RESPUESTA A JOAN CASARES - Presidente de la FAMPA

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22 de azaroa de 2023

"...en educación no debería haber un “ellos y nosotros”. Esa dualidad, de confrontación, de enemistad, que se trasluce de sus palabras, solo hace daño y no beneficia en absoluto a la tarea común en la que todos, cada uno desde su posición, estamos embarcados: la de la educación y formación de nuestros jóvenes. "

 

Lejos de querer ahondar en polémicas y partidas de ping-pong mediáticas, me permito, bajo el privilegio que me otorga la tribuna como presidente del sector de educación de CSIF Melilla, aclarar, o contestar, en modo de reflexión al Sr. Joan Casares en cualquiera de los múltiples cargos que afirma tener.

En primer lugar, el Sr. Casares hace un alegato de “injusticia” a que el expediente disciplinario sobre lo acontecido en el IES Enrique Nieto, que es administrativo y no judicial, y que sigue las directrices del Real Decreto de convivencia escolar de junio de 1995, lo tramite “un profesor, que es de ellos” (sic).

Quisiera decirle, como docente y padre que soy, que en educación no debería haber un “ellos y nosotros”. Esa dualidad, de confrontación, de enemistad, que se trasluce de sus palabras, solo hace daño y no beneficia en absoluto a la tarea común en la que todos, cada uno desde su posición, estamos embarcados: la de la educación y formación de nuestros jóvenes. Su actitud ante los micrófonos y las cámaras podrá darle unos minutos de atención en los medios, pero flaco favor hace al ya maltrecho panorama educativo que tenemos si dibuja con sus palabras al profesorado como el enemigo, como un siniestro “lobby” (sic) en el que lo que menos importa es el alumnado. Quisiera aclararle que en la tramitación de estos expedientes el alumno siempre es citado junto a sus progenitores para que dé cuenta de su versión de los hechos, pero que, en este caso, por la causa que fuese y tras varias citaciones telefónicas, decidieron no hacer uso de ese derecho y así debe estar recogido en el expediente ante el que, como no puede ser de otra forma, siempre cabe recurso administrativo.

Además, antes de acusar reiteradamente ante la opinión pública, aprovechándose de que los docentes, a causa del deber de sigilo por su condición de funcionarios no pueden hacer lo mismo, es mejor acceder a toda la información. Principalmente porque se corre el riesgo no solo de enfangar todo el proceso, sino también de verter injurias y calumnias sobre personas. El Sr. Casares, que acusa al IES de no interesarse por el menor, ni siquiera ha acudido al centro a intentar aclarar lo sucedido, según la información que he recabado de primera mano, ni tampoco, por supuesto, se ha interesado por el docente agredido, que no está, como él declara, “tranquilamente trabajando” (sic) sino de baja médica debido a las heridas físicas y principalmente a la presión psicológica de verse en una situación tan desagradable como esta. Si el Sr. Casares se interesara en hablar con el profesor, se encontraría con un excelente profesional y mejor persona, con amplia experiencia con alumnado difícil, que jamás ha tenido ningún problema de este tipo y no el monstruo cruel y despiadado que él está describiendo en sus intervenciones. Quizás también debiera el Sr. Casares ahondar un poco en los antecedentes escolares del menor supuestamente agredido. Y todo ello puede hacerlo no limitándose a posar frente a cámaras y micrófonos frente a la puerta de la Dirección Provincial, sino cruzándola y pidiendo información.

Quisiera también manifestarle al Sr. Casares que la verdad de lo que ocurrió se dirimirá en los juzgados, debido a la denuncia interpuesta por la familia previa a la denuncia del docente (de uno, y no tres como afirma él aunque el centro podría también haber interpuesto denuncia por los destrozos ocasionados y no lo ha hecho) y no en los medios ante los que él ya se erige como juez, acusando directamente al profesorado de agredir a un menor con discapacidad con saña y en grupo, privándoles de toda presunción de inocencia (sin ni siquiera usar la palabra “presuntamente”), hablando de “injusticia” y absoluta parcialidad en procedimientos que están legalmente establecidos y escrupulosamente tramitados. Quisiera que me permitiese decirle, con todos mis respetos como padre que somos él y yo, que esa no es la vía de solucionar los graves problemas de convivencia que cada vez más padecemos en nuestros centros. 

Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Casares en dos cosas: las aulas abiertas especializadas están probando ser una auténtica “chapuza administrativa” que el Ministerio de Educación nos ha impuesto para no construir un segundo centro de Educación Especial. Desde CSIF hemos denunciado en varias ocasiones que las cosas impuestas y mal organizadas pueden derivar en serios problemas que nada ayudan a la inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas y que estas aulas, si “medio funcionan” es por el empeño que los profesionales a su cargo y los equipos directivos ponen día a día.

También estoy de acuerdo con él en que el Ministerio en Madrid nos tiene abandonados, en esta y otras muchas cuestiones y que, siempre si vamos de la mano (la nuestra está tendida siempre que actuemos con coherencia y respeto) progenitores y docentes conseguiremos cambiar las cosas.

Pero es necesario advertirle de que el hecho de tener un punto de vista discordante no le da derecho, por muchas cámaras que tenga delante, a insultar a nadie. Si el Sr. Casares está al tanto de las noticias nacionales y locales, habrá comprobado que pocos sindicatos son tan críticos con la Administración (sea del signo político que sea) como CSIF, pero en este caso en particular nos vemos obligados a salir en defensa de los funcionarios, docentes y no docentes, de la Dirección Provincial de Melilla, incluido el Director Provincial, que podrán cometer sus errores (y quién no los comete) pero que hemos comprobado en primera persona que son excelentes profesionales muy dedicados a su labor, y que si algo no merecen es que nadie los tache de “corruptos” ni “espantapájaros” (sic). 

Vuelvo al inicio para incidir en que nada más lejos de mi intención que hacer de esto un toma y daca mediático y por eso, si se produce una respuesta a este escrito, no voy a contestarla. Pero considero razonable que se realice una reflexión conjunta sobre la mejor forma de hacer las cosas, y sobre el profundo respeto que debemos tener, tanto a los profesionales en sus diferentes ámbitos, como a los procedimientos legales, administrativos, judiciales y a las personas que los llevan a cabo, por lo que no seré yo el que contribuya a enturbiar el ambiente más de lo que ya está. 

Luis J. Escobar Ruiz

Presidente del sector de Enseñanza

CSIF Melilla

 

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