CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas, conforme a la directiva europea y la justicia española
- Igualdad
29 de de juliol de 2025
- El permiso aprobado hoy es insuficiente: Los tribunales ya han reconocido las 8 semanas en varias sentencias firmes, tanto en el sector público, como en el privado y nuestros servicios jurídicos seguirán trabajando.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera insuficiente la aprobación del permiso parental retribuido para el cuidado del menor hasta los 8 años, y exigimos que se cubran las 8 semanas que establece la directiva europea.
Reconociendo los avances en materia social, como la ampliación del permiso de paternidad y maternidad y los permisos para familias monoparentales, CSIF exige al Gobierno que cumpla la norma europea para favorecer la conciliación y evitar que la carga de los cuidados siga cayendo de manera mayoritaria sobre las mujeres.
CSIF es pionera en el reconocimiento judicial de este derecho. Logramos la primera sentencia en el Ayuntamiento de Barcelona, y posteriormente en juzgados de Valladolid y Cuenca, obteniendo las primeras resoluciones en los juzgados con carácter firme.
El pasado 3 de junio se conoció también la primera sentencia en el ámbito de la empresa privada (en el juzgado de lo social número 1 de Barcelona), lo que sin duda abrirá un debate jurídico, dado que las empresas tendrán que abonar retrasos por un incumplimiento que corresponde al Gobierno de España.
Las sentencias coinciden en señalar que tanto la justicia europea, el Tribunal Constitucional como el Supremo han determinado que el principio de primacía del derecho europea obliga a los jueces a interpretar las normas internas conforme al derecho europeo. Las disposiciones de la Directiva europea (UE) 2019/1158 son incondicionales, suficientemente claras y precisas, y el permiso parental debe ser retribuido. Por tanto, las sentencias imputan el retraso en el desarrollo reglamentario a la Administración.
Por eso vamos a continuar reclamando este derecho. Nuestros servicios jurídicos además valoran volver a llevar la queja a Bruselas para forzar al Gobierno a reconocer esta importante medida social, cuyo incumplimiento ya está generando sanciones millonarias para España.