora 620.

CSIF recuerda, además, que estos datos corresponden exclusivamente a las vacantes adjudicadas al inicio de curso y no incluyen las sustituciones que se producirán a lo largo de 2026-2027.

Como novedad, este será el primer curso completo con adjudicaciones informatizadas de sustituciones durante todo el periodo escolar, una mejora derivada del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 suscrito por CSIF y el resto de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación. CSIF considera que este sistema debe garantizar mayor transparencia, igualdad y agilidad en la cobertura de las sustituciones.

Reivindicaciones y mejoras para el nuevo curso

Ante el inicio del curso 2026-2027, CSIF sitúa como reivindicación prioritaria seguir avanzando en la equiparación retributiva del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas que cuentan con las retribuciones docentes más elevadas. Para el sindicato, los buenos resultados del sistema educativo autonómico deben traducirse también en reconocimiento para quienes los hacen posibles. “La excelencia educativa de Castilla y León no puede seguir conviviendo con una brecha salarial respecto a los territorios que mejor retribuyen a su profesorado”, afirma. CSIF reclama, por ello, la apertura de una negociación específica sobre retribuciones y, paralelamente, el desarrollo de las cuestiones pendientes del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025. En este sentido, cabe resaltar que los acuerdos de mejora de sexenios y carrera profesional han supuesto mejoras retributivas, aún insuficientes, al no eliminar la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional, según CSIF demanda.

Entre ellas, considera especialmente urgente mejorar la atención a la diversidad, reforzando los recursos humanos necesarios ante unas necesidades del alumnado cada vez más complejas; reducir de manera efectiva la burocracia docente; incrementar la dotación de personal de administración y servicios en los centros, para que el profesorado pueda centrarse en sus funciones educativas; y avanzar en la mejora de los permisos y licencias, favoreciendo la conciliación y unas condiciones laborales homologables a las mejores existentes.

CSIF reclama también una mejora de las instalaciones de los centros educativos, con actuaciones planificadas en climatización, aislamiento, ventilación y eficiencia energética, que permitan garantizar unas condiciones ambientales adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado. El sindicato considera necesario abordar un plan de modernización de los centros que evite respuestas improvisadas ante episodios de temperaturas extremas y asegure el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las condiciones ambientales exigibles en los lugares de trabajo

CSIF reclama también que culmine cuanto antes la tramitación del preacuerdo alcanzado el 27 de julio, actualmente en tramitación para su publicación en el BOCyL, que responde a dos reivindicaciones históricas del sindicato: el reconocimiento de la función tutorial y la reducción del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años. Estas medidas deben contar con la dotación presupuestaria y de plantilla suficiente para que su aplicación sea efectiva y no genere nuevas cargas organizativas en los centros.

Cátedras y promoción profesional

Otro de los compromisos que CSIF considera inaplazable es la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025. Para CSIF, el acceso a cátedras debe formar parte de una política estable de promoción y carrera profesional, y no depender de convocatorias excepcionales separadas por largos periodos de tiempo.

El sindicato propone, además, estudiar fórmulas de promoción profesional similares para el Cuerpo de Maestros, adaptadas a sus características, que permitan reconocer la experiencia, la formación y el desarrollo profesional a lo largo de toda la carrera docente.

110 plazas sin cubrir: CSIF pide revisar las oposiciones

CSIF reclama a la Consejería de Educación que facilite información oficial, completa y desglosada sobre el resultado de las oposiciones docentes de 2026. En el proceso, se convocaron 1.006 plazas y, según el recuento realizado por CSIF a partir de los resultados publicados, se habrían cubierto 896, por lo que 110 plazas habrían quedado sin adjudicar.

Para CSIF, estos resultados, unidos al récord de 7.834 vacantes de interinidad al inicio de curso, ponen de manifiesto dos problemas. Castilla y León continúa lejos del objetivo de reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 %, y el actual modelo de acceso a la función docente no está respondiendo adecuadamente a las necesidades reales del sistema educativo.

Este sindicato considera necesario analizar por qué especialidades con necesidades de profesorado continúan dejando plazas sin cubrir; y revisar un sistema selectivo que consume importantes esfuerzos personales y administrativos, sin garantizar en todos los casos la cobertura de las plazas ofertadas.

El propio Ministerio de Educación ha planteado abordar a partir de septiembre la revisión del modelo de ingreso y acceso a la función docente, señala CSIF, que exige que cualquier modificación se negocie con las organizaciones sindicales, aporte seguridad a las personas aspirantes, y configure un procedimiento que seleccione adecuadamente al profesorado y responda a las necesidades actuales de los centros educativos.

Estatuto Docente: una deuda pendiente

Estas reivindicaciones forman parte también de la movilización estatal que CSIF iniciará el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en defensa de la educación pública y de unas mejores condiciones laborales para el profesorado.

CSIF reclamará la apertura de una negociación real para aprobar, definitivamente, un Estatuto Docente que regule la profesión de manera integral, desde el acceso y los primeros años de ejercicio hasta la promoción profesional, las condiciones laborales y retributivas y la jubilación.

La aprobación de este marco profesional continúa pendiente, pese a que la propia LOMLOE estableció que el Gobierno debía presentar, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, una propuesta normativa sobre el desarrollo de la profesión docente.

“El curso 2026-2027 tiene que ser el curso de las mejoras. No podemos conformarnos con celebrar los buenos resultados educativos, mientras mantenemos 7.834 vacantes adjudicadas en régimen de interinidad, casi 3.000 jornadas parciales y una brecha salarial con las comunidades que mejor pagan a su profesorado. CSIF reclamará salarios, promoción profesional, estabilidad y unas condiciones laborales acordes con la calidad que se exige cada día a nuestros docentes”, resume CSIF.

Registro Incidencias Curso 2026-2027

Ya son 13 los años consecutivos que CSIF pone en marcha un registro de incidencias para el profesorado, que permanecerá abierto hasta fin de mes a través de la web y las redes sociales. Se trata de un servicio de atención al docente, que permite plantear cualquier problema a través de medios telemáticos, que serán atendido inmediatamente y que se tratarán de solucionar lo antes posible. El boletín de envío de incidencias puede encontrarse en el sitio web:

https://www.csif.es/es/articulo/castillayleon/educacion/95969CSIF -Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads o Pinterest-.

INFORME INTERINIDADES CYL 2026-27. DESCÁRGALO AQUÍ

INFORME · AGOSTO 2026

Adjudicaciones de interinidad en Castilla y León · Curso 2026-2027

Castilla y León inicia el curso 2026-2027 con 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad, la cifra más elevada de toda la serie histórica analizada por CSIF desde 2011-2012.

Resumen Evolución histórica Parcialidad Cuerpos Provincias Tipología Tasa de interinidad Conclusiones Propuestas

📊

RESUMEN EJECUTIVO

Las cifras clave del curso

7.834vacantes adjudicadas

+3,6 %respecto a 2025-2026

38,0 %son vacantes parciales

+92,8 %respecto a 2011-2012

2.974vacantes parciales

+30,2 %vacantes de Maestros en un año

Son 275 vacantes más que el curso anterior (+3,6 %) y 3.770 más que al inicio de la serie (+92,8 %). Una segunda conclusión relevante es el peso de la parcialidad: 2.974 adjudicaciones, el 38 % del total, son a jornada parcial. El número de vacantes parciales se ha duplicado respecto a 2011-2012 (+101,2 %).

Novedad organizativa 2026-2027. Por primera vez, un curso completo contará con adjudicaciones informatizadas de sustituciones durante todo el periodo escolar, en desarrollo del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, firmado por CSIF y el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación.

🎯

1. OBJETO Y ALCANCE

Qué mide este informe

Como cada comienzo de curso escolar, el Sector de Educación de CSIF Castilla y León analiza las adjudicaciones informatizadas de vacantes docentes en régimen de interinidad realizadas por la Consejería de Educación. El presente informe ofrece la radiografía correspondiente al curso 2026-2027 y compara sus resultados con la serie histórica iniciada en 2011-2012, curso tomado tradicionalmente por CSIF como referencia por coincidir con el comienzo del periodo de recortes en el sistema educativo.

El análisis se refiere a las vacantes adjudicadas al inicio del curso. A estas cifras se añadirán las sustituciones que sea necesario cubrir durante 2026-2027, por lo que el número de adjudicaciones iniciales no equivale al total de personas interinas que prestarán servicios a lo largo del curso.

Asimismo, debe distinguirse entre el número de vacantes adjudicadas y la tasa de interinidad sobre el conjunto de la plantilla. La tasa correspondiente a 2026-2027 se incorporará cuando se disponga de un denominador actualizado y homogéneo de plantilla total y puedan tenerse en cuenta las jubilaciones y los procesos selectivos correspondientes.

🔢

2. PRINCIPALES DATOS

Curso 2026-2027

Indicador	Curso 2026-2027
Total de vacantes adjudicadas	7.834
Vacantes completas	4.860
Vacantes parciales	2.974
Peso de las vacantes parciales	38,0 %
Incremento respecto a 2025-2026	+275 / +3,6 %
Incremento respecto a 2011-2012	+3.770 / +92,8 %

La cifra de 7.834 vacantes constituye un nuevo máximo de la serie histórica. Frente a las 4.064 adjudicaciones de 2011-2012, el volumen actual es un 92,8 % superior. El dato aconseja centrar el análisis no únicamente en la existencia de personal interino —imprescindible también para responder a necesidades coyunturales—, sino en la persistencia de un elevado volumen de puestos que cada comienzo de curso deben cubrirse mediante interinidad.

Gráfico 1. Evolución del número total de vacantes adjudicadas. 2011-2012 a 2026-2027. Fuente: elaboración de CSIF Castilla y León.

📈

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Máximo de la serie

Desde 2022-2023 la cifra global no ha descendido de 7.000 vacantes y en 2026-2027 alcanza el máximo de toda la serie, con 7.834 adjudicaciones.

Curso	Maestros	Secundaria y otros cuerpos	Total
11/12	1.532	2.532	4.064
12/13	1.381	1.651	3.032
13/14	1.343	2.067	3.410
14/15	1.600	2.418	4.018
15/16	1.883	2.519	4.402
16/17	1.477	3.061	4.538
17/18	1.689	3.774	5.463
18/19	2.134	3.455	5.589
19/20	1.352	3.948	5.300
20/21	2.013	4.786	6.799
21/22	2.411	4.298	6.709
22/23	1.883	5.195	7.078
23/24	2.167	4.962	7.129
24/25	1.983	5.136	7.119
25/26	1.741	5.818	7.559
26/27	2.267	5.567	7.834

Desde el mínimo de la serie, registrado en 2012-2013 con 3.032 vacantes, el número se ha incrementado en 4.802 puestos, un 158,4 %. Más allá de las variaciones derivadas de oposiciones, jubilaciones, cambios de plantilla o necesidades organizativas, la serie pone de manifiesto la persistencia de un volumen muy elevado de adjudicaciones temporales al inicio de cada curso.

◐

4. PARCIALIDAD

Casi cuatro de cada diez vacantes son parciales

En 2026-2027 se han adjudicado 4.860 vacantes completas y 2.974 parciales. Estas últimas representan el 38,0 % del total: prácticamente cuatro de cada diez adjudicaciones de inicio de curso.

Tipo	2011-2012	2026-2027	Diferencia	Variación
Completas	2.586	4.860	+2.274	+87,9 %
Parciales	1.478	2.974	+1.496	+101,2 %

El número de vacantes parciales se ha duplicado desde 2011-2012. Esta evolución aconseja incorporar al debate sobre temporalidad una dimensión adicional: la calidad y configuración de los puestos ofertados. La parcialidad puede dificultar la cobertura de determinadas plazas y afectar a su atractivo, especialmente cuando concurre con itinerancias, desplazamientos o perfiles específicos.

38 %de las adjudicaciones iniciales son parciales

Gráfico 2. Evolución de vacantes completas y parciales. 2011-2012 a 2026-2027. Fuente: elaboración de CSIF Castilla y León.

👩‍🏫

5. EVOLUCIÓN POR CUERPOS

Comportamiento diferenciado en 2026-2027

5.1. Cuerpo de Maestros

Se adjudican 2.267 vacantes: 1.519 completas y 748 parciales. Frente a las 1.741 del curso anterior, se produce un incremento de 526 vacantes (+30,2 %).

Completas: de 1.060 a 1.519 (+43,3 %).
Parciales: de 681 a 748 (+9,8 %).
Las 748 parciales son el máximo histórico para este cuerpo.
El total de 2.267 es el segundo más alto de la serie, tras las 2.411 de 2021-2022.

5.2. Secundaria y otros cuerpos

Se adjudican 5.567 vacantes: 3.341 completas y 2.226 parciales. Respecto a 2025-2026 se produce una reducción de 251 vacantes (-4,3 %).

Las adjudicaciones actuales son un 119,9 % superiores a las 2.532 de 2011-2012.
Las 2.226 vacantes parciales constituyen también el máximo de la serie histórica para este grupo.

Lectura del curso 2026-2027: el incremento global de 275 vacantes se explica íntegramente por el fuerte aumento registrado en Maestros, que compensa la reducción de Secundaria y otros cuerpos.

Gráfico 3. Evolución de las vacantes de Maestros y de Secundaria y otros cuerpos. Fuente: elaboración de CSIF Castilla y León.

🗺️

6. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

Burgos, León y Valladolid concentran el 49,2 %

Las tres provincias suman 3.858 vacantes, el 49,2 % del total autonómico. Burgos registra el mayor número total de adjudicaciones (1.335), seguida de León (1.313) y Valladolid (1.210). Por cuerpos, Burgos concentra el mayor número de vacantes de Maestros, con 419, mientras que León encabeza las adjudicaciones de Secundaria y otros cuerpos, con 968.

Provincia	Código	Maestros	Secundaria y otros	Total
Ávila	05	257	488	745
Burgos	09	419	916	1.335
León	24	345	968	1.313
Palencia	34	138	329	467
Salamanca	37	228	552	780
Segovia	40	212	532	744
Soria	42	215	405	620
Valladolid	47	265	945	1.210
Zamora	49	188	432	620
TOTAL	—	2.267	5.567	7.834

Gráfico 4. Distribución provincial de las vacantes adjudicadas por cuerpos. Curso 2026-2027.

Lectura territorial. Burgos (17,0 %), León (16,8 %) y Valladolid (15,4 %) reúnen casi la mitad de las vacantes. En el extremo opuesto, Palencia registra 467 vacantes, el 6,0 % del total autonómico. Estas cifras expresan volúmenes absolutos de adjudicaciones y no deben interpretarse, por sí solas, como tasas provinciales de interinidad: para esa comparación sería necesario disponer de la plantilla docente total de cada provincia con criterios homogéneos.

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7. TIPOLOGÍA DE LAS VACANTES

No todas las plazas tienen la misma configuración

7.1. Cuerpo de Maestros

1.169con asignaturas complementarias
205 más que el curso pasado

248con acreditación
47 más

245de compensatoria
142 más

545itinerantes
142 más

37vacantes retiradas

Destacan tanto el elevado número de vacantes con asignaturas complementarias como las 545 plazas itinerantes. Estas características refuerzan la necesidad de analizar la calidad y atractivo de los puestos, además de su número total.

7.2. Secundaria y otros cuerpos

73con asignaturas complementarias
46 menos que el curso pasado

297puestos con acreditación
25 menos

65vacantes retiradas

Las categorías anteriores pueden coincidir en una misma plaza. Por ello, no deben sumarse entre sí para obtener un supuesto total de puestos con características especiales.

* En “Secundaria y otros cuerpos” se incluyen Profesores de Enseñanza Secundaria y los restantes cuerpos docentes comprendidos en el procedimiento: Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.

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8. ADJUDICACIONES INFORMATIZADAS

Primer curso completo con sustituciones informatizadas

El curso 2026-2027 incorpora una novedad relevante para el personal docente interino y para la transparencia del sistema de cobertura de sustituciones. En desarrollo del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, firmado por CSIF y el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, las adjudicaciones informatizadas de sustituciones se extienden al conjunto del curso escolar.

Durante 2025-2026 comenzaron a realizarse adjudicaciones informatizadas semanales de sustituciones una vez iniciado el curso. La convocatoria de interinos para 2026-2027 contempla expresamente la adjudicación informatizada de vacantes (AIVI), las adjudicaciones informatizadas de sustituciones de inicio de curso (AISI) y las adjudicaciones informatizadas semanales de sustituciones durante el curso. Por ello, 2026-2027 será el primer curso completo en el que este modelo pueda operar desde el inicio hasta el final del periodo escolar.

AIVIVacantes

→

AISISustituciones de inicio

→

AISI semanalSustituciones durante el curso

CSIF valora positivamente esta mejora, al reforzar la publicidad, la objetividad y la transparencia del procedimiento. Su implantación debe ir acompañada de un seguimiento permanente para garantizar que las sustituciones se oferten y cubran con la máxima rapidez posible y que las necesidades de los centros no sufran demoras innecesarias.

9. TASA DE INTERINIDAD

Serie reciente y dato 2026-2027 pendiente

En informes anteriores CSIF ha estimado también la tasa de interinidad teniendo en cuenta el número total de docentes, las jubilaciones producidas y los procesos selectivos. La serie reciente disponible es la siguiente:

Curso	Maestros	Secundaria y otros	Total
2021-2022	17,95 %	29,78 %	23,86 %
2022-2023	8,58 %	34,85 %	25,15 %
2023-2024	14,60 %	26,30 %	20,98 %
2024-2025	13,50 %	24,08 %	18,79 %
2025-2026	9,96 %	27,85 %	19,51 %
2026-2027	Pendiente	Pendiente	34,5 %*

No se incorpora todavía una tasa de interinidad para 2026-2027. Para que la comparación sea rigurosa debe utilizarse una cifra actualizada y homogénea de plantilla total y considerar el efecto de jubilaciones y procesos selectivos. Un máximo en el número de vacantes adjudicadas no equivale automáticamente a un máximo porcentual de interinidad.

⚠️ Revisión necesaria antes de publicar: el documento original muestra 34,5 % en la columna “Total” de 2026-2027, pero el propio texto afirma que la tasa está pendiente. Se conserva aquí el dato con asterisco para no eliminar información del informe, pero conviene confirmar cuál de las dos versiones es la correcta.

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10. CONCLUSIONES

Ocho ideas principales

Nuevo máximo histórico de vacantes. Castilla y León comienza el curso con 7.834 vacantes adjudicadas, 275 más que el curso anterior.

Prácticamente el doble que al inicio de la serie. Desde 2011-2012 las adjudicaciones han aumentado en 3.770 plazas, un 92,8 %.

La parcialidad mantiene un peso muy elevado. 2.974 vacantes son parciales, el 38 % del total; desde 2011-2012 su número ha crecido un 101,2 %.

Fuerte incremento en Maestros. Las adjudicaciones pasan de 1.741 a 2.267, un aumento del 30,2 % en un solo curso.

Descenso anual en Secundaria, pero nivel histórico elevado. Las vacantes bajan un 4,3 % respecto a 2025-2026, hasta 5.567, pero son un 119,9 % superiores a las de 2011-2012.

Máximo de vacantes parciales en ambos grupos. Las 748 plazas parciales de Maestros y las 2.226 de Secundaria y otros cuerpos son los valores más elevados de sus respectivas series.

La calidad de las plazas también importa. La elevada presencia de parcialidad, itinerancias, materias complementarias y perfiles específicos exige analizar no solo cuántas plazas se ofertan, sino también cómo se configuran.

Primer curso completo con adjudicaciones informatizadas de sustituciones. 2026-2027 permitirá desarrollar durante todo el curso las adjudicaciones informatizadas semanales previstas en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025.

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11. PROPUESTAS DE CSIF

Medidas prioritarias

Reducir de forma sostenida la temporalidad mediante una planificación adecuada de las necesidades estructurales y ofertas de empleo público suficientes.
Reducir el elevado número de jornadas parciales y mejorar la configuración de las plazas para facilitar su cobertura.
Analizar específicamente las causas del incremento de vacantes en el Cuerpo de Maestros durante 2026-2027.
Incorporar con suficiente antelación a la planificación las jubilaciones y demás vacantes previsibles.
Mejorar la estabilidad de las plantillas como elemento fundamental para la continuidad de los proyectos educativos y la calidad del servicio público.
Garantizar la cobertura rápida de las sustituciones durante todo el curso y evaluar de forma continua el funcionamiento de las adjudicaciones informatizadas semanales.
Mantener la máxima transparencia en la publicación, características y adjudicación de los puestos.
Revisar la elevada presencia de plazas parciales, itinerantes, compartidas o con perfiles complementarios cuando su configuración dificulte la cobertura de las necesidades docentes.

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FUENTES Y NOTAS METODOLÓGICAS

Base del análisis

Datos de adjudicaciones e histórico: estudio y serie elaborada por el Sector de Educación de CSIF Castilla y León a partir de las adjudicaciones informatizadas de vacantes.
Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León, publicado en el BOCyL de 25 de septiembre de 2025.
Convocatorias de interinos del curso 2026-2027 (AIVI / AISI / AISI semanal), Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, BOCyL de 22 de junio de 2026.
La tasa de interinidad de 2026-2027 queda pendiente de actualización hasta disponer de datos homogéneos de plantilla total, jubilaciones y procesos selectivos.

📋 ANEXO I · Serie histórica completa de vacantes Desplegar tabla

Desglose por jornada y grupo de cuerpos. La fila 2026-2027 incorpora los datos del curso actual.

Curso	Comp. Maestros	Parc. Maestros	Comp. Sec. y OC	Parc. Sec. y OC	Total Maestros	Total Sec. y OC	GLOBAL
11/12	1.185	347	1.401	1.131	1.532	2.532	4.064
12/13	907	474	858	793	1.381	1.651	3.032
13/14	1.001	342	1.142	925	1.343	2.067	3.410
14/15	1.243	357	1.478	940	1.600	2.418	4.018
15/16	1.495	388	1.450	1.069	1.883	2.519	4.402
16/17	1.065	412	1.896	1.165	1.477	3.061	4.538
17/18	1.246	443	2.472	1.302	1.689	3.774	5.463
18/19	1.640	494	2.097	1.358	2.134	3.455	5.589
19/20	846	506	2.506	1.442	1.352	3.948	5.300
20/21	1.526	487	3.144	1.642	2.013	4.786	6.799
21/22	1.970	441	2.618	1.680	2.411	4.298	6.709
22/23	1.225	658	3.439	1.756	1.883	5.195	7.078
23/24	1.530	637	3.074	1.888	2.167	4.962	7.129
24/25	1.390	593	3.062	2.074	1.983	5.136	7.119
25/26	1.060	681	3.602	2.216	1.741	5.818	7.559
26/27	1.519	748	3.341	2.226	2.267	5.567	7.834

📰 Repercusión en prensa

Medios que recogen la rueda de prensa de CSIF Educación Castilla y León del 1 de septiembre de 2026.

Calendario escolar del curso 2026-27.

maria-isabel.gonzalez.luis — Thu, 27 Aug 26 09:18:00 CEST

- Adjuntamos el calendario elaborado por CSIF.

CSIF, ANPE y STECyL-i alcanzan con Educación un preacuerdo para el cobro de tutorías y reducción de horario lectivo para mayores de 55 años

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 27 Jul 26 13:55:00 CEST

Entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026. El complemento por tutoría será progresivo en los próximos tres cursos hasta llegar a los 60€; y la implantación de la reducción de 3 horas lectivas para docentes mayores de 55 años también se hará de manera gradual.
A diferencia de otras comunidades autónomas, estas medidas se aplicarán de oficio y no implicará otras cargas adicionales.

Tras meses de intensas y complejas conversaciones con la Consejería de Educación, CSIF, ANPE y STECYL-i han logrado arrancar un preacuerdo de mejoras laborales para el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, sobre el reconocimiento de la función tutorial y la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años. Por primera vez, se establece un complemento económico mensual para el docente (de carrera, interino o en prácticas), por hacerse cargo de la tutoría, de 20 euros al mes en el curso 2026/2027, 40€ en el 2027/2028 y 60€ en el curso 2028/2029. Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.

Respecto a la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, la Junta reconoce -con este preacuerdo- una reivindicación histórica mantenida por las tres organizaciones sindicales firmantes. Se aplicará mediante un calendario en 3 fases para docentes con al menos 15 años de servicio en la pública, alcanzando una reducción total de hasta 3 horas o periodos lectivos al final del proceso de implantación, dejando la jornada lectiva final en 21 horas para el Cuerpo de Maestros y 14 periodos lectivos para Secundaria y resto de cuerpos. El preacuerdo contempla la dotación de los docentes necesarios para poner en marcha la medida.

En la primera fase (cursos 2026/2027 a 2028/2029), se hará una reducción de una hora o periodo lectivo (fijando 23 horas lectivas en maestros y hasta 16 periodos en el resto de cuerpos). Se implantará progresivamente según la edad a 1 de septiembre: 59 años o más (2026/2027), 57 años o más (2027/2028) y 55 años o más (2028/2029).

En la segunda fase (cursos 2029/2030 a 2030/2031), habrá una reducción de una hora o periodo lectivo más (2 horas en total), situando la carga en 22 horas en maestros y 15 periodos en Secundaria y resto de cuerpos. Se aplicará a docentes con 60 o más años (2029/2030) y 58 o más años (2030/2031).

En la tercera fase (curso 2031/2032), se reducirá una hora o periodo lectivo más (3 horas en total en la fase final del desarrollo del preacuerdo) para docentes con 60 o más años a 1 de septiembre de 2031, alcanzando el objetivo final de 21 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros y 14 periodos en el resto de cuerpos.

Este preacuerdo de mejoras laborales responde a cuestiones que llevábamos años demandando “incansablemente”, exigiendo el fin de una discriminación histórica respecto a la mayoría de las comunidades autónomas, que ya tenían reconocidos estos derechos para sus docentes. La posición de las organizaciones sindicales firmantes a lo largo de toda la negociación ha sido firme e intransigente con los derechos del profesorado. Fruto de esa determinación, se garantiza que las medidas acordadas entren en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026, dando estricto cumplimiento al calendario acordado en el acuerdo del pasado 22 de septiembre de 2025.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, la Junta aplicará las reducciones de oficio a todo el profesorado que cumpla los requisitos, de forma transparente y sin burocracia añadida. Por ello, aquellos docentes que prefieran mantener su horario habitual deberán formalizar expresamente su renuncia o desistimiento. En esta reducción se garantiza que no se realizará ninguna actividad directa con alumnado ni se impondrán actividades adicionales de centro, marcando una distancia sustancial con los recortes o contraprestaciones exigidos en otras comunidades autónomas.

LA NEGOCIACIÓN NO ACABA CON ESTE PREACUERDO

A pesar de los avances contenidos en el documento, CSIF, ANPE y STECYL-i dejan claro que no se conforman y que la negociación no acaba con este preacuerdo. En la comisión de seguimiento continuarán luchando con determinación para que la tutoría se reconozca de manera efectiva en todas las etapas educativas, así como demandando la creación de un complemento para todo el profesorado especialista que desempeña funciones imprescindibles y atiende de forma directa a la totalidad del alumnado del centro.

Asimismo, mantiene intacta la exigencia de una subida salarial justa para todo el profesorado, orientada a equiparar nuestras retribuciones con las de las comunidades autónomas con los sueldos más altos.

La firma de este preacuerdo no es un punto final, sino un paso más en el camino. Desde la Comisión de Seguimiento de constitución obligatoria, los sindicatos firmantes, CSIF, ANPE y STECYL-i, vigilarán el cumplimiento estricto de cada plazo y continuarán presionando formalmente para alcanzar las mejoras que aún quedan pendientes. Con este preacuerdo demostramos que sabemos acordar cuando se avanza, pero sin renunciar a una sola de sus reivindicaciones. Continuaremos luchando con la máxima firmeza para conseguir nuevas y mejores condiciones para todo el profesorado de la enseñanza pública: porque ese es, y seguirá siendo, nuestro compromiso y nuestro trabajo.

📌📌 Gran repercusión en prensa

Preacuerdo alcanzado por CSIF, ANPE y STECyL-i con la Consejería de Educación

👉 Por primera vez, el profesorado tutor percibirá un complemento económico mensual, que se implantará progresivamente hasta alcanzar los 60 euros.

👉 También se reducirá de forma gradual la carga lectiva del profesorado mayor de 55 años, hasta alcanzar una disminución máxima de tres horas o periodos lectivos.

💚 Dos reivindicaciones históricas que comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

Desde CSIF seguiremos vigilando el cumplimiento de todos los plazos y reclamando nuevas mejoras para el profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León.

📰 Repercusión en medios

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público en CyL. BOCYL 19/12/2025.

maria-isabel.gonzalez.luis — Fri, 19 Dec 25 07:36:00 CET

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La situación actual viene determinada por la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024 para 2025 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La imposibilidad de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026 antes del uno de enero de dicho ejercicio, conlleva que se mantendrá esta situación de prórroga presupuestaria al inicio de 2026.

Esta circunstancia impide, a diferencia de otros años, que se regule el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público de la comunidad para 2025 y 2026.

La situación de prórroga presupuestaria también se produce a nivel estatal, donde los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantienen prorrogados en este ejercicio 2025 y se mantendrán prorrogados al inicio de 2026. Coyuntura que determina que se haya aprobado el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, para hacer efectiva la parte de los incrementos retributivos correspondientes a 2025 y 2026, estableciendo esta disposición qué partes de la misma tienen carácter básico para todas las Administraciones Públicas.

De este modo, el artículo 1.1 establece el incremento retributivo con carácter básico del Estado para 2025: «En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.» También se establece con carácter básico en el artículo 1.2 que: «La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.»

Igualmente, el artículo 2 establece el incremento retributivo con carácter básico del Estado para 2026: «1. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.»; «2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.» «A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.» Además, en el artículo 2.3 establece: «La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.»

Así mismo, en el artículo 3.1 respecto de la efectividad del incremento salarial determina: «Las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.»

A la vista de la habilitación realizada por el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, el presente decreto-ley establece el incremento máximo de las retribuciones en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

En las medidas que se adoptan en el presente decreto ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y León para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decretos-leyes, según lo establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El decreto-ley permite trasladar en tiempo y forma a la normativa de la Comunidad de Castilla y León los criterios de incremento retributivo para los ejercicios 2025 y 2026. Por lo tanto, es su última finalidad el proceder al reconocimiento de los derechos retributivos de los sujetos afectados, independientemente de las vicisitudes que pueda haber sufrido la tramitación ordinaria de la normativa propia autonómica.

En la redacción de este decreto-ley se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como también los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ningún tipo, más allá de aquellas que obligan a la propia administración autonómica. Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jurídico y con el conjunto de las políticas públicas autonómicas, al tiempo que estimulará su mejor cumplimiento.

Asimismo, se garantizan los principios de responsabilidad, determinándose los órganos responsables de la ejecución y el control de las medidas incluidas en la norma, de accesibilidad, utilizándose una redacción clara y comprensible y una técnica normativa correcta, de eficiencia, puesto que se agilizan procedimientos y se eliminan cargas administrativas, y de transparencia, ya que la norma identifica claramente su propósito y lo explica con detalle. Hay que precisar que no se han realizado los trámites de participación pública previstos en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis 1.b) y 3.b) de dicha ley, que hace posible la excepción cuando en la norma concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan su aprobación urgente.

Este decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Las medidas contenidas en este decreto-ley han sido sometidas a previa negociación en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y ha sido informado por el Consejo de la Función Pública.

En su virtud, haciendo uso de la autorización prevista en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia y a iniciativa conjunta de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de diciembre de 2025

DISPONE

Artículo 1.– Incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Castilla y León para 2025.

1. Con efectos a 1 de enero de 2025, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

4. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2024.

Artículo 2.– Incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Castilla y León para 2026.

1. Con efectos a 1 de enero de 2026, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en el artículo 1º de este Decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026 y, adoptado el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros, se acordará el incremento global resultante que corresponda.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

4. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2025.

Artículo 3.– Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería de la Presidencia para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del presente decreto-ley.

Segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Advertido error en el texto remitido para su publicación, del Decreto-ley 3/2025, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2025 y 2026 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 244, de fecha 19 de diciembre de 2025, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 13

Donde dice:

«Artículo 3. – Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.»

Debe decir:

«Artículo 3. – Efectividad del incremento salarial.

El incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de enero de 2026, abonándose los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.»

Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE 03/12/2025.

maria-isabel.gonzalez.luis — Wed, 03 Dec 25 08:19:00 CET

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Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

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TEXTO ORIGINAL

El Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extiende entre los años 2025 y 2028.

En este acuerdo se prevé para los citados años un incremento salarial que deberán recoger las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, al objeto de tratar el incremento de las retribuciones del personal al servicio público en 2025 y 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se ha reunido la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el 1 de diciembre de 2025.

Como quiera que la situación de prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se mantiene en la actualidad y se mantendrá al inicio de 2026, se hace necesario aprobar esta norma y hacer efectiva la parte del incremento correspondientes a 2025 y 2026.

En particular, su contenido se limita a regular exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2025 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año, y para aprobar con efectos de 1 de enero de 2026 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026.

De manera más precisa, en 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, establecidos por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y actualizados por el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Y para 2026 se establece una subida salarial consolidable del 1,5 por ciento respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, actualizados en este real decreto-ley, con efectos de 1 de enero de 2026. Adicionalmente, se aplicará otro incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento.

Las normas que regulan el incremento retributivo contenidas en este real decreto-ley, en tanto se les atribuye la naturaleza de norma básica, aplicable a todas las Administraciones públicas, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local.

Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y coordinación con la Hacienda estatal por los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

En las medidas que se adoptan en este real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley, considerando que los objetivos que se pretenden alcanzar no pueden conseguirse mediante la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia. Esta extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en los años 2025 y 2026 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF, que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal. Dada la situación de prórroga presupuestaria es necesaria la aprobación de esta norma que posibilite el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2025 y 1 de enero de 2026.

El contenido material del real decreto-ley se ajusta a las exigencias del precepto constitucional, no sobrepasando sus límites al no regular materias relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

En consecuencia y a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley resulta plenamente justificada.

III

Este real decreto-ley se adecua, igualmente, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente con la explicación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes.

En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, si bien la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se definen claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Igualmente, el principio de transparencia se garantiza mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y posterior remisión a las Cortes Generales para su convalidación en debate público. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía. Este real decreto-ley es dictado al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española y en el artículo 156.1, que atribuyen al Estado la competencia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y coordinación con la Hacienda estatal, respectivamente.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2025,

DISPONGO:

Artículo 1. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2025.

1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

3. Con efectos de 1 de enero de 2025, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena.dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2025, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 2. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2026.

1. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley. Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.

2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en este real decreto-ley, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, que se abonará en el primer trimestre de 2027.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

3. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

4. Con efectos de 1 de enero de 2026, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.uno y disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en este real decreto-ley, se incrementarán en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en materia de retribuciones en este real decreto-ley, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2026, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 3. Efectividad del incremento salarial.

1. Las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

2. En el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de diciembre de 2025, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Disposición adicional única.

En el ámbito estatal, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar en 2025 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 en los términos del artículo 1.1 y para actualizar en 2026 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 2, así como para dictar las instrucciones necesarias para el abono de las mismas.

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

1. Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y coordinación con la Hacienda estatal, por el artículo 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución Española.

2. El artículo 1, apartados 1 y 2, el apartado 3 salvo los preceptos citados en este que afecten exclusivamente al sector público estatal, el artículo 2, apartados 1, 2 y 3, el apartado 4 salvo los preceptos citados en este que afecten exclusivamente al sector público estatal y el artículo 3 apartado 1 de este real decreto-ley tienen carácter básico.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 2 de diciembre de 2025.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

maria-isabel.gonzalez.luis — Tue, 14 May 24 05:46:00 CEST

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

LEY 5/2024, de 9 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

LEY 5/2024, de 9 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 se elaboran dentro del marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley –entre los que se encuentran las comunidades autónomas– se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades de España que ha superado el nivel de PIB previo a la pandemia. Nuestra economía ofrece en términos macroeconómicos un comportamiento mejor que la media nacional. Sin embargo, el contexto económico internacional y nacional actual no está exento de dificultades, riesgos y desafíos. La falta de dinamismo de los intercambios a nivel global, junto con la persistencia de significativas incertidumbres geopolíticas, están tensionando los mercados y podrían afectar a las cadenas de suministro y a los intercambios comerciales, lo cual dificultaría el descenso de la inflación, que a su vez redundaría en el mantenimiento de la actual política monetaria y en un endurecimiento de las condiciones financieras.

En este contexto, los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024 se han elaborado con un criterio de prudencia, considerando la senda prevista a medio plazo en el marco de la reactivación de las reglas fiscales. Con un objetivo claro de garantizar la equidad y calidad de los servicios públicos, consolidando el ritmo de crecimiento que se ha logrado para seguir generando en Castilla y León oportunidades de futuro, con una fiscalidad moderada, selectiva e inteligente, protegiendo y atendiendo de forma adecuada a todas las personas, vivan donde vivan, apostando por la familia y la juventud, invirtiendo en el desarrollo de las zonas rurales y en la dinamización demográfica como bases de la cohesión social y territorial, impulsando programas de financiación a pymes y autónomos que permitan seguir creando empleo aprovechando las potencialidades de nuestra comunidad, defendiendo nuestros intereses en el marco de la Unión Europea y reafirmando nuestro sólido compromiso con el municipalismo. En definitiva, avanzando hacia una Castilla y León que desarrolle, entre todos, nuevas vías de progreso y modernización para que nuestra tierra pueda responder a los poderosos desafíos que se nos plantean en un mundo globalizado, digitalizado e interconectado.

El pasado 12 de diciembre, el Consejo de Ministros estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para el período 2024-2026, fijando para la Comunidad de Castilla y León un objetivo de déficit del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto regional y un volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del 21,7 por ciento del Producto Interior Bruto regional.

El hecho de que el Estado no haya presentado aún el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 no impide que lo puedan hacer el resto de las Administraciones, dado que en este momento ya están fijados los parámetros en que se materializa el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera para cada una de ellas, requisitos esenciales para la elaboración del proyecto de presupuestos, y se ha comunicado por el Estado el importe de los recursos del sistema de financiación que corresponde a Castilla y León. Sin embargo, no se conocen algunos datos de especial importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, por lo que de manera cautelar los incrementos previstos en esta materia se supeditan a la regulación que establezca el Estado para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Ley se ha elaborado respetando los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2023, sin que el volumen de gasto exceda de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.

Así, la Junta de Castilla y León ha establecido el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2024 en 12.993,64 millones de euros, aprobado por las Cortes de Castilla y León el 7 de febrero de 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

La presente ley recoge los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para su correcta ejecución.

La Ley consta de treinta y siete artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II, destinado al régimen general de los créditos, se divide en dos capítulos. En el primero se regula el destino de los créditos y en el segundo la gestión de los gastos.

El título III trata de determinadas modificaciones de créditos.

El título IV se refiere a los gastos en materia de personal del sector público autonómico, y comprende dos capítulos: el primero destinado a los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal y el segundo a otras disposiciones en materia de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, que tratan respectivamente de las garantías y del endeudamiento, regula las operaciones financieras.

El título VII establece las cuentas que deben rendir las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX define la información a remitir a las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1.– Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad, que incluye el de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad, y el de la Política Agrícola Común.

b) Los presupuestos de los organismos autónomos Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

c) Los presupuestos de los entes públicos de derecho privado Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

d) Los presupuestos de explotación y de capital de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

e) Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones públicas Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Fundación Santa Bárbara, Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León.

f) Los presupuestos de explotación y de capital del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ente público de derecho privado con el régimen presupuestario de las fundaciones públicas.

Artículo 2.– Aprobación de los créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, que incluye el de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y el de la Política Agrícola Común, por un importe total de ingresos y gastos de 13.150.669.634 euros.

En el estado de gastos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 12.189.061.812 euros.

En el estado de gastos de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 37.186.753 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 23.039.160 euros, al Procurador del Común por importe de 2.069.409 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 5.541.350 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 2.078.134 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.807.260 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.199.530 euros.

En el estado de gastos de la Política Agrícola Común (PAC) se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 924.421.069 euros.

2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por un importe de 1.338.291.354 euros.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por un importe de 4.737.263.022 euros.

4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 327.810.396 euros.

5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 257.598.680 euros.

6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 47.809.049 euros.

7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 88.673.496 euros.

8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.409.502 euros.

9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad se agrupan en programas y subprogramas. Su importe se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros
Deuda pública	1.784.512.335
Justicia	54.630
Seguridad ciudadana	19.032.513
Pensiones y otras prestaciones económicas	166.124.339
Servicios Sociales y promoción Social	1.194.163.027
Fomento del empleo	436.913.059
Vivienda y urbanismo	112.179.000
Sanidad	4.812.765.002
Educación	2.688.649.002
Cultura	152.819.530
Agricultura, ganadería y pesca	1.497.089.801
Industria y energía	228.628.244
Comercio y turismo	82.217.390
Infraestructuras	649.302.109
Investigación, desarrollo e innovación	210.037.869
Otras actuaciones de carácter económico	173.843.607
Alta dirección de la Comunidad	51.179.827
Administración general	125.688.096
Administración financiera y tributaria	50.262.209
Transferencias a administraciones públicas	127.032.528
TOTAL	14.562.494.117

10. Se aprueban los presupuestos de explotación y de capital de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad con su mismo régimen presupuestario con sus correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital:

a) Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 83.137.503 euros.

Presupuesto de capital: 366.457.776 euros.

b) Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 33.624.204 euros.

Presupuesto de capital: 51.201 euros.

c) Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 10.411.069 euros.

Presupuesto de capital: 92.670 euros.

d) Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 3.065.614 euros.

Presupuesto de capital: 5.000 euros.

e) Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 30.279.355 euros.

Presupuesto de capital: 2.693.738 euros.

f) Fundación Santa Bárbara:

Presupuesto de explotación: 2.766.984 euros.

Presupuesto de capital: 2.734.820 euros.

g) Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 22.105.846 euros.

Presupuesto de capital: 165.000 euros.

h) Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 5.783.932 euros.

Presupuesto de capital: 1.667.129 euros.

i) Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 858.416 euros.

Presupuesto de capital: -444.507 euros.

j) Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 4.199.698 euros.

Presupuesto de capital: -125.855 euros.

k) Consejo de la Juventud de Castilla y León:

Presupuesto de explotación: 856.240 euros.

Presupuesto de capital: -65.650 euros.

Artículo 3.– Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 3.176.122.000 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.– DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4.– Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2024 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud se hará tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria como al de proyecto de gasto que determine la consejería competente en materia de hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 0522.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 11 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

d) Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

e) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

CAPÍTULO II.– DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5.– Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de su asignación a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6.– Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueren insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7.– Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8.– Contratos y encargos.

1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros. Una vez autorizado un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición, no será necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León para la celebración de contratos basados o específicos que deriven de aquéllos.

Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la autorización del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la autorización del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no será necesaria si la Junta de Castilla y León hubiera tenido previamente ocasión de autorizar o conocer el expediente por cualquier causa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a los encargos que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a los medios propios personificados.

7. De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la consejería competente en materia de hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 9.– Convenios y encomiendas de gestión.

1. Los convenios que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 10.– Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con algún ingreso finalista requerirá un informe previo con toda la información técnicamente relevante para tramitar la modificación. El informe será emitido por:

a) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística cuando se trate de los fondos europeos a que se refiere el artículo 1, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/1060, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE+, al Fondo de Cohesión, al FTJ y al FEMPA, así como las normas financieras para dichos fondos, o norma que lo sustituya.

b) El secretario técnico del Organismo Pagador cuando las modificaciones afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER.

c) El centro directivo gestor en el resto de casos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2024 y excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la consejería competente en materia de hacienda, que tendrá carácter vinculante.

5. En 2024 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.

6. Si una modificación de crédito requiere la creación de nuevos subconceptos presupuestarios, éstos se crearán por el centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 11.– Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para el año 2024 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 0206.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de las vacunas incluidas en los programas vacunales.

d) Los consignados en la partida 0522.312A01.4800Z «Farmacia».

e) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

f) Los destinados a abonar los importes que procedan por las deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León generadas en el IRPF y no aplicadas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

g) Los consignados en la partida 0304.412C01.77052 «Seguros agrarios».

h) Los destinados al pago de actuaciones excepcionales ocasionadas por catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, que deberán ser declarados expresamente como tales por la Junta de Castilla y León.

i) Los consignados en la partida 0921.231B06.48071 «Ayudas a la natalidad».

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.– DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 12.– Normas generales.

1. Con efectos a 1 de enero de 2024, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en la normativa básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

3. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2023.

Artículo 13.– Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios, que serán iguales a las de los funcionarios de la Administración del Estado para cada uno de los grupos en que se clasifiquen los Cuerpos o Escalas.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, el complemento de carrera profesional mensual en la categoría que se tenga reconocida de acuerdo con su grupo o subgrupo de pertenencia, el complemento específico percibido en el mes de devengo, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que serán iguales a las fijadas para los funcionarios de la Administración del Estado.

c) El complemento de destino, cuya cuantía será igual a la fijada por la Administración del Estado. No obstante, se mantienen a título personal las retribuciones del personal del Grupo E / Agrupaciones Profesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la Ley 6/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con su contenido, especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

e) La cuantía global del complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada sección y programa, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2023, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

f) El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera profesional horizontal del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2023. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

g) El complemento de consolidación punto 4º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

h) Los complementos personales y transitorios se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2024 incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

i) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en horarios nocturnos, así como en sábados, domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de noche y turno de sábados, domingos y festivos, respectivamente, por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

j) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

k) El personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

Artículo 14.– Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta.

1. Durante el año 2024, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2023 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2024, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2024, deberá solicitarse a la consejería competente en materia de hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2023.

Artículo 15.– Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2024 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 13 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 13 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007, de 7 de marzo.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2023, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a las asignadas para el ejercicio 2023.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2023.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2023. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

5. Durante el año 2024 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2023 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

7. Los contratos de alta dirección que se celebren durante el año 2024 deberán remitirse, al menos con 20 días de antelación a su formalización, para su autorización a iniciativa conjunta de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes preceptivos y vinculantes de los respectivos centros directivos. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos sin autorización.

Cuando sea necesaria alguna otra aprobación previa a la celebración del contrato, la autorización se recabará con anterioridad a aquélla.

Artículo 16.– Altos cargos.

1. La retribución para el año 2024 del presidente de la Junta de Castilla y León será como máximo la que se establezca para el ministro del gobierno, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2023. A esta retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2024 del vicepresidente y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán como máximo las que se establezcan para el secretario de estado, no pudiendo experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023. A estas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios, los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo, así como las del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes, así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2024 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca para el subsecretario de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023.

El sueldo para el año 2024 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para el director general de la Administración General del Estado, no pudiendo experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2023. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2023 en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley.

2. Para el año 2024 a los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2023 derivados del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad y carrera profesional que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición. Así mismo, podrán percibir el complemento de productividad que, en su caso, se les asigne de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. El presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la consejería competente en materia de hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

5. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 17.– Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 18.– Retribuciones de los cargos directivos de los entes públicos de derecho privado, las empresas y fundaciones públicas, y otras entidades del sector público institucional de la Comunidad.

1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las entidades del sector público institucional de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizados, con carácter previo a su designación o contratación, por la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, vista la propuesta de la persona titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

2. Las retribuciones que deban autorizarse en el ejercicio 2024 no podrán ser superiores a las establecidas para los altos cargos a los que estén asimilados los puestos, o para los directores generales de la Administración General de la Comunidad, en su defecto.

3. Las retribuciones de los puestos antes mencionados que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiere corresponderles.

4. Las obligaciones contenidas en este artículo se aplicarán a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco serán de aplicación a los organismos autónomos.

Artículo 19.– Otros contratos de alta dirección.

1. Los contratos de alta dirección no contemplados en el artículo anterior que se celebren durante el año 2024 dentro del sector público institucional de la Comunidad deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

2. Las retribuciones máximas de estos contratos no podrán ser superiores a las establecidas para los directores generales de la Administración General de la Comunidad.

3. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

4. Cuando sea necesaria la aprobación del contrato por el órgano de gobierno de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a aquélla.

5. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, las universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente artículo a los organismos autónomos.

CAPÍTULO II.– OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 20.– Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, y para las modificaciones de plantillas o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2024 será preciso informe previo de la consejería competente en materia presupuestaria para determinar o modificar las condiciones de trabajo, así como para las modificaciones de las plantillas o de las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos que conlleven variación en el gasto público.

Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del párrafo anterior, se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

2. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las demás entidades del sector público institucional de la Comunidad, excepto las Cortes de Castilla y León, las instituciones propias de la Comunidad, universidades públicas y las entidades dependientes o vinculadas a todas ellas, que se regularán por su normativa específica. Tampoco se aplicará el presente apartado a los organismos autónomos.

3. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos que sean superiores a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21.– Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

A lo largo del ejercicio 2024 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio.

Artículo 22.– Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con duración determinada, con cargo a los créditos de gastos de personal.

1. Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.

a) Durante el año 2024, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

La ampliación de la duración del nombramiento de personal funcionario interino autorizado para la ejecución de programas de carácter temporal, sólo procederá en los casos de necesidad debidamente justificada, con autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

b) Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de sustitución de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los contratos laborales que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

c) La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario, de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como de los puestos de trabajo de personal docente en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación.

Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la consejería competente en materia de educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

d) Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral con duración determinada para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta o que presten servicios en el operativo de prevención y extinción contra incendios forestales.

e) Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

f) Durante 2024 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Otras entidades del sector público autonómico.

a) Durante 2024 no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda en aquellos entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

b) En el ámbito de aquellas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el apartado 1.b) de esta disposición, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales, en que sí se requerirá dicha autorización.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 23.– Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2024 contratos laborales de duración determinada en las modalidades previstas por la legislación aplicable.

2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados, a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieren derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación de personal laboral temporal podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual y sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación aplicable a la modalidad de contratación de duración determinada de que se trate.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas respecto de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

Artículo 24.– Contratos de actividades científico-técnicas.

1. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2024 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, requerirán autorización previa a iniciativa conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

2. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2024, en el mismo marco del apartado 1 de este artículo, en los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, requerirán autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesaria dicha autorización en los entes que dependan o estén vinculados a las Cortes de Castilla y León, a las instituciones propias de la Comunidad, ni a las universidades públicas.

3. No se requerirá el trámite de autorización previa en aquellos contratos que estén vinculados en su totalidad a financiación externa o a financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva.

4. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 25.– Indemnizaciones por razón del servicio.

Las indemnizaciones por razón del servicio se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley. Sus cuantías podrán verse actualizadas durante el año 2024 de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Las indemnizaciones o suplidos del personal al que se refiere el artículo 14 no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

TÍTULO V

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 26.– Disposiciones generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local,-que figura como anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 27.– Convenios con entidades locales.

No obstante lo establecido en el artículo 9.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la autorización del gasto que del mismo pudiere derivarse.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.– DE LAS GARANTÍAS

Artículo 28.– Avales.

1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiere conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2024 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

3. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2024 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2024 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 29.– De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.– DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 30.– Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto a la capacidad de endeudamiento de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 31.– Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A ella le corresponde, asimismo, la autorización del gasto de dichas operaciones.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2024, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

Artículo 32.– Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2024 hasta un importe de 1.545.357.708 euros de conformidad con lo previsto en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

a) Las operaciones de crédito que se formalicen por el importe de las amortizaciones anticipadas de deuda que efectúen los entes que integran el sector público autonómico, excluida la Administración General, así como aquellas que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de dichos entes, como consecuencia del proceso de reestructuración del sector público autonómico, o de la reordenación de su endeudamiento.

b) Las operaciones de crédito que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público autonómico.

c) Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento.

d) El endeudamiento no formalizado a lo largo del ejercicio por los entes del sector público autonómico en relación con el inicialmente previsto.

3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

4. A la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 33.– Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas o en el subsector de sociedades no financieras públicas según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. Durante el ejercicio 2024, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 25.000.000 euros.

3. No obstante, el límite establecido en el apartado anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO VII

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTROS ENTES

Artículo 34.– Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Sin perjuicio de lo previsto en el capítulo III del título VI de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, las empresas públicas, las fundaciones públicas y los demás entes con el mismo régimen presupuestario que éstas remitirán copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión cuando proceda su emisión, a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia al centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 35.– Consejos reguladores.

Los consejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 36.– Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.

1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto de las cantidades exigibles en el año 2023. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

2. Las tasas que, conforme a su normativa específica sean gestionadas mediante liquidación administrativa, se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

3. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

4. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería respectiva y previo informe del centro directivo competente en materia de tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

TÍTULO IX

REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 37.– Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la consejería competente en materia de función pública a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.– Prestación de servicios sociales.

1. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y su organismo autónomo, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrán formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica que forman parte de la Confederación de Caritas Española, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) y la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter autonómico, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas autonómicos de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto, aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

Tercera.– Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjere una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjere una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable.

3. Las diferencias retributivas que pudieren producirse en el caso del personal transferido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiere ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Cuarta.– Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de sus costes, así como cuanta información adicional le sea requerida a tal efecto.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2024 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de la Comunidad, deberá contarse con la autorización de la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

Quinta.– Planes y programas de actuación.

Corresponde al centro directivo competente en materia de presupuestos emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Sexta.– De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común» por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Séptima.– Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2024, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Octava.– Conciertos educativos.

1. Durante 2024 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

2. A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los importes de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2024 serán los que se detallan seguidamente:

a) Módulos de «otros gastos» y «personal complementario» en enseñanzas de Educación Especial:

EDUCACIÓN ESPECIAL
I. Educación Básica/Primaria. Plurideficientes
Otros gastos	10.431,11
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	27.495,59
II. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes
Otros gastos	13.137,16
Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)	41.271,70

b) Módulos de «otros gastos» para centros de Formación Profesional:

Serán los establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor, incrementados en las cuantías detalladas en la siguiente tabla para asumir la obligación de inclusión, en el sistema de la Seguridad Social, del alumnado que lleve a cabo la formación en empresa u organismo equiparado, de acuerdo con la organización correspondiente a cada ciclo formativo.

	Cuantía por unidad	Cuantía por alumno
Formación Profesional Básica (20 alumnos)	878,40	43,92
Grado Medio (30 alumnos)	1.462,80	48,76
Grado Superior (30 alumnos)	1.462,80	48,76

La cuantía correspondiente a cada centro se pagará de forma efectiva finalizado el curso escolar en función del número de alumnos que haya realizado las prácticas, previa justificación.

c) Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria se regirán por lo establecido al efecto en la ley de presupuestos generales del Estado en vigor.

Novena.– Plan Plurianual de Convergencia Interior y ayudas.

1. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar de los créditos necesarios en la forma en que se establezca en la norma que apruebe dicho mapa, con un máximo de 25 millones de euros, al Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior, previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

En el caso de que estas modificaciones afecten a créditos de distintas secciones, la autorización corresponderá a la Junta de Castilla y León.

2. El incremento experimentado en las trasferencias del Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma al que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2015 hasta el último ejercicio presupuestario vigente, tendrá la naturaleza de ayudas de la cooperación económica local general para el fomento de las mancomunidades y para el fomento de medidas para hacer frente a los desafíos demográficos en las pequeñas entidades locales, en la proporción que determine el Consejero competente en materia de administración local.

Décima.– Especialidad referida a la gestión de los fondos de los planes Next Generation EU y de otros fondos europeos.

1. Los contratos y sus modificaciones, los encargos y encomiendas a otros órganos o entidades de la Administración de Castilla y León o de otra Administración, las subvenciones, salvo las concedidas directamente por la Administración por razones que dificulten su convocatoria pública que sean superiores a 500.000 euros, los convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas y los convenios con entidades locales que tengan por objeto ejecutar actuaciones financiadas con los fondos de los planes Next Generation EU, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el Fondo Social Europeo Plus, con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, no precisarán autorización de la Junta de Castilla y León. En estos casos, cuando los importes superen los establecidos en los artículos 8.1 y 9.1, respectivamente, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León, en un plazo de 15 días, la autorización del gasto en el caso de contratos y encargos a medios propios y sus modificaciones, o bien la concesión de la subvención, la formalización de la encomienda de gestión, o la suscripción del convenio.

2. Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones, que estén financiadas total o parcialmente por los fondos europeos mencionados en el apartado anterior, precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen 1.000.000 de euros.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.

Uno. Imputación de las operaciones de gasto.

La imputación de las operaciones de gasto del presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 se realizará del siguiente modo:

1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos aprobados por la presente ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024 no existiere el mismo crédito que en el presupuesto prorrogado o, existiendo, su dotación fuere insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad remitirá al respectivo servicio gestor una relación de las operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2024 con la especificación de los distintos expedientes afectados. El servicio gestor, en el plazo de treinta días, deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la mencionada relación.

3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio retenciones de crédito de no disponibilidad por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El Servicio de Contabilidad aplicará dichas retenciones a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

4. Hasta el momento en que se realicen las actuaciones relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en el apartado anterior, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

5. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de las anulaciones a las que se refieren los apartados anteriores se efectuará por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

6. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

Dos. Modificaciones presupuestarias.

La Consejería de Economía y Hacienda determinará cuáles de las modificaciones presupuestarias realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2024. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiere ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Segunda.– Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.– Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 9 de mayo de 2024.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

Oposiciones Docentes 2024

admin — Thu, 08 Feb 24 05:53:00 CET

ConvocatoriasEmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCastilla y León - Educación Image

PLAZAS

NOTA: Recuerde que tiene que tener habilitadas las ventanas emergentes para ver la distribución de plazas de los distintos cuerpos.

CONVOCATORIAS

Principado de Asturias	Plazo hasta el 30 de noviembre de 2023	Navarra	Plazo hasta el 14 de diciembre de 2023
Murcia	Plazo hasta el 20 de diciembre de 2023	Castilla y León	Maestros.Plazo hasta el 22 de diciembre de 2023 Secundaria.Plazo desde el 10 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024
Comunidad de Madrid	Estabilización: Plazo hasta el 10 de enero de 2024 Reposición: pendiente	Extremadura	Plazo hasta el 10 de enero de 2024
Cataluña	Plazo hasta el 19 de enero de 2024	Comunidad Valenciana	Plazo hasta el 15 de enero de 2024
Andalucía	Plazo hasta el 19 de enero de 2024	Cantabria	Maestros: Plazo del 21 de febrero al 11 de marzo de 2024 Otros cuerpos: Plazo del 30 de marzo al 18 de abril de 2023
Aragón	Cuerpo de Maestros (reposición) Cuerpo de EE.MM (reposición) Cuerpo de EE.MM (estabilización) Plazo de presentación de solicitudes Desde las 00:00 del jueves 8 de febrero hasta las 23:59 del martes 27 de febrero, ambos inclusive.

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admin — Thu, 11 Jan 24 11:48:00 CET

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Actualización de las retribuciones con la subida del 0,5% de octubre de 2023.

admin — Mon, 23 Oct 23 14:13:00 CEST

EmpleoRetribucionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCastilla y León - Educación Image

ACTUALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES CON LA SUBIDA DEL 0,5 DE OCTUBRE DE 2023.

EL PROFESORADO SIGUE PERDIENDO PODER ADQUISITIVO. DATO CONTRA RELATO. TÚ ELIGES.

RETRIBUCIONES DOCENTES 2023

NOTA: Recuerde que tiene que tener habilitadas las ventanas emergentes para ver las retribuciones de cada CC.AA.

DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 31/03/2023.

admin — Fri, 31 Mar 23 05:48:01 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCatedráticos Enseñanza SecundariaFuncionarioMaestrosProfesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen EspecialCastilla y León - Educación Image

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO-LEY 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

–I–

El presente texto normativo versa sobre la materia del empleo público, sobre el régimen de «derechos y deberes» de dichos empleados, específicamente en relación a la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Constitución Española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, nuestra Norma Suprema obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según se establece en los artículos 23.2 y 103.3.

La modernización y mejora de la Administración Pública ha constituido un objetivo permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato constitucional de contar con una Administración eficaz en su actuar al servicio de los intereses generales.

Por otro lado, las Administraciones Públicas han tenido que hacer frente a desafíos derivados de importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su labor de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. Cambios que han afectado y afectan con especial intensidad a las organizaciones públicas, las cuales afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos. Todos estos objetivos de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la Administración, como es su capital humano.

La norma utiliza el cauce excepcional del Decreto Ley para modificar el régimen jurídico general de la jornada laboral semanal de los empleados públicos autonómicos, bajo la concurrencia de causas de extraordinaria y urgente necesidad.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a imagen y semejanza de la potestad atribuida al Gobierno de la Nación por el artículo 86 de la Constitución, atribuye a la Junta de Castilla y León en su artículo 25.4, la potestad de dictar normas con rango de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que no podrán afectar a la reforma del Estatuto, a la regulación y fijación de la sede o sedes de las instituciones básicas de la Comunidad, al régimen electoral, al presupuestario, al tributario y al de los derechos previstos en el Estatuto, ni tampoco regular materias para las que el propio Estatuto exija para su aprobación una ley de Cortes.

La figura del Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del gobierno.

Más allá de consideraciones políticas, o de conciencia social, que puedan reforzar la posición de los empleados públicos, ya que han jugado un papel fundamental durante estos años, especialmente durante la pandemia provocada por la Covid-19, garantizando la sanidad, la educación o los servicios sociales, y manteniendo en funcionamiento la Administración Autonómica para asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos de Castilla y León, la perspectiva estrictamente jurídica de su fundamentación es la única que debe apreciarse para analizar los motivos de la urgencia.

Qué duda cabe que la jornada laboral semanal, como derecho del empleado al descanso en cada periodo de siete días, es una submateria poliédrica, y que, por ello, admite muchos puntos de vista en su análisis y se proyecta sobre importantes derechos, cuya afectación, suficientemente explicada, sirve de fundamento para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de su modificación por este cauce extraordinario.

Además, razones de Justicia justifican que esta medida prevista en el texto normativo se extienda a todos los servidores públicos autonómicos, con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen, referidos a la Administración General y a los Organismos Autónomos. La universalidad que fundamenta esta reforma evita así la discriminación entre grupos y sectores.

En definitiva, la determinación del régimen jurídico del «tiempo de prestación de servicios de los empleados públicos», en cualquiera de sus vertientes o instrumentos –ya sea de jornada semanal, pero también del régimen de la jornada diaria, o de las vacaciones, permisos o licencias–, aunque sean generadores de derechos autónomos y que persiguen teleológicamente objetivos distintos, puede llegar a constituir causa de extraordinaria y urgente necesidad en su definición, concreción o modificación, en función de la situación fáctica real existente y circunstancias concurrentes al momento de su análisis, cuya motivación se pasa a desarrollar.

En primer lugar, el motivo del cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria y de limitación de los presupuestos públicos, derivado de la situación económica, puede afectar de forma muy importante al régimen de la jornada laboral semanal y fundamentar la urgencia de su modificación.

Se debe recordar que la jornada de trabajo de treinta y cinco horas semanales en el empleo público fue aprobada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con un carácter estable y permanente, a través del Decreto 134/2002, de 26 diciembre. La determinación de dicha jornada y horario del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adoptó al amparo de las competencias que le corresponden a la Comunidad.

Sin embargo, en el año 2011, la importante desviación del saldo presupuestario estimada para el conjunto de las Administraciones Públicas respecto al objetivo de estabilidad comprometido, determinó que el Gobierno de la Nación adoptase medidas de carácter urgente, que se plasmaron en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Una de las medidas acordadas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, fue el establecimiento, a partir del 1 de enero de 2012, aunque sólo para la Administración del Estado, de la jornada ordinaria de trabajo de promedio semanal no inferior a treinta y siete horas y treinta minutos.

El resto de Administraciones Autonómicas no fueron ajenas a este escenario, marcado por la ineludible necesidad de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de acelerar la reducción del déficit público. Así, las Cortes de Castilla y León aprobaron en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, un Título IV en el que se recogieron varias medidas en materia de personal destinadas a contribuir a la consecución de esos objetivos macroeconómicos, incluyendo ya para la Administración de la Comunidad la previsión de fijar en siete horas y treinta minutos el promedio diario de trabajo efectivo, lo que, en definitiva, conllevaba la jornada semanal de treinta y siete horas y treinta minutos, y su pormenorizada regulación a lo largo de sus tres Capítulos en los diferentes ámbitos –general, educativo y sanitario–.

Poco después, la jornada semanal de treinta y siete horas y treinta minutos se generalizó para el sector público del conjunto de Administraciones Públicas, y con carácter básico, por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Durante las pasadas legislaturas se ha trabajado intensamente por lograr los objetivos de consolidación fiscal aplicando una política fiscal y presupuestaria orientada a la reducción del déficit público que generara crecimiento económico y empleo.

Esta política fiscal y presupuestaria rigurosa combinada con la aplicación de las ambiciosas reformas estructurales aprobadas ha dado buenos resultados, prueba de ello es que se ha avanzado en el cumplimiento de las reglas fiscales y se ha recuperado la senda del crecimiento económico, restableciendo así la confianza internacional en la economía española y aumentando la recaudación tributaria. Todo ello está permitiendo de forma paulatina, con un impacto económico acorde a las posibilidades financieras, la compensación de los esfuerzos realizados.

Los empleados públicos han contribuido con un esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal.

A medida que aquella crisis se fue superando, progresivamente los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al igual que los del Estado y del resto de las Comunidades Autónomas, han ido recuperando los derechos que se vieron afectados por la situación económica. Así, en el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015/2019, que fue firmado el 29 de octubre de 2015 por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las Organizaciones Sindicales Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), se pactaron diversas acciones encaminadas a la progresiva retirada de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias, en materias tales como la devolución de la paga extraordinaria o la recuperación de los días adicionales de vacaciones por antigüedad.

El 25 de julio de 2017, la comisión de seguimiento del citado Acuerdo Marco pactó que «Cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de treinta y cinco horas, la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata».

Desde esta perspectiva económica, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, estableció con carácter básico que podrían retomar la jornada de treinta y cinco horas aquellas Administraciones que, cumpliendo el objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas, hubiesen cumplido determinados objetivos de déficit, deuda y regla de gasto.

La notificación oficial de que el Gobierno de Castilla y León había tenido éxito en el cumplimiento de estos tres objetivos se produjo en mayo de 2019, por lo que la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco pactó, con fecha 21 de mayo de 2019, recuperar la jornada laboral de treinta y cinco horas, volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley autonómica 1/2012, de 28 de febrero. La implantación efectiva de la jornada de treinta y cinco horas se realizaría a partir del 1 de junio de 2019.

No obstante, el establecimiento de la jornada de treinta y cinco horas semanales para los más de ochenta mil empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no pudo llevarse a cabo debido a su elevado impacto económico, en un momento caracterizado por la falta de ingresos, agravada por la pandemia en los años 2020 y 2021, y posteriormente por la crisis mundial derivada de la invasión de Ucrania, y todo ello con un sistema de financiación autonómica que la Junta de Castilla y León ha propuesto reiteradamente mejorar.

Ahora bien, en el actual contexto de recuperación económica, en el que la Comisión Europea acaba de elevar a un 1,4% las perspectivas de crecimiento del PIB español en 2023, y prevé que la economía española registre un crecimiento superior al previsto para la zona euro y para la propia Unión Europea, el propio Estado ha modificado su normativa básica sobre jornada semanal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2023, no previendo ya requisitos de estabilidad presupuestaria, y exigiendo sólo a la Administración correspondiente el control de la temporalidad en el empleo público.

Como la Administración de la Comunidad de Castilla y León dispone de la suficiencia financiera adecuada para acometerlo, es el momento de retomar de forma inmediata el compromiso asumido en 2019, poniendo fin a una medida que, debemos recordar, se estableció con un carácter temporal y excepcional.

En segundo lugar, la importancia del factor temporal en el ejercicio de la potestad autoorganizatoria de la Administración es otro de los motivos que amparan la urgencia.

Es preciso disponer de un margen temporal adecuado entre la modificación legal necesaria y la fecha acordada para el comienzo de la aplicación de la medida de la reducción de la jornada de trabajo semanal.

Además, es esencial que la implantación de la nueva jornada se lleve a cabo sin que se vean afectados los servicios públicos ni el nivel de calidad de las prestaciones, teniendo en cuenta la complejidad organizativa de la Administración castellano y leonesa, en la que prestan servicios más de ochenta mil personas.

La urgencia de la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas deriva de la necesidad de organizar cuanto antes la jornada de los empleados públicos, de forma muy especial en los ámbitos sanitario y educativo y, en todo caso, con un margen temporal suficiente que permita la adecuada adaptación tanto al período estival como al inicio del próximo curso escolar.

En efecto, en el presente caso resulta evidente que, de seguirse la tramitación legislativa ordinaria, la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas semanales para los empleados públicos se demoraría en exceso.

Significativamente, por lo que respecta al personal docente que presta sus servicios en centros públicos no universitarios, la recuperación efectiva de la jornada no podría tener lugar hasta el curso escolar 2024-2025, debido a necesidades ineludibles de planificación, puesto que, una vez iniciado el curso escolar 2023-2024, la implantación práctica de la jornada de treinta y cinco horas resultaría totalmente inviable, ya que se alteraría por completo la organización del curso en perjuicio no solo de los empleados públicos, sino también de los alumnos. Otro tanto ocurriría en entornos complejos, como el hospitalario, donde la reorganización de agendas y cuadrantes de personal, ante los turnos de vacaciones, y la consiguiente necesidad de contratación de personal sustituto, deben ser organizados con suficiente antelación antes de que comience el verano, con el fin de evitar que la adecuada prestación del servicio se vea perjudicada.

En tercer lugar, la motivación del incremento del empleo público que puede conllevar la adopción de la reducción de la jornada semanal, en un entorno social castigado por las cifras de desempleo, también justifican la urgente necesidad.

Efectivamente, ante la garantía de que con la implantación de la medida en ningún caso se va a resentir la calidad en la prestación de los servicios públicos, su puesta en marcha lógicamente ha de conllevar la creación de nuevos puestos de trabajo públicos.

La necesidad de impulsar el crecimiento económico con la mayor celeridad posible para contribuir a la creación de empleo público también puede justificar la concurrencia de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución española para recurrir a la figura del Decreto Ley.

En cuarto lugar, el motivo de protección de la necesaria conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo, también se ve afectado de forma importante por el régimen de la jornada laboral semanal, y fundamenta la concurrencia de urgencia en su modificación.

El número de horas de trabajo del empleado, y el modo en que se distribuyen, qué duda cabe que repercute en el tiempo libre que le resta para el desarrollo de sus actividades personales, bien con la familia o de carácter social, en definitiva, en las condiciones de bienestar del empleado.

La Constitución Española recoge en su artículo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición. En el artículo 39.1, el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en el artículo 9.2, atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con importantes reformas legislativas, como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas, en un marco más amplio de política de familia.

Por su parte, en el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio.

La reducción de la jornada laboral semanal de las treinta y siete horas y treinta minutos actuales a las treinta y cinco horas que contempla la norma, supone una indudable ventaja en la conciliación de la vida laboral con la vida personal, familiar y social de los empleados públicos.

Como cualquier trabajador cuando intercambia con la empresa parte de su tiempo vital, ofreciéndole su fuerza de trabajo, física y/o intelectual, el empleado público conserva su condición humana, siendo así que el tiempo de trabajo no puede imposibilitar que disfrute de sus derechos y el desarrollo de su personalidad, es decir, no se desprende de su humanidad. Se trata de elementos indispensables para que la dignidad del empleado público como persona sea protegida, erigiéndose en la actualidad un entramado de derechos en virtud de los cuales se propicia la conciliación de la vida personal, familiar y social.

En definitiva, resulta deseable y necesario que el empleado público disponga cuanto antes de tiempo suficiente para la realización de actividades de tipo personal, además de poder desarrollar una adecuada vida familiar, y poder participar en la vida social. También resulta adecuada la posibilidad de que se ofrezca la opción de la mejora de su cualificación educativa, cultural y profesional, permitiendo estas situaciones el derecho fundamental consistente en el libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución Española.

Además, resulta necesario proteger las necesarias atenciones a los hijos y familiares. La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de los últimos decenios, que hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas, y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

La medida contemplada en el proyecto de reducción de la jornada de trabajo semanal afecta a ambos sexos, e incide especialmente en potenciar la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres en la asunción de esas atenciones familiares –cuidado de hijos y familiares–, mediante la adopción de una de las llamadas acciones positivas, cumpliendo en este sentido el mandato dirigido a todos los poderes públicos de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal.

El favorecimiento de la asunción igualitaria de responsabilidades familiares, exige una actuación urgente y necesaria por parte de la Comunidad Autónoma, puesto que más de la mitad de la plantilla de la Administración Autonómica, las empleadas públicas, está viendo afectados sus derechos. Un mayor retraso en su aplicación, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que no puede ser asumido por una sociedad moderna como la nuestra.

Por ello, se precisa la adopción urgente de medidas, como la adoptada en este Decreto Ley, que buscan promover la conciliación de la vida personal, familiar y social, eliminando, o al menos reduciendo, desequilibrios y fomentando la mejor conciliación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la convicción de que dicha medida promoverá una mayor responsabilidad social en la Administración autonómica, en beneficio de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la sociedad en general.

Por ello, ya el I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León, aprobado por el Acuerdo 19/2021, de 18 de febrero, de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. de 22 de febrero de 2021), previó en su eje 4 el fomento de la inclusión de medidas de carácter transversal para la Administración Autonómica en lo que respecta a la ordenación del tiempo de trabajo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con los objetivos específicos de garantizar las medidas de conciliación en todas las organizaciones, desde el enfoque de género, y mejorar y aumentar las medidas de conciliación vigentes. En particular, se establecen una serie de medidas para el logro de estos objetivos, medidas que van dirigidas a hombres y a mujeres sin excepción, con el fin de facilitar a todas las empleadas y empleados públicos la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En quinto lugar, otro motivo indudable que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la norma es la adopción de medidas de protección social, mediante una jornada de trabajo más adecuada.

El establecimiento de altos ritmos de trabajo tiene una alta incidencia en la prevención de riesgos laborales. El número de horas de trabajo y el modo en que se distribuyen indudablemente repercuten en la salud y seguridad del empleado. Así, el tiempo de trabajo muestra una relación directa con las condiciones de bienestar del empleado público.

La reducción de la jornada laboral semanal también se centra en la mejora de la salud de los empleados. Las jornadas laborales excesivamente largas generan las principales fuentes de estrés en el trabajo, y se erigen en el primer motivo de causación de accidentes o bajas laborales.

En este contexto, no admite demora la mejora de la salud de los empleados públicos, que repercutirá en un incremento de su productividad, incidiendo a su vez en una mejora de los índices de absentismo por enfermedad.

De igual forma, y en último lugar, la puesta en marcha de la medida permitirá avanzar en el logro del ahorro energético y en una economía de bajas emisiones, al acortar la jornada y reducir la estancia de los empleados públicos en las dependencias y edificios públicos, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenible.

La consecución de la eficiencia energética viene derivada de la trasposición del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, donde se establecen los principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público.

Las Administraciones Públicas deben considerar e implementar aquellas medidas que permitan ajustar su consumo de energía y ejemplarizar su actuación en el conjunto de la sociedad. Por ello, en Castilla y León se apuesta por que las medidas sean obligatorias en todas las Administraciones, protegiendo en todo caso, por sus especiales circunstancias, los servicios sociales, la sanidad y la educación.

Y en este sentido, cobra una especial relevancia la implicación de los empleados públicos en la consecución del objetivo de ahorro energético de la Administración en el marco de la crisis energética que atravesamos.

Así, se han promocionado enormemente nuevas fórmulas de trabajo desde el domicilio, como el teletrabajo, que se han impuesto tras la pandemia. De igual forma, el ahorro de energía es la forma más rápida y económica de hacer frente a la actual crisis energética y de reducir las facturas.

No cabe duda de que la fijación de la jornada semanal de treinta y cinco horas permitirá el desarrollo del trabajo, con carácter general, durante siete horas diarias ininterrumpidas, sin tener que efectuar jornadas de mañana y tarde, con el consiguiente abaratamiento de funcionamiento de muchos edificios y dependencias públicas. En este ámbito, la Administración Autonómica puede y debe liderar este impulso, incorporando medidas de racionalización del uso de edificios administrativos, incluido el establecimiento de horarios de encendido y apagado de instalaciones, el control de las condiciones de temperatura para minimizar el consumo en climatización, o el despliegue de instalaciones de autoconsumo.

En este sentido, el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. de 10 de octubre de 2022), contempla en su apartado 1.4, sobre horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, temperatura del aire, iluminación, agua caliente, equipamiento informático y resto de instalaciones con consumo de energía, que tomando como referencia los horarios de apertura y cierre de los edificios públicos y la normativa que resulta de aplicación, se programarán los horarios de arranque y parada de las diferentes instalaciones consumidoras de energía, así como la temperatura del aire, de modo que se pueda minimizar el uso energético dentro de umbrales aceptables de confort y servicio, y se deberá prestar atención en la organización de los servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia y otros similares, de modo que no induzcan a una elevación del consumo de energía.

Por lo tanto, y en conclusión, los aspectos positivos que ofrece la disminución de la jornada laboral semanal de los empleados públicos autonómicos que hemos enunciado, como son el cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria y de limitación de los presupuestos públicos, la necesidad de abordar perentoriamente el ejercicio de la potestad autoorganizatoria, la posibilidad de un mejor reparto del trabajo y la consecuente creación de empleo, la necesaria conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo, la mejora de las condiciones laborales y del rendimiento a través de una distribución menos extenuante en la distribución de la jornada laboral, y el logro de una mayor eficiencia energética, justifican suficientemente la adopción urgente de la medida –dadas las circunstancias jurídicas, presupuestarias y sociales existentes que se han expuesto–, ya que se producirían daños o situaciones irreparables de demorarse su efectiva e inmediata aplicación.

En la actualidad, demorar la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas supondría prolongar la suspensión de un derecho de los empleados públicos que, como se ha señalado con anterioridad, se contempló por una Ley de Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de Administraciones Públicas, como una medida dotada de temporalidad y excepcionalidad por razones económicas, que hoy han desaparecido.

Por último, el que se haya producido un retraso en el cumplimiento del objetivo de la recuperación de la jornada laboral semanal de treinta y cinco horas, y que ha persistido durante un tiempo –desde el pacto del año 2019–, no es óbice para que se haga frente a la solución por la vía de la legislación de urgencia, y que, en el momento actual, se haya convertido en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad atendiendo a las circunstancias y motivaciones concurrentes.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto Ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a la Junta de Castilla y León, y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica.

La necesidad justificadora del Decreto-Ley no puede entenderse como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público, entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y no al funcionamiento de los servicios públicos, sino que ha de entenderse con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En definitiva, el objetivo de esta reforma sobre la jornada laboral semanal en la Administración Autonómica no puede ser otro que el de convertirla en un factor de eficiencia y productividad, que garantice la prestación efectiva de los servicios públicos y posibilite el crecimiento económico, por cuanto se inspira en los siguientes principios ordenadores: apuesta por lo público, dota a la Administración del marco jurídico necesario para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos, incrementa el modelo de empleo público, con el centro en el personal y en la mejora de su calidad de vida, contribuyendo por otra parte, a impulsar y fortalecer una adecuada planificación de recursos humanos.

–II–

Por lo que atañe a la necesaria conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente, la norma cumple el doble criterio para valorar su existencia, el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el texto normativo.

Tanto desde el punto de vista de la estructura de la norma, como en relación con su contenido –la reforma de las normas necesarias para el establecimiento y la forma de aplicación de la medida de reducción de la jornada semanal de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a treinta y cinco horas–, todo ello queda conectado y responde a la necesaria vinculación con la situación de urgencia y necesidad fundamentada.

–III–

En la redacción de este Decreto-Ley se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como también los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamenta la medida que se establece, siendo el Decreto-Ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ningún tipo, más allá de aquellas que obligan a la propia Administración autonómica. Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jurídico y con el conjunto de las políticas públicas autonómicas, al tiempo que estimulará su mejor cumplimiento.

Asimismo, se garantizan los principios de responsabilidad, determinándose los órganos responsables de la ejecución y el control de la medida incluida en la norma, de accesibilidad, utilizándose una redacción clara y comprensible y una técnica normativa correcta, de eficiencia, y de transparencia, ya que la norma identifica claramente su propósito y lo explica con detalle. Hay que precisar que no se han realizado los trámites de participación pública previstos en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis 1.b) y 3.b) de dicha Ley, que hace posible la excepción cuando en la norma concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan su aprobación urgente.

–IV–

Desde un punto de vista competencial, corresponde al Estado establecer las bases del régimen jurídico de los derechos y deberes de «los funcionarios públicos», en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, y a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de acuerdo con aquella legislación básica en relación con la función pública autonómica y local.

Además, en el régimen de los funcionarios también quedan afectados los principios constitucionales de igualdad y solidaridad de los funcionarios de todas las Administraciones.

Y por último, la determinación jurídica de muchos de estos derechos y obligaciones también afecta a los instrumentos de contención del gasto público, de tal modo que puede verse afectada la competencia del Estado para determinar las bases de la planificación económica general, de acuerdo con el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española.

En relación al «personal laboral» vinculado al sector público, resulta relevante observar la competencia exclusiva que se encuentra atribuida al Estado en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española en materia de legislación laboral.

En este sentido, según el artículo 70.1.1º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, es competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León la organización y régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Asimismo, según el artículo 32.3 de la misma norma legal, en el ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento, prevista en el citado artículo 70.1.1º, y de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen de los empleados públicos de la Comunidad y de su Administración Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18º de la Constitución.

Concretamente, en nuestro caso, la norma versa sobre la submateria de la jornada laboral semanal de los empleados públicos, contemplada en términos generales en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y es respetuosa con las exigencias normativas básicas establecidas en el apartado Dos de la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sobre la jornada de trabajo en el Sector Público, en su redacción dada por el apartado Dos de la disposición final vigésima octava de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Este Decreto-Ley se aprueba previa negociación colectiva, habiendo obtenido el voto favorable unánime de todas las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de la negociación.

El presente Decreto-Ley es promovido por la Consejería de la Presidencia en función de las atribuciones que le corresponden de acuerdo con el artículo 7.2.h) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 30 de marzo de 2023

DISPONE

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Jornada ordinaria de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y ámbito subjetivo de aplicación.

1. La jornada ordinaria de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a partir del 1 de junio de 2023, será de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, siempre que la legislación básica lo permita y en los términos establecidos en esta.

2. La jornada prevista en el apartado anterior será de aplicación a todos los empleados públicos, cualquiera que sea su régimen jurídico específico, que preste servicios en la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o sus Organismos Autónomos.

CAPÍTULO II

Sector de Educación

Artículo 2. Jornada laboral del personal docente en centros públicos no universitarios.

1. En el caso del personal docente en centros públicos no universitarios, la jornada prevista en el artículo anterior se implantará a partir del 1 de septiembre de 2023, comienzo del curso escolar 2023-2024.

2. La estructura de la jornada laboral del personal que desempeña funciones docentes en los centros públicos de enseñanzas no universitarias y en los servicios de apoyo a los mismos, será la siguiente:

a) Los maestros que impartan los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial permanecerán en su centro de destino veintiocho horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas y complementarias de obligada permanencia en el centro.

Las horas dedicadas a actividades lectivas serán veinticuatro semanales. A estos efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos como los períodos de recreo vigilado de los alumnos.

b) El profesorado que imparta los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Escolares de Régimen Especial permanecerá en su centro de destino veintiocho horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario individual, y complementarias computadas mensualmente.

La suma de la duración de los períodos lectivos y las horas complementarias de obligada permanencia en el centro, recogidas en el horario individual de cada profesor, será de veintitrés horas semanales. Aun cuando los períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, no se podrá alterar, en ningún caso, el total de horas de dedicación al centro.

Este profesorado impartirá como mínimo diecisiete períodos lectivos semanales, pudiendo llegar excepcionalmente a diecinueve cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. La parte del horario comprendido entre dieciocho y diecinueve periodos lectivos se compensará con las horas complementarias establecidas por la Jefatura de estudios, a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo.

c) Las horas de dedicación y/o permanencia en su centro de destino del personal docente adscrito a los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias será de veintiocho horas semanales, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias derivadas de las peculiaridades propias de su funcionamiento.

3. El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en el apartado anterior, hasta las treinta y cinco semanales, serán de libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria y, en el supuesto de los servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias, para la realización de otras tareas necesarias para el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO III

Sector sanitario

Artículo 3. Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. A los meros efectos de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en turno diurno será el resultado de descontar, a los días que tiene el año natural, la suma de sábados y domingos que concurran en el año, de 14 festivos, de los días de vacaciones y asuntos particulares que se determinen normativamente y de multiplicar el resultado así obtenido, por siete horas de promedio diario de trabajo efectivo.

A los efectos de su realización, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrán abarcar el período comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible distribución irregular a lo largo del año. En todo caso, la jornada ordinaria se prestará dentro de los siguientes turnos:

– turno diurno

– turno diurno con jornada complementaria

– turno rotatorio

– turno nocturno

– turnos especiales

2. Realiza turno diurno el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y/o de tarde. Este turno abarcará desde las 8.00 horas hasta las 22.00 horas.

Con carácter general, la jornada ordinaria en turno diurno se realizará de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 horas a 22.00 horas, salvo para el personal que desempeñe su actividad ordinaria en unidades que exigen el funcionamiento permanente, continuado y ordinario durante todos los días de la semana, que será de lunes a domingo.

La jornada ordinaria de los Equipos de Atención Primaria se desarrollará tanto en horario de mañana como de mañana y tarde, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 22.00 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a la mejora de la oferta asistencial y a una mayor accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios, las Gerencias de Atención Primaria podrán establecer una jornada en horario de tarde a la semana, con un máximo de cinco horas de atención directa, en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud, cuyo municipio cabecera supere las 15.000 tarjetas sanitarias, distribuida equitativamente para aquellos puestos de trabajo que a la entrada en vigor de la presente norma, no tuvieran ya asignada la realización de alguna jornada de tarde.

Asimismo, las Gerencias de Atención Primaria podrán establecer una jornada en horario de tarde a la semana, con un máximo de cinco horas de atención directa, en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud Urbanas y Semiurbanas que sean declaradas como tales en la correspondiente norma reglamentaria. La declaración de Zona Básica de Salud Urbana o Semiurbana deberá ser negociada previamente en Mesa Sectorial.

La jornada semanal ordinaria del personal de Atención Especializada se realizará, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 22.00 horas. Para aquellos que a la entrada en vigor de la presente norma vinieran prestando servicios sólo en horario de mañana se mantendrá dicho horario, salvo para aquellas categorías que deban realizar su jornada ordinaria tanto en horario de mañana como de tarde alternativamente en función de las necesidades de servicio.

A los mismos efectos, el resto de profesionales de atención primaria y especializada que ya tuvieran asignada una o varias jornadas en horario de tarde, mantendrán dicho horario.

3. La jornada ordinaria de trabajo en cómputo anual del personal en turno diurno que venga obligado a realizar jornada complementaria en la modalidad de guardias de presencia física será el resultado de aplicar el sistema de ponderación que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Sanidad, sin que, en ningún caso, aquella pueda resultar inferior a 1420 horas anuales.

4. Realiza turno rotatorio el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y noche, en horario de tarde y noche o en horario de mañana, tarde y noche.

5. Realiza turno nocturno el personal que cumpla de forma permanente, su jornada anual en horario de noche. Este turno abarcará desde las 22.00 a las 8.00 horas.

6. La jornada anual del personal que, por necesidades de la organización y programación funcional de los centros, preste servicios en turno rotatorio o en turno nocturno, se determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas, de acuerdo con la ponderación que se establezca anualmente en la tabla aprobada por orden de la consejería con competencias en materia de sanidad, resultando de dicha ponderación una jornada anual de 1498 horas, por la realización de 42 noches para el turno rotatorio, y de 1420 horas, por la realización de 142 noches para el turno nocturno.

7. Cuando la jornada ordinaria anual de Médicos y Enfermeros de Área se realice en horario de noche, en ningún caso será inferior a 1420 horas de trabajo efectivo. La programación funcional del centro o institución sanitaria podrá prever para estos profesionales jornadas ordinarias diarias de hasta 24 horas atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales.

Artículo 4. Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en turnos especiales.

1. El personal de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria realizará una jornada ordinaria anual que se determinará en cada Gerencia de Atención Primaria en función de la ponderación entre la jornada a realizar correspondiente al turno diurno y la jornada a realizar correspondiente al turno nocturno, sin que en ningún caso la jornada ordinaria anual resultante pueda ser inferior a 1420 horas anuales de trabajo efectivo.

2. El personal sanitario de Emergencias Sanitarias realizará una jornada ordinaria anual, de lunes a domingo, de 1498 horas anuales de trabajo efectivo, que se ponderará en función del número de noches efectivamente trabajadas en el año, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 6 del artículo anterior. Atendiendo a las características específicas de la prestación del servicio en la Gerencia de Emergencias Sanitarias, la jornada ordinaria diaria de su personal sanitario comprenderá hasta 12 horas en el Centro Coordinador de Urgencias y hasta 24 horas, en el resto.

Artículo 5. Jornada complementaria del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. Atendiendo a la característica esencial del servicio público sanitario que ha de prestarse las 24 horas de todos los días del año y a fin de garantizar la cobertura de dicho servicio a los usuarios, el personal de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud vendrá obligado a realizar una jornada complementaria que se determinará de acuerdo con la programación funcional de la correspondiente Institución Sanitaria.

La realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 55/2003 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, vinieran realizando una cobertura de la atención continuada mediante la realización de guardias u otro sistema análogo, así como para el personal de aquellas otras categorías y unidades que se determinen por la Gerencia Regional de Salud.

2. En la jornada complementaria, la prestación de servicios de atención continuada en jornada complementaria podrá revestir las siguientes modalidades: presencia física, alerta localizada y mixta.

3. La realización de jornada complementaria en ningún caso tendrá la consideración ni el tratamiento previsto para las horas extraordinarias, ni vendrá afectada por las limitaciones que en cuanto a éstas puedan establecer las disposiciones vigentes. Su retribución específica se efectuará de conformidad con las normas, pactos o acuerdos que en cada momento resulten de aplicación.

4. Los horarios de prestación de servicio en jornada complementaria comprenderán de lunes a viernes, no festivos, desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, y sábados, domingos y festivos, desde las 8.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

Artículo 6. Disposiciones generales en materia de jornada del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

1. Con carácter general, la jornada ordinaria anual se distribuirá regularmente, a efectos de su cómputo, de forma mensual, resultando de obligado cumplimiento, en cada uno de los meses naturales del año, el número de horas que resulte de multiplicar el número de días laborables del mes por el promedio de siete horas diarias en el turno diurno o el que corresponda por aplicación de la ponderación y los descansos correspondientes, respecto de los turnos rotatorios y nocturnos.

En todo caso, el cómputo de la jornada complementaria y de la especial se tendrá en cuenta de forma separada de la ordinaria, a efectos de la observancia de la limitación de los tiempos de trabajo, de acuerdo con la normativa legalmente establecida.

2. La distribución de la jornada anual a efectos de su cómputo, podrá ser irregular en función de las necesidades organizativas o de planificación de cada centro, respetando, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal o el régimen de descansos alternativos, de acuerdo con lo que al efecto dispone la normativa legal, correspondiendo a las Gerencias de los centros llevar a cabo la citada distribución, previa información al órgano de representación unitaria del personal que corresponda.

3. Los días correspondientes a vacaciones, a permisos y licencias, no descontados en el apartado 1, establecidos en la normativa estatal o autonómica, así como a cualquier otro día de ausencia al trabajo debidamente justificado, se considerarán, con carácter general, a efectos de su cómputo, de siete horas de promedio diario.

4. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborables, debiendo quedar, en todo caso, los servicios sanitarios debidamente cubiertos. Dichos días se considerarán como jornada ordinaria efectivamente trabajada, a efectos del cómputo de la jornada ordinaria anual. El personal que como consecuencia de la organización de los servicios sanitarios deba realizar su jornada laboral ordinaria en los citados días, tendrá derecho a los descansos compensatorios correspondientes.

5. Se considera tiempo de trabajo el disfrute de los créditos de horas retribuidos para el ejercicio de funciones sindicales.

Se considera asimismo tiempo de trabajo el disfrute de todos los permisos reglamentariamente establecidos y ausencias justificadas, que no hayan sido tenidos en cuenta para el cómputo de la jornada ordinaria anual.

En el transcurso de la jornada laboral ordinaria, el personal dispondrá de un descanso diario de veinte minutos, los cuales se computarán como tiempo de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de servicios y se garantizará en todo momento por el responsable del servicio o unidad la presencia, al menos, de un 50 por ciento de la plantilla del mismo, organizándose el personal por turnos, de manera que los servicios y las unidades queden debidamente atendidos.

Asimismo, el personal que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que, por razones organizativas, tuviera que desarrollar su jornada ordinaria en horario de mañana y de tarde de forma continua, dispondrá de 30 minutos para comer. Este tiempo no será computado como jornada ordinaria de trabajo.

6. La diferencia entre el número de horas de la jornada ordinaria establecida en función del turno de trabajo que corresponda y la jornada efectivamente realizada por el personal, si esta fuera menor, tendrá el carácter de recuperable, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad a que ello pudiera dar lugar, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero.

La recuperación a que se refiere el párrafo anterior se efectuará dentro del correspondiente año, debiéndose contemplar las horas a recuperar dentro del calendario anual. Las Direcciones de las Instituciones Sanitarias, en función de la programación funcional del Centro, previa información a los órganos de representación unitaria del personal que correspondan, establecerán los horarios en que se llevará a cabo la recuperación.

En el caso de que el débito de horas de trabajo efectivo realizado en jornada ordinaria, en cómputo anual, se produzca por resultar imposible su cumplimiento como consecuencia de la aplicación de la jornada teórica prevista en cada año concreto, se adoptarán las medidas necesarias que permitan su aplicación.

Si por causas no imputables a la mera voluntad del personal de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el número de horas de trabajo efectivo realizado en jornada ordinaria, en cómputo anual, fuere superior al número de horas de trabajo efectivo de su correspondiente jornada ordinaria de trabajo, conforme se establece en la presente norma, el exceso de horas trabajadas será objeto de compensación con los descansos que correspondan. Dicha compensación se llevará a cabo dentro del año en que se hubieren devengado los descansos. Excepcionalmente, los descansos compensatorios podrán aplicarse durante el mes de enero del siguiente año.

Los días de compensación tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo a efectos de su cómputo en la jornada anual.

7. En el caso de puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación podrá exigirse el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior a la prevista como jornada ordinaria, respetándose en todo caso la duración de la jornada máxima semanal establecida en la normativa vigente en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

8. Las direcciones de cada centro e institución sanitaria establecerán los turnos y horarios de trabajo y la programación de los descansos, en base a los criterios generales que se establezcan por orden del consejero competente en materia de Sanidad, a las disposiciones mínimas de la ordenación del tiempo de trabajo y a las necesidades organizativas y asistenciales, de acuerdo con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo Décimo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y normativa concordante.

Disposición transitoria. Aplicación de la jornada ordinaria anual para el año 2023 en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

En el ámbito de los centros e instituciones sanitarias, la jornada ordinaria anual correspondiente al año 2023 tendrá en cuenta que, hasta el 31 de mayo, la jornada es de 37,5 horas de promedio semanal y, a partir del 1 de junio, de 35 horas de promedio semanal, lo que implica la aplicación de una jornada anual de 1578 horas para el turno diurno, de 1511 horas por la realización de 42 noches para el turno rotatorio, de 1440 horas por la realización de 144 noches para el turno nocturno, y de 1511 horas para el personal sanitario de Emergencias Sanitarias.

En el caso del personal de área, dado que con la jornada de 37,5 horas de promedio semanal le corresponde un promedio mensual de 140 horas distribuidas en 11 meses (1540 horas anuales), y con la jornada de 35 horas de promedio semanal pasaría a ser de 135 horas (1485 horas anuales), la aplicación de la jornada ordinaria anual durante el año 2023 para este personal será de 137 horas de promedio mensual (1507 horas anuales).

Dentro del mes siguiente a la publicación de la presente norma se negociarán todos los calendarios laborales que se vean afectados como consecuencia de la jornada máxima anual y se realizarán las actuaciones administrativas necesarias para su efectivo cumplimiento.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados:

– El Título IV y la disposición transitoria octava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
– El artículo 16.3 del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
– Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3 Jornada máxima anual ordinaria

La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los funcionarios públicos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en los años bisiestos), el total de sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), los días de vacaciones legalmente establecidos, y de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas de promedio diario de trabajo efectivo en lo que se refiere a la jornada ordinaria.»

Dos. Se modifica el artículo 4.1, que queda redactado como sigue:

«1. En los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación podrá exigirse el cumplimiento de una jornada de dedicación especial de duración superior a la prevista como jornada ordinaria que, con carácter general, tendrá el límite máximo resultante de multiplicar por siete horas y treinta minutos el número de días considerados como de trabajo tenido en cuenta para el cálculo de la jornada máxima ordinaria.»

Tres. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6 Distribución regular de la jornada

1. La jornada anual se distribuye, a efectos de su cómputo, de forma mensual, resultando de obligado cumplimiento, en cada uno de los meses naturales del año, el número de horas de la jornada anual que resulte de multiplicar el número de días laborables del mes por el promedio de siete horas diarias.

2. Los días correspondientes a las vacaciones, a los permisos y a los días de ausencia de trabajo, se considerarán, con carácter general, a efectos de su cómputo, como de siete horas de promedio diario o la correspondiente en el calendario laboral del funcionario.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Artículo 13 Horario general en las dependencias administrativas

La jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará, con carácter general, de lunes a viernes en régimen de horario flexible.

La parte principal, llamada tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias, que serán de obligada concurrencia para todo el personal entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La parte variable del horario constituye el tiempo de flexibilidad del mismo. A efectos de su cómputo y recuperación será la diferencia entre la jornada que corresponda y las cinco horas diarias que constituyen la parte fija del horario.

La parte variable o flexible del horario será la comprendida en los tramos horarios siguientes:

Entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes.

Entre las 14:00 y las 18:30 de lunes a jueves.

Entre las 14:00 y las 16:30 los viernes.

Con carácter general, las horas de la jornada que se presten en la parte flexible del horario se distribuirán a voluntad del funcionario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional derivado de las necesidades del servicio, podrá ser exigible la prestación en régimen de disponibilidad horaria dentro de la parte flexible del horario del mes al que corresponda, de hasta el 10% de la jornada mensual regular, que resulta de multiplicar el número de días laborables de cada mes por el promedio de siete horas diarias. Del uso de tal disponibilidad se dará cuenta de forma regular a la representación legal de los trabajadores.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 19, que queda redactado como sigue:

«3. Las ausencias por asistencia a cursos de los programas de formación organizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León previstas en los apartados anteriores, debidamente justificadas, tendrán la consideración de tiempo de trabajo a todos los efectos.

Respecto de los cursos impartidos en régimen de internado cada día de ausencia del trabajo por este motivo computará como siete horas de tiempo de trabajo.»

Disposición final segunda. Cláusula de salvaguardia del rango de normas reglamentarias.

Las modificaciones efectuadas por este Decreto-Ley en normas de rango reglamentario conservan su rango reglamentario.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de Sanidad para regular mediante orden los criterios generales para la planificación efectiva de la jornada por los centros e instituciones sanitarias, previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 30 de marzo de 2023.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero de la Presidencia,

Fdo.: Jesús Julio Carnero García

BOE 23/3/2023: Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).

admin — Thu, 23 Mar 23 09:12:54 CET

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de UniversidadCastilla y León - Educación Image

Sistema universitario

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

PDF (BOE-A-2023-7500 - 73 págs. - 675 KB)

Entrará en vigor dentro de veinte días.

Ante las numerosas peticiones recibidas, os adjuntamos así mismo las presentaciones actualizadas de CSIF en PDF que tratan de sintetizar y clarificar:

¿Cómo quedan las diversas figuras de Personal Docente e Investigador en la LOSU? La Estabilización y Adaptaciones de acreditaciones y de determinadas figuras vigentes de PDI.

Apoyo a la concentración en el MEFP del 19 de octubre de 2022 #AsíNoPodemosContinuar

admin — Wed, 05 Oct 22 08:26:30 CEST