CSIF alerta del ascenso de la violencia contra los profesionales del SAS durante 2025 en Granada, con un total de 201 agresiones registradas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, ha exigido a la Consejería de Sanidad una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que en 2025 marcaron récord histórico. Según datos facilitados por la Administración, el año pasado se registraron 1.976 episodios violentos contra los profesionales de la sanidad pública andaluza.

Por provincias, Granada fue la cuarta provincia andaluza donde más crecieron las agresiones a profesionales de la sanidad pública, solo por detrás de Sevilla, Málaga y Cádiz. La provincia de Granada registró durante 2025 un total de 201 agresiones (150 verbales y 50 físicas) frente a las 193 del año 2024, marcando un ritmo ascendente también con respecto a los años 2023 (177), 2022 (138 agresiones), 2021 (124), 2020 (114) y 2019 (79), según datos oficiales.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha llamado a “no normalizar, bajo ningún concepto, este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública granadina en su lugar de trabajo”. Núñez ha subrayado que “hay muchas formas de manifestar el desacuerdo ante los retrasos en las citas y listas de espera por la falta de profesionales y la sobrecarga asistencial, pero la solución nunca es agredir a quienes nos cuidan”.

Matilde Núñez ha recordado que CSIF lleva años reivindicando medidas disuasorias para frenar este tipo de situaciones, que son “una lacra de gran calado para el personal de nuestra sanidad pública, en tanto que atentan contra su integridad física y moral”. En este sentido, la responsable sindical ha urgido a la Consejería de Sanidad a que cumpla sus compromisos y materialice el régimen sancionador contra agresiones, tal y como se comprometió hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta ni con un borrador. “Al igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema también, y el actual consejero impulse medidas reales porque nuestros profesionales no pueden trabajar con miedo”, ha señalado.

Según los datos facilitados en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 387 de las agresiones denunciadas en 2025 fueron físicas (19,58 %), mientras que 1.589 fueron verbales (80,42 %). “Los profesionales deben tener claro que no solo hablamos de violencia cuando es física y que los insultos, faltas de respeto y amenazas también son agresiones”, ha explicado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien ha recordado que el Código Penal protege la integridad de los profesionales de la sanidad, reconociéndolos como autoridad pública e imponiendo penas de prisión y multas a sus agresores.

Girela ha señalado que “esta escalada de violencia contra los trabajadores es intolerable” y por ello ha pedido al SAS que dichos datos se trasladen de manera inmediata al foro del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS para su análisis y posterior puesta en marcha de medidas preventivas de refuerzo. También ha reclamado a la Administración “que no deje pasar ni un minuto más para proceder a la revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años”.

Del mismo modo, a juicio de CSIF “es importante que la Administración impulse campañas de información y formación para los profesionales y de sensibilización para la población en general”. Según los datos aportados por la Administración, una parte significativa de las agresiones se deben a causas relacionadas con las demandas del usuario y con su desacuerdo con las normas de funcionamiento o tiempos de atención en los centros. Por ámbitos, en Atención Primaria se produjo el 51,37 % de las agresiones y en hospitales el 48,63 %.

Por último, la Central Sindical ha reivindicado que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan “por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales. La falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios”. De igual manera, el sindicato ha apuntado a la necesidad de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.