Andalucía - Administración General del Estado

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

El fentanilo se cuela en las prisiones españolas ante la falta de respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

alejandro.barragan.luna — Fri, 17 Apr 26 13:17:00 CEST

• CSIF dirige un escrito a Instituciones Penitenciarias para obtener medios y formación específica para evitar la entrada de esta droga a las prisiones

Cádiz-Madrid, 17 de abril de 2026

CSIF alerta de la creciente entrada de fentanilo y otras drogas de enorme toxicidad en las prisiones españolas, sin que la Administración tome medidas efectivas para evitar, o al menos minimizar, el impacto sobre la población reclusa y la seguridad de los propios trabajadores.

CSIF ha dirigido un escrito a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias para que implemente las medidas oportunas para contener la amenaza que supone el fentanilo y demás drogas para la seguridad tanto de trabajadores como de la población reclusa.

El sindicato propone a la Secretaría General actualizar la guía editada en 2024, dado que se encuentra obsoleta, con el fin de interceptar este tipo de droga antes de que pueda llegar al interior de las prisiones y para ello hacen falta medios electrónicos para llevar a cabo este tipo de actuaciones, así como formación específica.

El consumo de estos estupefacientes ocasiona muy a menudo desórdenes, conflictos, y agresividad entre los reclusos, involucrando a los trabajadores penitenciarios, como ya se ha visto en Algeciras, Puerto III y hace escasas semanas en Huelva.

Este opioide sintético, o derivados incluso más potentes, junto al cannabis sintético (comúnmente conocido en las cárceles como ‘pescaíto’) son impregnados en papeles para entrar en los centros penitenciarios de manera casi indetectable, para luego recortarlos en tiritas pequeñas que se fuman mezcladas con tabaco.

Estos “papelitos” pueden llegar en una carta, en un dibujo, en cualquier tipo de papel al uso, en los que el fentanilo se combina con otras drogas o incluso y adulterándolo con sustancias tóxicas que van desde la lejía hasta el disolvente, y en diferentes proporciones.

Esta variabilidad de sustancias y cantidades en cada dosis hace que los efectos de su consumo sean imprevisibles. Esto obstaculiza la correcta reacción por parte del personal sanitario y del resto de trabajadores de los centros penitenciarios ante casos de sobredosis. Además, se necesitan meses para conocer los resultados de las autopsias en casos de fallecimiento, como ya ocurrió a tres reclusos en la prisión de Algeciras el año pasado.

CSIF lamenta que la única medida que ha tomado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue editar, en septiembre de 2024, un manual sobre cómo manipular el fentanilo, que es “absolutamente insuficiente y desactualizado”. Una exposición accidental ya sea por inhalación, contacto dérmico o ingestión indirecta supone un riesgo real e inmediato para el personal funcionario encargado de las labores de incautación, registro y custodia, lo que compromete la seguridad laboral y la eficacia del propio sistema penitenciario. Sin embargo, la Central Sindical lo que exige es un protocolo específico, actualizado y homogéneo de actuación, no solo para manipular con garantías estas sustancias, sino para atajar su entrada en las cárceles.

Por ello, las medidas que propone CSIF se centran tanto en la prevención, como en la detección y la respuesta rápida. Es decir, medidas médicas para tratar y prevenir sobredosis, y medidas operativas de vigilancia y control, aunando perspectivas sanitarias, jurídicas y penitenciarias. En resumen, más formación, más personal y más recursos y medios técnicos, junto a una revisión de la legislación penitenciaria.

Se suele decir que los “papelitos” impregnados son “imposibles de detectar, al ser incoloros e inodoros”, pero “sabemos que existe tecnología que sí permite interceptar la droga, lo que pasa es que falta voluntad política para llevar a cabo el desembolso presupuestario necesario para ello”, apuntan desde Prevención de Riesgos de CSIF Prisiones.

CSIF considera que deben realizarse inspecciones rigurosas de toda la correspondencia y paquetería que entra en las prisiones y aumentar la plantilla tanto para los controles como para asegurar el correcto funcionamiento de los centros.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

Convocadas las Ayudas Sociosanitarias 2026 - MUFACE

jose-luis.narbona.moreno — Thu, 30 Apr 26 09:33:00 CEST

Hoy se ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas sociosanitarias de MUFACE para el año 2026.

Estas ayudas abarcan las enfermedades psiquiátrica crónica, oncológica y celíaca; atención a la drogodependencia y otras adicciones; autonomía personal; residencias asistidas o centros de día y de noche, y situación de dependencia.

La Resolución del 21 de abril de 2026 de esta Mutualidad, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, establece los plazos y requisitos para solicitar las Ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2026.

Estas ayudas permiten atender gastos generados al colectivo mutualista por situaciones de enfermedad, edad o dependencia para las que no existe financiación concurrente.

Están agrupadas en siete programas y la convocatoria establece los requisitos que se deben acreditar para acceder a cada una de ellas. En el Programa de ayudas para personas con enfermedad oncológica, en esta convocatoria se amplían las modalidades ya existentes incluyendo la adquisición de gorro hipotérmico para quimioterapia.

El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado hoy miércoles 29 de abril y se prolongará hasta el jueves 31 de diciembre de 2026 inclusive.

Solicitud por medios electrónicos o convencionales

Cada ayuda puede solicitarse a través de la Sede electrónica , disponible 24 horas, todos los días de la semana. Es preciso disponer de identificación Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.

También se puede realizar el trámite presencialmente en las oficinas provinciales de MUFACE, siempre con cita previa , o presentando la documentación en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

MUFACE mantiene abiertos todos sus canales de atención e información con el fin de facilitar la presentación de la solicitud y agilizar su resolución.

Datos de la anterior convocatoria

En 2025, estas ayudas sociosanitarias supusieron un gasto total de 7.527.519,67 euros y la tramitación de 8.598 expedientes en los Servicios Provinciales.

Destacó el importe de las ayudas por enfermedad psiquiátrica crónica, con 3.237.290,14 euros y 204 expedientes, así como el de enfermedad celíaca, con 2.090.775,39 euros distribuidos en 5.421 expedientes.

Las ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual, dentro de la línea de ayudas para facilitar la autonomía personal, supusieron la concesión de 1.665.170,24 euros y la gestión de 1.351 expedientes.

Más información

CONVOCATORIA (BOE 28/04/2026)

CSIF rechaza la Oferta de Empleo Público porque apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado y reduce la promoción interna

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 05 May 26 14:18:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza la Oferta de Empleo Público (OEP) anunciada hoy por el ministro Óscar López, porque es insuficiente (apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado) y por segundo año consecutivo reduce las plazas de promoción interna, concretamente en 220 –según datos del propio Gobierno, comparados con la presentación del año pasado https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2025/150725-Presentacion-OEP2025.pdf --

A falta de conocer el detalle de la distribución, CSIF entiende que esta Oferta de Empleo Público impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

El Ministerio ha ocultado a las organizaciones sindicales más representativas los datos en la negociación y debe explicar al detalle las cifras trasladadas en rueda de prensa. Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

CSIF defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados. De hecho, mañana mismo nos concentramos frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, en plena campaña de la renta, ante la necesidad de reforzar las plantillas en la Agencia Tributaria, garantizar la carrera administrativa y que el Servicio de Vigilancia Aduanera sea considerado profesión de riesgo.

CSIF-A se moviliza en Sevilla para exigir mejoras en las condiciones laborales del personal de la Agencia Tributaria

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 13 May 26 10:08:00 CEST

Prensa y Comunicación

El sindicato reclama un aumento de plantilla, la implantación de la carrera administrativa, la regulación del teletrabajo y la consideración de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera, entre otras medidas
La concentración se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Huelva durante la persecución de una narcolancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las administraciones pública, se ha movilizado este miércoles en Sevilla a las puertas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Andalucía, Ceuta y Melilla para exigir mejoras laborales para su personal.

La concentración, que ha sido convocada de manera simultánea en las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria del resto de comunidades autónomas, se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Huelva en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha; asimismo, el sindicato también ha convocado paros parciales de 11:00 a 12:00 en los centros de trabajo del organismo en toda España.

Las movilizaciones de CSIF son consecuencia de la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, cuya plantilla se encuentra superada y al límite, así como del bloqueo por parte de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales.

El sindicato ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en el que se comprometía a revisar la carrera profesional de todos sus empleados y empleadas, que se mantiene bloqueada desde 2019 con la correspondiente pérdida retributiva que esto supone. De igual manera, se acordó implantar un régimen de teletrabajo para el personal e incrementar la protección institucional de los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera considerándolos profesión de riesgo. Desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que ya en el mes de abril de este año el sindicato interpuso un conflicto contra la AEAT.

Las concentraciones celebradas este miércoles son parte del calendario de movilizaciones que el sindicato inició el pasado 6 de mayo con una protesta frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que se reanudará el próximo 29 de mayo con nuevos paros parciales y concentraciones. Por último, CSIF convocará una jornada de huelga general el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España.

CSIF denuncia que el Gobierno obvia sus insistentes reivindicaciones de embarcaciones para luchar contra el narcotráfico en Huelva

maria-teresa.rosado.feria — Fri, 08 May 26 16:56:00 CEST

Profundo pesar por el trágico desenlace de una persecución en el litoral onubense

La sección sindical de CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) denuncia las deficientes condiciones en las que los cuerpos de las fuerzas de seguridad operan en el litoral de Huelva y que explican el tráfico suceso ocurrido este viernes al colisionar dos embarcaciones durante una persecución antidroga.

El Gobierno central ha hecho oídos sordos en los últimos años, y más concretamente en los últimos meses, a las reivindicaciones de CSIF para que el SVA tuviera la consideración de profesión de riesgo y para que la base onubense dispusiera de los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico creciente en la zona.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha obviado la petición de patrulleras de alta velocidad, modelo Rodman 55 Audaz, embarcaciones rígidas diseñadas expresamente para la interceptación de ‘narcolanchas'. Ninguna de las ocho unidades adquiridas por la AEAT han sido asignadas a Huelva “a pesar de que es el lugar por el que más droga entra en España actualmente”, en palabras del responsable nacional del sindicato CSIF en el SVA, Fran García. “Es un contrasentido y el resultado se puede observar en este lamentable suceso. Es imposible contrarrestar las ‘narcolanchas’ con los medios que tiene Huelva ahora”, ha agregado.

Una de las patrulleras de alta velocidad asignadas a la provincia de Cádiz ha acudido a la costa onubense en las últimas horas en servicio de auxilio, aunque desgraciadamente ya se han producido víctimas mortales.

García, por otra parte, ha insistido en que el reconocimiento del SVA como profesión de riesgo es otra de las medidas “imprescindibles” para los trabajadores. CSIF consiguió que el CVA estuviera incluido en esta consideración en el proyecto de ley, junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero la tramitación de la iniciativa continúa paralizada en el Congreso de los Diputados.

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

Acuerdo en el Congreso para que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 19 May 26 13:35:00 CEST

Los trabajadores de prisiones serán reconocidos como agentes de autoridad tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entre PSOE, PP y PNV, y gracias a las presiones ejercidas en los últimos años por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Este reconocimiento es una victoria para CSIF tras años reivindicando que los trabajadores de prisiones ostenten la condición de agentes de autoridad, que conlleva además una serie de mejoras en sus condiciones laborales, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos por intentos de estrangulamiento o apuñalamientos frustrados. Además, de modo habitual de producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Precisamente, cinco funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ocaña I (Toledo) sufrieron ayer lunes diversas heridas, hematomas, magulladuras y torceduras tras ser agredidos por un recluso ingresado en el módulo de enfermería de este centro penitenciario. En ocasiones incluso se han producido muertes, como ocurrió en marzo de 2024 con una cocinera de la prisión Más d’Enric (Tarragona).

Modificación de la Ley General Penitenciaria

Este acuerdo se ha alcanzado en el seno de la ponencia de dicha Comisión de Interior, encargada de la Proposición de Ley Orgánica -presentada por el PSOE- por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. El acuerdo será en breve ratificado por la Comisión para comenzar su tramitación parlamentaria.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.

Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

CSIF estará vigilante para que la Comisión de Interior del Congreso ratifique este acuerdo cuanto antes para comenzar la tramitación parlamentaria, y que finalmente los trabajadores de prisiones sean considerados cuanto antes como agentes de la autoridad.

Más de 31.000 opositores se examinan este sábado en Andalucía para distintas plazas en la Administración General del Estado

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 22 May 26 12:23:00 CEST

CSIF permanecerá vigilante para que el proceso discurra con normalidad y reclamará celeridad tanto en la publicación de resultados como en la incorporación del nuevo personal funcionario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha informado de que este sábado un total de 31.007 opositores se presentan a las pruebas de acceso que se celebrarán en Andalucía para distintos puestos de la Administración General del Estado (AGE).

Las pruebas en Andalucía se realizarán en distintas sedes de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, que forman parte del total de 26 sedes provinciales repartidas por toda España. En cuanto a aspirantes que realizan sus pruebas en Andalucía por provincias, en Cádiz serán 4.225; en Córdoba, 3.413; en Granada, 7.885; en Málaga, 6.143; y en Sevilla, 9.341.

Los exámenes que se realizan este sábado 23 de mayo tienen como objetivo cubrir un total de 8.230 plazas de las categorías de Técnicos Auxiliares en Informática, Administrativos (C1), Auxiliares Administrativos (C2) y Cuerpo de Gestión (A2); en concreto, las plazas convocadas por turno libre (de nuevo ingreso) ascienden a un total de 6.500 y las de promoción interna a 1.730.

CSIF ha subrayado que, aunque esta es una oferta de empleo insuficiente tal y como el sindicato viene denunciando, “la jornada de mañana será un día importante para los servicios públicos, puesto que toda la sociedad gana cuando se refuerzan”.

Asimismo, la Central Sindical ha asegurado que va a exigir a la Administración la mayor celeridad en la publicación de los resultados y el cumplimiento de plazos de incorporación del nuevo personal funcionario, porque “la ciudadanía los necesita. En la actualidad hay servicios que no se pueden prestar porque simplemente no hay personal suficiente”.

El sector de Administración General del Estado de CSIF Andalucía ha deseado suerte a todas las personas opositoras y ha indicado que delegados y delegadas del sindicato estarán mañana en las distintas sedes para vigilar que el proceso de desarrolle con normalidad y para brindar asesoramiento de última hora a las personas que tengan dudas.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General del Estado Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia que el 14% de los accidentes laborales son de tráfico y reclama medidas eficaces para aumentar la seguridad del transporte

margarita.sanchez.mingo — Tue, 10 Jun 25 10:04:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y más inversión para mejorar las carreteras y el mantenimiento de los vehículos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la elevadas cifras de accidentes laborales de tráfico, un 14% del total en 2024, al tiempo que ha reclamado a las administraciones competentes políticas eficaces de seguridad vial para la prevención de riesgos laborales y aumentar la seguridad del transporte profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora este martes 10 de junio, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en esta materia con medidas concretas que permitan reducir las cifras de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en 2024 se registraron 14.868 accidentes laborales de tráfico con baja en Andalucía, de los que 4.458 sucedieron durante la jornada laboral y otros 10.410 fueron 'in itinere' (accidente producido en el trayecto del domicilio al puesto de trabajo y vicerversa), con un resultado global de 34 muertes y 250 heridos graves. Estas cifras representan un 14% del total de los accidentes de trabajo registrados el año pasado, y aproximadamente un 27% de los fallecimientos por accidente laboral. Además, en el primer trimestre de 2025 se han producido 3.497 accidentes de tráfico, con un alto protagonismo de los accidentes in itinere, en concreto 2.502.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “debemos apostar por políticas que garanticen una vida laboral segura, saludable y digna”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores que se desplazan habitualmente para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de transporte y sean responsables, evitando situaciones de cansancio, distracciones o imprudencias para realizar su trabajo con totales garantías.

Entre las causas más habituales que propician un accidente laboral de tráfico se encuentran la fatiga y cansancio por jornadas laborales extensas o sin los debidos descansos, el estrés causado por motivos como llegar a tiempo, cumplir objetivos o tráfico complicado; por factores meteorológicos adversos, así como por causas externas a los profesionales, tales como el mal estado de las carreteras, la conducción por vías secundarias y de mayor peligrosidad y el uso de vehículos antiguos o en mal estado. A todos estos motivos hay que sumar la posibilidad del padecimiento de patologías por parte de los conductores y conductoras que pueden complicar la capacidad de conducción y, por supuesto, los despistes y errores humanos.

Garantizar el correcto estado de los vehículos

Para evitar en lo posible este tipo de circunstancias descritas, González ha destacado la importancia de incrementar la inversión destinada a la mejora de las carreteras y a su mantenimiento, garantizar el correcto estado de los vehículos profesionales (adecuada dotación, mantenimiento periódico y evaluación de riesgos) y abogar por la flexibilidad horaria para evitar situaciones de estrés. Además, para CSIF es prioritario aumentar la vigilancia de la salud de los trabajadores, la formación e información vial sobre estrategias de conducción segura y fomentar el teletrabajo en los puestos que, por sus características, permitan evitar desplazamientos innecesarios.

La secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF ha pedido una especial mención, en este día que conmemora la Seguridad Vial, a los profesionales que se ven especialmente afectados por sus desplazamientos continuos al volante, bien porque así lo requiere su puesto de trabajo como son los conductores de servicios públicos, personal de correos, policías o bomberos, entre otros, o bien, porque se ven obligado a desplazarse a diario en vehículo al tener su residencia a kilómetros de distancia de su actividad laboral como es el caso de los docentes o el personal de la Sanidad.

Por último, González ha recordado a las trabajadoras y trabajadores afiliados a CSIF que “en caso de accidente de tráfico, comuniquen lo sucedido al delegado o delegadas de prevención de su sector en el sindicato para recibir asesoramiento y atención personalizada”.

CSIF reclama entornos laborales más seguros y medidas eficaces contra la siniestralidad, que dejó 128 accidentes mortales en Andalucía en 2024

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Apr 25 10:02:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y anima a los trabajadores a denunciar cuando los medios a su alcance no sean suficientes
Considera esencial el fomento de una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación, así como actualizar y aplicar normativas y protocolos eficaces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado entornos de trabajo más seguros y ha pedido medidas concretas y eficaces contra la elevada siniestralidad laboral, que se cobró 128 vidas en Andalucía en 2024, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (STT), que se conmemora cada 28 de abril, y bajo el lema No es un juego, es nuestra vida. Si incumples, eres responsable, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a un derecho que aún hoy no está plenamente garantizado en los centros de trabajo como es el de una vida laboral segura, saludable y digna; asimismo, ha hecho un llamamiento a las y los trabajadores para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de prevención que les ofrecen las organizaciones y denuncien cuando estos no sean suficientes y adecuados para realizar su trabajo con totales garantías.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “esta jornada no solo es para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el trabajo, sino para hacer también una llamada urgente a la acción, a la responsabilidad institucional y a la prevención real”.

La organización sindical ha señalado que el año pasado se produjeron 104.914 accidentes de trabajo, de los cuales 103.680 fueron de carácter leve, 1.106 fueron de carácter grave y 128 tuvieron resultado de muerte. “Las cifras son alarmantes pues estamos hablando de un aumento de casi el 13% respecto a 2023, aunque bastaría con un solo accidente para confirmar que debemos ocuparnos en un ámbito tan importante como la seguridad en el ámbito laboral”, ha añadido González. Por sexos, los hombres sufrieron el 68,71% de los accidentes y las mujeres el 31,27%. Merecen una mención especial los accidentes de tráfico, que ascendieron a un total de 14.868, de los cuales 34 fueron mortales.

A juicio de CSIF, los poderes públicos tienen la obligación de proteger a los trabajadores y las trabajadoras garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, así como deben fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación y actualizar y aplicar normativa y protocolos eficaces.

La Central Sindical ha recordado que la siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos y tóxicos también son riesgos laborales que a menudo se normalizan e invisibilizan y en muchos casos son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de programas de prevención efectivos.

“En el sector público cada día miles de profesionales arriesgan su integridad por un exceso de trabajo, agresiones de todo tipo en los centros sanitarios y centros penitenciarios, colegios con elevadas ratios y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales sin los recursos necesarios para ejercer su labor en unas condiciones óptimas”, ha denunciado González.

Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno y a las administraciones competentes medidas que permitan reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Así, la Central Sindical ha señalado la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas como la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales, y la aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

González también ha señalado la regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva, así como la conveniencia de dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que “donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud”.

El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y el cumplimiento de la normativa vigente es otra de las medidas que reclama la organización sindical. De igual manera, pide protocolos contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, la incorporación de profesionales de Psicología en los servicios de prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

La Central Sindical ha exigido el endurecimiento de las sanciones en material de prevención, incluidas a las propias administraciones por sus incumplimientos, y la actualización de los equipos de trabajo para reducir la siniestralidad; asimismo, CSIF considera necesario integrar la edad, la diversidad generacional y la perspectiva de género en cuantas acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales se pongan en marcha. En materia de formación, la organización aboga por incluir la prevención de riesgos laborales como obligatoria en grados universitarios y en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De igual manera, la organización ha reclamado mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la inteligencia artificial, así como frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por último, CSIF ha exigido una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes, para lo que considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector público y en la empresa privada, lo que implicaría la presencia de CSIF en dicho organismo como sindicato más representativo de las administraciones públicas.