CSIF promueve un acuerdo con PSOE y PP para mejorar la seguridad en las cárceles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del PSOE y PP para promover una mejora de la seguridad en las cárceles, tras el aumento de las agresiones a funcionarios/as de prisiones y el reciente asesinato de una cocinera a manos de un preso en el centro penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona).

De hecho, socialistas y populares negociarán en el Congreso sendas proposiciones de Ley y CSIF trabaja para incorporar las reivindicaciones del colectivo de profesionales de Instituciones Penitenciarias. Los dos grupos mayoritarios del Congreso deben demostrar su condición de partidos de Estado y acordar un texto verdaderamente eficaz, que pueda ser avalado por una amplia mayoría de la Cámara.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nos ha manifestado su disposición de llegar acuerdos en esta materia, durante el acto celebrado ayer para inaugurar las obras del Centro de Estudios Penitenciarios.

Concretamente hoy, el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, se ha reunido con miembros de la Comisión de Interior del PSOE, encabezada por su portavoz David Serrada, para informarles de nuestras iniciativas en la administración penitenciaria y la necesidad de que los empleados/as de prisiones sean reconocidos con inmediatez como agentes de la autoridad.

Agradecemos la proposición de ley que el PSOE presentará en breve, pero entendemos que algunos de los términos incluidos deben concretarse. Para CSIF, el reconocimiento como agentes de la autoridad debe aplicarse para todo el personal penitenciario e incluir los principios de veracidad e indemnidad, además de ofrecer la cobertura jurídica necesaria.

La norma legal debe incluir también a aquellos cuerpos de las administraciones públicas que realicen funciones análogas o equivalentes en centros penitenciarios de comunidades autónomas donde exista el traspaso de competencias en materia penitenciaria.

Del mismo modo, la semana pasada mantuvimos un encuentro con la secretaria nacional de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez. El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).

De manera paralela, hemos iniciado una negociación con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en las cárceles, que sustituya al actual Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA). CSIF retiró su firma del mismo por los constantes incumplimientos de la administración y la ausencia de avances en la consecución de los objetivos que se planteaban.

Reivindicaciones de CSIF: más recursos materiales y humanos

Exigimos que se adopten medidas urgentes en las cárceles y más recursos humanos y materiales para reducir el número de agresiones a funcionarios de prisiones, que en 2023 alcanzó un récord con 508 ataques físicos, o lo que es lo mismo, uno cada 17 horas. Esta cifra supone un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior, según datos del propio organismo de II.PP. La masificación obliga a mezclar perfiles de presos de convivencia muy complicada en un mismo módulo y no hay trabajadores/as suficientes.

CSIF reclama también una correcta clasificación de los internos, el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, que se refuerce la participación de los delegados/as de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones y que se facilite a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas.

Además, solicitamos una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, la modernización de los medios coercitivos como la posible implementación de pistolas eléctricas tipo TASER, la incorporación de medidas de protección jurídica y la existencia de apoyo psicológico al trabajador agredido, así como la elaboración de una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.

En este sentido, lamentamos la dejadez y faltas de respeto que la administración penitenciaria tiene hacia sus trabajadores y esperamos que estas negociaciones atiendan por fin las reivindicaciones del colectivo.