Castilla-La Mancha - Sanidad

Día Internacional de la Mujer 8 Marzo de 2026. CSIF exige delegados sindicales en Igualdad, reforzar protocolos contra el acoso sexual en administraciones y luchar contra la discriminación

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 02 Mar 26 11:35:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una creciente presencia en el sector privado, se suma un año más a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema: “Por una igualdad real. De las leyes a los hechos”.

En esta jornada reivindicativa, alzamos la voz por todas las mujeres que sufren desigualdad en su vida laboral y social, reafirmando que los derechos reconocidos por ley deben convertirse en derechos efectivos. Así, remarcamos que “La igualdad de mañana se construye hoy” por lo que debemos seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes.

En CSIF nos referimos a las situaciones de desigualdad que afectan a la brecha salarial, conciliación y corresponsabilidad y violencia contra la mujer. Para ello es fundamental crear la figura del delegado/a especializada en Igualdad y Violencia de Género, que también podría prevenir y actuar ante denuncias de acoso, como los casos recientes de impacto mediático que involucran acusaciones de acoso sexual y laboral contra cargos de diversas administraciones públicas, en diferentes ámbitos (policía, ayuntamientos, organismos públicos…)

CSIF va a promover una revisión de los protocolos de acoso y para ello se va a dirigir, tanto a la Administración General del Estado, el Ministerio de Función Pública, como a las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estos son los principales asuntos que centran nuestra atención en este 8M.

• Brecha salarial y techo de cristal: En España, la brecha salarial de género sigue anclada en el 20%, reflejo de la discriminación persistente en el mercado de trabajo. Incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10 % inferior al de los hombres. Las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial, sufren más paro y son más de la mitad de las personas inactivas.

• Conciliación y corresponsabilidad: La mitad de los españoles considera que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos debe recaer sobre las mujeres, desde su nacimiento a la escolarización, según el CIS. De hecho, ellas se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de menores o familiares (8 de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según la Seguridad Social).

Estas situaciones impactan directamente en sus ingresos y en sus pensiones futuras, perpetuando la desigualdad económica. Por tanto, es imprescindible avanzar hacia una conciliación real sin penalización laboral ni salarial.

• Violencia contra la mujer: La violencia de género es una de las expresiones más crueles de la desigualdad. El inicio del año ha sido el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días. La igualdad no será real mientras las mujeres sigan viviendo con miedo o sufran violencia por el hecho de ser mujeres.

Los recientes casos conocidos en distintos ámbitos institucionales y laborales demuestran que el problema no es aislado, sino estructural. Desde CSIF trasladamos nuestra solidaridad a las mujeres que sufren estas situaciones. Estos episodios nos obligan a reflexionar y exigir medidas concretas que ayuden y proteger de forma efectiva a las mujeres; por ello, proponemos la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo, tanto en la administracion pública como en la empresa privada, como herramienta clave para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva.

Recientemente alcanzábamos con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y por el Servicio a la Ciudadanía en el que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real y con la garantía de un entorno laboral libre de cualquier forma de discriminación. Entre las medidas acordadas, destaca la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género.

Además, las administraciones actualizarán de manera periódica los planes de igualdad, se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva efectiva, así como la incorporación de mecanismos de transparencia salarial. Porque la igualdad no es solo formal: se demuestra en hechos concretos, evaluables y medibles. Desde CSIF trabajaremos para que cada medida se implemente y se supervise de manera efectiva.

No podemos conformarnos con discursos elementales: es momento de pasar de las palabras a los hechos. Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justos y equitativos y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras.

En este 8 de Marzo, recordamos que la lucha por la igualdad no es solo una cuestión de principios, sino de justicia. Todo Por Todas.

3 Diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad

eva.fernandez.urbon — Mon, 01 Dec 25 12:54:00 CET

IgualdadCastilla-La Mancha - Sanidad Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema:
“Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos”.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

El 20% de las personas que trabajan en la Administración conoce a una compañera víctima de violencia de género

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 25 Nov 25 06:42:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas- alerta de que el 20% de las personas que trabajan en la Administración General del Estado conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE, revelan una realidad que pone de manifiesto un flanco desatendido en la principal "empresa" del país.

Estos resultados deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios más complejos que sirvan como referente en la lucha contra esta lacra social y laboral. De este dato podemos extraer que hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esta administración estaría viviendo una situación de violencia de género en silencio.

CSIF, que conmemora la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera que la Administración, no puede mirar para otro lado y debe tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para atajar un problema que afecta directamente a nuestros centros de trabajo, así como a la salud y conciliación de miles de empleados y empleadas públicos.

Nuestra organización sindical insiste en la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado. Este delegado estará formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas. Además, exigimos una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas.

La encuesta revela que más del 80% de los/as empleados públicos de AGE desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género. Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF. En este sentido y tal como consideran el 89% de las personas encuestadas, la Administración debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral.

Es evidente que hay carencias profundas en la Administración cuando solo el 18% de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirman el 66% de las personas consultadas.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral es la brecha de género en las administraciones públicas, con las mujeres con un salario un 10% menor que los hombres, como ha denunciado CSIF. Por ello, nuestra organización sindical acordó en el Plan de Igualdad que Función Pública audite los salarios para eliminar diferencias entre hombres y mujeres. Nuestra encuesta recoge que el 47% de las mujeres consideran que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional, mientras que el 34% afirma lo contrario y el 19% de las respuestas son de hombres.

Exigimos medidas concretas para prevenir, proteger y reparar y denunciamos una realidad que persiste y que exige una respuesta contundente y coordinada de toda la sociedad. La violencia de género va más allá de un problema individual o familiar, es un problema estructural de la sociedad, como también coinciden el 85% de los encuestados.

Negociación con Función Pública

En el marco de la negociación colectiva iniciada recientemente con el Ministerio de Función Pública, CSIF está negociando medidas que afectan a la igualdad y no discriminación: publicar los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, registro de planes de igualdad; impulsar medidas para garantizar la igualdad y corregir la brecha de género e implantar protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual.

En este sentido, CSIF reclama incluir en el texto de forma específica la protección en el ámbito laboral a víctimas de violencia de género con la introducción de la figura del delegado/a especializado y la recuperación de las víctimas de violencia (no solo confidencialidad y protección). Además, apoyamos firmemente el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres y 3 menores que han sido asesinados en lo que va de año (datos a 23 de noviembre de 2025). Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.

CSIF exige una auditoría en toda España tras los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Oct 25 11:53:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige la puesta en marcha de una auditoría urgente en toda España tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Es necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación y poner a disposición de las comunidades autónomas recursos suficientes para asegurar que la situación no se volverá a repetir.

La gravedad de lo sucedido exige una investigación sistemática, rigurosa y transparente en toda España. Las mujeres afectadas -y toda la población diana- tienen derecho a saber si sus programas de detección precoz funcionan correctamente, si se respetan los protocolos y si hay suficientes garantías de calidad, cobertura y seguimiento. En este sentido y coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama este 19 de octubre, CSIF advierte que se mantendrá vigilante ante la petición del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas de aportar datos sobre sus programas de cribado de cáncer.

Lo ocurrido en Andalucía pone de relieve la necesidad de que las administraciones evalúen su trabajo con rigor, responsabilidad y compromiso con la salud pública y los derechos de la ciudadanía, teniendo en cuenta que los cribados y la detección precoz del cáncer es fundamental para salvar la vida de las mujeres.

Desde CSIF, reclamamos:

1. Auditoría y análisis por comunidad autónoma.

Debe realizarse un estudio independiente de todos los programas de cribado (cáncer de mama, cérvix, colon) en cada comunidad autónoma, con evaluación de indicadores clave. Ello debe incluir los últimos cinco años para observar tendencias y posibles déficits estructurales.

2. Transparencia total de resultados.

Los datos de los estudios tienen que ser públicos y accesibles para la ciudadanía, asociaciones de pacientes y los sindicatos.

3. Refuerzo inmediato de plantilla y recursos humanos especializados.

Incrementar cuanto antes el número de radiólogos, técnicos de radiodiagnóstico, laboratorio y anatomía patológica, personal de enfermería, coordinadores de programa, gestores de seguimiento y personal administrativo, para garantizar que los cribados no sufran demoras ni omisiones.

4. Formación, protocolos, renovación de equipos obsoletos y vigilancia permanente.

El Estado debe impulsar protocolos comunes y unos mínimos estandarizados entre comunidades, con mecanismos de control y sanción si hay un incumplimiento, así como mejorar los programas de formación a los y las profesionales. Además, es necesario un seguimiento continuo para vigilar que los cribados lleguen a quien deben llegar, con calidad y en plazos razonables. Se deben renovar los equipos por su antigüedad.

5. Protección a las mujeres y reparación de daños.

Las mujeres afectadas por fallos deben tener acceso gratuito y prioritario a todas las pruebas que se realizaron incorrectamente, con seguimiento médico preferente.

6. Un plan nacional de cribado equitativo.

Este programa debe garantizar el mismo acceso en cualquier provincia del territorio nacional.

7. Circuitos rápidos y preferentes de detección

Las mujeres con sospecha de cáncer de mama no pueden esperar para su revisión.

Lo sucedido en la Sanidad de Andalucía demuestra la necesidad de aumentar la inversión para que la detección temprana sea una herramienta eficaz ante este tipo de enfermedades. CSIF reclama que las pruebas de cribado de cáncer de mama se adelanten a edades a partir de los 45 años, como ya recomiendan múltiples sociedades científicas.

CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas, conforme a la directiva europea y la justicia española

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 29 Jul 25 10:45:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera insuficiente la aprobación del permiso parental retribuido para el cuidado del menor hasta los 8 años, y exigimos que se cubran las 8 semanas que establece la directiva europea.

Reconociendo los avances en materia social, como la ampliación del permiso de paternidad y maternidad y los permisos para familias monoparentales, CSIF exige al Gobierno que cumpla la norma europea para favorecer la conciliación y evitar que la carga de los cuidados siga cayendo de manera mayoritaria sobre las mujeres.

CSIF es pionera en el reconocimiento judicial de este derecho. Logramos la primera sentencia en el Ayuntamiento de Barcelona, y posteriormente en juzgados de Valladolid y Cuenca, obteniendo las primeras resoluciones en los juzgados con carácter firme.

El pasado 3 de junio se conoció también la primera sentencia en el ámbito de la empresa privada (en el juzgado de lo social número 1 de Barcelona), lo que sin duda abrirá un debate jurídico, dado que las empresas tendrán que abonar retrasos por un incumplimiento que corresponde al Gobierno de España.

Las sentencias coinciden en señalar que tanto la justicia europea, el Tribunal Constitucional como el Supremo han determinado que el principio de primacía del derecho europea obliga a los jueces a interpretar las normas internas conforme al derecho europeo. Las disposiciones de la Directiva europea (UE) 2019/1158 son incondicionales, suficientemente claras y precisas, y el permiso parental debe ser retribuido. Por tanto, las sentencias imputan el retraso en el desarrollo reglamentario a la Administración.

Por eso vamos a continuar reclamando este derecho. Nuestros servicios jurídicos además valoran volver a llevar la queja a Bruselas para forzar al Gobierno a reconocer esta importante medida social, cuyo incumplimiento ya está generando sanciones millonarias para España.

CSIF logra la primera sentencia en España que reconoce el permiso parental retribuido de 8 semanas

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 05 Dec 24 08:57:00 CET

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona ha dictado una sentencia pionera en España por la que se reconoce el derecho a un trabajador a disfrutar el permiso parental de 8 semanas retribuido, tal y como establece la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, pendiente de trasponer de manera íntegra por parte del Estado Español.

La sentencia afecta a un empleado público del Ayuntamiento de Barcelona, defendido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

El demandante solicitó un permiso parental retribuido para el cuidado de un hijo menor de 8 años y lo disfrutó entre octubre y diciembre de 2023. Inicialmente, el Ayuntamiento consideró el permiso como retribuido, pero posteriormente cambió su postura y lo declaró como no retribuido, dando lugar a la reclamación judicial.

La jueza encargada del caso destaca el carácter vinculante de la normativa europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Según dice, las disposiciones de la normativa “son incondicionales, suficientemente claras y precisas y atribuyen derechos a los particulares. Además, es innegable que el Estado Español no ha traspuesto la directiva antes del plazo correspondiente”.

TRASPOSICIÓN INCOMPLETA Y EXPEDIENTE A ESPAÑA

El 27 de junio de 2023, el Gobierno aprobó un decreto sobre esta cuestión que evita de manera expresa el desarrollo de esta prestación con carácter retribuido. CSIF se dirigió al Ejecutivo para que dictara las instrucciones oportunas sobre la obligatoriedad de esta retribución tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.

Además, tras la denuncia de CSIF, la Comisión Europea expedientó a España por incumplir la citada directiva.

Por este motivo, CSIF celebra esta sentencia pionera, aunque sea en primera instancia, y promoverá reclamaciones similares en otros ámbitos de las administraciones públicas para que la justicia cree jurisprudencia sobre esta cuestión.

En todo caso, entendemos que el Gobierno debe adoptar sin más demora la directiva con carácter retributivo. No se entiende que un Gobierno que ha venido abanderando públicamente el reconocimiento de los derechos para las personas trabajadoras en materia de conciliación, restrinja el disfrute del permiso parental.

25-N - El Gobierno aparca el plan de apoyo y asesoramiento a las víctimas en la Administración e incumple su propio Plan de Igualdad

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 22 Nov 24 11:40:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas- conmemora la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigiendo al Gobierno la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para dotarle de mayores recursos que contribuyan a eliminar de una vez por todas esta lacra que afecta a la sociedad española.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 40 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.

CSIF ha hecho un diagnóstico de la situación basándose en datos obtenidos de fuentes oficiales, y en base a estos mismos datos consideramos que es necesario revisar la eficacia de las políticas de protección y apoyo laboral a las víctimas, tanto en el sector público como en el privado. Hacen falta más recursos y medidas de apoyo en el ámbito laboral, de formación y educación. Además, el Gobierno está incumpliendo sus propios compromisos.

Gobierno incumple su plan de igualdad y descenso de los contratos bonificados

En el ámbito concreto de las administraciones públicas y en general en el mercado laboral, destacamos varios hechos preocupantes en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Según datos oficiales recabados por CSIF, el número de contratos bonificados y de sustitución por violencia de género disminuyeron el año pasado un 40 por ciento con respecto a 2022, lo que evidencia que las mujeres afectadas no están recibiendo el apoyo necesario en el ámbito laboral.

Por eso, desde CSIF exigimos la puesta inmediata de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la Violencia de Género. También pedimos la aplicación de otras actuaciones urgentes, entre las que destacan:

En el ámbito específico de la Administración General del Estado, CSIF denuncia que el Gobierno ha aparcado su Plan de Apoyo y Asesoramiento a las víctimas de la violencia de género, dejándolo sin desarrollo e incumpliendo una de las medidas estrella de su III Plan de Igualdad.

La medida pretende favorecer el acompañamiento de las víctimas en el ámbito laboral, facilitándoles desde el primer momento un entorno seguro, siendo asistida por asesores, psicólogos y otros profesionales que le informarán sobre sus derechos, proceso judicial y acompañamiento en el caso de la denuncia. Pues bien, el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia, como es la Administración General del Estado.

Otro de los datos que han llamado la atención de CSIF es que se han multiplicado por cuatro los quebrantamientos de medidas de protección respecto al número de víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Esta evolución exige un análisis para detectar en qué estamos fallando a la hora de proteger a las víctimas.

En definitiva, CSIF reitera su compromiso en la lucha contra cualquier forma de violencia que sufren las mujeres, y recuerda que acabar con esta lacra es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Los casos de violencia de género que se producen a diario en España nos recuerdan la necesidad de situar esta lucha en primera línea de la acción política y social. La prevención y la protección de las víctimas deben seguir siendo prioridades en la agenda del país para avanzar hacia una sociedad más segura e igualitaria en la que las mujeres puedan vivir en libertad y sin miedo.

Estas son nuestras propuestas:

Creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género.

Dotar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género de financión suficiente.

Refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género.

Ampliación de los recursos de atención y acogida para víctimas.

Establecimiento de espacios de apoyo y asesoría en el entorno laboral.

Favorecer entornos de trabajo seguros mediante la negociación y puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género en todos los centros de trabajo.

Programas específicos de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia.
Mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales para optimizar los recursos y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género.

MANIFIESTO 25-N. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 19 Nov 24 13:00:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, con su campaña: #Todo por todas

Denunciamos una realidad que persiste y que exige una respuesta contundente y coordinada de toda la sociedad. Las cifras siguen siendo alarmantes. Cada año, miles de mujeres en España son víctimas de violencia de género. La violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino una expresión brutal de la desigualdad estructural que aún pervive en nuestra sociedad.

Nuestro lema "Todo por Todas" refleja la necesidad de un compromiso integral, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades al servicio de todas las mujeres. Porque cada mujer cuenta, porque cada vida importa.

Las administraciones públicas tienen un papel esencial en la prevención, protección y ayuda a la recuperación de las víctimas. Es crucial que se implementen políticas públicas efectivas que incluyan medidas preventivas, protocolos de actuación, y recursos de ayuda inmediata para todas las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia.

Además, el ámbito laboral debe ser un lugar seguro y un apoyo fundamental para las víctimas. Las administraciones y empresas tienen la responsabilidad de adoptar políticas que permitan detectar y combatir cualquier tipo de violencia. Se deben establecer mecanismos de denuncia seguros y procedimientos claros para apoyar a las trabajadoras garantizando su seguridad y evitando cualquier tipo de represalia o discriminación.

Preocupa el descenso de contratos bonificados y de sustitución a mujeres víctimas de violencia de género o que el porcentaje de quebrantamientos de medidas de protección haya aumentado un 333% en la última década, las víctimas deberían sentirse seguras y respaldadas por el sistema de protección. Se necesita más implicación en el ámbito laboral con personal formado que asesore y acompañe a las víctimas, por ello, desde CSIF solicitamos la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en igualdad en cada centro de trabajo.

Desde CSIF Exigimos:

Medidas de Políticas Públicas y Recursos

- Implementación efectiva y dotación presupuestaria suficiente para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

- Refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género.

- Revisión del proyecto de comarcalización de la planta judicial con el objetivo de facilitar el acceso a las víctimas.

- Ampliación de los recursos de atención y acogida para víctimas.

- Programas y recursos accesibles y específicos para mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, que garanticen una atención integral y adaptada a sus necesidades particulares.

Medidas de Apoyo Laboral para las Víctimas

- Establecimiento de Espacios de Apoyo y Asesoría en el Entorno Laboral. Proporcionar a las víctimas un entorno seguro que les ofrezca asesoría, acompañamiento, y ayuda en la toma de decisiones, incluyendo la asistencia de gestores y psicólogos que les informarán sobre sus derechos y el proceso judicial.

- Favorecer entornos de trabajo seguros mediante la elaboración y difusión de directrices de actuación ante situaciones de violencia.

- Difusión del Procedimiento de Movilidad para funcionarias víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado y del Acuerdo de movilidad interadministrativa para empleadas públicas víctimas de violencia, así como transparencia con respecto a los datos oficiales.

- Ayudas específicas para la contratación de mujeres víctimas de violencia.

- Impulsar la negociación de convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista.

- Negociación y puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género en todos los centros de trabajo.

- Creación de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la Violencia de Género, para acompañar y asistir en el centro de trabajo, tanto en la administración pública como en la empresa privada, a las mujeres víctimas de violencia de género.

Formación y Sensibilización en los Centros de Trabajo

- Formación en perspectiva de género en todos los centros de trabajo.

- Campañas de sensibilización en los centros de trabajo para crear conciencia sobre la violencia de género y sus efectos en la vida laboral y personal.

Coordinación y Colaboración

- Mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales para optimizar los recursos y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género.

Trabajamos por construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir y trabajar sin miedo, con dignidad y en igualdad de condiciones. Por las que ya no están, por las que sufren en silencio, por las que resisten, por las que se atreven a denunciar. Por todas. #TodoPorTodas

25 de noviembre de 2024

CSIF participa en el Informe: EQUAL PAY. What really works.

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 08 Nov 24 09:00:00 CET