Andalucía - Administración General del Estado

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

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CSIF desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 19 Mar 26 10:41:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha sido convocada el próximo día 24 de marzo a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde previsiblemente se desbloqueará la jubilación parcial para el personal laboral.

Este colectivo vio bloqueado este derecho con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024) derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas, ya que el relevista, cuya relación laboral debe ser indefinida, tiene que haber superado, con carácter previo, un proceso selectivo que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los propios Tribunales han sentenciado que, “aunque la administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”.

Ante esta situación, CSIF ha propuesto que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Todo parece indicar, por la documentación intercambiada en la negociación que esta va a ser la solución.

De este modo, el Gobierno aprobaría de manera inminente un Real Decreto Ley que establecerá la posibilidad de llevar a cabo contrataciones temporales de relevistas, que posteriormente se convocarían en la siguiente oferta de empleo público para la cobertura definitiva de la plaza. Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública, en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025.

Además de desbloquear esta situación, las principales novedades del acuerdo que se firmará con Función Pública recogen las reivindicaciones de CSIF en lo referente a la eliminación de periodos de carencia, acumulación del total de la reducción en un solo tramo y aumento hasta el 75 por ciento de la reducción de jornada. Además, se ampliará la aplicación de esta modalidad hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

En todo caso, una vez firmado el acuerdo, CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde el año 2012, como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados mantiene congelada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, que reconoce nuevamente este derecho a funcionarios y estatutarios, tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista propuesta por CSIF. Por tanto, ante la situación de parálisis del parlamento, el Gobierno debe utilizar otro tipo de norma que permitiría superar la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios.

CSIF comienza a negociar la oferta de empleo público para 2026, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 23 Mar 26 15:01:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas inició hoy la negociación de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2026, teniendo en cuenta la ausencia de proyecto de Ley de Presupuestos del Estado.

Función Pública ha iniciado la negociación sin aportar datos sobre las líneas generales de esta OEP que, según el departamento de Óscar López será “muy similar a la del año pasado” (en 2025 se aprobaron 26.889 plazas para la Administración General del Estado). El Ministerio espera que se apruebe en el mes de abril.

Nuestra organización, de entrada, reclama que se supere la citada oferta de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna, reforzando ámbitos especialmente deficitarios de personal, como son el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización

Asimismo, hay que tener en cuenta que la inminente aplicación de la jornada de 35 horas semanales debe de ir acompañada de un refuerzo de efectivos, teniendo en cuenta la reducción horaria.

Además, reclamamos que, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno articule alguna fórmula para eliminar la tasa de reposición (el límite que tienen las administraciones para reponer efectivos) para que los diferentes departamentos puedan diseñar sus planes de recursos humanos atendiendo a las necesidades reales de plazas, en línea con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público.

CSIF rechazó la oferta de empleo del año pasado porque se creó menos de la mitad de empleo neto que en 2024 y se redujo de manera significativa la promoción interna. En este sentido, en la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía.

Mejora del acceso al empleo público para personas con discapacidad

Por otra parte, Función Pública y sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para las que se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas convocadas en acceso libre y promoción interna.

Entre otros aspectos, este acuerdo implica la convocatoria de pruebas específicas e independientes, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y criterios para los procesos selectivos atendiendo a barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas, así como aquellas de carácter procedimental u organizativo que puedan impedir o dificultar la plena participación en condiciones de igualdad.

Igualmente, se reconocerán situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando el derecho a las adaptaciones del puesto de trabajo, reconociendo el desempeño efectivo de las tareas de su condición profesional, así como a la formación y cualificación profesional.

El Gobierno ultima el proceso de regularización de inmigrantes en la Administración: CSIF reclama el refuerzo de plantillas y planificación del trabajo

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 25 Mar 26 09:38:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación ante el inminente comienzo del proceso de regularización de inmigrantes, y exigimos el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración. Este proceso está previsto que se desarrolle entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Tras reuniones realizadas en diferentes departamentos, el Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes y aún no nos han aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones. CSIF lamenta la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público.

En todo caso, entendemos que es fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía. Además, se debe compensar el esfuerzo adicional realizado por las/os empleados públicos.

CSIF ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).

En el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de las/os empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas. Esta situación se va a agravar a partir del 1 de abril.

Solicitudes telemáticas, oficinas de Correos, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Seguridad Social y Oficinas de Extranjería

Según las primeras informaciones recabadas por CSIF en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de 2 fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).

El grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad, ni se ha informado a los trabajadores sobre procedimiento y condiciones); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social (1 por provincia, salvo Madrid y Barcelona que se abrirán 3 y 2, respectivamente, en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.

También se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF advertimos de que pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital. Por este motivo, se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONGs, graduados sociales y abogados, que actuarían como intermediarios.

El personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores).

Por su parte, la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (10 oficinas aún por determinar), ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo. En el departamento de Política Territorial aún desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.

Además, se da la circunstancia de que un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que no tiene mucho sentido. Desde Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario.

Germán Girela: La Ley de Participación Institucional de Andalucía es un fraude a la ciudadanía

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 26 Mar 26 14:08:00 CET

El presidente de CSIF Andalucía habla en COPE sobre servicios públicos, el papel fundamental de las empleadas y empleados públicos y los recientes logros de CSIF

Germán Girela explica en una entrevista en COPE Andalucía que la actual Ley de Participación Institucional de Andalucía supone "un déficit democrático importantísimo y un fraude a la ciudadanía" por dejar fuera del diálogo social a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas.

El presidente de CSIF Andalucía, además, destaca el papel fundamental de las empleadas y empleados públicos para proteger el estado de bienestar, ya que "el gasto en los servicios públicos no es ni más ni menos que garantía de cohesión social, de desarrollo de nuestro territorio y de igualdad". CSIF reclama una mayor inversión, más recursos, servicios de mayor calidad y mejores condiciones laborales para los empleados públicos, que “siempre dan la cara cuando la ciudadanía les necesita, como ha quedado demostrado una vez más con el accidente ferroviario de Adamuz y el tren de borrascas de los últimos meses”.

CSIF logra un acuerdo histórico para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, que en Andalucía beneficiará a más de 33.000 trabajadores

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 27 Mar 26 12:38:00 CET

La Central Sindical desbloquea esta medida, que estaba pendiente desde 2022 y que se ha logrado impulsar gracias al Acuerdo Marco firmado el pasado mes de noviembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo histórico para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que se ha logrado desbloquear con el Ministerio de Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado el pasado mes de noviembre.

CSIF se felicita por haber desbloqueado este acuerdo histórico, que será de aplicación en el ámbito laboral más amplio de este país, teniendo que afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado, de las que más de 33.000 trabajan en Andalucía.

Una vez firmado este acuerdo sobre las 25 horas -que no excluye a ningún ámbito de esta administración-, el Ministerio publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependiente de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

La jornada de 35 horas es una medida pionera, que favorece la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo, teniendo en cuenta además la ola de jubilación previstas en AGE, donde más del 50 % de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20 % se jubilará en los próximo cinco años.

Trabajadores de la AEMET ratifican el acuerdo con el 95% de los votos: pacto histórico para liderar la seguridad climática y modernizar el servicio público

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 27 Mar 26 13:36:00 CET

La plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha validado hoy de forma masiva tras una consulta a los trabajadores, con un 95% de los votos, el acuerdo de mejora de las condiciones laborales y salariales del servicio público, que conlleva un refuerzo de la plantilla, nuevos derechos, conciliación y modernización.

Las organizaciones sindicales confirman la desconvocatoria inmediata de la huelga y las movilizaciones previstas para Semana Santa. De este modo, se restablece la plena normalidad en los centros de trabajo de la Agencia, garantizando el servicio público y la atención a sectores críticos como la navegación aérea y la protección civil.

Este pacto, ratificado junto a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y el resto de sindicatos presentes en la negociación--, posiciona al organismo como un referente en la modernización de la administración pública española. Además, el texto consolida un compromiso firme que garantiza la robustez de un servicio esencial de seguridad nacional frente a los desafíos de la emergencia climática.

El nuevo marco laboral se estructura en ejes estratégicos diseñados para revertir el déficit estructural del organismo y asegurar una vigilancia 24/7 más eficiente de fenómenos meteorológicos adversos:

• Refuerzo Histórico de Plantilla: El acuerdo contempla la incorporación de 500 nuevos efectivos hasta el año 2028. Para iniciar esta recuperación operativa, en 2026 se tramitará una Oferta de Empleo Público extraordinaria de 342 plazas destinadas a los cuerpos meteorológicos.

• Mejora de las Condiciones Profesionales y Salariales: Se inyectarán más de 1,4 millones de euros en complementos de productividad adicionales para el personal a turnos y oficinas. Asimismo, la estructura de carrera profesional se mejorará con la creación de 140 nuevas plazas de niveles superiores (N-18 a N-26) en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

• Nuevos Derechos, Modernización y Conciliación: Se reconoce el 100% de la formación oficial obligatoria como tiempo de trabajo efectivo. A su vez, se ha acordado la actualización del Reglamento de Horarios Especiales antes del 30 de junio de 2026 para garantizar un marco laboral adaptado a las necesidades de conciliación.

Este acuerdo es una inversión en la seguridad de todos los ciudadanos. Una AEMET fuerte es la mejor defensa de frente a las borrascas y DANAs que afectan a nuestro país.

Asimismo, la legitimidad y relevancia de este pacto se fundamentan en un proceso de diálogo al más alto nivel institucional. El pacto ha contado con la implicación directa y el aval oficial de las máximas autoridades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), subrayando la importancia estratégica que el Gobierno otorga a la meteorología pública:

CSIF se felicita de este acuerdo, fruto de la presión sindical y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este organismo, así como del esfuerzo negociador.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia que el 14% de los accidentes laborales son de tráfico y reclama medidas eficaces para aumentar la seguridad del transporte

margarita.sanchez.mingo — Tue, 10 Jun 25 10:04:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y más inversión para mejorar las carreteras y el mantenimiento de los vehículos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la elevadas cifras de accidentes laborales de tráfico, un 14% del total en 2024, al tiempo que ha reclamado a las administraciones competentes políticas eficaces de seguridad vial para la prevención de riesgos laborales y aumentar la seguridad del transporte profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora este martes 10 de junio, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en esta materia con medidas concretas que permitan reducir las cifras de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en 2024 se registraron 14.868 accidentes laborales de tráfico con baja en Andalucía, de los que 4.458 sucedieron durante la jornada laboral y otros 10.410 fueron 'in itinere' (accidente producido en el trayecto del domicilio al puesto de trabajo y vicerversa), con un resultado global de 34 muertes y 250 heridos graves. Estas cifras representan un 14% del total de los accidentes de trabajo registrados el año pasado, y aproximadamente un 27% de los fallecimientos por accidente laboral. Además, en el primer trimestre de 2025 se han producido 3.497 accidentes de tráfico, con un alto protagonismo de los accidentes in itinere, en concreto 2.502.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “debemos apostar por políticas que garanticen una vida laboral segura, saludable y digna”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores que se desplazan habitualmente para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de transporte y sean responsables, evitando situaciones de cansancio, distracciones o imprudencias para realizar su trabajo con totales garantías.

Entre las causas más habituales que propician un accidente laboral de tráfico se encuentran la fatiga y cansancio por jornadas laborales extensas o sin los debidos descansos, el estrés causado por motivos como llegar a tiempo, cumplir objetivos o tráfico complicado; por factores meteorológicos adversos, así como por causas externas a los profesionales, tales como el mal estado de las carreteras, la conducción por vías secundarias y de mayor peligrosidad y el uso de vehículos antiguos o en mal estado. A todos estos motivos hay que sumar la posibilidad del padecimiento de patologías por parte de los conductores y conductoras que pueden complicar la capacidad de conducción y, por supuesto, los despistes y errores humanos.

Garantizar el correcto estado de los vehículos

Para evitar en lo posible este tipo de circunstancias descritas, González ha destacado la importancia de incrementar la inversión destinada a la mejora de las carreteras y a su mantenimiento, garantizar el correcto estado de los vehículos profesionales (adecuada dotación, mantenimiento periódico y evaluación de riesgos) y abogar por la flexibilidad horaria para evitar situaciones de estrés. Además, para CSIF es prioritario aumentar la vigilancia de la salud de los trabajadores, la formación e información vial sobre estrategias de conducción segura y fomentar el teletrabajo en los puestos que, por sus características, permitan evitar desplazamientos innecesarios.

La secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF ha pedido una especial mención, en este día que conmemora la Seguridad Vial, a los profesionales que se ven especialmente afectados por sus desplazamientos continuos al volante, bien porque así lo requiere su puesto de trabajo como son los conductores de servicios públicos, personal de correos, policías o bomberos, entre otros, o bien, porque se ven obligado a desplazarse a diario en vehículo al tener su residencia a kilómetros de distancia de su actividad laboral como es el caso de los docentes o el personal de la Sanidad.

Por último, González ha recordado a las trabajadoras y trabajadores afiliados a CSIF que “en caso de accidente de tráfico, comuniquen lo sucedido al delegado o delegadas de prevención de su sector en el sindicato para recibir asesoramiento y atención personalizada”.

CSIF reclama entornos laborales más seguros y medidas eficaces contra la siniestralidad, que dejó 128 accidentes mortales en Andalucía en 2024

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Apr 25 10:02:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y anima a los trabajadores a denunciar cuando los medios a su alcance no sean suficientes
Considera esencial el fomento de una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación, así como actualizar y aplicar normativas y protocolos eficaces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado entornos de trabajo más seguros y ha pedido medidas concretas y eficaces contra la elevada siniestralidad laboral, que se cobró 128 vidas en Andalucía en 2024, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (STT), que se conmemora cada 28 de abril, y bajo el lema No es un juego, es nuestra vida. Si incumples, eres responsable, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a un derecho que aún hoy no está plenamente garantizado en los centros de trabajo como es el de una vida laboral segura, saludable y digna; asimismo, ha hecho un llamamiento a las y los trabajadores para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de prevención que les ofrecen las organizaciones y denuncien cuando estos no sean suficientes y adecuados para realizar su trabajo con totales garantías.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “esta jornada no solo es para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el trabajo, sino para hacer también una llamada urgente a la acción, a la responsabilidad institucional y a la prevención real”.

La organización sindical ha señalado que el año pasado se produjeron 104.914 accidentes de trabajo, de los cuales 103.680 fueron de carácter leve, 1.106 fueron de carácter grave y 128 tuvieron resultado de muerte. “Las cifras son alarmantes pues estamos hablando de un aumento de casi el 13% respecto a 2023, aunque bastaría con un solo accidente para confirmar que debemos ocuparnos en un ámbito tan importante como la seguridad en el ámbito laboral”, ha añadido González. Por sexos, los hombres sufrieron el 68,71% de los accidentes y las mujeres el 31,27%. Merecen una mención especial los accidentes de tráfico, que ascendieron a un total de 14.868, de los cuales 34 fueron mortales.

A juicio de CSIF, los poderes públicos tienen la obligación de proteger a los trabajadores y las trabajadoras garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, así como deben fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación y actualizar y aplicar normativa y protocolos eficaces.

La Central Sindical ha recordado que la siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos y tóxicos también son riesgos laborales que a menudo se normalizan e invisibilizan y en muchos casos son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de programas de prevención efectivos.

“En el sector público cada día miles de profesionales arriesgan su integridad por un exceso de trabajo, agresiones de todo tipo en los centros sanitarios y centros penitenciarios, colegios con elevadas ratios y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales sin los recursos necesarios para ejercer su labor en unas condiciones óptimas”, ha denunciado González.

Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno y a las administraciones competentes medidas que permitan reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Así, la Central Sindical ha señalado la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas como la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales, y la aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

González también ha señalado la regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva, así como la conveniencia de dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que “donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud”.

El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y el cumplimiento de la normativa vigente es otra de las medidas que reclama la organización sindical. De igual manera, pide protocolos contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, la incorporación de profesionales de Psicología en los servicios de prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

La Central Sindical ha exigido el endurecimiento de las sanciones en material de prevención, incluidas a las propias administraciones por sus incumplimientos, y la actualización de los equipos de trabajo para reducir la siniestralidad; asimismo, CSIF considera necesario integrar la edad, la diversidad generacional y la perspectiva de género en cuantas acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales se pongan en marcha. En materia de formación, la organización aboga por incluir la prevención de riesgos laborales como obligatoria en grados universitarios y en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De igual manera, la organización ha reclamado mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la inteligencia artificial, así como frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por último, CSIF ha exigido una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes, para lo que considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector público y en la empresa privada, lo que implicaría la presencia de CSIF en dicho organismo como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

CSIF denuncia la escalada de la conflictividad en las prisiones andaluzas y exige la consideración del personal funcionario como agentes de la autoridad

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 28 Mar 25 15:52:00 CET

El sindicato condena la agresión este viernes a cuatro trabajadores de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Considera inaceptable el déficit de plantilla y la falta de medios con la que realizan su labor los profesionales y pide a Instituciones Penitenciarias que actúe de inmediato

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las mesas delegadas de Instituciones Penitenciarias y Función Pública a nivel nacional, ha denunciado la escalada de la conflictividad en los centros penitenciarios de la comunidad y ha reclamado un refuerzo urgente de las medidas de seguridad para garantizar la protección del personal funcionario, que realiza una labor compleja con una gran profesionalidad.

CSIF ha mostrado su condena ante un nuevo episodio violento en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), que se ha saldado con cuatro funcionarios heridos, a los que la organización ha mostrado todo su apoyo y ha deseado una pronta recuperación; asimismo, la organización ha lamentado que “no hace falta echar la vista muy atrás para comprobar que este tipo de situaciones es algo común” en referencia a la agresión a un médico y a un funcionario de la prisión de Alcolea (Córdoba) a principios de marzo, la agresión a varios trabajadores del Centro Penitenciario Puerto I de Cádiz hace unas semanas o la pelea multitudinaria en la cárcel del Acebuche (Almería) en la que se vieron implicados 87 internos el pasado mes de febrero.

La violencia contra los funcionarios de prisiones es un hecho “inaceptable y que sigue en aumento a consecuencia de la inacción de Instituciones Penitenciarias, que debe actuar de inmediato en vez de hacer caso omiso a las múltiples reivindicaciones de CSIF”, ha expresado la organización. En este sentido, el sindicato ha denunciado el déficit de personal en las cárceles andaluzas, para lo que ha pedido una Relación de Puestos de Trabajo completa en las prisiones para cubrir todas las necesidades existentes.

La central sindical también ha reivindicado la necesidad de ofrecer formación adecuada y continuada a los profesionales, al tiempo que ha reiterado que “es inapelable que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones”, una reivindicación histórica de CSIF que no puede esperar ni un minuto más”.

Por último, CSIF ha mostrado su rechazo ante la falta de recursos materiales sufren los profesionales y ha pedido una actualización de medios coercitivos, como las taser, para afrontar situaciones muy complejas y peligrosas que a menudo se producen en las prisiones andaluzas.

CSIF reclama mayor inversión en seguridad laboral para prevenir y evitar situaciones de riesgo para los trabajadores en el desempeño de la jornada laboral

margarita.sanchez.mingo — Fri, 27 Dec 24 13:18:00 CET

El sindicato exige a las administraciones un incremento de personal especializado y recursos materiales para impedir la aparición de enfermedades profesionales y accidentes
Apuesta por el fomento de la formación y la capacitación del personal y la ampliación del catálogo de patologías del trabajo para evitar que sean tratadas como contingencia común

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado mayor inversión en seguridad laboral para anticiparse y evitar situaciones de riesgo para los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de la jornada laboral.

Pese a que el sindicato ha calificado como “un buen avance” la aprobación el pasado mes de octubre de la Estrategia andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF-A, Pilar González, ha señalado que “seguimos teniendo muchos frentes abiertos y actuaciones pendientes”.

Para González es necesario poner el foco en la prevención de la seguridad de las personas en sus respectivos puestos de trabajo, con el objetivo de actuar con antelación y establecer medidas correctoras ágiles y efectivas. Para ello, “exigimos a las administraciones un incremento del personal especializado, que actualmente es “absolutamente deficitario”.

En este sentido, la dirigente sindical ha destacado que es urgente incrementar las plantillas de profesionales de salud mental y de inspectores/as de trabajo en los servicios públicos, así como de técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Labores (PRL) tanto en las diferentes unidades de prevención de las administraciones públicas como en la empresa privada. A este aumento del personal ante las carencias detectadas, CSIF también demanda más recursos materiales de tipo ergonómico, digital o protector, como medida para prevenir la aparición de enfermedades profesionales y accidentes laborales.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía durante 2024 y hasta el pasado 31 de octubre en Andalucía se produjeron 88.921 accidentes de trabajo, de los cuales 921 fueron considerados de gravedad y 109 resultaron mortales. Estos dos últimas cifras y sin tener registrado aún el dato referido al presente año, ya superan a las registradas en 2023, cuando se contabilizaron 877 y 100, respectivamente.

Además, los accidentes in itinere, que se producen en el desplazamientos de ida o vuelta del trabajo, supusieron el 14,74% de los accidentes ocurridos en el periodo antes señalado, alcanzando la cifra de 13.108, de los que 23 fueron mortales.

Para acabar con la siniestralidad laboral, González ha puesto el acento en la conveniencia de una mayor formación en seguridad y salud de los trabajadores y en una adecuada dotación y mantenimiento de vehículos profesionales, seguro de vida y accidentes para el personal con desplazamientos en su jornada, además de un aumento de la vigilancia de la salud frente a patologías especialmente sensibles o que dificulten una conducción segura.

Patologías profesionales

La responsable sindical ha destacado que dicha formación es muy necesaria también para prevenir enfermedades causadas por el desarrollo de la actividad laboral, aspecto que cobra especial relevancia en trabajos donde el personal está expuesto a agentes químicos, biológicos o físicos y que provocan un deterioro progresivo de la salud. En 2024 y siempre según fuentes de la Administración andaluza, se comunicaron 1.458 patologías profesionales, de las que un 56,3% derivaron en baja laboral. Para el sindicato es esencial que aumente el catálogo de este tipo de enfermedades para evitar que sean tratadas como contingencia común, así como incluir determinados tipos de cáncer, práctica que ya se aplica en países europeos.

Precisamente, elementos peligrosos como el amianto, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes, cadmio y contacto con multitud de elementos químicos presentes en diversas actividades profesionales como la construcción, fabricación, mantenimiento de vehículos, peluquería o tareas sanitarias, entre otras, suponen una grave amenaza tanto en el ámbito de administración pública como en la empresa privada.

En cuanto a la salud mental, CSIF-A ha denunciado en reiteradas ocasiones las lagunas asistenciales del sistema sanitario actual y que impiden dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito. González ha insistido en que los trastornos y patologías relacionadas con la salud mental “continúan siendo un estigma que avoca al trabajador a ocultar su situación por temor al rechazo, aislamiento, acoso, o incluso, despido”. Además, “lamentablemente, las bajas psicológicas siguen sin considerarse, en su gran mayoría, como accidentes de trabajo”.

La dirigente sindical ha criticado las largas listas de espera para acceder a una consulta por la escasez de especialistas en salud mental, lo que ralentiza el acceso a tratamientos y la recuperación de los pacientes. González ha recordado que, tras conocer los resultados de un estudio de la Federación Salud Mental Andalucía el pasado septiembre, CSIF alertó de que en España cada 2 horas se produce un suicidio y en Andalucía, uno cada 11 horas, contabilizándose durante el pasado año un total de 772 suicidios en la comunidad.

Gestión de la transformación digital

Para la central sindical, son muchos los riesgos que supone una mala gestión de las tecnologías digitales en el ámbito laboral, ya que puede derivar en riesgos tales como el ciberacoso, el tecnoestrés, la hiperconectividad o el aislamiento social. González ha reclamado que tanto la Administración pública como la empresa privada, adopten medidas que conjuguen los avances de la transformación digital con la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, como una mayor formación y capacitación del personal, políticas de desconexión, protección de datos, ciberseguridad o la ergonomía digital.

CSIF reclama más medidas para proteger la seguridad y salud de los profesionales ante la transformación digital

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 23 Oct 24 14:29:00 CEST

CSIF inicia la campaña bajo el lema “Protección digital hoy, salud laboral siempre” con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que aumente en el sector público la inversión y las medidas de protección ante las nuevas formas de trabajo y riesgos laborales relacionadas con la transformación digital, el uso de las tecnologías digitales, la robótica y los sistemas de inteligencia artificial para así prevenir su impacto negativo (como ciberacoso, tecnoestrés, hiperconectividad, el aislamiento social y trastornos músculo-esqueléticos) en la salud de las/os trabajadores. También pedimos que dichas medidas se implanten en el sector privado.

Esta reivindicación se produce con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo (que se celebra del 21 al 25 de octubre), en la que CSIF lanza su campaña ‘Protección digital hoy, salud laboral siempre”. También nos sumamos a la Campaña Europea 2023-2025 ‘Trabajos seguros y saludables en la era digital’, de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que pretende sensibilizar sobre el impacto de las tecnologías digitales en el trabajo y sobre cómo gestionarlas.

La digitalización, la robótica y el uso de la inteligencia artificial (IA) presentan oportunidades como pueden ser automatización de tareas repetitivas, mejorar la ergonomía, y reducir tensión física. Además, pueden ayudar al personal en entornos de trabajo peligrosos, y con el trabajo remoto e híbrido (incluido el teletrabajo), favorecer la flexibilidad y una mejor conciliación. Pero la transformación digital conlleva desafíos como aislamiento profesional, jornadas de trabajo largas e irregulares, difícil desconexión digital, falta de formación en tecnologías digitales, gestión algorítmica, seguimiento/vigilancia digital, y escasa regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

CSIF alerta de que estos riesgos deben evaluarse y gestionarse adecuadamente para garantizar que las personas trabajadoras puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura y saludable. Por ello, pedimos que se tomen en serio estos riesgos para la salud de los/as trabajadores y pongan en marcha las medidas necesarias.

A nivel europeo, CSIF participa en los debates sobre la implantación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y que incluye el análisis de los riesgos y la aportación de soluciones a los riesgos laborales derivados de la aplicación del teletrabajo o de la inteligencia artificial. Ejemplos de esta actividad son los documentos de posición del Comité ejecutivo de la CESI sobre teletrabajo y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral y la participación en el proyecto de CESI cofinanciado por la UE ´DiWork - Digitalización de los servicios públicos: Hacer que funcione para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores.

En un entorno laboral cada vez más dominado por la tecnología, es fundamental que la prevención de riesgos evolucione al mismo ritmo. Por ello CSIF exige:

Evaluaciones continuas: Las tecnologías digitales y la IA presentan riesgos emergentes por lo que se hace necesario la evaluación constante, introducción de nuevas metodologías para identificar y mitigar peligros.
Capacitación específica: las personas trabajadoras deben recibir formación específica sobre los riesgos asociados a las tecnologías que utilizan, así como en medidas preventivas y protocolos de emergencia.
Ergonomía digital: La interacción continua con dispositivos puede generar problemas musculoesqueléticos y fatiga visual. La implementación de soluciones ergonómicas es esencial.
Protección de datos y ciberseguridad: La exposición a ciberataques no solo pone en riesgo la información corporativa sino también la seguridad de los trabajadores. Medidas robustas de ciberseguridad deben ser prioritarias.
Bienestar psicosocial: La hiperconectividad y la presión por mantenerse siempre disponible pueden afectar la salud mental. Establecer políticas de desconexión digital y apoyo psicológico son fundamentales para evitar el burnout y promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal
Dotación de los recursos y equipos necesarios tanto en trabajo presencial como trabajo en remoto e híbrido.
Supervisión ética de la IA: La IA debe ser utilizada de manera ética, evitando sesgos y discriminaciones que puedan afectar negativamente a los trabajadores.
Participación activa de los trabajadores: Involucrar activamente a los empleados, y a sus representantes, en el diseño, implementación y evaluación de nuevas tecnologías y procesos digitales.
Transparencia: Garantizar la transparencia en cómo se utilizan los datos de los empleados y para qué fines, respetando siempre la privacidad y los derechos individuales.

CSIF defiende que abogar por estas medidas no solo mejora las condiciones laborales, sino que también asegura que la administración pública y las empresas se adapten de manera efectiva y segura a los avances tecnológicos.