Nuevo 'viernes negro': Concentración contra la Ley de Simplificación Administrativa

Esta ley deja en manos privadas la gestión y tramitación de expedientes tales como certificaciones, informes y autorizaciones, temiendo a que cobren por estos servicios propios de los funcionarios públicos, servicios que han sido gratuitos y ahora generaran una “ciudadanía de primera y de segunda”.

Estamos ante una privatización de las más fuertes en la región de CLM dejando las competencias públicas en manos de empresas privadas Esta ley sustituye autorizaciones por declaraciones responsables prometiendo agilidad que derivará en riesgos estructurales provocando daños irreparables en materias tan importantes como los bienes patrimoniales, medio ambiente o servicios sociales. La norma descarta comprobaciones previas exhaustivas, lo que podría impulsar malas prácticas o fraudes en casos críticos.

Otro riesgo añadido es la ambigüedad regulatoria del silencio administrativo, si la autoridad no actúa a tiempo podrían autorizarse trámites sin fiscalización adecuada, dificultando la reversión o sanción de errores posteriores. Esta norma que favorece la externalización y abre las puertas a la privatización de los servicios públicos provoca una reducción en las plantillas y en la oferta de empleo público. Siendo un ataque a la Función Pública. El proyecto ha pasado por varias fases de participación donde el diálogo ha sido como un “simulacro” sin tener en cuenta las aportaciones de los sindicatos.

Confiamos en que al menos reflexionen tras "el dictamen bastante desfavorable" a la norma que ha realizado el Consejo Consultivo. Desde la Junta de personal pedimos una administración más moderna, una administración de calidad y dinámica, defendemos unos servicios públicos sólidos y decimos NO a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. NO a la tramitación por el Gobierno Regional de la Ley. NO a la privatización de los Servicios Públicos.