Almería

CSIF exige a la Junta que “abandone el paripé” y recupere ya las ayudas de Acción Social para los empleados públicos andaluces

admin — Thu, 09 Nov 23 11:06:11 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración pública, ha instado a la Junta de Andalucía a que “abandone el paripé en relación a las Ayudas de Acción Social y recupere ya estas prestaciones que los empleados públicos andaluces llevan una década sin poder recibir”, que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, el apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario.

En el transcurso de una reunión este jueves de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, convocada para abordar la modificación del Reglamento de estas ayudas, la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, ha valorado que la Administración acceda a negociar mejoras en dicho reglamento, si bien ha manifestado que “lo que esperan los empleados públicos andaluces es poder volver a tener acceso a estas prestaciones y también que se les restituya la parte autonómica de las pagas extra de los ejercicios 2013 y 2014, para lo que es necesario que se consignen partidas en los Presupuestos para 2024”.
La dirigente sindical ha recordado que en los últimos meses CSIF ha llevado a cabo una campaña bajo el lema ‘La Junta No cumple’, que ha incluido diversas protestas para denunciar el incumplimiento del Acuerdo Marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público, que recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social –que dejaron de concederse en 2011-- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
Además, ha subrayado que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país han recuperado las ayudas de Acción Social.
A juicio de la vicepresidenta de CSIF-A, “no valen más excusas y demoras” en relación a la recuperación de las ayudas de Acción Social”. “Llevamos varios años con una o dos convocatorias anuales para trabajar en el citado Reglamento y, justamente, coinciden con la tramitación de unos presupuestos en los que no se refleja ningún tipo de interés por recuperar estas ayudas, ha subrayado Salgado, al tiempo que ha añadido que “resulta paradójico que la Junta abra una negociación para mejorar el reglamento que regula unas ayudas que en estos momentos no están operativas y cuando no hay muestra alguna que de exista voluntad política para recuperarlas por parte del Gobierno andaluz”.
En este sentido, y pese a la “valoración positiva” de que la modificación del reglamento se lleve a Mesa General, CSIF entiende que “se trata de una maniobra de cara a la galería que no viene acompañada luego de las concreciones que necesitan los empleados públicos, máxime en las circunstancias socioeconómicas que atravesamos”.
La vicepresidenta autonómica del sindicato asegura que “CSIF seguirá trabajando para ofrecer a las empleadas y empleados públicos andaluces un Reglamento de las Ayudas de Acción Social acorde al contexto actual y con las máximas garantías”, ha concluido.

CSIF critica el “fracaso” de la Bolsa Única Común para contrataciones en la Junta y denuncia falta de cobertura de personal laboral en varios servicios

admin — Wed, 18 Oct 23 11:21:36 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha criticado el “fracaso” de la Bolsa Única Común (BUC) como instrumento para las contrataciones temporales en la Junta de Andalucía y ha denunciado además la falta de cobertura de sustituciones del personal laboral que se está produciendo en diferentes servicios, como por ejemplo en la limpieza de los institutos de enseñanza secundaria o de centros residenciales de personas mayores de titularidad autonómica.

El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF, ha explicado que “desde su puesta en marcha en diciembre de 2019, la BUC ha ido acumulando retrasos y deficiencias, de manera que no constituye un mecanismo eficaz, ágil y riguroso para las contrataciones temporales”. Ante ello, ha exigido una respuesta inmediata de la Administración ante esta situación, que tiene consecuencias muy negativas, entre otras cuestiones, en las sustituciones de personal laboral.
“La Junta no hizo bien los cálculos, no tenía suficientes medios personales ni técnicos para llevar a cabo el ambicioso plan de la BUC”, ha argumentado la central sindical, que ha hecho referencia al alto volumen de solicitudes recibidas (alrededor de medio millón) “que desbordó a una Administración que no ha sabido gestionar esta demanda”, ha apuntado.
A juicio del sindicato, “un sistema informático anticuado que hace aguas por todas partes, así como una falta de personal que afecta a todas las estructuras y a todos los niveles de la Administración, han desembocado en que la BUC, que se vendió como una panacea, haya resultado un total fracaso”.
“La Junta de Andalucía vendió este proyecto como la solución rápida y eficaz para la contratación temporal de personal para cubrir vacantes y sustituciones, creó ilusiones y esperanza en los desempleados, y al final este proyecto ha quedado en un espejismo”.
En este sentido, el Sector de la AGJA de CSIF denuncia “excesiva lentitud en la publicación de las listas definitivas de integrantes, errores en los llamamientos, exclusiones de personal en bolsas sin justificación, escasa formación del personal que la gestiona en las distintas provincias, así como diferentes maneras de aplicación de su reglamento, según donde o quien lo aplica”.
“Todo ello ha recaído y recae sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras temporales que ven como les saltan en el orden de llamamientos, que se quedan en la calle, son excluidos de las bolsas y que encuentran poca solución a su situación, ya que la Administración no responde o lo hace muy tarde”, ha concluido el sindicato.

CSIF califica de insuficiente e inaceptable la subida del 0,5% a los empleados públicos y reclama renegociar un nuevo acuerdo salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido

admin — Mon, 09 Oct 23 10:44:14 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, considera “totalmente insuficiente e inaceptable” la subida del 0,5% en los salarios de los empleados públicos que se hará efectiva en la nómina del mes de octubre. Este incremento se aplica como variable ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado por CCOO y UGT con el Gobierno de España en octubre del pasado año y que la central sindical se negó a corroborar.
Tras conocerse los datos del IPC, que en Andalucía aumentó un 0,6% en agosto con respecto al mes anterior hasta situarse en el 2,9%, la central sindical considera que los salarios de los empleados públicos continúan muy por debajo de los indicadores de inflación.

El citado acuerdo, rechazado por la central sindical, fijaba una subida del 6% a tres años más un 1,5% en variables hasta 2024. Lamentablemente, el IPC medio en 2022 fue del 8,4% y la previsión actual es que se sitúe en este 2023 en el 3,9%; lo que se traduce en que, en el mejor de los casos, los empleados públicos pierden cinco puntos de poder adquisitivo en sólo dos años.
Desde el sindicato han manifestado que “cualquier subida siempre es positiva, pero en este caso no sólo es insuficiente, sino que es inaceptable porque supone una auténtica injusticia para los empleados públicos”. Desde CSIF “no podíamos conformarnos con la primera oferta que el Gobierno central puso encima de la mesa, algo que lamentablemente CCOO y UGT sí hizo, lo que provocó que se echara por tierra la negociación que habíamos conseguido iniciar con la manifestación multitudinaria en Madrid en septiembre de 2022”.
A efectos prácticos, desde enero de 2022, “por culpa de este mal acuerdo”, una nómina de 1.000 euros se ha visto incrementada en 65 euros, cuando para no seguir perdiendo poder adquisitivo, teniendo en cuenta el IPC, se debiera haber incrementado en 120 euros. “Seguimos sumando pérdidas gracias a CCOO y UGT, si antes del acuerdo nuestro poder adquisitivo acumulaba una pérdida del 20%, ahora es de más del 25%”, ha detallado.
CSIF ha instado al Gobierno a sentarse nuevamente con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública para renegociar un acuerdo que palíe la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que en Andalucía supera el 24% desde 2010. El sindicato reclama al Gobierno que "corrija esta situación" y ha recordado que en Andalucía hay medio millón de trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas.
Según explica el sindicato, “estamos asistiendo a un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía puesto que los precios continúan al alza, la vuelta al cole ha sido la más cara de los últimos años, la cesta de la compra sigue subiendo sin atisbo de que se frene, al igual que los carburantes y la inflación subyacente por encima del 6%”. Por todo ello, “pedimos que el Gobierno reaccione y ponga límites al deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y que se establezcan salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual”, han añadido desde la central sindical.

CSIF sale a la calle para exigir a la Junta recuperar las ayudas de Acción Social de los empleados públicos andaluces y las pagas extra pendientes desde hace una década

admin — Wed, 27 Sep 23 10:22:25 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, fuerza sindical en la Administración pública, ha protagonizado este miércoles una concentración en la Delegación del Gobierno de la Junta para denunciar el incumplimiento del Acuerdo firmado en 2018 por parte de la administración autonómica y exigir la recuperación de las ayudas de Acción Social y de la parte regional de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014. Esta movilización ha sido, además, de manera simultánea en todas las provincias de la comunidad autónoma.

Ante la “falta de voluntad de la Junta”, CSIF ha explicado que este calendario de movilizaciones, que tendrá continuidad el día 4 de octubre con una concentración regional ante el Palacio de San Telmo, responde “a la necesidad de que la Administración simplemente cumpla con lo pactado”. Precisamente, el lema elegido ha sido ‘La Junta No cumple’. En cuanto a cifras, en la provincia de Almería esta situación afecta a unos 20.000 trabajadores y trabajadoras que dependían de la comunidad autónoma y que estaban trabajando en Sanidad, Educación, Justicia y la Administración General de la Junta.
El Acuerdo Marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social –que dejaron de concederse en 2011-- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
A juicio de CSIF, “esta dilación responde a la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, que lleva un lustro mareando la perdiz para seguir incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz”.
Todas las comunidades autónomas de nuestro país a excepción de Andalucía han recuperado las ayudas de Acción Social, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dichas prestaciones --que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario-- adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual, ha destacado el responsable sindical.
Respecto a la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla.
“Por este motivo, desde CSIF denunciamos que la Junta de Andalucía ha convertido a las empleadas y empleados públicos andaluces en los únicos del territorio nacional que siguen sin poder acceder a las prestaciones de Acción Social, ni han podido recuperar las pagas extra de 2013 y 2014 después de toda una década”, ha apuntado el presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas.
Por otra parte, el dirigente sindical ha subrayado además que el sindicato ha actuado con responsabilidad y flexibilidad en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia de la Covid-19. No obstante, “ha llegado el momento de que alcemos la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras”, ha manifestado.

Sindicatos rechazan los recortes de la Junta en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce

admin — Wed, 01 Feb 23 11:29:59 CET

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El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Almería conformado por CCOO, CSIF, UGT y USTEA ha manifestado su rotundo rechazo a los nuevos recortes que la Junta de Andalucía ha decidido realizar en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce.

La administración autonómica ha recortado en casi 300.000 euros el presupuesto que destina a los Centros de Tiempo Libre, recortando un mes las estancias de los usuarios y abocando a su plantilla a una mayor precariedad de la que vienen sufriendo desde el año 2012.
La Junta de Andalucía ha dado un tijeretazo al fin social de estos centros, recortando el programa ‘Conoce tu Tierra’, destinado a personas con muy pocos recursos económicos y a colectivos vulnerables de personas discapacitadas, asociaciones de mayores o de enfermos, que no tienen otra opción de poder disfrutar de unos días de descanso, que en estas residencias.
La RTL de Aguadulce está situada en una importante zona turística de la provincia de Almería, en primera línea de playa y rodeada de una gran cantidad de servicios, con un clima envidiable durante todo el año. La Junta de Andalucía pretende cerrarlas en septiembre, acortando aún más su periodo de apertura, que el año pasado era en el mes de octubre, y antes de la crisis de 2012, en diciembre.
Para el Comité de Empresa es prioritario que se busquen opciones de viabilidad para que este centro pueda permanecer abierto durante más meses, dando de esta forma estabilidad a sus trabajadores y vida a la zona en la que está situada y de la que viven muchos negocios.
Asimismo, el Comité de Empresa explica que el personal va a sufrir numerosos recortes en sus ingresos, “y no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo el gobierno andaluz actual nos desprecia y avoca a un futuro cada vez más incierto y menos estable, por eso anunciamos movilizaciones si la Junta no da marcha atrás en sus planes de recortes económicos y de retroceso en avances sociales”.

CSIF rechaza que los empleados públicos se vuelvan a quedar este año sin ayudas de Acción Social y reprocha a la Junta su falta de voluntad para retomarlas

admin — Thu, 12 Jan 23 12:42:21 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha rechazado de plano que las empleadas y los empleados públicos andaluces vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. En concreto, en la provincia de Almería estas prestaciones afectan a más de 25.400 trabajadores y trabajadoras dependientes de la Administración autonómica. Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011.

Según el secretario de Acción Sindical de CSIF Andalucía, Manuel Pérez, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otra cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”.
El responsable sindical ha explicado que “tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas desde CSIF a lo largo del pasado año con distintos responsables de la Administración, ésta ha mareado la perdiz con el objetivo de que no diera tiempo poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido”.
“El resultado es que el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros”, según ha detallado el secretario de Acción Sindical de CSIF-A.
El “paripé” de la Administración
“En resumidas cuentas, la Administración ha estado haciendo el paripé, demorando y mareando la perdiz para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez años sin ellas”, ha lamentado el dirigente sindical.
Manuel Pérez ha argumentado además que otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
“Desde CSIF seguiremos trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los empleados y empleadas públicas de la comunidad andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos”, ha concluido el responsable sindical.

CSIF logra abrir la negociación salarial y una compensación para este año, pero la oferta del Gobierno es muy insuficiente

admin — Thu, 29 Sep 22 10:10:39 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones y con presencia creciente en el sector privado, ha logrado abrir la negociación salarial tras la gran movilización realizada el pasado sábado en Madrid, después de 2 años de bloqueo por parte del Gobierno.

En concreto, la propuesta inicial del Gobierno pasa por una subida salarial del 1,5 por ciento con efectos retroactivos desde enero de este año. Asimismo, desde Hacienda ofrecen una subida del 2,5 y del 2 por ciento para 2023 y 2024 respectivamente.

Desde CSIF, valoramos de manera positiva el inicio de las conversaciones y que el Gobierno haya accedido a revalorizar el sueldo de 2022 para compensar los efectos de la inflación, tal y como reclamó nuestra organización. No obstante, esta propuesta es muy insuficiente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo perdido por la evolución de los precios y los recortes sufridos desde 2010.

Además, esta oferta debe complementarse con otras cuestiones salariales como la equiparación salarial entre comunidades autónomas (especialmente en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, educación, sanidad…), la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas por desplazamiento), las indemnizaciones por residencia e insularidad o la mejora salarial del personal laboral en el exterior

CSIF recuerda que desde 2010, cuando el Gobierno socialista les bajó el sueldo por primera vez, su poder de compra se ha visto mermado en más de un 20 por ciento (solo en los dos últimos años se ha perdido un 11 por ciento como consecuencia de la evolución de los precios). Por este motivo, CSIF exige al Gobierno que realice una oferta a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el papel que desempeñan nuestros servidores públicos, especialmente durante la pandemia y la actual crisis económica.

Además de las cuestiones retributivas CSIF considera fundamentales otros asuntos como suprimir la tasa de reposición para mejorar las ofertas de empleo público y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo del teletrabajo y de la carrera profesional o la jubilación anticipada de aquellos colectivos que por su especial penosidad así lo han solicitado (conductores de ambulancias, personal del Sistema Nacional de Salud, entre otros).

En concreto, estas son las propuestas de CSIF:

Proponemos un acuerdo plurianual con una subida económica que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por el conjunto de los empleados públicos. Desde 2010 se sitúa en el 24,35 por ciento. Además, dicho acuerdo debe llevar una cláusula de revisión salarial vinculada a la subida del IPC. Dicho acuerdo debe contemplar la primera subida con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022.
Proponemos que dicho acuerdo permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, por lo que proponemos la derogación del RDL 8/2010.
Proponemos que dicho acuerdo contemple la habilitación de crédito para ejecutar en el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado y dentro del ámbito de negociación adecuado, que permita:

Corregir las desigualdades retributivas existentes que permitan corregir, al conjunto de empleados públicos entre los distintos ámbitos territoriales.
Actualizar la indemnización por razón de servicio. Unas cuantías que están sin actualizar desde el año 2005 y que suponen un coste para el bolsillo de los EEPP en el desarrollo de sus funciones públicas. Resulta ofensivo que nuestros parlamentarios se hayan subido las dietas en el ejercicio de sus funciones (0,25 €/Km) y se mantengan para el resto en 0,19 €/Km.
Queremos que dicho acuerdo recoja la actualización de las cantidades de indemnización por residencia. El encarecimiento de la vida y fundamentalmente de la vivienda no permite la estabilidad deseada en las plantillas de empleados públicos de las islas lo que afecta directamente a la prestación del servicio público.
Proponemos que dicho acuerdo homologue las retribuciones del personal laboral contratado en el exterior.

PENSIONES:

Sobre esta materia y teniendo en cuenta que las mismas se van a revalorizar conforme al IPC, CSIF propone que el acuerdo contemple el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar la cuantía de las mismas a las del Régimen General de la Seguridad Social. Además, solicitamos la extensión de la jubilación parcial anticipada al conjunto del personal funcionario y estatutario (actualmente solo está reconocida para el personal laboral). Este acuerdo también debe contemplar el inicio de los trámites para establecer la jubilación anticipada de aquellos colectivos que, por su especial dificultad, así lo han solicitado (Conductores de ambulancias, personal del SNS, etc.)

EMPLEO y OTROS DERECHOS

El acuerdo debe recoger la supresión de la tasa de reposición para que las distintas administraciones públicas puedan adaptar las ofertas de empleo público a la planificación de recursos humanos y necesidades reales de cada ámbito.
Debe establecerse definitivamente la jornada laboral de 35 horas mediante su regulación en el Art. 47 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como normativa básica.
Debe flexibilizarse definitivamente la Promoción Interna estableciendo por una sola vez y con carácter excepcional el concurso de méritos.
Debe potenciarse la movilidad estableciendo dicho mecanismo como sistema prioritario de provisión de puestos de trabajo. Se fijará en la normativa básica la convocatoria de al menos un concurso ordinario de traslados.
Proponemos la adecuación de los grupos de clasificación profesionales del artículo 76 del TREBEP.
Hay que desarrollar la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y aplicar de manera inmediata el acuerdo de TELETRABAJO así como el desarrollo de la CARRERA PROFESIONAL para el conjunto de EEPP.
Por último, debe establecerse en dicho acuerdo la garantía de financiación para las MUTUALIDADES a fin de que las mismas presten una asistencia sanitaria adecuada, dado que los incrementos del 1 por ciento para 2023 y 2024 no garantizan el mantenimiento de los niveles de calidad en la asistencia.

CSIF denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% y se moviliza para frenar el deterioro de sus condiciones laborales

admin — Wed, 22 Jun 22 11:05:50 CEST

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Cientos de personas se han dado cita este miércoles en Sevilla, ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, convocadas por la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía en defensa de los empleados y empleadas públicas y con el objetivo de frenar el deterioro de sus condiciones laborales. Así lo ha puesto de manifiesto durante la protesta el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha denunciado que este colectivo acumula desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%.

Esta movilización forma parte de las convocadas simultáneamente por CSIF en todo el territorio nacional para exigir “que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa que implique recuperar la devaluación en las nóminas de los servidores públicos desde hace más de una década”, según ha explicado el responsable autonómico de la central sindical.
CSIF, como fuerza sindical más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha visibilizado a través de esta movilización, a la que se han sumado personas procedentes de todas las provincias andaluzas, “el deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos” y ha exigido “que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía”, según Girela.
Bajo el lema “Por la dignificación de la labor de los empleados y empleadas públicas y la defensa de la negociación colectiva”, el sindicato da continuidad a las movilizaciones que ya inició el pasado 25 de mayo con el objetivo de “asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro”.
Brutal inflación que también sufre personal del sector público
“Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada, la situación de incertidumbre de la economía, la brutal inflación y sus consecuencias en la cesta de la compra, es apremiante que el Gobierno central se siente a negociar ya”, ha argumentado Germán Girela, quien ha recordado que en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas administraciones públicas.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, así como el envejecimiento de las plantillas derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, que hace necesaria una renovación generacional, según ha explicado el responsable sindical.

CSIF Almería protestará en Sevilla junto a empleadas y empleados públicos de toda Andalucía contra la pérdida de poder adquisitivo del colectivo y en demanda de que se dignifique su labor

admin — Mon, 20 Jun 22 11:01:48 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se trasladará a Sevilla el próximo miércoles, día 22, para la gran movilización que llevará a cabo ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en la que participarán empleados y empleadas públicas de todas las provincias, para protestar por su pérdida de poder adquisitivo y para reivindicar la dignificación de su trabajo.

Tras la concentración provincial que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, CSIF prosigue con su calendario de movilizaciones y celebra protestas este miércoles, no sólo en Andalucía sino en el resto de comunidades autónomas y ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el objetivo de visibilizar el deterioro de sus condiciones laborales y retributivas y de reivindicar que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
Con esta concentración regional que se celebrará en Sevilla el próximo 22 de junio, la central sindical más representativa del sector público quiere trasladar a la opinión pública los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, ya que dicho personal habrá acumulado una merma de poder adquisitivo que será de un 20% a finales de 2022 respecto a 2010. En este sentido, desde el sindicato se insta al Ministerio a sentarse ya a negociar una subida salarial.
Por este motivo, a juicio de la organización sindical, hay que asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro. A la movilización de este miércoles se suma también la asociación policial Jupol, que comparte esta reivindicación.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.
El envejecimiento de las plantillas, derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, es otra de las cuestiones que denuncia CSIF, que insiste en la necesidad de una renovación generacional.