CSIF ASTURIAS INFORMA
19 de de març de 2026
MISMA LEY, MISMO GOBIERNO: MENOS PROTECCIÓN A MENORES Y MÁS ESPERA EN DEPENDENCIA
Mismo gobierno, misma Ley de Empleo Público… y, sin embargo, dos varas de medir. Resulta difícil no preguntarse hasta dónde alcanza la elasticidad interpretativa de una norma cuando su aplicación parece depender más de la conveniencia política que del rigor jurídico.
Basta observar dos casos recientes que, por su similitud de partida, evidencian con claridad esta disparidad.
Por un lado, el del cuerpo de Educadores Sociales; por otro, el del cuerpo de Auxiliares Administrativos.
Ambos figuran en la Ley de Empleo Público. Ambos han visto condicionada su evolución por enmiendas promovidas por uno de los grupos que sostiene al propio gobierno. Y, sin embargo, el desenlace en cada caso no puede ser más distinto.
En el caso del cuerpo de educación social, se ha optado por crear plazas cerradas a esta titulación bajo el argumento de que, al estar el cuerpo reconocido en la ley, ya no cabría la contratación de personal laboral, eso sí, a menos que les convenga.
En cambio, cuando miramos al cuerpo de Auxiliares Administrativos, la lógica parece invertirse. A pesar de su reconocimiento en la Ley, asistimos a su progresiva desaparición: no se aprueban ofertas de empleo público, se amortizan plazas y se cesa sistemáticamente a profesionales cuando alcanzan los tres años de servicio.
Donde en un caso se fuerza la interpretación para consolidar un cuerpo, en el otro se diluye hasta hacerlo desaparecer.
Las consecuencias de estas decisiones (porque lo son, aunque se pretendan revestir de inevitabilidad normativa) son profundas y, sobre todo, compartidas. En ambos escenarios, el resultado inmediato es el mismo: el cese de trabajadores y trabajadoras que pasan a engrosar las listas del desempleo.
Pero reducir el problema a una mera cuestión laboral sería quedarse en la superficie.
En el ámbito del Cuerpo de Educadores Sociales, quienes pagan el precio son los y las menores y las personas con discapacidad, que ven cómo se prescinde de profesionales con experiencia y formación en un contexto donde, además, la Administración es plenamente consciente de que ya existe una preocupante falta de personal cualificado en Asturias.
La falta de convocatoria de la OPE de 2023 de educadores, obligará a que profesionales con vacantes próximas a expirar por la caducidad de las mismas (3 años) abandonen sus puestos en pleno verano, por una decisión que responde más a una voluntad política que a necesidades reales del servicio.
Esta situación plantea, además, una cuestión esencial desde el punto de vista del funcionamiento del servicio: ¿quién asumirá esas funciones? ¿cuánto tiempo van a tardar? ¿Ya tenemos nombres y apellidos? En cualquier caso, resulta evidente que se sustituye experiencia consolidada y formación específica por incorporaciones que, por definición, carecen del conocimiento y adaptación necesarios a un entorno tan complejo.
Por su parte, en el caso del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, la situación adquiere tintes especialmente graves en la Consejería de Bienestar. Entre abril y mayo se prevé el inicio de ceses en cascada de los auxiliares administrativos que se ocupan del registro y gestión de la información vinculada a las valoraciones de dependencia. Precisamente aquellos que han sostenido la implantación de un nuevo sistema informático que, durante su puesta en marcha, ya provocó retrasos significativos.
Ahora, cuando ese conocimiento empieza a consolidarse, se prescinde de él de forma abrupta para sustituirlo por personal nuevo, condenado a repetir el mismo proceso de aprendizaje, ¿quién los va a formar? En números reales, ¿cuánto retraso va a significar nuevamente esto?
La culpa de todo esto lo tiene la Administración del Principado de Asturias con su decisión de suprimir el cuerpo auxiliar, a pesar de que la ley de Empleo Público lo mantiene como un cuerpo activo. Esta decisión conlleva el cese continuo de personal y el prescindir de la experiencia de muchos compañeros y compañeras que llevan años trabajando en esta administración.
Lo que podría parecer, a primera vista, un conjunto de decisiones administrativas menores revela, en realidad, un impacto devastador sobre los servicios públicos más sensibles.
No estamos ante un debate técnico ni corporativo, sino ante una cuestión de responsabilidad política y de compromiso con la ciudadanía.
Comparativa: Cuerpo de Educadores Sociales vs. Cuerpo de Auxiliares Administrativos
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En ambos casos hay un denominador común incuestionable: cese de profesionales, peor servicio y eso sí, mucha asturianía, pero de cara a las urnas.
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