CSIF exige a la Junta una revisión del plan contra agresiones al personal del SAS, que crecieron un 7% en Córdoba en 2025

CSIF exige a la Consejería de Sanidad una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Según los datos facilitados por la Administración, el año pasado se registraron en los centros sanitarios cordobeses un total de 173 episodios violentos contra los profesionales de la sanidad pública. Son 11 más que en 2024, lo que supone un incremento cercano al 7 por ciento.

La central sindical señala que “la escalada de la violencia contra los trabajadores es intolerable” y, por ello, pide al SAS que dichos datos se trasladen de manera inmediata al foro del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS para su análisis y posterior puesta en marcha de medidas preventivas de refuerzo. La responsable de CSIF Sanidad Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, también reclama a la Administración “que no deje pasar ni un minuto más para proceder a la revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años”.

CSIF, asimismo, recuerda que “la Administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que aún no hemos recibido ni un primer borrador”. El sindicato señala que “al igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema también y el actual consejero impulse medidas reales contra esta lacra presente en nuestra sanidad pública, ya que necesitamos un refuerzo de las medidas disuasorias porque los profesionales no pueden trabajar con miedo”.

         Según los datos facilitados en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 37 de las agresiones denunciadas en Córdoba en 2025 fueron físicas (21%), mientras que 136 fueron verbales. “Los profesionales deben tener claro que no solo hablamos de violencia cuando es física y que los insultos, faltas de respeto y amenazas también son agresiones”, explica Díaz Ontiveros, quien recalca que el Código Penal protege la integridad de los profesionales de la sanidad, reconociéndolos como autoridad pública e imponiendo penas de prisión y multas a sus agresores.

         Del mismo modo, a juicio de CSIF “es importante que la Administración impulse campañas de información y formación para los profesionales y de sensibilización para la población en general”. Según los datos aportados por la Administración, una parte significativa de las agresiones se deben a causas relacionadas con las demandas del usuario y con su desacuerdo con las normas de funcionamiento o tiempos de atención en los centros. “En CSIF tenemos claro que no se puede dejar pasar ni una agresión y por eso realizamos una constante labor de sensibilización”, explica la representante sindical.

         El sindicato reivindica que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la lacra que supone la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan “por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales”. Según subrayó, la falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios”. De igual manera, CSIF apunta a la necesidad de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.