Cantabria

CSIF logra una acuerdo histórico para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 27 Mar 26 11:22:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo histórico para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre

Una vez firmado este acuerdo sobre las 35 horas --que no excluye a ningún ámbito de esta administración--, el Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado hoy se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

CSIF se felicita por haber desbloqueado este acuerdo histórico, que será de aplicación en el ámbito laboral más amplio de este país, teniendo en cuenta que afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado. CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

La jornada de 35 horas es una medida pionera, que favorece la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo, teniendo en cuenta además la ola de jubilaciones previstas en AGE, donde más del 50 por ciento de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20 por ciento se jubilará en los próximos 5 años.

Campaña Renta 2025

Manuel Pereira Fernández — Fri, 27 Mar 26 10:35:00 CET

El miércoles, 8 de abril de 2026, comienza la Campaña de la Renta 2025. Desde ese día, podrán presentarse las declaraciones por internet, ya sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. También estará habilitado el servicio de Renta Directa para casos en los que no sea necesario modificar el borrador. Los contribuyentes que opten por la liquidación por teléfono, a través del programa 'Le Llamamos', podrán hacerlo desde el 6 de mayo; mientras que el plazo para presentarla presencialmente en las oficinas se iniciará el 1 de junio. En cualquier caso, el plazo termina el 30 de junio, salvo para las que salgan a ingresar y vayan a domiciliarse, que deberán entregarse el 25 de junio. Los contribuyentes cuya declaración tenga resultado a ingresar pueden abonar la cuantía por tarjeta o Bizum y solicitar el pago fraccionado. En este caso, abonarán un 60% en el momento de presentar la liquidación y el 40% restante hasta el 5 de noviembre.

FECHAS CLAVE

El inicio oficial de la campaña será el 8 de abril de 2026, fecha a partir de la cual los contribuyentes podrán consultar el borrador y presentar su declaración a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante la aplicación móvil oficial. Esta vía será la primera en habilitarse y la recomendada por Hacienda para agilizar la tramitación.

La atención telefónica, destinada a quienes prefieran realizar la declaración con asistencia personalizada, comenzará el 6 de mayo, aunque será necesario solicitar cita previa, un trámite que se abrirá a finales de abril. Este servicio permitirá confeccionar la declaración mediante llamada telefónica con personal de la Agencia Tributaria.

Por su parte, la atención presencial en las oficinas de Hacienda se iniciará el 1 de junio de 2026, completando así las opciones disponibles para los contribuyentes que requieran atención cara a cara.

El plazo general para presentar la declaración del IRPF finalizará el 30 de junio de 2026. No obstante, para aquellos contribuyentes cuyo resultado sea a ingresar y opten por la domiciliación bancaria, la fecha límite se adelanta al 25 de junio.

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Entrevista a Rubén Diéguez, responsable AGE de CSIF Cantabria, sobre la situación de Cantabria ante el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno

Paula Celis López — Fri, 27 Mar 26 09:38:00 CET

La inminente puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno ha generado una creciente preocupación entre el personal de la Administración General del Estado en Cantabria. Así lo ha manifestado Rubén Diéguez, responsable del área de AGE de CSIF en la comunidad, en una reciente entrevista en el programa Mas de Uno de Onda Cero Cantabria, en la que alerta de la falta de planificación y recursos ante este nuevo escenario. Diéguez advierte de que, a escasas fechas del inicio del proceso, los empleados públicos continúan sin recibir refuerzos de personal, ni directrices claras, ni instrucciones específicas que permitan afrontar con garantías el previsible aumento de la carga de trabajo. “Nos enfrentamos a una situación de gran incertidumbre operativa”, señala, subrayando que esta falta de previsión podría derivar en un colapso aún mayor de unos servicios que ya se encuentran al límite.

El representante sindical pone el foco en la necesidad urgente de que el Gobierno adopte medidas inmediatas que incluyan la incorporación de personal de apoyo, la implementación de protocolos claros de actuación y una coordinación efectiva entre los distintos organismos implicados. De lo contrario, advierte, “no solo se verá afectada la calidad del servicio público, sino también las condiciones laborales de los empleados, que ya trabajan bajo una presión sostenida”.

CSIF Cantabria alerta del riesgo de colapso ante la regularización masiva de inmigrantes

Paula Celis López — Thu, 26 Mar 26 09:44:00 CET

El Ejecutivo prevé que, en este proceso que está previsto que se desarrolle entre el 1 de abril y el 30 de junio, se recibirán entre medio millón y un millón de solicitudes, un volumen que, a juicio del sindicato, hace imprescindible reforzar plantillas y planificar con antelación los procedimientos. Sin embargo, a pocos días del inicio, “todo está cogido con alfileres”, denuncian desde CSIF, que advierte de una nueva situación de improvisación en la Administración.

En el conjunto del país, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o presencial en oficinas de Correos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y algunos centros de la Seguridad Social, desde donde se remitirán a la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX), centralizada en Vigo. Mientras, la mayoría de las oficinas de Extranjería quedarán fuera de la recepción de solicitudes, una decisión que ha generado “asombro” entre los trabajadores.

Además, ya se detecta un incremento de la presión en comisarías y oficinas de expedición de documentación, que podría derivar en situaciones de saturación a partir de abril. CSIF insiste en que, sin medidas organizativas y refuerzos, el sistema puede colapsar, y reclama compensaciones económicas por el esfuerzo adicional, como se ha planteado en la Seguridad Social, donde se prevé una retribución de 25 euros por hora.

Cantabria, al límite antes de empezar

En Cantabria, la situación es especialmente preocupante. Según detalla Rubén Diéguez, la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional se encuentra ya “al borde del colapso” por la acumulación de trámites previos a este proceso.

Por un lado, la renovación de la huella de las tarjetas de ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra ha generado una sobrecarga notable. A ello se suma el incremento sostenido de solicitudes de residencia de ciudadanos venezolanos en los últimos años, que también requieren renovación y seguimiento administrativo.

Esta presión se traduce en dificultades crecientes para acceder a citas. Actualmente, se ofertan unas 50 diarias que se agotan en apenas cinco minutos. “Con la regularización masiva que plantea el Gobierno, directamente no habrá capacidad para ofertar citas”, advierten desde CSIF Cantabria.

Oficinas desbordadas y falta de información

La tensión también se deja sentir en las oficinas de Extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Allí, el anuncio del proceso ha disparado la demanda de información por parte de ciudadanos, en un contexto en el que aún no se ha publicado la normativa definitiva.

Esta falta de concreción impide a los empleados ofrecer respuestas claras, lo que está provocando un aumento exponencial de solicitudes de cita presencial, con esperas que ya rondan las dos semanas.

“Llegamos tarde y mal”

Desde CSIF Cantabria, se insiste en que la situación evidencia una falta de planificación estructural. “Llegamos tarde y de manera improvisada. Si este proceso sale adelante será gracias al sacrificio y la profesionalidad de los empleados públicos”, subraya Diéguez.

El sindicato rechaza además cualquier intento de externalizar el servicio a empresas públicas, dada la sensibilidad de los datos que se manejarán, y reclama que se refuercen de manera urgente todos los ámbitos implicados: Extranjería, Seguridad Social, Interior, SEPE y Política Territorial.

En definitiva, CSIF advierte de que, sin una respuesta inmediata, el proceso de regularización puede derivar en un colapso administrativo tanto a nivel nacional como en comunidades como Cantabria, donde los servicios ya operan al límite de su capacidad.

Refuerzo suficiente, estable y planificado

Por todo ello, CSIF Cantabria considera imprescindible que el proceso de regularización extraordinaria vaya acompañado de una planificación rigurosa y de un refuerzo inmediato, suficiente y estructural de las plantillas, tanto en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno como en la Dirección General de la Policía.

El sindicato exige:

- Incrementos reales y permanentes de personal, no soluciones puntuales o temporales
- La incorporación inmediata de más efectivos en todas las áreas de Extranjería
- Garantías laborales básicas para las plantillas y una adecuada formación
- Una distribución coordinada de recursos entre los distintos departamentos implicados (Interior, Política Territorial, SEPE y Seguridad Social)

CSIF subraya que reforzar la red de Extranjería no es una cuestión ideológica, sino una obligación para garantizar un servicio público eficaz, digno y con garantías tanto para los trabajadores como para la ciudadanía, evitando situaciones de colapso que perjudiquen a todos.

CSIF comienza a negociar la oferta de empleo público para 2026, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 23 Mar 26 15:01:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas inició hoy la negociación de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2026, teniendo en cuenta la ausencia de proyecto de Ley de Presupuestos del Estado.

Función Pública ha iniciado la negociación sin aportar datos sobre las líneas generales de esta OEP que, según el departamento de Óscar López será “muy similar a la del año pasado” (en 2025 se aprobaron 26.889 plazas para la Administración General del Estado). El Ministerio espera que se apruebe en el mes de abril.

Nuestra organización, de entrada, reclama que se supere la citada oferta de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna, reforzando ámbitos especialmente deficitarios de personal, como son el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización

Asimismo, hay que tener en cuenta que la inminente aplicación de la jornada de 35 horas semanales debe de ir acompañada de un refuerzo de efectivos, teniendo en cuenta la reducción horaria.

Además, reclamamos que, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno articule alguna fórmula para eliminar la tasa de reposición (el límite que tienen las administraciones para reponer efectivos) para que los diferentes departamentos puedan diseñar sus planes de recursos humanos atendiendo a las necesidades reales de plazas, en línea con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público.

CSIF rechazó la oferta de empleo del año pasado porque se creó menos de la mitad de empleo neto que en 2024 y se redujo de manera significativa la promoción interna. En este sentido, en la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía.

Mejora del acceso al empleo público para personas con discapacidad

Por otra parte, Función Pública y sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para las que se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas convocadas en acceso libre y promoción interna.

Entre otros aspectos, este acuerdo implica la convocatoria de pruebas específicas e independientes, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y criterios para los procesos selectivos atendiendo a barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas, así como aquellas de carácter procedimental u organizativo que puedan impedir o dificultar la plena participación en condiciones de igualdad.

Igualmente, se reconocerán situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando el derecho a las adaptaciones del puesto de trabajo, reconociendo el desempeño efectivo de las tareas de su condición profesional, así como a la formación y cualificación profesional.

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

CSIF Cantabria se une a la concentración de trabajadores de AEMET para exigir mejoras laborales y refuerzo de plantilla

Paula Celis López — Thu, 19 Mar 26 12:30:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, continúa su campaña en defensa de las condiciones laborales de la plantilla de la AEMET con nuevas concentraciones celebradas este jueves, 19 de marzo, en distintos puntos del país, tras la primera movilización iniciada el pasado 12 de febrero en Madrid, con un propósito claro que, según el sindicato, “siempre ha sido prioridad: la mejora de las condiciones laborales y retributivas, el refuerzo urgente de los recursos humanos, la adecuación de las clasificaciones profesionales y la adopción de medidas que garanticen el futuro y el correcto funcionamiento de AEMET como servicio público esencial”.

En Cantabria, alrededor de un centenar de empleados públicos se han concentrado frente a la delegación territorial de la AEMET, en Cueto (Santander), para reclamar mejoras laborales, refuerzo de plantilla y medidas que garanticen el funcionamiento del organismo como servicio público esencial. La protesta, convocada junto a CCOO y UGT, forma parte de un calendario de movilizaciones de ámbito estatal que culminará con la convocatoria de huelga de dos días que coincidirá con la Semana Santa.

El acto ha servido para visibilizar el malestar creciente de una plantilla que denuncia la falta de avances en las negociaciones con la Administración, en particular con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la ausencia de soluciones a problemas como la falta de personal o la precariedad laboral.

Durante la concentración, representantes sindicales han insistido en que el conflicto no responde a una situación puntual, sino al deterioro progresivo del organismo durante años. En el caso de Cantabria, han recordado que una de cada cuatro plazas se encuentra vacante —11 de un total de 44—, lo que, a su juicio, evidencia un déficit estructural de personal que compromete la calidad del servicio. A nivel estatal, la reducción de plantilla supera el 40% en las últimas tres décadas.

El responsable de AGE de CSIF en Cantabria, Rubén Diéguez, ha advertido de la “absoluta inmovilidad de la Administración”, subrayando que esta falta de respuesta “obliga a mantener e intensificar las movilizaciones”. Según ha señalado, el malestar es generalizado entre los trabajadores, que reclaman soluciones concretas frente a problemas como la precariedad laboral, la sobrecarga de trabajo y la obsolescencia de las clasificaciones profesionales.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo, Diéguez destaca “la exigencia de una oferta de empleo público extraordinaria que permita revertir la pérdida de efectivos y garantizar el relevo generacional en una plantilla con una edad media elevada”. Asimismo, denuncia “el uso continuado de la interinidad para cubrir puestos estructurales” y reclama “una revisión del sistema retributivo acorde con la responsabilidad y especialización de sus funciones, especialmente en un servicio que opera de manera ininterrumpida”.

El sindicato también ha puesto el foco en la necesidad de mejorar las condiciones de jornada y conciliación, “defendiendo el mantenimiento de los turnos de 24 horas y el teletrabajo, así como el respeto a los descansos y la compensación de la disponibilidad”.

Otro de los aspectos destacados durante la protesta ha sido la defensa del servicio público y del valor científico de AEMET. El responsable de AGE de CSIF Cantabria advierte de que la falta de medios “no solo afecta a las condiciones laborales, sino también al servicio que presta la AEMET, incluyendo el mantenimiento de datos climáticos y la fiabilidad de las predicciones”.

Aunque los sindicatos reconocen algunos avances recientes, como la aprobación de un real decreto-ley que contempla una oferta de empleo público extraordinaria y una inversión de 13 millones de euros, consideran que estas medidas son insuficientes y carecen de concreción, por lo que denuncian la falta de negociación en aspectos clave como los horarios o la planificación de recursos humanos, y reclaman una mayor participación en estas decisiones. Por ello, han exigido una negociación colectiva “real y efectiva”, frente a lo que consideran decisiones unilaterales por parte de la dirección del organismo.

CSIF desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 19 Mar 26 10:41:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha sido convocada el próximo día 24 de marzo a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde previsiblemente se desbloqueará la jubilación parcial para el personal laboral.

Este colectivo vio bloqueado este derecho con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024) derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas, ya que el relevista, cuya relación laboral debe ser indefinida, tiene que haber superado, con carácter previo, un proceso selectivo que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los propios Tribunales han sentenciado que, “aunque la administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”.

Ante esta situación, CSIF ha propuesto que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Todo parece indicar, por la documentación intercambiada en la negociación que esta va a ser la solución.

De este modo, el Gobierno aprobaría de manera inminente un Real Decreto Ley que establecerá la posibilidad de llevar a cabo contrataciones temporales de relevistas, que posteriormente se convocarían en la siguiente oferta de empleo público para la cobertura definitiva de la plaza. Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública, en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025.

Además de desbloquear esta situación, las principales novedades del acuerdo que se firmará con Función Pública recogen las reivindicaciones de CSIF en lo referente a la eliminación de periodos de carencia, acumulación del total de la reducción en un solo tramo y aumento hasta el 75 por ciento de la reducción de jornada. Además, se ampliará la aplicación de esta modalidad hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

En todo caso, una vez firmado el acuerdo, CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde el año 2012, como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados mantiene congelada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, que reconoce nuevamente este derecho a funcionarios y estatutarios, tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista propuesta por CSIF. Por tanto, ante la situación de parálisis del parlamento, el Gobierno debe utilizar otro tipo de norma que permitiría superar la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios.

CSIF reclama al Gobierno un plan de contingencia en las administraciones públicas ante los efectos económicos y sociales de la guerra en Irán

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 11 Mar 26 12:05:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno diseñar un plan de contingencia en el ámbito público ante los posibles efectos económicos y sociales por la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno debe tener previsto un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo y en general en todos los ámbitos que sea necesario, ante la posibilidad de que la crisis económica se agrave: aumento de prestaciones y ayudas sociales, presión sobre sanidad y servicios sociales, oficinas de empleo y atención al ciudadano entre otros puntos. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

Asimismo, es preciso un fondo extraordinario para las administraciones públicas para comunidades autónomas y ayuntamientos que permita financiar servicios públicos si aumentan los costes energéticos y sociales. El objetivo es garantizar la gestión, evitando que se paralicen servicios y se vean afectadas las plantillas.

También es necesario un plan de eficiencia energética en la administración para reducir la dependencia de energía en los edificios públicos, con medidas como autoconsumo solar en edificios administrativos, medidas energéticas en hospitales, colegios y sedes administrativas, digitalización y teletrabajo. Es decir, reducir la dependencia energética también permite fortalecer el sector público.

CSIF también reclama una protección del empleo y la actividad económica, reactivando instrumentos que funcionaron en crisis anteriores como el ERTE, si determinados sectores se ven afectados por la crisis energética o comercial y en consecuencia, tener previsto un refuerzo del SEPE, para que no suceda lo mismo que en anteriores crisis.
De la misma manera, proponemos una mesa permanente de seguimiento de la crisis en las administraciones públicas para monitorizar inflación y empleo, evaluar impacto en servicios públicos y activar medidas de respuesta rápidas.