CSIF valora de manera positiva la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, una norma largamente reivindicada por esta organización sindical y que, por fin, ve la luz tras más de dos años desde el inicio de su tramitación, después de que CSIF reclamara públicamente el pasado lunes 15 de diciembre que se culminara ya este proceso normativo.
Desde CSIF destacamos que este decreto supone un avance en el plano normativo, y viene a reforzar la autoridad del profesorado y trasladar a la sociedad un mensaje claro de respaldo institucional a la función docente, que pasa a estar refrendada en Andalucía tanto por una ley como por un decreto de desarrollo. Tal y como venimos defendiendo públicamente, el reconocimiento de la autoridad docente es un elemento clave para mejorar la convivencia y el clima en los centros educativos.
No obstante, CSIF subraya que este decreto en sí mismo no será válido si no viene acompañado de recursos y medidas que permitan que el reconocimiento de la autoridad docente tenga un reflejo real y efectivo en el día a día de los centros educativos. En este contexto, recordamos que el texto definitivo es mucho más laxo en cuanto al refuerzo de la autoridad pública docente que el borrador de decreto inicial abordado en Mesa Sectorial de Educación, dado que no incorpora un capítulo específico sobre régimen disciplinario en los centros, que sí figuraba en el documento originario.
Esta supresión fue objeto de crítica expresa por parte de CSIF en la mesa técnica celebrada el pasado 17 de junio de 2024, convocada para trabajar sobre el desarrollo del decreto. Posteriormente, cuando el borrador fue trasladado al Consejo Escolar de Andalucía, CSIF presentó una enmienda en la que solicitábamos la inclusión de un capítulo específico destinado a regular el régimen disciplinario en los centros educativos.
Para CSIF, se debe de avanzar más en el ámbito disciplinario y sancionador, para no limitar la eficacia real del decreto y dar respuesta a muchas de las problemáticas que sufre el profesorado en los centros educativos, tal y como se recoge en el informe presentado a los medios de comunicación esta semana, en el que se destaca que el 82% del profesorado asegura que la autoridad docente ha empeorado en los últimos años.
No obstante, desde CSIF destacamos que, a pesar de las limitaciones indicadas, es positivo contar con un decreto de autoridad pública del profesorado por su efecto disuasorio y regulador que ayudaría a prevenir conflictos y serviría de apoyo efectivo al profesorado.
Por todo ello, aunque valoramos el paso dado con la aprobación de este decreto, desde CSIF reclamamos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que se dote a los centros educativos de los recursos necesarios y una regulación disciplinaria clara que permita reforzar de manera real y efectiva la autoridad docente y mejorar la convivencia en los centros educativos andaluces.