Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

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Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

CSIF lamenta la subida del paro en octubre en Andalucía y advierte de la pérdida de más de 6.000 empleos en servicios esenciales

margarita.sanchez.mingo — Wed, 04 Nov 26 11:18:00 CET

El sindicato considera que este nuevo repunte del desempleo evidencia la fragilidad estructural de mercado laboral en la comunidad
Reclama a la Administración una apuesta decidida por los servicios públicos mediante la creación de empleo estable y de calidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha lamentado que el paro haya subido en octubre en la comunidad, con 2.052 personas más sin empleo que el mes anterior, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El sindicato, además, ha advertido de la pérdida de más de 6.000 empleos en servicios esenciales. Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el sector de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales registró 5.867 bajas el mes pasado, lo que supone “un importante varapalo para el frágil sistema sanitario con el que contamos, donde existe un grave déficit estructural de personal, tal y como venimos denunciando desde nuestra organización”, ha indicado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Estas cifras tan negativas, según el dirigente sindical, ponen en evidencia “la inestabilidad del mercado laboral andaluz y su dependencia del sector servicios, que va aparejado a la temporalidad”. En este sentido, CSIF ha señalado que el Gobierno andaluz “debe poner en marcha estrategias que refuercen los servicios públicos, que pasa por crear empleo estable y que responda a las demandas de la ciudadanía con una atención digna”.

En este sentido, CSIF considera fundamental impulsar medidas que atajen la estacionalidad del empleo en Andalucía, ya que de los 301.426 contratos realizados en Andalucía en octubre, el 58,3 % fue de carácter temporal y el 41,6 %, indefinidos.

Para Girela, “es urgente reformular el modelo productivo andaluz con una apuesta por sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías, y evitar la dependencia excesiva de la actividad turística y del sector servicios”.

En cuanto a sexos, el responsable sindical ha señalado la diferencia entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas en el terreno laboral. “Las mujeres suponen el 61 % del total de la población desempleada en Andalucía. Los datos hablan por sí solos, hay que poner en marcha políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son asignaturas pendientes de las organizaciones en España: la salud mental laboral sigue en peligro

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 04 Nov 26 12:11:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que el acoso, los conflictos y las agresiones son todavía asignaturas pendientes de las administraciones públicas y empresas ya que los protocolos, evaluaciones de riesgos psicosociales y las pocas medidas que hay implantadas son insuficientes.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado el servicio ‘CSIF Ayuda’ tras diez años de actividad es que las empresas y administraciones solo intervienen cuando el conflicto se ha agravado o ya existe un daño para la salud de las personas trabajadoras. Es necesario reforzar la formación, la organización, los protocolos y la prevención.

El perfil habitual es el de una persona trabajadora con presunto maltrato psicológico que decide atreverse a denunciar su situación se encuentra con protocolos lentos, inacción de los responsables directos, la falta de apoyo por los compañeros y que no aplican las medidas cautelares necesarias hasta que se demuestra o no la situación de violencia en el trabajo.

Además, CSIF ha detectado la normalización de comportamientos violentos (gritos, insultos, aislamiento o falta de presencia injustificada en reuniones, tareas de escasa o nula importancia para la organización, burlas, etc.). Esta es una de las causas por las que casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, como CSIF denunció en un estudio en el año 2024.

Díez años velando por la salud mental en las organizaciones

CSIF conmemora con diferentes actividades (jornadas formativas y de sensibilización, campañas informativas sobre la importancia de la salud mental y los derechos laborales, etc.) los diez años de su gabinete especializado ‘CSIF Ayuda’, dedicado a atender a trabajadores afiliados que sufren en su entorno laboral situaciones de acoso, violencia, estrés y otros riesgos psicosociales que pueden afectar a su salud y condiciones de trabajo.

Este servicio, que es gratuito, recibe una media de 12 consultas semanales desde que se puso en marcha en noviembre de 2016. Las mayores consultas proceden fundamentalmente de los sectores de Educación y Sanidad, que suponen el 36 por ciento del total; seguido de la empresa privada, Administración Local, Administración General del Estado (AGE), Administración General de Comunidades Autónomas, y entidades públicas estatales.

Los principales motivos por los que se acude a ‘CSIF Ayuda’ desde Educación son las consecuencias de falta de autoridad del docente en aula (malas contestaciones y falta de respeto por parte del alumnado y progenitores), la falta de recursos que impiden realizar la función docente y su desamparo ante la inacción de la dirección del centro y ausencia de sanciones. Todo esto provoca situaciones de estrés y de ansiedad en el profesorado.

Épocas más estresantes para los trabajadores

‘CSIF Ayuda’ ha detectado que la mayor parte de las consultas que reciben desde el sector de Educación se producen en los meses de mayo y junio por parte de docentes de ciclos superiores (Secundaria y Bachillerato). El motivo es que en esos meses se hacen públicas las calificaciones que influyen en la nota final de la EBAU, por lo que los docentes reciben presiones de alumnos, progenitores e incluso de la dirección del centro.

En el caso de la Sanidad, los principales motivos por los que se recurre a ‘CSIF Ayuda’ son situaciones de acoso, violencia en el entorno laboral (incluso agresiones) y riesgos psicosociales (como estrés, ansiedad, falta de sueño, desmotivación, etc). Al igual que ocurre con Educación, los periodos más habituales de consulta coinciden con picos de actividad, como con la llegada de las bajas temperaturas (epidemia de gripe y de infecciones respiratorias). La falta de plantilla y el exceso de pacientes provocan situaciones de estrés, ansiedad y violencia en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria.

Situaciones laborales que afectan a la salud mental

‘CSIF Ayuda’ ha detectado en estos diez años algunas deficiencias en los entornos laborales que afectan a la salud de los trabajadores: plantillas insuficientes que provocan sobrecarga de trabajo, deficiente organización del trabajo, falta de claridad en las funciones profesionales, dificultades de comunicación, escasa formación para gestionar conflictos y la ausencia de recursos específicos para la prevención.

Estas son algunas de nuestras principales reivindicaciones:

Actuar y modificar las deficiencias en la organización del trabajo que genera el riesgo psicosocial (ritmos y cargas de trabajo, turnos, hiperconectividad, etc.)

Apoyo psicológico gratuito y confidencial.

Vigilancia de la salud mental.

Refuerzo de plantillas y reducción de sobrecargas de trabajo.

Implantación de procedimientos eficaces frente al acoso, la violencia y los conflictos laborales.

Reconocimiento adecuado de los trastornos mentales y de comportamiento cuando se acredite su origen profesional.

‘CSIF Ayuda’ reafirma su compromiso de seguir escuchando y orientando a aquellas personas trabajadoras que atraviesan situaciones de especial dificultad en el trabajo y seguiremos reivindicando medidas para avanzar hacia una verdadera cultura preventiva de la salud mental. Precisamente, CSIF se ha sumado a la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Trabajos Saludables 2026-2028: Compromiso por la Salud Mental en el Trabajo”, con los objetivos principales de sensibilizar sobre el impacto de los riesgos psicosociales en todos los sectores laborales; y promover entornos de trabajo favorables, inclusivos, seguros y mentalmente saludables.

CSIF-A traslada a Sanz sus reivindicaciones para recuperar las pagas extra de 2013 y 2014, abrir el diálogo social y reforzar los servicios públicos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 04 Nov 26 13:15:00 CET

Germán Girela se reúne con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía
El sindicato tiende la mano al diálogo y la colaboración, pero reclama avances en materias fundamentales para los empleados públicos y el conjunto de la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha trasladado al Gobierno andaluz sus principales reivindicaciones en defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus profesionales, durante una reunión mantenida este miércoles entre el presidente del sindicato, Germán Girela, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Se trata del primer encuentro institucional de CSIF con el Gobierno andaluz en la actual legislatura, una reunión que, en palabras de Girela, supone “una oportunidad para reforzar la interlocución con el Ejecutivo autonómico y abordar cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de las administraciones públicas andaluzas y sus profesionales”.

Entre los asuntos planteados por el sindicato ha ocupado un lugar prioritario la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída en 2013 y 2014 al personal púbico andaluza. La iniciativa, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y que pronto iniciará la recogida de firmas, busca saldar una deuda que, según las estimaciones del sindicato, asciende a una media de 2.000 euros por profesionales y que continúa pendiente más de una década después.

Girela ha señalado que se trata “de una cuestión de justicia con miles de empleadas y empleados públicos andaluces que todavía no han recuperado las cantidades que les fueron detraídas, a pesar de que en julio de 2018 se firmó un acuerdo que recogía, entre otras medidas, la restitución de estas retribuciones. Y teniendo en cuenta el reiterado compromiso del presidente Juanma Moreno cuando era líder de la oposición”. El dirigente sindical ha recordado que, de todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

CSIF también ha defendido la necesidad de abrir y ampliar la participación institucional en Andalucía, de manera que se reconozca la pluralidad de la representación sindical existente y se permita a más organizaciones participar en los espacios de diálogo y negociación con la Administración.

El sindicato considera que la representatividad real de las organizaciones debe tener un reflejo adecuado en la concertación social. “No es de recibo que, por ejemplo, CSIF no tenga cabida en el diálogo social a pesar de ser el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. Hay que superar un modelo que no refleja suficientemente la pluralidad sindical existente y que limita la participación de una parte muy importante de las personas trabajadores en asuntos que les afectan”, ha referido Girela.

Otro de los ejes de la reunión ha sido la necesidad de reforzar los servicios públicos con plantillas suficientes, recursos adecuados y condiciones laborales que permitan prestar una atención de calidad a la ciudadanía. Para CSIF, el fortalecimiento de las administraciones y de los servicios esenciales pasa necesariamente por reconocer el trabajo de sus profesionales y atender las necesidades de personal existentes.

Desde su independencia y autonomía, el sindicato ha trasladado a Sanz su voluntad de mantener una relación institucional basada en el diálogo, la colaboración y la búsqueda de soluciones; no obstante, la disposición al entendimiento “es compatible con una defensa firme de nuestras reivindicaciones sindicales”, ha subrayado Girela.

Para CSIF, la interlocución debe traducirse en avances concretos y en respuesta a las demandas planteadas, y continuará trabajando para que las necesidades de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía ocupen el lugar que les corresponde en la agenda del Gobierno andaluz.

GESTIÓN P.A. , promoción interna Orden PJC/104/2024: plazas ofertadas ámbito Ministerio e instrucciones de solicitud.

manuel.moreno.gomez — Fri, 19 Jun 26 13:05:00 CEST

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GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden PJC/104/2024, de 31 de enero (BOE de 12 de febrero).

Seguimiento de convocatoria: 19 de junio de 2026

OFERTA DE PLAZAS GESTION PROMOCION INTERNA ORDEN PJC 104/2024

Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado: 25-6-2026.
Apertura aplicativo informático de petición de destinos: Desde el 26-6-2026 hasta el 9-7-2026, ambos inclusive.

Todas las personas aspirantes para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, deberán de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la página web del Ministerio.

Las solicitudes de destino de los aspirantes de ámbito Ministerio se presentarán en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

TRAMITACIÓN P.A., promoción interna Orden PJC/150/2024: plazas ofertadas ámbito Ministerio e instrucción de solicitud.

manuel.moreno.gomez — Fri, 19 Jun 26 12:57:00 CEST

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TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden PJC/150/2024, de 19 de febrero (BOE de 23 de febrero).

Seguimiento de convocatoria: 19 de junio de 2026

OFERTA PLAZAS TRAMITACION PROMOCION INTERNA TR PI 150

Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado: 25-6-2026.
Apertura aplicativo informático de petición de destinos: Desde el 26-6-2026 hasta el 9-7-2026, ambos inclusive.

Todas las personas aspirantes para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, deberán de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la página web del Ministerio.

Tramitación P.A., promoción interna, PJC/1550/2025: nota informativa sobre requisitos de acceso.

manuel.moreno.gomez — Thu, 18 Jun 26 09:22:00 CEST

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Tramitación Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, PJC/1550/2025, de 22 de diciembre (BOE de 30 de diciembre)

Seguimiento de convocatoria: 18 de junio de 2026

NOTA INFORMATIVA.

En el punto 4.6 de la Orden PJC/1550/2025, de 22 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia se dice que para participar en los procesos de acceso por promoción interna, las personas aspirantes deberán reunir todos los requisitos que previamente se han establecido, con carácter general, para el acceso al cuerpo de que se trate, y además tener la condición de funcionario o funcionaria de carrera en el Cuerpo de Auxilio Judicial y acreditar en el mismo una antigüedad de, al menos, dos años como titular o interino en dicho cuerpo.

Gestión P.A, promoción Interna, Orden PJC/1435/2024: cupo reserva Andalucía ordenado por notas.

manuel.moreno.gomez — Thu, 11 Jun 26 09:51:00 CEST

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Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre (BOE de 19 de diciembre)

Seguimiento de convocatoria: 11 de junio de 2026

NOTA RECTIFICATIVA.

SE PUBLICA EL CUPO DE RESERVA DEL ÁMBITO DE ANDALUCÍA ORDENADO POR NOTAS.
- 10_06_Rectificación_GPI_1435_Andalucia cupo discapacidad_ Por orden de notas

Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024: listados de aspirantes con las notas definitivas de las fases de oposición y concurso de méritos.

manuel.moreno.gomez — Wed, 10 Jun 26 09:23:00 CEST

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Gestión Procesal y Administrativa, acceso por Promoción Interna, Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre (BOE de 19 de diciembre).

Seguimiento de convocatoria: 10 de junio de 2026

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO POR EL QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES CON LA NOTA TOTAL DE OPOSICIÓN Y CONCURSO ORDENADA POR ORDEN DE NOTA.

ANDALUCÍA. Instrucciones para la toma de posesión en el cuerpo de Gestión P.A. promoción interna.

manuel.moreno.gomez — Thu, 02 May 24 10:38:00 CEST

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Instrucciones para la toma de posesión en el cuerpo de gestión procesal y administrativa de la administración de justicia en andalucía, por la superación de las pruebas selectivas de promoción interna convocadas por orden jus/242/2022, de 24 de marzo.

La reunión sobre adecuación salarial y complemento específico continuará la próxima semana

admin — Fri, 10 Sep 21 06:12:38 CEST

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El Ministerio traslada una última oferta de incremento del complemento específico y de adecuación salarial tras la petición de las organizaciones sindicales de que hiciera un esfuerzo adicional.

El Ministerio mantiene que es su última oferta.

Cuerpo	Propuesta de incremento mensual	Propuesta incremento anual	Complemento específico	Pago único atrasos de enero a octubre 2021
LAJ	195	2.340		1.950
Gestión /Técnicos Lab. INTCF	185	2.220	626,06	1.850
Tramitación / Ayudantes Lab.	165	1.980	583,94	1.650
Auxilio Judicial	150	1.800	566,10	1.500

En las reuniones mantenidas en el mes de julio con las organizaciones sindicales la Ministra de Justicia se comprometió a continuar el proceso de negociación y a realizar un último esfuerzo en la mejora de la oferta vigente en esas fechas. Fruto de ese compromiso, el Ministerio ha puesto encima de la mesa 6 millones de euros adicionales en dos veces (2 de septiembre, 5 millones y 9 de septiembre, 1 millón adicional) para mejorar sustancialmente la propuesta que se presentó el 7 de julio.

Estas cantidades se han conseguido sin necesidad de huelga ni descuento alguno para los funcionarios/as del ámbito del Ministerio, muchos de los cuales recuerdan lo sucedido en el año 2008 en la que se mantuvo una huelga de cerca de tres meses para conseguir una subida de 190 euros y que algunos, en especial, CCOO cerraron a espaldas de los trabajadores.

La propuesta de acuerdo tiene efectos a 1 de enero de este año con un pago único de los atrasos (presumiblemente en noviembre si el acuerdo sale adelante) y las cantidades se consolidan en la nómina.

La propuesta de acuerdo no supone la renuncia a ninguna reivindicación laboral ni retributiva en el futuro ni mucho menos, como algunos pretenden decir, a la negociación de los fondos adicionales que, por cierto, todavía están por determinar en su totalidad.

A este respecto el Ministerio ya rechazó la posibilidad de incluir en este acuerdo los fondos adicionales a propuesta de algunos sindicatos, al principio de la negociación, mientras CCOO permanecía mudo al respecto.

Hasta en dos ocasiones desde que se firmó el acuerdo que los hizo posibles, la postura de CCOO con los fondos adicionales bloqueó la negociación con el Ministerio sobre su destino, ya que se pedía que hubiera un cierto consenso sindical. En ese momento y hasta hoy, CCOO ha insistido en la necesidad de que se apliquen al complemento general del puesto ya que, según decían, su Disposición Adicional 157 de la ley de presupuestos no hacía necesario recurrir a los fondos adicionales.

Y es que esa Disposición Adicional, su pésima redacción, ha sido la que ha permitido al Ministerio ser muy restrictivo en la interpretación de lo que es y no es complemento específico, de lo que significa aproximación retributiva etc… esa pésima y confusa redacción ha lastrado la negociación desde el principio y CCOO lo sabe y por eso ya no proclama a los cuatro vientos su autoría.

En realidad, CCOO pretende echar la culpa a los demás de sus propios errores y contradicciones. Y los demás lo aceptamos, siempre y cuando no se juegue con el dinero de miles de empleados públicos. Y lo que es peor, pretende tirar por la borda el trabajo realizado desde hace muchos años y, en especial, desde la publicación de esa Disposición que según decían, había sido redactada por ellos.

La negociación de la parte económica de la propuesta de acuerdo se traslada, ahora a Hacienda, con el objetivo de blindar las cantidades y tener el visto bueno para formalizar el acuerdo.

Que no se incluyan los fondos adicionales en este acuerdo permite seguir manteniendo esa reivindicación para cuando se conozca su cuantía total final.

Incluir los fondos adicionales en la negociación es una clara invitación a que Hacienda dé por “invertidos” esos fondos en la subida del Ministerio sin incrementar las cantidades ofertadas por el Ministerio. Y si algunos no lo quieren ver, tienen un problema y gordo. Mejor dicho, el problema lo tendremos todos, porque se perderían esos fondos para siempre.

En la reunión del 9 de septiembre, los representantes de CCOO dijeron que asumían el riesgo de perder esos fondos, porque, ese dinero no es del Ministerio. Cierto, ese dinero es de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias del ámbito del Ministerio y ninguna organización sindical puede frivolizar con la posibilidad de que se pierdan.

La propuesta de acuerdo contiene un compromiso de establecer un calendario de negociación a través de grupos de trabajo para trasladar al personal mejoras laborales y retributivas sin exclusión de ningún tipo.

Como ya os informamos anteriormente, el Ministerio se compromete a negociar las reformas que está impulsando en la Administración de Justicia (leyes de eficiencia organizativa, registro civil y Ley de enjuiciamiento criminal entre otras) e incluye un compromiso de:

no amortizar ninguna plaza,
no establecer mecanismos de movilidad forzosa y;
no merma retributiva para ningún funcionario/a de Justicia.

Las organizaciones sindicales hemos propuesto la inclusión en el acuerdo de varias cuestiones para negociar en los próximos meses y años que quedan de legislatura. Entre otras destacamos:

la apertura de la negociación de la carrera profesional,
la revisión del sistema de guardias,
revisión de la estructura salarial de los Cuerpos de la Administración de Justicia con garantía de no pérdida de retribuciones.
el restablecimiento de los complementos de violencia sobre la mujer,
la promoción interna para que sea real y efectiva en todos los Cuerpos de la Administración de Justicia,
los planes de igualdad y;
los planes de prevención.
Creación de unidades administrativas de apoyo a la gestión de medios personales y materiales del Ministerio.
Creación de una comisión de seguimiento del acuerdo.

Asimismo, hemos recordado al Ministerio que están pendientes de negociación los sistemas de provisión de puestos de trabajo (sustituciones, concursos de traslado, comisiones de servicio y la orden de interinos).

Con estos antecedentes, las organizaciones sindicales que suscriben este comunicado CSIF, STAJ y UGT hemos mostrado nuestra disposición a firmar el acuerdo en un ejercicio de responsabilidad para no poner en riesgo lo conseguido y abrir la puerta a la negociación de más mejoras laborales y retributivas, a falta de terminar de concretar la segunda parte del acuerdo, la relativa al calendario de negociación de las cuestiones que hemos planteado más arriba.

CIG, el sindicato gallego, también ha manifestado su disposición a firmar el mismo para asegurar su presencia en la negociación que se va a abrir después de la firma del mismo. ELA el sindicato vasco ha dicho que no.

Sólo falta que CCOO salga de su contradicción y diga claramente si firma o no firma el acuerdo. En la reunión del día 9, no lo ha hecho. Que diga si quiere o no quiere participar en la negociación de las condiciones de trabajo del personal de Justicia en el futuro. Si quiere poner en valor el trabajo realizado por todos, incluida la Disposición Adicional 157, durante muchos años y si quiere seguir con las reivindicaciones del personal de Justicia sin renunciar a nada. Que aclare si va a seguir parapetado en el cortoplacismo de sus intereses sindicales o si va a pensar en todos los funcionarios/as de Justicia.

El próximo martes, a falta de confirmar la hora, hemos sido convocados a una nueva reunión para ultimar esa segunda parte de la propuesta de acuerdo.

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CSIF solicita una reunión con la nueva Directora General del Servicio Público de Justicia

admin — Wed, 25 Aug 21 09:55:22 CEST

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaComisiones de serviciosOtros Concursos y MovilidadTrasladosEmpleoCarrera profesionalRetribucionesNormativaLeyes y Decretos LeyOtros artículosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Tras la publicación del nombramiento en el BOE, CSIF se ha dirigido por escrito a la nueva Directora General, Maria Angels García Vidal, para solicitarle una reunión con el objetivo de trasladarle las principales preocupaciones y reivindicaciones del personal de Justicia e intercambiar puntos de vista sobre la situación de este servicio público.

Como siempre, desde la lealtad institucional, CSIF ofrece diálogo para abordar los problemas de la Justicia 2021 y para el diseño e implantación de medidas en el necesario proceso de modernización y transformación de la Administración de Justicia. Para ello, CSIF insiste en su escrito en la necesidad de potenciar la negociación colectiva a través de las mesas creadas bajo el amparo del TREBEP.

Entre otras reivindicaciones CSIF hace hincapié en su escrito en las siguientes:

Proseguir con el proceso de adecuación salarial tanto en lo que se refiere a la adecuación salarial cuya negociación está en marcha como a la negociación de la productividad, revisión del sistema de guardias y restablecimiento del complemento de violencia sobre la mujer.
Establecer los mimbres de una carrera profesional desarrollando lo establecido en la LOPJ.
Potenciar definitivamente la promoción profesional (promoción interna) para que sea real y efectiva desde Auxilio a Letrados y en los Cuerpos especiales.
Establecer un sistema de provisión temporal de puestos de trabajo objetivo, coherente y eficaz que no esté, sólo, anclado en la provisión por personal interino sino que facilite y potencie la cobertura por sustitución y por comisión de servicios.
Negociación de las leyes que se están impulsando para la reforma de la Justicia ya que afectan a condiciones esenciales de trabajo del personal. Las leyes de reforma procesal (mediación) , organizativa (Tribunales de instancia y oficinas municipales de Justicia), digital (uso de nuevas tecnologías) y de la ley de enjuiciamiento criminal (instrucción por fiscales) deben ser negociadas e ir acompañadas de mejoras laborales y retributivas para el personal y, especialmente, debe quedar garantizado que no habrá merma retributiva, ni movilidad forzosa ni amortización de plantillas.
Asimismo, debe negociarse la implantación del nuevo modelo del Registro civil, incluyendo el Reglamento y las relaciones de puestos de trabajo.
Impulso de los planes de igualdad y protocolos frente al acoso laboral, así como la implantación de un sistema integral de prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia.
Reforzar los recursos humanos para la gestión del personal en la Administración de Justicia dentro del Ministerio y establecer medidas que permitan dar estabilidad a las plantillas e impulso de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ con personal de Justicia para este fin. Esta es la única manera que existe para evitar que vuelvan a repetirse los errores y retrasos que se vienen produciendo en los últimos meses en materia de gestión de personal o para evitar que se acumulen trámites en materia de procesos selectivos o concursos de traslados en el mes de agosto.

En general, CSIF reclama que el proceso de transformación de la Justicia tenga como eje a su personal. Ningún proceso de cambio puede tener éxito si se realiza a espaldas de quienes deben ponerlo en práctica y con merma de sus condiciones laborales. Es necesario dignificar y reconocer el trabajo del personal de Justicia que con su esfuerzo hace posible el funcionamiento de este servicio público a pesar de las dificultades (en el confinamiento sin ir más lejos), recortes de todo tipo y falta de medios.

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Nombramiento en el BOE

Reseña en Confilegal

CSIF exige al Ministerio que negocie de manera inmediata las reformas procesales y organizativas que están en marcha

admin — Mon, 28 Jun 21 08:18:23 CEST

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Tras el aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo modelo de Registro civil en Madrid debido a los fallos del programa y la mala planificación de la formación denunciada por CSIF, hemos vuelto a dirigir al Ministerio para que abra la mesa de negociación, presente el borrador de Reglamento que, en parte, va a afectar a condiciones de trabajo especialmente a las delegaciones de funciones y negocie la estructura del Registro civil.

CSIF advierte al Ministerio que la nueva configuración de la figura del Encargado crea un nuevo cuello de botella en el funcionamiento de este servicio público volviendo a caer en errores del pasado menospreciando el potencial de los Cuerpos generales, especialmente, el de Gestión Procesal y volviendo al sistema de delegación/habilitación sin retribución alguna. Asimismo, CSIF advierte del grave perjuicio para los ciudadanos que supone privar a las oficinas colaboradoras con personal de Justicia de su pertenencia a la estructura formal del Registro civil y de vetarles la práctica de inscripciones e instrucción de expedientes, algunos de los cuales ya venían realizando los Juzgados de Paz.

Por su parte, CSIF lamenta que, el nuevo modelo, insista en la privatización de parte del Registro civil como ocurre con la práctica de expedientes y celebración de matrimonios por los Notarios, en vez de dotar a los Registros civiles de los recursos necesarios y aprovechar el capital humano existente. Para terminar con el Registro civil, CSIF seguirá insistiendo en la necesidad de que los Registros civiles tengan más competencias en la tramitación de expedientes de nacionalidad. Las medidas adoptadas hasta la fecha han sido un fracaso absoluto. Es hora de confiar en el personal del Registro civil y apostar por su potencial.

En materia de Ley de Enjuiciamiento Criminal miles de funcionarios/as están pendientes sobre qué ocurrirá con sus destinos en los Juzgados de instrucción y con las guardias que perciben en una Administración donde existen pocas oportunidades de mejorar retribuciones ante la nula voluntad de regular la carrera profesional o los obstáculos a la promoción interna.

En relación con la ley de eficiencia organizativa y los Tribunales de Instancia, CSIF exige que se abra la mesa de negociación sobre esta reforma organizativa pues afecta directamente a los destinos del personal de Justicia. CSIF rechaza que se pretenda imponer la nueva organización sin negociación previa tal y como se establece en las Disposiciones cuarta y quinta de la ley de eficiencia organizativa. De hecho, ya existen varios pronunciamientos judiciales que obligan a la administración a negociar las relaciones de puestos de trabajo y, en este sentido, ambas disposiciones son claramente ilegales. Además, en términos de eficiencia, es dudoso que la Justicia colegiada sea más rápida que la unipersonal. Se ha aceptado que es así, sin que nadie lo haya demostrado.

En cuanto a las oficinas municipales de Justicia, CSIF rechaza que se las relegue a meras unidades administrativas tal y como se hace en el citado anteproyecto de ley y exige que tengan el carácter de unidades judiciales ya que en el propio anteproyecto de ley se atribuyen a estas oficinas funciones claramente procesales.

En relación con el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, CSIF critica que se pretenda imponer un modelo de mediación obligatoria que ya fracasó en el pasado. De hecho, en el año 1984 se derogó la obligación de la conciliación previa en el orden civil porque no servía para nada. En estos momentos, el 80% de los asuntos de “clausulas suelo” y similares acaban en demanda porque el sistema de mediación obligatoria que se impuso sólo sirve para retrasar la presentación de la demanda en perjuicio del ciudadano afectado.

CSIF aboga por un sistema de mediación público aprovechando las funciones que, en materia de mediación y justicia restaurativa tienen atribuidos los Cuerpos de la Administración de Justicia. Todo ello sin perjuicio de que, privadamente, como ya se puede hacer ahora, las partes decidan no llegar a juicio llegando a un acuerdo previo.