Almería

CSIF traslada al nuevo subdelegado del Gobierno en Almería sus principales demandas laborales en la Administración General del Estado

admin — Thu, 08 Sep 22 11:12:14 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha mantenido esta mañana una primera reunión con el nuevo subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, a la que han asistido la vicepresidenta de sindicato, Aima Serano, el responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF y presidente de la Junta de Personal, José Hernández, el presidente del Comité de Empresa del personal laboral de AGE en la provincia, Francisco Román y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Juan Ramón Fernández.

En este encuentro, que ha servido como primera toma de contacto con el nuevo responsable de la Subdelegación, CSIF ha querido trasladarle, en primer lugar, su preocupación ante el déficit de personal tan acuciante que sufren todos los organismos de la Administración General del Estado en la provincia, entre otros temas. En este sentido, la central sindical ha puesto el acento en la necesidad de cubrir las plazas que ya están dotadas presupuestariamente dado que esta falta de personal está provocando una saturación en la carga de trabajo de las plantillas y, por tanto, todo ello se traduce en un empeoramiento de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

En esta misma línea, los responsables sindicales de AGE han explicado que en las sucesivas semanas mantendrán diversas reuniones de trabajo con los responsables de los distintos organismos de la Administración General del Estado en Almería, como sindicato mayoritario, con el fin de seguir reivindicando las mejoras en las relaciones laborales de las distintas plantillas que la conforman.

Por su parte, entre otros asuntos, la vicepresidenta también le ha recordado que el próximo 24 de septiembre CSIF ha convocado en Madrid una gran manifestación con el fin reclamar una mejora real en la calidad de la prestación de servicios públicos y contra el empobrecimiento de trabajadores y trabajadoras. Serrano ha explicado en esta reunión que CSIF, desde su carácter negociador y reivindicativo, debía defender a los trabajadores y trabajadoras y poner con ellos de manifiesto el malestar de la ciudadanía que afronta su día con mucho esfuerzo y carencias “y en este escenario de graves dificultades e incertidumbre económica”.

Con todo, la vicepresidenta y los responsables de AGE hacen una valoración positiva de esta primera toma contacto y destacan la buena disposición y talante del encuentro, donde el subdelegado ha mostrado su interés y preocupación por todos los puntos planteados por CSIF.

CSIF denuncia la falta de casi 500 efectivos de la Administración General del Estado en Almería pese a ser plazas dotadas presupuestariamente

admin — Tue, 06 Sep 22 22:00:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia la falta de plazas sin cubrir en la Administración General del Estado en la comunidad andaluza pese a estar dotadas presupuestariamente.

El Sector de Administración General del Estado (AGE) de CSIF ha calificado de “lamentable y muy preocupante” esta falta de dotación de personal que alcanza la cifra de 4.966 plazas en Andalucía, cerca de unas 500 en la provincia de Almería, lo que se traduce en un 16% del total de plazas dotadas económicamente por la Administración central. “Estamos ante un grave incumplimiento del Gobierno central con respecto a la asignación del número de efectivos que debe integrar esta plantilla de trabajadores”, explica el Sector.
Según las estimaciones de la central sindical, el conjunto de organismos que incluye el sector AGE en Andalucía: Ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, como por ejemplo la Agencia Tributaria, está integrado actualmente por 25.801 efectivos, entre personal funcionario y laboral, una cifra que debería elevarse a 30.767 para dar cumplimiento a los compromisos presupuestarios del Gobierno central con la comunidad andaluza.
Según explica CSIF esta falta de efectivos esté provocando una saturación de las labores diarias de los empleados y un empeoramiento de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
A la insuficiencia de personal se une la avanzada edad de la plantilla. CSIF alerta de que un 63% de los trabajadores tiene más de 50 años. Este porcentaje se eleva hasta un 79% en la plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y hasta un 84% en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Por contraposición, el organismo más joven es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde el 61% de su plantilla tiene menos de 49 años, siendo los menores de 30 años el 19%.
CSIF ha criticado la Oferta Pública de Empleo prevista “puesto que apenas va a rejuvenecer la AGE, teniendo en cuenta que actualmente no están cubiertas el 16% de las plazas en las relaciones de puestos de trabajo dotadas presupuestariamente en Andalucía”. El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para hacer una OPE para AGE de más de 15.000 plazas en todo el país es “raquítico”, a juicio de Santiago, puesto que “para combatir el estado crítico que atraviesa dicha Administración se necesitaría duplicar esta cifra ofertada por el Ministerio y llegar al menos a las 30.000”.
La mala gestión de los recursos humanos por parte del Ministerio está generando, según el sector AGE de CSIF, que muchos servicios no se presten y que sea casi imposible coger cita en algunas administraciones como ocurre actualmente en la Seguridad Social, Tráfico o Policía.
Situación crítica en el SEPE
Además, la central sindical ha alertado que tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto ley con el que se dota de más derechos y coberturas sociales a las empleadas de hogar, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se enfrenta a una “situación crítica” ante la avalancha de peticiones relativas a gestiones asociadas al nuevo subsidio para dicho colectivo. El sector de AGE ha manifestado que esta decisión “puede llevar a colapsar el sistema ante la acumulación de tareas que se avecinan y la carencia de personal existente, con el correspondiente retraso en el abono de las prestaciones”.
Por otro lado, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas en los organismos que integran la AGE, se registran más bajas laborales debido al deterioro de la salud que conlleva la avanzada edad. Desde CSIF critican que la Administración “intente aliviar este estado de cosas derivando gestiones a empresas privadas (gestorías) o privatizando sus servicios”.

CSIF, JUPOL y JUCIL entregan al Defensor del Pueblo miles de quejas por recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios

admin — Wed, 06 Apr 22 12:36:50 CEST

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Puedes ver la rueda de prensa completa pinchando en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4jQgT8wTUU8

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional y JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.

Estas quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Igualmente, tanto CSIF como JUPOL y JUCIL estudian acciones jurídicas ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.

Según los datos recabados, el 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.

En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Señalamos, por su especial relevancia, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad.

Pedimos a las mutualidades que asuman su responsabilidad

Ante esta situación, exigimos a las mutuas que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes. Asimismo, reclamamos que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 por ciento de los encuestados reclama esta posibilidad.

En definitiva, reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada.

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, queremos que se concreten los siguientes datos: el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento; y que concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones. Recordamos las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados.

Estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. Ya advertimos entonces que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas.

CSIF por la defensa del mutualismo administrativo

admin — Wed, 06 Apr 22 12:30:48 CEST

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El mutualismo administrativo se trata de un derecho adquirido por los funcionarios a la atención sanitaria después de años de abandono. El mutualismo se reguló en 1975 para dar cobertura a todos los funcionarios y adecuar las prestaciones sanitarias a las establecidas para los trabajadores del Régimen General. Se trataba por tanto de corregir la discriminación que sufrían los funcionarios, que carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria a través de las compañías privadas, pagando el cien por cien de las medicinas.

En la actualidad, las mutuas dan cobertura sanitaria a más de dos millones de personas trabajadoras y beneficiarios (MUFACE 1.483.860; ISFAS 536.314 y MUGEJU 91.714).

El 80 por ciento de los funcionarios opta cada año por este modelo, lo que supone un plebiscito anual que avala su permanencia.

Sin embargo, en los últimos años hemos asistido con indignación a varios intentos, por parte de algunos partidos políticos y sindicatos de clase de eliminar el MUTUALISMO ADMINISTRATIVO bajo el falso argumento de que se trata de un privilegio. Pero no es así. La asistencia que prestan las entidades médicas se realiza bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto, con la referencia de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que tienen que cumplir obligatoriamente. Estas condiciones son diferentes a las que la misma entidad ofrece en el seguro privado.

Solo la perseverancia y la firme oposición y movilización de CSIF ha logrado que a día de hoy se mantenga el mutualismo como acción protectora para el colectivo. Además, si desapareciera este modelo, más de dos millones de personas pasarían a engrosar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, con el riesgo de colapso del sistema y el incremento de costes.

CSIF, JUPOL y JUCIL han constatado que se ha producido en el último año un deterioro en la prestación sanitaria a los mutualistas debido a la infrafinanciación de los conciertos. Según una encuesta sobre más de 5000 mutualistas hemos comprobado que se han producido recortes en cuadros médicos, especialidades y centros hospitalarios. El 50% de los encuestados han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual.

Además, advertimos por su especial relevancia sobre las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos, que, en muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscar otras alternativas, con la incertidumbre que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad y que quiebra el principio de continuidad asistencial que regulan los propios conciertos, por el que deben velar las mutualidades.

Por todo ello, CSIF, JUPOL y JUCIL exigen al Gobierno que incremente el presupuesto de los conciertos sanitarios.

Además, CSIF junto a JUPOL convoca una concentración el próximo día 18 de abril a las 12:00 horas ante la Dirección General de Muface en Madrid, Paseo Juan XXIII, n° 26, por el deterioro de la prestación sanitaria a los mutualistas y beneficiarios, exigiendo al Gobierno acabar con cualquier intento de eliminar el Mutualismo Administrativo e incrementar la dotación económica de los conciertos de las tres mutualidades.

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