Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

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Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

CSIF lamenta la subida del paro en octubre en Andalucía y advierte de la pérdida de más de 6.000 empleos en servicios esenciales

margarita.sanchez.mingo — Wed, 04 Nov 26 11:18:00 CET

El sindicato considera que este nuevo repunte del desempleo evidencia la fragilidad estructural de mercado laboral en la comunidad
Reclama a la Administración una apuesta decidida por los servicios públicos mediante la creación de empleo estable y de calidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha lamentado que el paro haya subido en octubre en la comunidad, con 2.052 personas más sin empleo que el mes anterior, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El sindicato, además, ha advertido de la pérdida de más de 6.000 empleos en servicios esenciales. Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el sector de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales registró 5.867 bajas el mes pasado, lo que supone “un importante varapalo para el frágil sistema sanitario con el que contamos, donde existe un grave déficit estructural de personal, tal y como venimos denunciando desde nuestra organización”, ha indicado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Estas cifras tan negativas, según el dirigente sindical, ponen en evidencia “la inestabilidad del mercado laboral andaluz y su dependencia del sector servicios, que va aparejado a la temporalidad”. En este sentido, CSIF ha señalado que el Gobierno andaluz “debe poner en marcha estrategias que refuercen los servicios públicos, que pasa por crear empleo estable y que responda a las demandas de la ciudadanía con una atención digna”.

En este sentido, CSIF considera fundamental impulsar medidas que atajen la estacionalidad del empleo en Andalucía, ya que de los 301.426 contratos realizados en Andalucía en octubre, el 58,3 % fue de carácter temporal y el 41,6 %, indefinidos.

Para Girela, “es urgente reformular el modelo productivo andaluz con una apuesta por sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías, y evitar la dependencia excesiva de la actividad turística y del sector servicios”.

En cuanto a sexos, el responsable sindical ha señalado la diferencia entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas en el terreno laboral. “Las mujeres suponen el 61 % del total de la población desempleada en Andalucía. Los datos hablan por sí solos, hay que poner en marcha políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son asignaturas pendientes de las organizaciones en España: la salud mental laboral sigue en peligro

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 04 Nov 26 12:11:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son todavía asignaturas pendientes de las administraciones públicas y empresas ya que los protocolos, evaluaciones de riesgos psicosociales y las pocas medidas que hay implantadas son insuficientes.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado el servicio ‘CSIF Ayuda’ tras diez años de actividad es que las empresas y administraciones solo intervienen cuando el conflicto se ha agravado o ya existe un daño para la salud de las personas trabajadoras. Es necesario reforzar la formación, la organización, los protocolos y la prevención.

El perfil habitual es el de una persona trabajadora con presunto maltrato psicológico que decide atreverse a denunciar su situación se encuentra con protocolos lentos, inacción de los responsables directos, la falta de apoyo por los compañeros y que no aplican las medidas cautelares necesarias hasta que se demuestra o no la situación de violencia en el trabajo.

Además, CSIF ha detectado la normalización de comportamientos violentos (gritos, insultos, aislamiento o falta de presencia injustificada en reuniones, tareas de escasa o nula importancia para la organización, burlas, etc.). Esta es una de las causas por las que casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, como CSIF denunció en un estudio en el año 2024.

Díez años velando por la salud mental en las organizaciones

CSIF conmemora con diferentes actividades (jornadas formativas y de sensibilización, campañas informativas sobre la importancia de la salud mental y los derechos laborales, etc.) los diez años de su gabinete especializado ‘CSIF Ayuda’, dedicado a atender a trabajadores afiliados que sufren en su entorno laboral situaciones de acoso, violencia, estrés y otros riesgos psicosociales que pueden afectar a su salud y condiciones de trabajo.

Este servicio, que es gratuito, recibe una media de 12 consultas semanales desde que se puso en marcha en noviembre de 2016. Las mayores consultas proceden fundamentalmente de los sectores de Educación y Sanidad, que suponen el 36 por ciento del total; seguido de la empresa privada, Administración Local, Administración General del Estado (AGE), Administración General de Comunidades Autónomas, y entidades públicas estatales.

Los principales motivos por los que se acude a ‘CSIF Ayuda’ desde Educación son las consecuencias de falta de autoridad del docente en aula (malas contestaciones y falta de respeto por parte del alumnado y progenitores), la falta de recursos que impiden realizar la función docente y su desamparo ante la inacción de la dirección del centro y ausencia de sanciones. Todo esto provoca situaciones de estrés y de ansiedad en el profesorado.

Épocas más estresantes para los trabajadores

‘CSIF Ayuda’ ha detectado que la mayor parte de las consultas que reciben desde el sector de Educación se producen en los meses de mayo y junio por parte de docentes de ciclos superiores (Secundaria y Bachillerato). El motivo es que en esos meses se hacen públicas las calificaciones que influyen en la nota final de la EBAU, por lo que los docentes reciben presiones de alumnos, progenitores e incluso de la dirección del centro.

En el caso de la Sanidad, los principales motivos por los que se recurre a ‘CSIF Ayuda’ son situaciones de acoso, violencia en el entorno laboral (incluso agresiones) y riesgos psicosociales (como estrés, ansiedad, falta de sueño, desmotivación, etc). Al igual que ocurre con Educación, los periodos más habituales de consulta coinciden con picos de actividad, como con la llegada de las bajas temperaturas (epidemia de gripe y de infecciones respiratorias). La falta de plantilla y el exceso de pacientes provocan situaciones de estrés, ansiedad y violencia en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria.

Situaciones laborales que afectan a la salud mental

‘CSIF Ayuda’ ha detectado en estos diez años algunas deficiencias en los entornos laborales que afectan a la salud de los trabajadores: plantillas insuficientes que provocan sobrecarga de trabajo, deficiente organización del trabajo, falta de claridad en las funciones profesionales, dificultades de comunicación, escasa formación para gestionar conflictos y la ausencia de recursos específicos para la prevención.

Estas son algunas de nuestras principales reivindicaciones:

Actuar y modificar las deficiencias en la organización del trabajo que genera el riesgo psicosocial (ritmos y cargas de trabajo, turnos, hiperconectividad, etc.)

Apoyo psicológico gratuito y confidencial.

Vigilancia de la salud mental.

Refuerzo de plantillas y reducción de sobrecargas de trabajo.

Implantación de procedimientos eficaces frente al acoso, la violencia y los conflictos laborales.

Reconocimiento adecuado de los trastornos mentales y de comportamiento cuando se acredite su origen profesional.

‘CSIF Ayuda’ reafirma su compromiso de seguir escuchando y orientando a aquellas personas trabajadoras que atraviesan situaciones de especial dificultad en el trabajo y seguiremos reivindicando medidas para avanzar hacia una verdadera cultura preventiva de la salud mental. Precisamente, CSIF se ha sumado a la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Trabajos Saludables 2026-2028: Compromiso por la Salud Mental en el Trabajo”, con los objetivos principales de sensibilizar sobre el impacto de los riesgos psicosociales en todos los sectores laborales; y promover entornos de trabajo favorables, inclusivos, seguros y mentalmente saludables.

CSIF-A traslada a Sanz sus reivindicaciones para recuperar las pagas extra de 2013 y 2014, abrir el diálogo social y reforzar los servicios públicos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 04 Nov 26 13:15:00 CET

Germán Girela se reúne con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía
El sindicato tiende la mano al diálogo y la colaboración, pero reclama avances en materias fundamentales para los empleados públicos y el conjunto de la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado al Gobierno andaluz sus principales reivindicaciones en defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus profesionales, durante una reunión mantenida este miércoles entre el presidente del sindicato, Germán Girela, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Se trata del primer encuentro institucional de CSIF con el Gobierno andaluz en la actual legislatura, una reunión que, en palabras de Girela, supone “una oportunidad para reforzar la interlocución con el Ejecutivo autonómico y abordar cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de las administraciones públicas andaluzas y sus profesionales”.

Entre los asuntos planteados por el sindicato ha ocupado un lugar prioritario la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída en 2013 y 2014 al personal púbico andaluza. La iniciativa, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y que pronto iniciará la recogida de firmas, busca saldar una deuda que, según las estimaciones del sindicato, asciende a una media de 2.000 euros por profesionales y que continúa pendiente más de una década después.

Girela ha señalado que se trata “de una cuestión de justicia con miles de empleadas y empleados públicos andaluces que todavía no han recuperado las cantidades que les fueron detraídas, a pesar de que en julio de 2018 se firmó un acuerdo que recogía, entre otras medidas, la restitución de estas retribuciones. Y teniendo en cuenta el reiterado compromiso del presidente Juanma Moreno cuando era líder de la oposición”. El dirigente sindical ha recordado que, de todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

CSIF también ha defendido la necesidad de abrir y ampliar la participación institucional en Andalucía, de manera que se reconozca la pluralidad de la representación sindical existente y se permita a más organizaciones participar en los espacios de diálogo y negociación con la Administración.

El sindicato considera que la representatividad real de las organizaciones debe tener un reflejo adecuado en la concertación social. “No es de recibo que, por ejemplo, CSIF no tenga cabida en el diálogo social a pesar de ser el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. Hay que superar un modelo que no refleja suficientemente la pluralidad sindical existente y que limita la participación de una parte muy importante de las personas trabajadores en asuntos que les afectan”, ha referido Girela.

Otro de los ejes de la reunión ha sido la necesidad de reforzar los servicios públicos con plantillas suficientes, recursos adecuados y condiciones laborales que permitan prestar una atención de calidad a la ciudadanía. Para CSIF, el fortalecimiento de las administraciones y de los servicios esenciales pasa necesariamente por reconocer el trabajo de sus profesionales y atender las necesidades de personal existentes.

Desde su independencia y autonomía, el sindicato ha trasladado a Sanz su voluntad de mantener una relación institucional basada en el diálogo, la colaboración y la búsqueda de soluciones; no obstante, la disposición al entendimiento “es compatible con una defensa firme de nuestras reivindicaciones sindicales”, ha subrayado Girela.

Para CSIF, la interlocución debe traducirse en avances concretos y en respuesta a las demandas planteadas, y continuará trabajando para que las necesidades de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía ocupen el lugar que les corresponde en la agenda del Gobierno andaluz.

Modificación Reglamentos LAJ, Provisión de puestos PAJ, policía judicial y CNEJ

emma.alvarez.bande — Mon, 23 Dec 24 08:53:00 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la siguiente resolución:

Real Decreto 1280/2024, de 17 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre; el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre; el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial; y el Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
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Noticia relacionada: CSIF consigue en la mesa de negociación dos reivindicaciones históricas del personal de Justicia

Publicado el Reglamento de los IMLyCF

admin — Wed, 01 Mar 23 07:23:19 CET

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicado en el BOE el Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

- PDF (BOE-A-2023-5368 - 20 págs. - 311 KB)
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CSIF exige al Ministerio que se deje de hacer experimentos con el Registro civil

admin — Fri, 08 Jul 22 07:19:37 CEST

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Una circular que no tiene “ni pies, ni cabeza” y que, por ambigua, se está ya interpretando en contra de lo establecido en una norma de rango superior como es la orden de guardias en perjuicio de las retribuciones del personal de los RC exclusivos.

Tras varios meses de funcionamiento del nuevo modelo de Registro civil en Madrid y Barcelona queda claro que el Ministerio no estaba listo para poner en marcha este nuevo modelo y que su impulso sólo puede obedecer a razones políticas y electorales. Sin reglamento, sin relaciones de puestos de trabajo, con un programa que sigue en versión beta o en pruebas y con falta de personal el Registro civil se hunde mientras el Ministerio está encantado con el proyecto y pidiendo colaboración para que funcione su experimento.

El programa informático va ya por la quinta versión y sigue siendo una aplicación lenta que se cae demasiadas veces y que, en está dificultando y obstaculizando el trabajo del personal que atiende este servicio público que ve como trámites que se hacían en un minuto ahora necesitan hasta diez veces más de tiempo. Además, este programa muestra carencias importantes respecto del veterano programa INFOREG que obligan al personal a seguir utilizando el anterior programa para sacar adelante el trabajo. En este sentido, el personal del Registro civil se está convirtiendo en una especie de cobaya informática de prueba y error del nuevo programa para el que no están recibiendo ni el apoyo ni la formación suficiente.

Sin relaciones de puestos de trabajo es imposible determinar las necesidades de efectivos basados en cargas de trabajo y con el objetivo de prestar el mejor servicio público. En este sentido, CSIF denuncia la actitud del Ministerio que se niega a negociar las rpts diciendo que “están probando a ver cómo funciona con los medios actuales para luego dimensionar el servicio”. Otro experimento más que pagan los ciudadanos en forma de retrasos en sus expedientes. Por otro lado, CSIF denuncia la precariedad de medios y la necesidad de que, como mínimo se cubran todas las vacantes existentes en las plantillas de los Registros civiles.

Además, en las rpts se incluyen cuestiones objeto de negociación colectiva como la jornada laboral, la realización de guardias, las retribuciones complementarias, el tipo de puesto (genérico o jefaturas) y la descripción de funciones y tareas. Esta falta de negociación e implantación de rpts está ya causando problemas de interpretación y ha derivado en que los encargados de los Registros civiles no estén cobrando la retribución que les corresponde por ejercer esa función de especial responsabilidad.

Sin reglamento, el Ministerio se está dedicando a regular el funcionamiento del Registro civil a través de circulares e instrucciones provisionales, a la espera del Reglamento cuyo borrador se desconoce hasta la fecha, sin fuerza jurídica suficiente lo que constituye una auténtica aberración jurídica y organizativa. En este sentido, se está impidiendo la posibilidad de que el personal de Justicia pueda ver reconocido el trabajo que realmente hacen en los Registros civiles, se facilita la realización de funciones de superior categoría por la vía de las habilitaciones, gratis total, sin retribución alguna. Esta cuestión afecta especialmente a los LAJ encargados de los RC de Madrid y Barcelona que no cobran como debieran esa función y al Cuerpo de Gestión procesal, que debería tener también la condición de encargado del Registro civil para complementar y apoyar la labor del LAJ evitando repetir el mayor error del modelo anterior: los cuellos de botella en la tramitación de los expedientes. Además, la nueva estructura del Registro civil que se prevé en la ley 20/2011, vacía de contenido y funciones a las oficinas colaboradoras que son las más cercanas a los ciudadanos de la España vaciada, que ya no pueden ni inscribir, ni certificar ni instruir expedientes que sí podían hacer los Juzgados de Paz.

Para CSIF es una temeridad que el Ministerio siga empeñado en extender este “desastre” a otras ciudades como Murcia, este mismo mes o Tarragona y Valladolid en octubre y, por este motivo, hemos solicitado ya que se pare el proceso de implantación, que se abra la mesa de negociación con el Reglamento y las relaciones de puestos de trabajo como temas principales.

CSIF denuncia que la Junta incumple la normativa que obliga a revisar las guardias de los Cuerpos Generales en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía

admin — Mon, 13 Jun 22 10:24:59 CEST

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La central sindical reclama que se incluya este asunto en la mesa sectorial que se celebra el 15 de junio para no perjudicar la atención que recibe la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha denunciado a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal dependiente de la Consejería de Justicia por no revisar ni aprobar las guardias de los Cuerpos Generales en los Instituto de Medicina Legal de Andalucía (IML), lo que se traduce en el incumplimiento del Decreto 90/2018 por el que se modifica el funcionamiento y organización de los IML.

Dicho decreto obliga en el plazo de un año a revisar las guardias que se realizan en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía por los cuerpos generales de la Administración de Justicia. En concreto, afectaría al colectivo integrado por tramitadores procesales, gestores procesales y auxilios judiciales.

El presidente del sector de Justicia de CSIF-A, Manuel Moreno, ha calificado de “lamentable” este incumplimiento de la normativa por parte de la Junta, puesto que “no sólo no se han revisados las guardias en un año, como obliga el decreto, sino que en algunas provincias, como es el caso de Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba, no existen las guardias”.

Desde la central sindical critican la actitud de la Administración de Justicia puesto que “ha hecho caso omiso a los innumerables escritos y peticiones que CSIF ha presentado para solicitar que se cumpla este mandato en Mesa Sectorial”. En este sentido, “exigimos la inclusión de la revisión y aprobación de las guardias de los Cuerpos Generales en los IML en la mesa sectorial convocada para este miércoles 15 de junio y no se ponga como excusa la pandemia por Covid-19”.

Moreno ha mostrado el malestar del colectivo afectado por este grave incumplimiento de la Consejería de Justicia y ha advertido que esta situación está generando que “los propios médicos forenses se vean obligados a realizar tareas administrativas ante la falta de profesionales que puedan atender a la ciudadanía”. El dirigente sindical ha lamentado que “finalice la presente legislatura incumpliendo el mandato del mencionado decreto y el compromiso y voluntad que sobre este asunto ha demostrado en sus manifestaciones la Dirección General”.

La revisión y aprobación de las guardias que reclama CSIF-A supondría, según los cálculos del sindicato, una partida presupuestaria anual de aproximadamente 300.000 euros.

Para Moreno, es incomprensible que se haya atascado esta negociación, imprescindible para dar un servicio público de calidad en los Institutos de Medicina Legal cuando, como se manifestó la semana pasada en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, celebrada entre Administración y firmantes del mismo, existe una convicción clara por parte de la Consejería en seguir llevando a término cada una de las clausulas dirigidas a mejorar el servicio público.