El Secretario de Estado se compromete con CSIF a negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Justicia

admin — Wed, 20 Dec 23 11:29:27 CET

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Tras conocer el contenido de Disposición Adicional novena del Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo aprobada ayer en Consejo de Ministros tras varias semanas de tramitación y publicado hoy en el BOE, CSIF valora muy positivamente este compromiso de negociación del Secretario de Estado de Justicia.

El Secretario de Estado cumple y ratifica de forma expresa la voluntad que comunicó inicialmente a todos los sindicatos por vía telefónica hace dos meses y que reiteró nada más ser nombrado por la misma vía el pasado 29 de noviembre

CSIF, fiel al compromiso adquirido en el mes de julio tras la suspensión de las movilizaciones, ha venido exigiendo al Ministerio pasos hacia la apertura de la negociación durante estas últimas semanas. En este sentido, CSIF valora muy positivamente este compromiso de negociación del Secretario de Estado de Justicia que, esperamos, se concrete el próximo mes de enero con una convocatoria.

Las movilizaciones y la huelga, el sacrificio de miles de compañeros y compañeras, han servido para abrir esta negociación y CSIF está preparado para afrontar la negociación de un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Justicia, recuperar la normalidad en los órganos judiciales y poner las bases de la Justicia del futuro.

La Disposición Adicional del Real Decreto Ley es del siguiente tenor literal:

“Disposición adicional novena. Personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.

En atención a la imprescindible implicación de los profesionales de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en el proceso de transformación comprometido en el Plan Estratégico «Justicia 2030» y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con el objetivo de lograr una mejora de la eficiencia organizativa, procesal y digital en aras de una administración más ágil, eficiente, adaptada a la ciudanía, sostenible y transparente, y puesto que este proceso de transformación tiene una especial incidencia en la adaptación de las funciones que realizan estos profesionales, por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se llevarán a cabo las actuaciones precisas para reconocer e identificar esta incidencia.”

El texto de este Real Decreto Ley, que se venía gestando desde hace varios meses, recoge medidas relacionadas con la eficiencia digital y procesal e incluye una cláusula sobre negociación del teletrabajo en Justicia que había pedido CSIF públicamente para lo que se da un plazo de doce meses. (Disp.Final. 6ª del RDLey)

Además, el Real Decreto ley contiene medidas generales sobre acceso al empleo público, evaluación del desempeño y carrera profesional que son objeto de valoración por CSIF en este enlace.

La oficina de la Fiscalía europea sigue en precario

admin — Mon, 07 Aug 23 08:34:41 CEST

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Algo tan sencillo como cumplir con la ley y con los principios de acceso al servicio público se ha convertido en un largo proceso de provisión excepcional, primero por mecanismos ajenos a la publicidad y libre concurrencia que deben presidir los procedimientos de provisión de plazas y, posteriormente, con una convocatoria de comisión de servicios que, a fecha de hoy, cuyo carácter provisional en la adjudicación y normalización como sistema de provisión se mantiene desde hace dos años, precariza la cobertura de este servicio y puede afectar a la independencia de la oficina que es un rasgo que debería caracterizar a la misma conforme a la Directiva europea de creación de este organismo.

Una oficina que, recordemos, se encarga de dar soporte a los fiscales europeos nacionales en su labor de investigación y persecución de delitos relacionados con la gestión y ejecución de fondos europeos.

A este respecto, CSIF denuncia la falta de palabra del Ministerio que se comprometió el 20 de mayo de 2021 de enero de 2022 a convocar el preceptivo concurso específico a provisión de plazas para su cobertura definitiva de forma inmediata.

A esta situación irregular se añade el error de considerar esta oficina como una unidad administrativa y no como lo que es, una oficina fiscal con todas las características de una oficina de este tipo como ya tuvimos ocasión de manifestar tanto al primer borrador de orden de creación como al segundo.

Servicio de guardia: 1 GPA o 1 TPA guardia semanal de disponibilidad con una retribución igual a la de la Fiscalía de la AN y de la Fiscalía antidroga.

El pasado sábado se publicó la modificación de la orden de creación por la que se implanta un servicio de guardia al amparo de la orden de guardias de las oficinas judiciales y fiscales, cuya propuesta se llevó a mesa de negociación por el Ministerio el pasado 11 de enero, sin que el Ministerio haya aceptado, todavía, una realidad más que evidente: esta oficina no encaja de ninguna manera como unidad administrativa y sí como una oficina fiscal.

Decir, como a veces se ha dicho por los representantes del Ministerio, que la directiva europea exige que no se integre como oficina fiscal es un burdo intento de justificar lo injustificable puesto que la organización de la oficina no es una cuestión en la que la UE se meta más allá de señalar algunos principios como el de independencia al que hemos hecho referencia más arriba.

Por otro lado, CSIF recuerda al Ministerio que debe revisar la plantilla de esta oficina fiscal para incrementar sus efectivos en la línea de lo solicitado en la negociación de la orden de creación cumpliendo, así, el compromiso de hacerlo en el plazo de 24 meses desde su creación. En este sentido, el Ministerio para justificar la implantación del sistema de guardias alude a una importante carga de trabajo.