CSIF impugna las bases del proceso selectivo de bomberos conductores en Loja al no contemplar la realización de pruebas físicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha presentado un recurso de reposición contra las bases publicadas por el Ayuntamiento de Loja para la constitución de una bolsa temporal para la cobertura de vacantes temporales de bombero conductor en esta localidad. Según establecen las bases, el procedimiento selectivo consiste en un concurso en el que se valora la formación y la experiencia previa relacionada con el puesto.

El responsable de Administración Local de CSIF Granada, Ignacio Conde Pipó, ha indicado que “impugnamos esta convocatoria porque no garantiza la capacitación de las personas para el desempeño del puesto”. La fórmula escogida, explica, “se separa de lo contemplado en la normativa de aplicación que recoge solo los sistemas de oposición o concurso oposición para el acceso a plazas de bombero” y subraya que “precisamente hace unos meses la Junta de Andalucía aprobó el  Decreto 36/2025 de acceso a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) homogeneizando los criterios selectivos en toda la comunidad andaluza”. Dicho articulado, además de no prever en ningún caso el concurso de méritos, incluye los temarios, cuadros de exclusiones médicas, pruebas psicotécnicas y contenidos de las pruebas de aptitud físicas y los baremos correspondientes.

“Desde CSIF llevamos años peleando para que la administración autonómica establezca unos criterios de selección homogéneos para todos los Servicios de Extinción de Incendios con los que dar garantías jurídicas a las personas aspirantes”. En esta ocasión, explica el responsable sindical, “el Ayuntamiento de Loja, lejos de cumplir la normativa, regula su propia bolsa con un sistema selectivo inédito en Andalucía ya que en los SPEIS es poco frecuente recurrir a la figura del funcionario interino para cubrir puestos de bombero debido a la alta cualificación teórica y práctica que requiere el ejercicio de sus funciones”. En todo caso, “los servicios que recurren a esta fórmula selectiva, lo hacen con personas que han aprobado procesos sin obtener plaza, de manera que han acreditado un mínimo de aptitudes para el desempeño del puesto”.

Conde Pipó señala además que “el Ayuntamiento recurre a la exigencia de estar en posesión de un curso de acceso a la categoría de bombero como requisito y no como mérito valorable, un curso al que sólo acceden las personas que han aprobado procesos selectivos de bombero. Con este requisito pretenden solventar la ausencia de otro tipo de pruebas sin contar con la casuística de cada aspirante y vulnerando el derecho al acceso al empleo público al restringir el acceso a la bolsa sólo a las personas que tengan dicho curso y no a cualquier aspirante que quiera participar. Tampoco se exige al personal aspirante los mismos carnets de conducción que al resto del personal que actualmente presta servicio en el SPEIS, generando un importante agravio y una distorsión a la hora de prestar el servicio”. Por ello, el responsable sindical considera que “estas bases deberían haber sido llevadas a Mesa General de Negociación para consensuar los criterios de acceso, vulnerando claramente lo que establece el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en materia de negociación.

Por otro lado, el sector de Administración Local de CSIF Granada ha recurrido que la ausencia de pruebas físicas supone también el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales puesto que el trabajo de bombero conlleva unas exigencias físicas muy elevadas para garantizar una correcta actuación durante las intervenciones. El sindicato comparte la necesidad de reforzar el servicio de bomberos de Loja con más personal, pero siempre y cuando sea seleccionado con unos procesos que garanticen la idoneidad de las personas aspirantes y que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. “Exigimos al Ayuntamiento de Loja que anule las bases y seleccione a su personal cumpliendo con la normativa vigente”, concluye Conde Pipó.