CSIF denuncia el grave déficit en prevención de riesgos laborales en la educación de Castilla-La Mancha: un técnico por cada 2.272 trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, denuncia las cifras alarmantes en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) en el sector educativo de la región: 16 técnicos para 36.361 trabajadores en 1.080 centros educativos.

 

CSIF pone de relieve no sólo la ratio de 1 técnico de prevención de riesgos laborales por cada 2.272 trabajadores, sino que además sólo hay dos sanitarios: una médica especialista en medicina del trabajo y una enfermera especialista en enfermería del trabajo en toda la educación pública de la región.

 

“Estos números hablan por sí solos. Es imposible garantizar la salud y seguridad de docentes y personal no docente con estos recursos ridículos”, ha denunciado Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

 

Además, no se ha anunciado ninguna nueva plaza de PRL para el curso 2025-2026, perpetuando una situación que el sindicato califica de “estructuralmente deficitaria”.

 

A ello hay que sumar la falta de cultura preventiva no sólo en recursos, sino también en herramientas y formación. Así, CSIF ha podido constatar que instrucciones operativas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación desaparecen sin explicación, entre ellos el procedimiento IO-PRL-EDU-03 sobre comunicación de riesgo grave e inminente, cuya implantación estaba planificada para diciembre de 2024, se anunció posteriormente para el primer trimestre del curso 2025-2026 y a fecha de hoy todavía sigue sin aplicarse.

 

“Un procedimiento para situaciones de riesgo grave e inminente desaparece sin que nadie dé explicaciones. Este protocolo es crítico para proteger a los trabajadores en situaciones de peligro urgente”, ha cuestionado Martínez. 

 

De los 3 procedimientos comprometidos por la Consejería para el primer trimestre del curso 2025-2026 (IO-PRL-EDU-03, además de PE-PRL-EDU-03 -Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva- y PE-PRL-EDU-06 DE -Formación en Prevención de Riesgos Laborales-), ninguno ha sido implantado todavía. “La Consejería prometió en junio que estos tres procedimientos críticos estarían listos en el primer trimestre del curso 2025-2026. Estamos en ese trimestre y ninguno está implantado. Uno incluso ha desaparecido completamente. Prometen en junio lo que incumplen en diciembre, y así año tras año”, añade Martínez.

 

Adicionalmente, la Consejería de Educación ha denegado el 100% de los cursos de prevención de riesgos laborales solicitados para el personal no docente. De los 4 cursos solicitados en diciembre 2024, ninguno fue autorizado en junio 2025, dejando sin formación específica a personal que trabaja con productos químicos peligrosos, maquinaria industrial, cocinas profesionales y trabajos en altura.

 

“Hablamos de personal que trabaja con lejía, sosa cáustica, que sube a escaleras de cinco metros, que maneja cortadoras industriales. La Consejería deniega la formación obligatoria en prevención mientras este personal trabaja todo el curso en situaciones de riesgo. Esto no solo es irresponsable, compromete directamente su seguridad”, ha alertado Martínez.

 

CSIF exige un calendario de creación de plazas en el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales con compromiso presupuestario real; autorización inmediata de los 4 cursos de PRL denegados y programación de itinerario formativo completo; explicación formal de la desaparición de procedimientos y calendario vinculante de implantación y reuniones periódicas del Comité Sectorial con información real sobre cumplimiento de compromisos.

 

“No pedimos que prometan más. Pedimos que cumplan lo ya prometido”, ha concluido Juan Luis Martínez.

 

CSIF avanza que si no recibe respuestas concretas y compromisos vinculantes en los próximos 30 días, “estudiará acciones legales para exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector educativo público de Castilla-La Mancha”.