Ámbito Ministerio: CSIF denuncia la reducción del soporte informático en Justicia y reclama soluciones urgentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado al Ministerio de Justicia su preocupación por la situación que se está produciendo en materia de soporte informático y mantenimiento tecnológico en las oficinas judiciales.

CSIF denuncia, entre otras cuestiones:

• La importante reducción de efectivos de soporte informático, que en algunos casos supera el 60%, con la práctica desaparición de la asistencia presencial en muchas sedes.
• La sustitución de personal con experiencia por trabajadores sin conocimiento previo de la Administración de Justicia, dificultando la resolución eficaz de incidencias y el mantenimiento de los sistemas.
• La falta de formación “in situ” para los compañeros y compañeras, especialmente necesaria en un momento de continuos cambios tecnológicos y de implantación de nuevos sistemas de gestión procesal.
• El aumento de problemas derivados de la implantación precipitada de los Tribunales de Instancia y de los nuevos modelos organizativos, que están incrementando la carga de trabajo y las incidencias diarias en los órganos judiciales.

Desde CSIF hemos reclamado al Ministerio:

• Un refuerzo real de los servicios de soporte y mantenimiento informático.
• Formación adecuada y accesible para el personal.
• Medidas que permitan conservar y transmitir la experiencia del personal especializado.
• Información clara sobre la planificación tecnológica y organizativa.

Hace más de un año que venimos advirtiendo de los graves perjuicios de una implantación improvisada. Esta situación ha sido objeto de varias denuncias públicas de CSIF, que ya propuso la adopción de medidas urgentes para encauzar la situación de desconcierto y desorganización que está generando la precipitada puesta en marcha de este nuevo modelo organizativo.

Desde CSIF insistimos en que la modernización de la Justicia no puede hacerse a costa de su personal, y seguiremos exigiendo medios suficientes, formación adecuada y unas condiciones de trabajo dignas para todos los empleados y empleadas públicos de la Administración de Justicia.