Cantabria

RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

paula.celis.lopez — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el personal laboral temporal: ¿FIJEZA o INDEMNIZACIÓN?

paula.celis.lopez — Wed, 10 Jun 26 12:51:00 CEST

El Alto Tribunal considera que la figura del indefinido no fijo ya no constituye una medida adecuada para sancionar y reparar, abriendo dos vías principales según la situación del personal laboral afectado: la declaración de FIJEZA o el reconocimiento de una INDEMNIZACIÓN.

¿Cuándo puede obtenerse la FIJEZA?

La sentencia establece que la declaración judicial de trabajador fijo solo será posible cuando concurran simultáneamente dos requisitos:

Existencia de abuso de temporalidad: el abuso se produce cuando la relación laboral temporal se prolonga de forma inusual o anormalmente larga, especialmente en los supuestos de interinidad por vacante que superen los tres años de duración.
Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas: el trabajador debe haber participado y superado un proceso selectivo convocado para el acceso a plazas de personal laboral fijo, aunque en su momento no hubiera obtenido plaza por insuficiencia de vacantes.

OJO: Haber formado parte de una bolsa de empleo temporal o haber superado procesos selectivos destinados exclusivamente a plazas temporales no genera, por sí solo, derecho a la fijeza conforme a esta nueva doctrina.

La alternativa: una INDEMNIZACIÓN reparadora

Cuando exista abuso de temporalidad pero el trabajador no reúna los requisitos exigidos para acceder a la condición de fijo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a reclamar una indemnización específica destinada a compensar los perjuicios sufridos.

Esta compensación puede adoptar dos modalidades, compatibles entre sí:

Indemnización por cese: se percibe cuando finaliza la relación laboral y, con carácter general, equivale a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Indemnización adicional por daño moral o material: como principal novedad, el Tribunal Supremo reconoce una compensación adicional para reparar la situación de precariedad derivada del abuso de temporalidad. Esta indemnización puede reclamarse incluso cuando el trabajador continúa prestando servicios.

¿Cómo se calcula la indemnización por daño moral?

En aquellos casos en los que no se acrediten daños de cuantía superior, la sentencia establece una indemnización mínima orientativa tomando como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las cuantías orientativas serían:

Entre 1.000 y 10.000 euros para situaciones de abuso producidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Entre 751 y 7.500 euros para abusos anteriores a esa fecha.

Recomendación de CSIF Cantabria

Desde CSIF Cantabria, recomendamos analizar cada situación de forma individualizada, ya que las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas de cada trabajador y de los procesos selectivos superados.

Si te encuentras en una situación de temporalidad prolongada o consideras que puedes haber sido víctima de abuso en la contratación temporal, ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas.

Estudiaremos tu caso para determinar si cumples los requisitos para solicitar la declaración de fijeza o reclamar las indemnizaciones que puedan corresponderte.

CSIF Cantabria continúa defendiendo la estabilidad en el empleo público y la protección de los derechos de las personas trabajadoras frente al abuso de la temporalidad.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son asignaturas pendientes de las organizaciones en España: la salud mental laboral sigue en peligro

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 04 Nov 26 12:11:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son todavía asignaturas pendientes de las administraciones públicas y empresas ya que los protocolos, evaluaciones de riesgos psicosociales y las pocas medidas que hay implantadas son insuficientes.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado el servicio ‘CSIF Ayuda’ tras diez años de actividad es que las empresas y administraciones solo intervienen cuando el conflicto se ha agravado o ya existe un daño para la salud de las personas trabajadoras. Es necesario reforzar la formación, la organización, los protocolos y la prevención.

El perfil habitual es el de una persona trabajadora con presunto maltrato psicológico que decide atreverse a denunciar su situación se encuentra con protocolos lentos, inacción de los responsables directos, la falta de apoyo por los compañeros y que no aplican las medidas cautelares necesarias hasta que se demuestra o no la situación de violencia en el trabajo.

Además, CSIF ha detectado la normalización de comportamientos violentos (gritos, insultos, aislamiento o falta de presencia injustificada en reuniones, tareas de escasa o nula importancia para la organización, burlas, etc.). Esta es una de las causas por las que casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, como CSIF denunció en un estudio en el año 2024.

Díez años velando por la salud mental en las organizaciones

CSIF conmemora con diferentes actividades (jornadas formativas y de sensibilización, campañas informativas sobre la importancia de la salud mental y los derechos laborales, etc.) los diez años de su gabinete especializado ‘CSIF Ayuda’, dedicado a atender a trabajadores afiliados que sufren en su entorno laboral situaciones de acoso, violencia, estrés y otros riesgos psicosociales que pueden afectar a su salud y condiciones de trabajo.

Este servicio, que es gratuito, recibe una media de 12 consultas semanales desde que se puso en marcha en noviembre de 2016. Las mayores consultas proceden fundamentalmente de los sectores de Educación y Sanidad, que suponen el 36 por ciento del total; seguido de la empresa privada, Administración Local, Administración General del Estado (AGE), Administración General de Comunidades Autónomas, y entidades públicas estatales.

Los principales motivos por los que se acude a ‘CSIF Ayuda’ desde Educación son las consecuencias de falta de autoridad del docente en aula (malas contestaciones y falta de respeto por parte del alumnado y progenitores), la falta de recursos que impiden realizar la función docente y su desamparo ante la inacción de la dirección del centro y ausencia de sanciones. Todo esto provoca situaciones de estrés y de ansiedad en el profesorado.

Épocas más estresantes para los trabajadores

‘CSIF Ayuda’ ha detectado que la mayor parte de las consultas que reciben desde el sector de Educación se producen en los meses de mayo y junio por parte de docentes de ciclos superiores (Secundaria y Bachillerato). El motivo es que en esos meses se hacen públicas las calificaciones que influyen en la nota final de la EBAU, por lo que los docentes reciben presiones de alumnos, progenitores e incluso de la dirección del centro.

En el caso de la Sanidad, los principales motivos por los que se recurre a ‘CSIF Ayuda’ son situaciones de acoso, violencia en el entorno laboral (incluso agresiones) y riesgos psicosociales (como estrés, ansiedad, falta de sueño, desmotivación, etc). Al igual que ocurre con Educación, los periodos más habituales de consulta coinciden con picos de actividad, como con la llegada de las bajas temperaturas (epidemia de gripe y de infecciones respiratorias). La falta de plantilla y el exceso de pacientes provocan situaciones de estrés, ansiedad y violencia en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria.

Situaciones laborales que afectan a la salud mental

‘CSIF Ayuda’ ha detectado en estos diez años algunas deficiencias en los entornos laborales que afectan a la salud de los trabajadores: plantillas insuficientes que provocan sobrecarga de trabajo, deficiente organización del trabajo, falta de claridad en las funciones profesionales, dificultades de comunicación, escasa formación para gestionar conflictos y la ausencia de recursos específicos para la prevención.

Estas son algunas de nuestras principales reivindicaciones:

Actuar y modificar las deficiencias en la organización del trabajo que genera el riesgo psicosocial (ritmos y cargas de trabajo, turnos, hiperconectividad, etc.)

Apoyo psicológico gratuito y confidencial.

Vigilancia de la salud mental.

Refuerzo de plantillas y reducción de sobrecargas de trabajo.

Implantación de procedimientos eficaces frente al acoso, la violencia y los conflictos laborales.

Reconocimiento adecuado de los trastornos mentales y de comportamiento cuando se acredite su origen profesional.

‘CSIF Ayuda’ reafirma su compromiso de seguir escuchando y orientando a aquellas personas trabajadoras que atraviesan situaciones de especial dificultad en el trabajo y seguiremos reivindicando medidas para avanzar hacia una verdadera cultura preventiva de la salud mental. Precisamente, CSIF se ha sumado a la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Trabajos Saludables 2026-2028: Compromiso por la Salud Mental en el Trabajo”, con los objetivos principales de sensibilizar sobre el impacto de los riesgos psicosociales en todos los sectores laborales; y promover entornos de trabajo favorables, inclusivos, seguros y mentalmente saludables.

Los mayores incendios forestales de Europa envían un mensaje claro sobre la preparación: debemos invertir en capacidad de extinción de incendios.

javier.jordan-de-urries.sagarna — Wed, 19 Aug 26 11:25:00 CEST

CSIF EuropaCantabria Image

La temporada de incendios forestales de 2026 en la UE se intensificó rápidamente desde finales de junio, registrándose incidentes significativos en Portugal, Francia, España, Croacia, Alemania y el Reino Unido. Para el 26 de julio, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) había cartografiado aproximadamente 344.580 hectáreas de terreno quemado en toda la Unión Europea en 2026, de las cuales 147.026 se registraron tan solo durante la semana anterior, lo que pone de manifiesto la rápida escalada de la crisis.

La respuesta ha puesto de manifiesto la complementariedad de las funciones de las autoridades nacionales de protección civil, el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), el Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEP), la reserva rescEU y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CRRE). Miles de bomberos, personal de respuesta a emergencias y otros trabajadores de servicios públicos se han desplegado para contener los incendios, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas.

CESI se solidariza con todos los bomberos y personal de respuesta a emergencias que trabajan en primera línea. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su valentía, profesionalidad y compromiso inquebrantable con la protección de vidas, comunidades y el medio ambiente.

El secretario general de CESI, Klaus Heeger, declaró:

«Los devastadores incendios forestales registrados desde junio de 2026 en Francia, Portugal, España, el Reino Unido, Alemania, Croacia y Albania son un claro recordatorio del papel indispensable que desempeñan los bomberos, los servicios de emergencia y los servicios públicos. La UE debe redoblar sus esfuerzos aumentando el apoyo a los Estados miembros afectados, invirtiendo en servicios de emergencia, reforzando la coordinación y fortaleciendo la prevención, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de los sistemas de salud pública».

¿Qué sigue?

La magnitud e intensidad sin precedentes de los incendios forestales de este año subrayan la necesidad de reforzar el marco de preparación y respuesta ante desastres de la UE. Si bien los instrumentos existentes han demostrado su eficacia, los recientes acontecimientos también han puesto de manifiesto deficiencias que requieren una acción europea más contundente.

La UE debería proporcionar una financiación mayor y más predecible para ampliar las capacidades de la UE, incluyendo el desarrollo de una flota aérea europea de extinción de incendios disponible de forma permanente, una mejor monitorización por satélite, modelos de riesgo con apoyo de IA y una red más sólida de centros transfronterizos de formación y preparación. Como ya destacó Alain Laratta, secretario general del sindicato francés de bomberos Avenir Secours, en 2021:

«Para combatir eficazmente los incendios forestales en todo el continente ante el cambio climático y las condiciones meteorológicas cada vez más extremas, necesitamos desarrollar un enfoque europeo coordinado y, en última instancia, mundial, para la lucha contra incendios».

Al mismo tiempo, se debería exigir a los Estados miembros que cumplan con estándares más ambiciosos y armonizados para la prevención y la preparación ante incendios forestales. Estos deberían incluir evaluaciones nacionales de riesgo obligatorias, planes integrados de gestión de tierras y bosques, requisitos mínimos de capacidad de extinción de incendios, simulacros conjuntos periódicos y la aplicación sistemática de medidas preventivas antes de cada temporada de incendios.

En consonancia con la Estrategia Integrada de Gestión del Riesgo de Incendios Forestales de la Comisión Europea, la recomendación del Consejo de junio de 2026 sobre incendios forestales y las recomendaciones de larga data del CESI, la UE debe invertir más en el personal de extinción de incendios abordando la escasez de personal, mejorando la salud y la seguridad en el trabajo, reforzando la formación y el desarrollo profesional continuo, optimizando la planificación de los recursos humanos y reconociendo los riesgos para la salud a largo plazo asociados a la lucha contra incendios. El Consejo recomienda un enfoque integrado para la gestión del riesgo de incendios forestales que abarque la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. Insta a los Estados miembros a reforzar la cooperación, la gestión sostenible del territorio, la evaluación de riesgos, los sistemas de alerta temprana, las inversiones a largo plazo y la recuperación posterior a los incendios para mejorar la resiliencia frente a los crecientes riesgos transfronterizos de incendios forestales.

Por último, la inversión adicional de la UE debería acelerar la investigación y la innovación en áreas como los drones, las tecnologías ignífugas, los sistemas de mando y control y las herramientas de alerta temprana, al tiempo que apoya la creación de una flota aérea de extinción de incendios financiada por Europa y un grupo de trabajo europeo de extinción de incendios de rápido despliegue. Unos mecanismos de control y aplicación más estrictos también deberían garantizar que los Estados miembros cumplan plenamente las obligaciones acordadas en materia de prevención y preparación. La gestión eficaz de los incendios forestales no puede basarse únicamente en la solidaridad durante las emergencias; requiere una inversión sostenida, medidas de prevención sólidas y una preparación constante antes de que se produzcan los desastres.

La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

CSIF reclama más medios contra los riesgos asociados a las nuevas tecnologías en el ámbito laboral: tecnoestrés, ciberacoso, aislamiento social y trastornos músculo-esqueléticos

admin — Tue, 24 Oct 23 07:38:30 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige tanto al Gobierno como a la empresa privada que aumente la inversión, las campañas y las iniciativas laborales para sensibilizar sobre el uso de las tecnologías digitales y prevenir su impacto negativo (como ciberacoso, tecnoestrés, hiperconectividad, el aislamiento social y trastornos músculo-esqueléticos) en la salud de las/os trabajadores.

Esta reivindicación se produce con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo (que se celebra del 23 al 27 de octubre 2023), en la que CSIF lanza su campaña ‘En la era digital, trabajemos con conexión segura y saludable’. También nos sumamos a la iniciativa ‘Trabajos seguros y saludables en la era digital’, de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que pretende sensibilizar sobre el impacto de las tecnologías digitales en el trabajo y sobre cómo gestionarlas.

CSIF alerta de que la digitalización también conlleva asociados nuevos riesgos laborales, como el tecnoestrés, el ciberacoso, la fatiga informática, la hiperconectividad, el aislamiento social, la ciberadicción y los trastornos músculo-esqueléticos. Estos riesgos deben evaluarse y gestionarse adecuadamente para garantizar que las personas trabajadoras puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura y saludable. Por ello, pedimos al Gobierno y a las empresas privadas que se tomen en serio estos riesgos para la salud de los/as trabajadores y pongan en marcha las medidas necesarias.

La digitalización facilita en muchos aspectos la gestión en organizaciones, y ayuda en la seguridad y salud en el trabajo de los empleados/as, automatizando tareas repetitivas, a reducir la tensión física y a mejorar la ergonomía. Además, la robótica y la inteligencia artificial (IA) pueden ayudar al personal en entornos de trabajo peligrosos, y el trabajo a distancia favorece la flexibilidad y una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada.

Entre otras medidas, reclamamos la implantación de protocolos de desconexión digital, derechos y garantías para los profesionales en el uso de Inteligencia Artificial (IA), la evaluación de riesgos psicosociales y la dotar a los profesionales que opten por el teletrabajo o trabajo a distancia de los equipos informáticos necesarios.

El Gobierno se olvida de las/os empleados públicos

En lo que se refiere exclusivamente a las/os empleados públicos, CSIF denuncia que el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 no incorpora medidas específicas ante los nuevos retos y riesgos laborales que genera la digitalización. También falta formación específica en los programas informáticos y nuevos procedimientos de trabajo, no hay suficientes cursos de reciclaje para formar a las/os empleados públicos en sus nuevas competencias digitales, y faltan equipos informáticos para el trabajo a distancia y teletrabajo.

CSIF denuncia además que el teletrabajo sigue sin regularse en numerosas administraciones (como Educación, Sanidad, Administración General del Estado, comunidades autónomas, etc.), a pesar de que en abril del año 2021 firmamos con el Gobierno un acuerdo para su desarrollo.

Más de dos años después, seguimos esperando que se apruebe el real decreto que debe establecer su regulación, por lo que el pasado febrero presentamos una demanda por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por retraso injustificado. Esta demanda ha sido admitida en los tribunales y estamos pendientes de su resolución. Emplazamos una vez más al Gobierno para que cumpla lo acordado.

Decenas de miles de trabajadores/as salen a la calle para gritar ‘Basta’ a Sánchez, exigir medidas económicas eficaces y una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 10:45:57 CEST

CSIF EuropaIgualdadPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPrevención de Riesgos LaboralesPortada PRLCantabria Image

Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de toda España salieron hoy a las calles de Madrid convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en la primera manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media.

La jornada ha sido un grito de protesta contra la política económica de Pedro Sánchez, y ha sido el cauce para que miles de trabajadores le hayan trasladado las exigencias de CSIF para aliviar el impacto que está causando en sus bolsillos el alza desmesurada del precio del cesto de la compra, de la luz y de los carburantes.

En concreto, la manifestación ha servido para exigir al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo; que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en su discurso que “el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”.

Tras asegurar que el Ejecutivo “ha pasado de considerar a las empleadas y empleados públicos como héroes durante la pandemia de COVID a tratarles de manera ingrata y ningunearles”, el presidente de CSIF subrayó que el Gobierno “se está equivocando y lo pagará en las urnas”.

La jornada de protesta de hoy y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.