Cantabria - Administración Local

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria consiguen una nueva sentencia que obliga al Ayuntamiento de Santander a abonar el plus de conducción

Paula Celis López — Tue, 14 Jul 26 11:57:00 CEST

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Santander ha estimado íntegramente la demanda presentada por la funcionaria municipal, anulando la resolución del Ayuntamiento que le denegaba este complemento retributivo. La sentencia condena al Consistorio a abonarle las cantidades correspondientes desde el 26 de abril de 2017, fecha en la que formuló su primera reclamación administrativa, además de los intereses legales y las costas del procedimiento.

La resolución judicial considera acreditado que la trabajadora, desde que asumió la jefatura de sección de los Talleres Municipales, utiliza de forma habitual un vehículo municipal para desarrollar las labores de control y supervisión propias de su puesto. Durante el procedimiento quedó probado, mediante un certificado emitido por el jefe de Servicios Generales, que la jefatura de sección tiene asignado un vehículo municipal para el desempeño de estas funciones, exactamente igual que ocurre con los jefes de equipo y los encargados, quienes sí perciben el denominado "plus de conducción".

La magistrada concluye que la denominación formal del puesto de trabajo no puede impedir el reconocimiento de un complemento cuando las funciones efectivamente desempeñadas son sustancialmente idénticas a las de otros empleados que ya lo perciben. En este sentido, considera que el Ayuntamiento ha mantenido una diferencia de trato retributivo que carece de justificación objetiva.

El fallo subraya que el propio Ayuntamiento no cuestionó que los jefes de equipo y los encargados de los Talleres Municipales cobran este complemento de productividad por la utilización habitual de vehículos municipales. Sin embargo, negó ese mismo derecho a la demandante pese a desempeñar funciones equivalentes, generando una situación de desigualdad retributiva contraria al principio de igualdad.

Asimismo, la sentencia recuerda la naturaleza jurídica del complemento de productividad, precisando que, aunque su percepción no constituye un derecho automático ni permanente, cuando concurren los requisitos fijados por la propia Administración y el empleado realiza de forma efectiva las funciones que justifican su abono, no puede excluirse arbitrariamente a quien se encuentra en la misma situación que otros trabajadores que sí lo perciben.

Desde CSIF Cantabria se valora muy positivamente esta resolución, que vuelve a poner de manifiesto la importancia de defender los derechos de los empleados públicos cuando la Administración mantiene decisiones que vulneran el principio de igualdad retributiva.

Esta es la quinta sentencia favorable obtenida por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria en apenas dos semanas, un balance que demuestra el alto nivel de especialización y la eficacia de la asistencia jurídica que el sindicato ofrece a su afiliación en la defensa de sus derechos laborales y económicos.

CSIF recuerda que continuará respaldando a todos aquellos empleados públicos que vean vulnerados sus derechos, utilizando todas las vías legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar situaciones de discriminación dentro de las administraciones públicas.

Para el sindicato, esta nueva resolución judicial constituye además un claro mensaje a las administraciones públicas sobre la necesidad de aplicar criterios objetivos e igualitarios en materia retributiva, evitando obligar a los trabajadores a acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de derechos que les corresponden.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

📢 Si trabajas en el Ayuntamiento de Santander y tienes algún problema, consulta con tu delegado sindical de CSIF Cantabria.

Teléfono: 942313922 / Email: local39@csif.es

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria consiguen una nueva condena al Ayuntamiento de Santander por negar el pago de una formación imprescindible para un Policía Local

Paula Celis López — Thu, 09 Jul 26 11:52:00 CEST

En esta ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander ha estimado íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria en defensa de un agente de la Policía Local adscrito a la Unidad Canina, reconociendo su derecho a percibir el reintegro de 1.550 euros correspondientes a un curso de adiestrador canino profesional, formación específica y necesaria para el desempeño de sus funciones.

La sentencia deja acreditado que el curso fue propuesto y autorizado por el entonces jefe de la Policía Local, que su realización respondía a una necesidad del servicio y que el funcionario adelantó el coste con el compromiso de que le sería reembolsado por el Ayuntamiento. Pese a ello, la Administración mantuvo durante años una inactividad injustificada, obligando al trabajador a acudir a los tribunales para reclamar un derecho que ahora ha sido reconocido.

El fallo resulta especialmente contundente al señalar que "no existe fundamento alguno para rechazar el pago", considerando que la desestimación por silencio administrativo carecía de cualquier sustento jurídico. En consecuencia, el Juzgado anula la actuación municipal, condena al Ayuntamiento al abono íntegro del importe del curso y le impone además el pago de las costas procesales.

Para CSIF Cantabria, esta resolución evidencia una forma de gestionar los recursos humanos que genera conflictos innecesarios y obliga a los empleados públicos a judicializar asuntos que podrían resolverse mediante una correcta actuación administrativa. Resulta especialmente significativo que el Ayuntamiento mantuviera su negativa al pago pese a constar acreditada la necesidad de la formación, su autorización, su realización y el desembolso efectuado por el funcionario.

Con esta sentencia son ya cuatro las resoluciones favorables obtenidas por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria frente al Ayuntamiento de Santander en apenas una semana, un balance que demuestra tanto la solidez de las reclamaciones planteadas por el sindicato como la calidad del trabajo desarrollado por su equipo jurídico.

Desde el sindicato se considera preocupante que sea la vía judicial la que, de forma reiterada, tenga que corregir decisiones administrativas que afectan a los derechos de los trabajadores municipales, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas derivado de las condenas, el pago de intereses cuando corresponda y las costas procesales, gastos que podrían evitarse con una gestión más rigurosa y respetuosa con la legalidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reitera que continuará defendiendo con todos los medios jurídicos a su alcance los derechos de los empleados públicos y seguirá denunciando aquellas actuaciones administrativas que vulneren la normativa o supongan un perjuicio para los trabajadores.

Los resultados obtenidos en las últimas semanas confirman que la defensa jurídica especializada de CSIF Cantabria constituye una garantía para los empleados públicos y un instrumento eficaz para hacer valer sus derechos frente a decisiones administrativas que los tribunales están declarando contrarias a Derecho.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

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Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria ganan una sentencia que anula la adjudicación de una comisión de servicios del Ayuntamiento de Santander por vulnerar los requisitos de la RPT

Paula Celis López — Tue, 07 Jul 26 10:19:00 CEST

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria han asestado un nuevo golpe a la gestión de personal del Ayuntamiento de Santander. En lo que ya se considera un pleno judicial sin precedentes, el sindicato ha encadenado su tercer fallo favorable en apenas diez días, demostrando el rigor de sus reclamaciones y la vulneración sistemática de la normativa por parte del Consistorio, consolidando una clara línea de pronunciamientos que avalan las reclamaciones defendidas por el sindicato en materia de función pública.

Si las dos sentencias anteriores confirmaban la obligación del Consistorio de aplicar correctamente la legislación estatal y autonómica en materia de personal, esta tercera resolución da un paso más al reconocer que el Ayuntamiento también debe respetar su propia normativa interna, en este caso en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la corporación local para la cobertura de un puesto mediante comisión de servicios.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander el pasado 25 de junio, estima parcialmente el recurso interpuesto por el demandante y concluye que la Administración no podía obviar uno de los requisitos expresamente recogidos en la RPT y en la propia convocatoria: la formación específica en Derecho Tributario o en la aplicación de los procedimientos tributarios, requisito que sí acreditaba el recurrente y cuya concurrencia no quedó justificada respecto de la persona finalmente designada.

El juzgado recuerda que, incluso tratándose de una comisión de servicios, la Administración está obligada a comprobar que la persona seleccionada cumple los requisitos previstos en la Relación de Puestos de Trabajo, ya que estos constituyen una garantía de objetividad y legalidad en la provisión de puestos.

Aunque la resolución rechaza uno de los motivos de impugnación relativo al órgano competente para emitir el informe de idoneidad, estima la cuestión de fondo planteada por los servicios jurídicos de CSIF al apreciar que la adjudicación del puesto no respetó los requisitos exigidos por la RPT, lo que determina la anulación de la resolución impugnada y la retroacción del procedimiento para dictar una nueva resolución conforme a Derecho.

Un pleno judicial que evidencia una gestión errática

Desde CSIF Cantabria se valora muy positivamente este "tres de tres" que confirma que el respeto a la legalidad no solo exige aplicar correctamente las normas estatales y autonómicas, sino también cumplir las reglas que el propio Ayuntamiento aprueba para regular la provisión de sus puestos de trabajo. Una confirmación inequívoca de que el Ayuntamiento de Santander ha venido actuando al margen de las reglas establecidas, afectando directamente a los derechos de los empleados públicos. "No se trata de una interpretación aislada. Tres sentencias condenatorias en diez días evidencian que el Ayuntamiento no solo ignora la legislación superior, sino que ni siquiera cumple con su propia normativa municipal", señalan desde la sección sindical de CSIF.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

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Nuestro sindicato continuará utilizando todos los instrumentos de negociación y defensa jurídica necesarios para velar por los derechos de los empleados públicos y por el respeto a los principios constitucionales que deben regir el acceso y la promoción en la función pública.

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria ganan una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Santander a modificar las bases de un proceso selectivo de la Policía Local por no ajustarse a la legalidad

Paula Celis López — Wed, 01 Jul 26 09:45:00 CEST

El servicio jurídico de CSIF Cantabria ha obtenido una importante victoria judicial en defensa de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia en el acceso a la función pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por CSIF Cantabria contra las bases reguladoras del proceso de promoción interna para la cobertura de plazas de Intendente de la Policía Local de Santander, aprobadas por el Ayuntamiento mediante resolución de 13 de mayo de 2025.

La sentencia anula las bases octava y novena de la convocatoria al considerar que la fase de oposición no cumplía las exigencias legales al basarse únicamente en la elaboración y defensa de una memoria, sin incluir una auténtica prueba de conocimientos que permitiera acreditar la capacidad de los aspirantes para el desempeño del puesto.

Asimismo, el fallo judicial obliga al Ayuntamiento de Santander a redactar nuevamente dichas bases para garantizar que la fase de oposición incluya una prueba de conocimientos, distinta de una memoria o una entrevista, vinculada a las funciones propias del puesto; se establezca una puntuación clara y diferenciada para las fases de concurso y oposición, fijando además el carácter eliminatorio de esta última y se respeten las garantías de anonimato necesarias para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso selectivo.

La resolución judicial respalda los argumentos defendidos por CSIF Cantabria desde la Mesa General de Negociación, donde ya se advirtió de que las bases vulneraban la normativa aplicable y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de procesos selectivos.

Además, la sentencia impone las costas procesales a la Administración demandada, al estimar íntegramente las pretensiones planteadas por la organización.

Para la organización, esta resolución, que constituye un importante precedente para garantizar procesos selectivos transparentes, objetivos y ajustados a Derecho, supone un respaldo a la labor sindical desarrollada durante los últimos dos años y confirma que la organización actuó correctamente al exigir desde el primer momento que se cumpliera con la normativa aplicable y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de procesos selectivos..

CSIF Cantabria continuará defendiendo, tanto en las mesas de negociación como en los tribunales, el cumplimiento de la legalidad y los derechos económicos de los empleados públicos.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

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Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria ganan una sentencia que condena al Ayuntamiento de Santander a reconocer y abonar diferencias retributivas con carácter retroactivo

Paula Celis López — Thu, 25 Jun 26 12:04:00 CEST

La resolución judicial estima íntegramente la demanda presentada por un afiliado de CSIF Cantabria y reconoce que los nuevos niveles mínimos de complemento de destino establecidos en dicha norma resultan aplicables al personal de las entidades locales, debiendo abonarse las correspondientes diferencias retributivas desde la entrada en vigor de la misma.

Esta sentencia confirma el criterio que la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Santander trasladó a la Administración mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2024 y que posteriormente defendió en las diferentes Mesas de Negociación celebradas sobre esta materia.

El procedimiento tiene su origen en la reclamación formulada por un Agente de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Santander, representado por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria, que solicitó la adaptación de su nivel de complemento de destino a los nuevos intervalos fijados por el Real Decreto-Ley 6/2023.

La sentencia concluye que la Disposición Transitoria Sexta es aplicable al personal de la Administración Local, al establecer el artículo 3 del Real Decreto 861/1986 que los intervalos de niveles de los funcionarios locales serán los mismos que los establecidos para los funcionarios de la Administración del Estado.

Como consecuencia, el órgano judicial condena al Ayuntamiento de Santander a modificar el nivel de complemento de destino del trabajador afectado, pasando del nivel 12 al nivel 14, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024, así como al abono de las cantidades dejadas de percibir, los intereses legales correspondientes y las costas procesales.

CSIF exige la extensión inmediata a todos los colectivos afectados

Tras este pronunciamiento judicial, CSIF Cantabria ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Santander que aplique de oficio los efectos de la sentencia a todos los empleados municipales afectados por esta situación, evitando así que cada trabajador tenga que acudir individualmente a los tribunales para reclamar un derecho ya reconocido judicialmente.

La organización sindical reclama el reconocimiento y abono retroactivo de estas cantidades al personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del subgrupo C1, a los Agentes de Movilidad Urbana, a los Profesores de Música y Artes Escénicas del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta y a los Profesores de la Banda Municipal de Música del subgrupo A1.

Evitar más litigios y más gasto para las arcas públicas

CSIF Cantabria considera que el Ayuntamiento de Santander debe asumir el criterio fijado por la sentencia y proceder a la regularización de la situación de todos los trabajadores afectados, evitando una cascada de reclamaciones judiciales que podrían traducirse en nuevas condenas en costas y un mayor perjuicio económico para las arcas municipales.

Para la organización, esta resolución supone un respaldo a la labor sindical desarrollada durante los últimos dos años y confirma que la organización actuó correctamente al exigir desde el primer momento la aplicación de una norma que reconocía derechos retributivos para numerosos empleados públicos municipales.

CSIF Cantabria continuará defendiendo, tanto en las mesas de negociación como en los tribunales, el cumplimiento de la legalidad y los derechos económicos de los empleados públicos.

Recuerda que estamos a tu disposición para informarte, asesorarte y defender tus derechos.

📢 Si trabajas en el Ayuntamiento de Santander y crees que puedes estar entre los colectivos afectados, consulta con tu delegado sindical de CSIF Cantabria.

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RECLAMACIONES POR FRAUDE DE LEY

Paula Celis López — Fri, 12 Jun 26 10:10:00 CEST

PERSONAL LABORAL

Los plazos para ejercitar acciones varían en función de la reclamación que se pretenda formular:

- Reconocimiento de fraude de ley o abuso de temporalidad

Cuando se solicite el reconocimiento de la condición de personal fijo o indefinido no fijo, la acción podrá ejercitarse mientras se mantenga la situación de abuso de temporalidad.

Situaciones de fraude de ley sin acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo.
Situaciones de fraude de ley con acreditación de haber superado un proceso selectivo: posibilidad de reclamar el reconocimiento de la condición de personal fijo, siempre que concurran los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

Si se entendiera procedente la declaración de fijeza y ya se hubiera producido el cese, la reclamación deberá interponerse en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha del cese, mediante demanda por despido improcedente. En este supuesto, corresponderá a la Administración optar entre la readmisión de la persona trabajadora como fija o el abono de la indemnización legalmente prevista, equivalente a 33 días de salario por año de servicio.

- Reclamación de indemnización o compensación económica

Cuando se pretenda reclamar la indemnización derivada del abuso de temporalidad, fijada actualmente en 20 días por año de servicio en determinados supuestos, el plazo para ejercitar la acción será de un año desde la fecha del cese.

PERSONAL FUNCIONARIO

Es importante señalar que esta sentencia afecta exclusivamente al personal laboral y no modifica la situación jurídica del personal funcionario.

En la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene una posición desfavorable respecto de las reclamaciones de fijeza formuladas por personal funcionario en situación de abuso de temporalidad.

LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS AFECTADAS

Esta resolución judicial abre nuevas posibilidades de actuación para una parte del personal laboral que, tras haber superado un proceso selectivo, haya sufrido posteriormente una situación de abuso de temporalidad. No obstante, la sentencia no establece una solución única ni automática para todos los supuestos existentes. Cada caso deberá ser analizado de manera individualizada, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las distintas vías legales que pudieran resultar aplicables. Asimismo, algunos de los requisitos y circunstancias que el Tribunal Supremo no concreta plenamente deberán ser perfilados por la jurisprudencia en los próximos años.

Por todo ello, desde CSIF Cantabria, consideramos imprescindible analizar cada situación de forma individualizada, evitando generalizaciones que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o generar expectativas que posteriormente no puedan verse confirmadas. Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores afectados a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas. Nuestro compromiso es estudiar cada caso con el máximo rigor jurídico y valorar todas las vías de defensa que puedan resultar viables.

En CSIF continuaremos defendiendo los derechos de las personas trabajadoras desde la responsabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica, sin generar falsas expectativas, pero sin renunciar tampoco a ninguna de las acciones que puedan contribuir al reconocimiento efectivo de los derechos que correspondan en cada caso. Así, emprenderemos todas las acciones que resulten procedentes para la protección de los derechos de las personas afectadas, tanto en relación con el reconocimiento del abuso de temporalidad (fijeza o condición de indefinido no fijo) como respecto a las posibles compensaciones o indemnizaciones derivadas de dicho abuso en caso de cese.

Ante la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Nº 475/2026, de 11 de mayo, desde CSIF queremos trasladar un mensaje claro: el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas no puede seguir quedando sin respuesta.

CSIF Cantabria denuncia nuevamente el abandono de la Policía Local de Camargo por la falta de uniformes

Paula Celis López — Fri, 22 May 26 12:00:00 CEST

El sindicato considera “inadmisible” que, pese a existir un acuerdo plenamente vigente que obliga al Ayuntamiento a suministrar la uniformidad durante el primer trimestre de cada año, los agentes continúen acumulando carencias desde 2024 sin que el equipo de gobierno haya sido capaz de dar una solución seria y definitiva.

Desde CSIF Cantabria recuerdan que el Acuerdo de la Mesa General de Negociación del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Camargo establece claramente la obligación de proporcionar al personal municipal las prendas de trabajo necesarias. Sin embargo, denuncian que dicha obligación “se incumple de forma sistemática”, pese a las reiteradas reclamaciones realizadas tanto verbalmente como por escrito por parte de los representantes sindicales y de la propia plantilla.

La situación alcanzó uno de sus episodios más graves cuando los 16 nuevos policías locales incorporados al municipio comenzaron su formación sin disponer siquiera de los uniformes reglamentarios obligatorios, una circunstancia que el sindicato ya denunció públicamente el pasado año y que calificó como “una imagen lamentable y propia de una administración totalmente desorganizada”. Lejos de solucionarse, añaden, el problema persiste y, a día de hoy, “como ejemplo, han sido otros compañeros quienes han tenido que prestar sus chubasqueros a los nuevos agentes para los días de lluvia”.

La organización sindical recuerda además que la Ley de Cantabria 9/2022 de Coordinación de Policías Locales obliga expresamente a los agentes a vestir el uniforme reglamentario y reconoce su derecho a disponer de vestuario y equipamiento adecuado, que debe ser facilitado por el Ayuntamiento. “Es intolerable exigir profesionalidad y eficacia a los agentes mientras la administración incumple sus obligaciones más básicas”, señalan desde CSIF.

Uniformes de peor calidad y riesgo para la salud laboral

A la falta de suministro se suma, según denuncia el representante de CSIF Cantabria en la Policía Local de Camargo, un deterioro alarmante de la calidad de la uniformidad entregada desde 2024.

Hasta el año 2023, la Policía Local de Camargo utilizaba prendas técnicas de la marca Partenón, ampliamente reconocida en cuerpos policiales y servicios de emergencia por cumplir estándares de alta calidad y protección. Durante más de veinte años, estas prendas no habían generado quejas entre los agentes.

Sin embargo, desde la Jefatura se ha ido sustituyendo progresivamente esa uniformidad por prendas “notablemente inferiores”, comenzando por pantalones y camisas y culminando con las nuevas cazadoras entregadas a los agentes de reciente incorporación.

Así, denuncian que estas prendas, “además de presentar diferencias visibles de color respecto al resto de la plantilla, carecen de membranas impermeables y transpirables certificadas, algo especialmente grave en una comunidad como Cantabria, donde la lluvia, el viento y la humedad forman parte habitual de las condiciones de trabajo policial”.

Según advierten, los nuevos uniformes generan un “efecto bolsa de plástico”, provocando acumulación de sudor, fatiga térmica y pérdida de confort, con el consiguiente aumento de riesgos laborales y posibles problemas de salud para los agentes.

El sindicato también pone en duda que las nuevas prendas cumplan siquiera con los estándares mínimos de protección y alta visibilidad exigidos por la normativa europea, ya que muchas carecen de etiquetados o certificaciones técnicas básicas.

Desde CSIF Cantabria, subrayan que no se trata de una cuestión estética ni de preferencias personales, sino de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El sindicato recuerda que una uniformidad policial adecuada debe garantizar:

Impermeabilidad certificada según la norma EN 343.
Alta transpirabilidad para evitar condensación y enfriamientos.
Protección térmica conforme a la norma EN 14058.
Resistencia y durabilidad compatibles con el trabajo policial diario.

“Ahorrar costes a base de rebajar la calidad del vestuario policial es una irresponsabilidad que termina pagando la plantilla”, denuncian.

CSIF exige responsabilidades y una revisión inmediata de los pliegos técnicos

Ante esta situación, CSIF Cantabria ha presentado formalmente un escrito solicitando la revisión inmediata de los pliegos de prescripciones técnicas de futuras licitaciones para recuperar unos estándares de calidad acordes a las necesidades reales del servicio policial.

Además, el sindicato denuncia el creciente malestar existente en la plantilla y considera que esta situación es una nueva muestra “del abandono que sufre actualmente la Policía Local de Camargo, con falta de medios materiales, carencias organizativas y ausencia de una dirección efectiva capaz de garantizar un funcionamiento digno y profesional del servicio”.

Desde CSIF Cantabria advierten de que continuarán denunciando públicamente cualquier recorte o decisión que suponga un deterioro de las condiciones laborales y de seguridad de los agentes y, por extensión, de la calidad del servicio que se presta a los vecinos de Camargo.

Los ayuntamientos despidieron a 28.400 personas en el primer trimestre del año, en vísperas del proceso de regularización de personas migrantes

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 28 Apr 26 12:11:00 CEST

Los ayuntamientos españoles prescindieron de un total de 28.400 personas en el primer trimestre del año, semanas antes de la puesta en marcha del proceso de regularización masiva de personas migrantes, tal y como ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En concreto, en el primer trimestre del año se registraron un total de 336.300 efectivos, frente a las 346.300 del periodo anterior. Esta pérdida de efectivos, en nuestra opinión, supone una irresponsabilidad teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista en el proceso de regularización, como comprobamos a diario con largas colas de personas en las puertas de los ayuntamientos de toda España para resolver sus gestiones.

CSIF ya avisó de que este proceso se afrontaba sin los medios materiales adecuados, con personal insuficiente y mal formado y una pésima planificación, como revelan los últimos datos de la EPA. Así el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

PRECARIEDAD LABORAL Y VULNERABILIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

En vísperas de la celebración del 1º de Mayo, CSIF lamenta los datos generales registrado en relación al crecimiento de la tasa de paro y la caída de la ocupación. Estos datos ponen de manifiesto que el mercado laboral español tiene pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas.

Así, estos datos indican que el empleo no está blindado, así como la estacionalidad del mercado laboral, donde perviven situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pese a la reforma laboral.

MILES DE TEMPORALES NUEVOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Por último, CSIF vuelve a llamar la atención sobre el problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que sigue estancada en torno al 27 por ciento respecto al total de empleo público, un porcentaje más del doble que la temporalidad que se registra en el sector privado.

Este dato se conoce tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.

Según datos oficiales recabados por CSIF, el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. De hecho, hay miles de plazas que todavía no se han convocado. Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024.

Por eso, CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal; que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales; y reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).

Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos. Sin embargo, el Gobierno oculta las cifras de la oferta de empleo público de este año, tras la última reunión de la Mesa General de las Administraciones Pública, lo que supone una situación inaudita que hurta a las organizaciones sindicales su derecho a negociar.

CSIF exige los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros.

CSIF Cantabria denuncia que el interventor municipal aplica un criterio arbitrario que agrava la falta de personal en el Ayuntamiento de Santander

Paula Celis López — Thu, 23 Apr 26 09:56:00 CEST

A la escasez de personal ya denunciada, se suma ahora la aplicación, por parte del Ayuntamiento, de un criterio restrictivo y carente de base jurídica, según el cual el personal interino que haya ocupado una plaza vacante durante tres años —y que debe ser cesado conforme a lo establecido en el TREBEP— no podría volver a prestar servicios en el Ayuntamiento de Santander en ninguna otra plaza de la misma categoría. Esta medida se aplicaría de manera permanente, incluso en el caso de que la persona afectada superase nuevos procesos selectivos y volviera a formar parte de una bolsa de empleo de esa categoría.

Según el criterio sostenido por la Intervención municipal, una persona que haya trabajado tres años como interina no podría volver a ser nombrada para otra interinidad de la misma categoría en el Ayuntamiento de Santander bajo ningún concepto, independientemente de su mérito, capacidad o posición en las bolsas de trabajo.

A día de hoy, CSIF Cantabria tiene constancia de que al menos cuatro personas se encuentran en esta situación y no descarta que en las próximas semanas se sumen más. Esto supone que estas personas han sido cesadas y enviadas al desempleo y que, pese a existir otras plazas vacantes, haberse aprobado la cobertura de las mismas mediante personal interino y ser las únicas cuatro personas que están activas en la bolsa de empleo de esa categoría, motivo por el cual fueron llamadas para cubrir tales plazas vacantes, no han podido tomar posesión de las mismas por el criterio subjetivo del Interventor.

Desde CSIF Cantabria, se recuerda que el TREBEP establece la obligación de cesar al personal interino tras tres años en la misma plaza, pero en ningún caso impide su participación en nuevas bolsas de trabajo ni su nombramiento interino para otras plazas. De hecho, las normas de funcionamiento de las bolsas contemplan expresamente esta posibilidad, limitando únicamente el reingreso en la misma plaza previamente ocupada.

Por todo ello, CSIF Cantabria considera que la interpretación que está realizando la entidad local no solo carece de respaldo legal, sino que además está generando un grave perjuicio tanto a los trabajadores afectados como al propio funcionamiento del Ayuntamiento al impedir la cobertura de puestos vacantes y aumentar la sobrecarga de trabajo del personal en activo.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Santander exige la revisión inmediata de este criterio, la adopción de medidas que permitan la correcta gestión de las bolsas de empleo y el respeto a los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Asimismo, no descartan emprender las acciones legales oportunas en defensa de los derechos de los trabajadores afectados.